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La Industria Petrolera y el Imperio
de las Leyes (1783-1938)

por: Dra. Guadalupe Ríos de la Torre [*]
Universidad Autónoma Metropolitana

El niño Dios te escrituró un establo
Y los veneros del petróleo el diablo.
Ramón López Velarde.

Introducción

esde la Independencia y la fundación de un Estado nacional hasta la consolidación como república, después de vencer la intervención francesa y el último intento monarquista, fue esencial el desarrollo y explotación de los recursos naturales. Se trata de un período de transformación en el que el liberalismo y el nacionalismo empiezan a imponerse en el escenario internacional y se forjan los nuevos estados-nación, fenómeno el cual las naciones iberoamericanas fueron las pioneras.


“Imperio y República”. Historia de México. Tomo 12, Salvat Mexicana de Ediciones, 1986.

Igual que otros virreinatos hispanoamericanos, en la Nueva España la Independencia se logró después de una larga lucha, por lo que el Estado mexicano nacería endeble, endeudado, con una economía paralizada, una sociedad dividida y una completa desorganización. Para colmo, su fama de prosperidad y riqueza lo convirtió en blanco de las ambiciones de los nuevos poderes comerciales. No obstante, el optimismo por recuperar su viejo brillo patrocinó el surgimiento de los proyectos que lucharían por imponerse, hasta que el esquema republicano triunfara.

La confusión, el ensayo, la corrección de sistemas, la variación de los mismos principios fundamentales, las legislaciones impuestas bajo inspiración del momento, y la falta de preparación de un pueblo sometido a la ignorancia sistemática, son características de la formación de nuestra nacionalidad.


Antonio González Orozco. Juárez, símbolo de la República contra la intervención francesa.

El fracaso de los ensayos políticos y las derrotas militares ante las intimidaciones extranjeras también habían dejado huellas. La sociedad era ahora más incrédula y reservada, aunque no había perdido su anhelo en el progreso. Triunfantes la república y el liberalismo, los mexicanos ansiaban conquistar una paz que permitiera el desarrollo material, de manera que estaban preparados para aceptar un esquema que les asegurara orden y progreso, y estaban dispuestos a pagar su costo, deseo que Porfirio Díaz sabría aprovechar.

Luego de muchos años de crecimiento económico y estabilidad política el régimen porfiriano comenzó a presentar diversas señales de decadencia. Su crisis fue múltiple e inexplicable. Afectó, con intensidad variada, los renglones político, económico, social, diplomático y cultural: la magnífica situación de finales del siglo XIX se volvió grave desde principios del XX. Los problemas enfrentados por el gobierno porfirista en sus postrimerías generaron críticas y movimientos oposicionistas entre diversas clases sociales y grupos políticos.


Atlas Histórico de la Escuela Nacional Preparatoria 1910. México, UNAM IISUE, Edición de Jubileo 2008.

La Revolución Mexicana secuela de la etapa porfiriana y proceso definidor del México de buena parte pare del siglo XX. Las crisis que caracterizaron el final del porfiriato explican que los ideólogos contrarios al régimen se tornaran críticos a la política económica de la dictadura. A través de grandes vicisitudes, bajo el continuo peligro exterior amenazando nuestras fronteras, se pudieron consolidar algunos de los principios constitucionales.

Expondré en este artículo las experiencias vividas en nuestro país respecto al sistema jurídico de propiedad petrolera.


Diego Rivera, Detalle del Mural Sueño dominical en una tarde en la Alameda.


Legislación petrolera

Toda la época inicial de la industria petrolera, se desarrolló bajo el imperio de las leyes que reconocían a la nación como propietaria del petróleo. Este fue siempre el sistema de España y las últimas leyes españolas en materia de minería durante la Colonia fueron “Reales Ordenanzas para la Minería de la Nueva España de 1783, que definían la propiedad de los bitúmenes o jugos de la tierra para la real Corona española” (Legislación Petrolera, Leyes, decretos y disposiciones (1783-1921) 1940, 16)

El rey Carlos III de la familia de los Borbones concedía las minas en propiedad precaria, es decir, aunque los títulos de estas podían ser objeto de “compra-ventas, arrendamientos, herencias, hipotecas, toda la propiedad minera estaba sujeta a caducidad, si no se hacía pago de la regalía al Tesoro Real, el cual consistía en una parte de los minerales obtenidos, que variaba entre el 10 y el 20%, y la propiedad era válida sólo en cuanto, además, se cumpliera con las ordenanzas, (Real Ordenanzas de la Minería de la Nueva España, Título 5-6, 1783, 3) las cuales comprendían una muy adelantada reglamentación sobre las actividades mineras, y establecían medidas protectoras para la seguridad de los obreros. Era también una condición precisa y principal para que subsistieran los títulos de propiedad minera y el que la mina fuera explotada continuamente, pues la paralización de trabajos era bastante para que se diera por terminada la propiedad concedida y se otorgara el derecho de explotar la misma a otra persona.(Ibidem, 5-7)


“Conquista” Historia de México. Tomo 6, Salvat Mexicana de Ediciones, 1986.

Toda la minería se desarrolló bajo este sistema de propiedad, pero debemos tener en cuenta que las actividades correspondientes estaban limitadas a los “españoles y a los nativos de la Nueva España, incluyéndose a los indígenas y no se permitía la intromisión de extranjeros”. (Ibidem,
8-9)

El sistema español impulsaba principalmente la producción del oro y la plata; los metales útiles casi no se explotaban más que en relación con la obtención de los preciosos. Esto resultaba precisamente del carácter precario de la propiedad minera. El dueño de la mina procuraba siempre enriquecerse con la mayor rapidez posible, por temor a sufrir en la pérdida de su propiedad, y lo que atraía era la explotación de metales preciosos.

Los hechos anteriores dejan ver que las circunstancias de la conquista quedaban atrás y en su lugar aparecía un verdadero sistema de dominación colonial. Cobraba forma una política de explotación de recursos concebida globalmente y ajustada a las realidades, complejidades e intereses del mundo de los españoles, lejos de los ámbitos restringidos e inestables de conquistadores y encomendadores, lejos también de las preocupaciones que ponían a los indios en el centro de los proyectos e ideales americanos, como cuando se trazan los lineamientos originales de la evangelización. (José Valero Silva 1965,30-35)

Por el Tratado del 28 de diciembre de 1836, en el que la “Corona española reconocía la soberanía de México, se consideró que los derechos reales pasaban a ser patrimonio de la Nación Mexicana”.(José Domingo Lavín 1976, 40) En consecuencia las ordenanzas españolas de minería se siguieron aplicando en México como leyes sustantivas de procedimiento, en las que sólo había cambiado el sujeto principal, sustituyéndose al rey de España por la Nación Mexicana, y a las autoridades mineras de la Corona, por las juntas de Minería o los departamentos de Fomento que se organizaron en los distintos estados de la República.

Posteriormente los estados de la República, conforme a la Constitución de 1857, tuvieron facultades para legislar en materia de minería y comercio, y varios de ellos establecieron su legislación particular, en la que el petróleo y el carbón quedaron dentro de las reglas generales para todos los minerales.


Diego Rivera, Detalle del Mural Sueño dominical en una tarde en la Alameda.

Durante el Imperio de Maximiliano (1862-1867) se empleó, conforme al Tratado de Córdoba (24 de agosto de 1821), el sistema español. Se dieron unas “treinta y nueve concesiones petroleras entre el 14 de noviembre de 1864 y el 6 de noviembre de 1866”.(Efraín Buenrostro 1968,14). La mayor parte de los denunciantes eran mexicanos y las regiones en que se hicieron las solicitudes de explotación fueron “Tabasco y los Municipios del norte de Veracruz, los del sur de Tamaulipas, la región de Tenancingo en el estado de México, la región del Istmo, y las regiones de puebla cercanas a la Huasteca”.(José López Portillo y Weber 1975,15)

Derrumbado el Imperio, el 16 de julio de 1867 Juárez volvió a la ciudad de México, y, esta vez, el pueblo, que valoraba su lucha por preservar la soberanía nacional, lo recibió con verdadero júbilo. El triunfo de la república anulaba finalmente la oposición monarquista, aunque no daba fin a desórdenes y levantamientos, ahora generados por las ambiciones políticas de los propios liberales.


José Clemente Orozco. Detalle del Mural Fusilamiento de Maximiliano, Mejía y Miramón.

Como buen liberal, comprometido con el desarrollo y progreso, Juárez deseaba favorecer las ramas productivas: inversiones, comunicaciones, caminos, ferrocarriles, colonización y explotación de los recursos mineros. No sólo aprobó algunos proyectos de inversión norteamericana, sino que reconoció el contrato que el imperio había firmado para construir el ferrocarril y la explotación minera. (Valero Silva, op.cit., 99-100) El gobierno del presidente Benito Juárez hizo también declaraciones expresas respecto a que “las minas de carbón estaban sujetas al sistema de denuncios establecido por las ordenanzas de minería”. (Lavín, op.cit. ,41)

Cuando empezó a promulgarse la legislación mexicana, bajo el influjo de las ideas económicas de aquellos tiempos, en los Códigos de los estados y en la misma Constitución se suspendieron las restricciones para emplear capital y elementos extranjeros en la minería.


Pergamino del siglo XIX. Colección Familia Ríos de la Torre.

Posteriormente, la constitución de 1857 fue modificada para dejar exclusivamente al Gobierno Federal facultad de legislar en minas, comercio y bancos, y se expidió el primer “Código de Minería Nacional, que derogaba las ordenanzas y los Códigos de los Estados, con fecha 22 de noviembre de 1884.”(Ley Minera de los Estados Unidos Mexicanos 4 de junio de 1892, op.cit., 7)

En este Código aparece, por primera vez en México, la declaración de que “los propietarios de la superficie eran dueños del carbón de piedra y del petróleo y podían explotarlo fuera del régimen de denuncios y concesiones, manteniendo para los demás metales y minerales.” (Ibidem, 8) En el mes de noviembre de 1884 fue aprobada la citada Ley Minera, al terminar el período presidencial del General Manuel González (1880-1884).

Después, en 1892 se expidió la Ley Minera en la que “se reconocía explícitamente al superficiario como propietario, y solamente se establecía que la propiedad puede (sic) ser explotada sin necesidad de obtener concesiones.”( Ley de Contribuciones Directas, Ibidem, 11.)

Sin embargo, en México el ingresó de capitales fue visto como una posibilidad de acrecentar la capacidad productiva del país y promover su desarrollo, pero no como la entrada total y sin reservas de nuestros recursos económicos a las potencias extranjeras para explotar nuestras materias económicos y energéticos. Se conserva la posibilidad de registrar y limitar su capacidad expansionista mediante la acción del Gobierno.


“Petróleos Mexicanos 1938-1978”. Secretaría de Educación Pública /Subsecretaría de Educación Básica y Dirección General de Información y Relaciones Públicas/ Subdirección Técnica Administrativa. Gerencia de Servicios Sociales.

Por lo mismo era necesario mantener un gobierno definido, fuerte que fuera capaz de intervenir en todas las esferas económicas y, por otro lado, de impedir el predominio absoluto del capital norteamericano, favorecer la competencia de las naciones capitalistas y la libre lucha del mercado, a fin de equilibrarlas y permitir un considerable margen de acción al gobierno personal. Por lo tanto, se concedió una serie de facilidades a los inversionistas, que en el caso del petróleo favorecieron tanto el incremento del capital inglés, como el propósito de equilibrar los intereses extranjeros que se disputaban en esta etapa a su hegemonía en México.

Porfirio Díaz (1876-1911) buscó el equilibrio del capital norteamericano y otorgó concesiones petroleras a los europeos, particularmente a los ingleses y en menos medida a negociantes estadounidenses, (Lorenzo Meyer 1979, 41-43) pero todas éstas controladas y otorgadas por el Estado, a través del ejecutivo, es decir, del gobierno personal.

En 1887 se inició en nuestro país la explotación para desarrollar la industria petrolera al conceder el gobierno de Porfirio Díaz a la Waters Pierce Oil los permisos necesarios para la explotación del subsuelo mexicano.


“Petróleos Mexicanos 1938-1978”. Secretaría de Educación Pública /Subsecretaría de Educación Básica y Dirección General de Información y Relaciones Públicas/ Subdirección Técnica Administrativa. Gerencia de Servicios Sociales.

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Figuraron en aquellas actividades dos hombres que empezaban a influir sobre los destinos de la industria petrolera mexicana: el inglés Weetman Dickson Pearson, y Edgard L Doheny, de nacionalidad norteamericana. Los dos contratistas de las obras de ferrocarriles mexicanos, se dieron cuenta de la riqueza petrolera de México durante sus actividades constructoras. (José Valero Silva, La expropiación petrolera 1980, 21-22)


“Petróleos Mexicanos 1938-1978”. Secretearía de Educación Pública /Subsecretaría de Educación Básica y Dirección General de Información y Relaciones Públicas/ Subdirección Técnica Administrativa. Gerencia de Servicios Sociales.

Pearson trabajó en el ferrocarril del Istmo, conoció las riquezas petroleras de la región y las de Tabasco. En 1905 el sacerdote Manuel Gil Sáenz da noticia de que Pearson “anda explorando su antigua mina.” (Buenrostro, op.cit, 2) Doheny trabajó en el ferrocarril de Tampico o San Luis Potosí, se entusiasmó con las afloraciones de caliza en El Abra y con las chapopoteras y del cerro del Pez. (Ibidem.,13) Los dos, Pearson y Doheny, eran grandes amigos de políticos mexicanos y empezaron a interesarlos en el asunto del petróleo.

La inversión de Doheny consistió principalmente en comprar algunas propiedades en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. En consecuencia, su interés estaba en que se mantuviera la legislación que establecía la propiedad del petróleo a favor del superficiario; además hacía contratos de explotación con otros propietarios, pero sus principales adquisiciones las hacía en firme, por compra. De cualquier modo lo que le interesaba era que los dueños de la superficie tuvieran la libre disposición del petróleo.

En cuanto al inglés Pearson, incuestionablemente con mayores apoyos políticos, deseaba modificaciones legislativas para que el petróleo volviera al dominio nacional y se explotara mediante el régimen de concesiones, de las que él podía sacar con menos dinero, más partido.

Así, puede explicarse que el 24 de diciembre se expidiera la Ley de petróleo de 1901, en la que se hizo evidente la franca lucha entre los dos principios: el que le convenía al inglés y el que deseaba el norteamericano.

Esta Ley facultaba al Gobierno para dar concesiones petroleras en los terrenos nacionales y en las zonas federales, como eran las de las costas, los ríos y las lagunas. “Las concesiones se otorgarían mediante ciertas obligaciones de inversión, estableciendo una renta de cinco centavos por hectárea y además la obligación de pagar el 7% de las utilidades, cuando las hubiera, al Gobierno Federal, y 3% a los gobiernos de los Estados, donde se encontraran las zonas federales concesionadas (Ley de Petróleode 24 de diciembre de 1901,1901, 4)


Roberto Olavaria. “México en el Tiempo. Fisonomía de una Ciudad. México, Talleres de Excélsior, 1945.

Dicha ley reconoce el privilegio de los dueños de la propiedad privada para explotar el petróleo, confirmando el sistema de las Leyes Mineras vigentes entonces, pero sus los artículos 3° y 4° contienen una disposición en la cual se autoriza “la expropiación de terrenos particulares, para ejecutar obras de explotación petrolera”. (Ibidem., 5)

Expresamente en un artículo transitorio se dejaban a salvo los derechos de las empresas que estuvieran trabajando para aquella fecha, pero se hablaba de que también podían acogerse a la ley si les convenía.

En realidad, esta Ley podía fundar actos del gobierno según las circunstancias y distintos caminos, restituyendo en parte la posibilidad de explotaciones bajo el régimen de concesiones, y dejando ambiguamente a salvo los derechos de los propietarios.

Posteriormente, en noviembre de 1909, la Ley Minera de los Estados Unidos Mexicanos declaró “propiedad exclusiva del dueño del subsuelo los criaderos o depósitos de materia bituminosas”;(Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos 1909, 8) dicha ley permaneció en vigor hasta 1926, cuando se reglamentó el Artículo 27° Constitucional.

Fue así como Porfirio Díaz se propuso sacar al país del estancamiento económico dando entrada a los capitales extranjeros (siempre y cuando estos pudieran ser reglamentados por el Gobierno), para evitar enclaves en la economía. En el caso del petróleo esta actitud culminaría con la Ley Minera de 1909, por medio de la cual se quitaba a la nación y en consecuencia al Gobierno, el dominio sobre los yacimientos petrolíferos.

Durante el período de la lucha armada debido en parte a la situación de aislamiento de que gozaba la industria, y después del control que se otorgó a los superficiarios como dueños de los depósitos petroleros, se permitió que la actividad pasara por una época de estabilidad y bonanza. Sin embargo, a partir de esta etapa ocurrió un cambio importante que significó una modificación a la política seguida hasta entonces por el Gobierno Mexicano, es decir, se trató de imponer varios impuestos que graven la producción petrolera, la cual prosperaba paulatinamente, para hacer frente a los constantes gastos militares.


Diego Rivera, Detalle del Mural Sueño dominical en una tarde en la Alameda.

Durante el gobierno de Francisco I. Madero (1911-1913), se decretó un impuesto especial en junio de 1912 mediante la Ley del Timbre que indicaba un “gravamen sobre la exportación del petróleo de 20 centavos por tonelada, equivalente a 3 avospor barril.”(Ibidem.,1912,7-9) Medida que motivó las quejas de los empresarios ante sus gobiernos, pues afectaba sus ganancias.

Esta Ley tuvo grandes consecuencias, pues así quedaban regularizados y legalizados los contratos de Pearson y Doheny con los superficiarios, poseedores hasta entonces de simples exclusivas de explotación y no de derechos de propiedad. Dentro de la vigencia de dicha Ley fueron pactados los contratos relativos al subsuelo que han servido de apoyo a las actuales concesiones.

La ley del Timbre fue firme base para la resistencia que años después habrían de oponer las empresas petroleras a los esfuerzos de México encaminado a la nacionalización.

El gobierno de Venustiano Carranza (1917-1920) se distinguió en materia petrolera por una política destinada a obtener para el estado una mayor participación en los recursos petroleros. De hecho la Constitución de 1917 reivindicaba para México la propiedad original del subsuelo. Esta legislación no podía satisfacer a las compañías petroleras, que veían amenazados sus intereses, lo cual acarreó serios enfrentamientos con el gobierno norteamericano e inglés, que representaban a las compañías y presionaban para evitar que sus intereses petroleros se vieran afectados. Tan grave fue la situación, que nuestro país vivió la amenaza de una posible intervención norteamericana desde el momento en que se aprueba la nueva
constitución.[1]

El triunfo del movimiento del movimiento de Agua Prieta en 1920 contra Venustiano Carranza, colocó en el poder al triángulo sonorense (Adolfo De la Huerta, álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles). Este, con Obregón a la cabeza, inició una serie de esfuerzos para que la intervención extranjera recobrara la confianza en nuestro país y para llevar a cabo la tarea de reconstrucción nacional.

Como consecuencia de la nueva legislación constitucional, las compañías petroleras sintieron inseguridad con respectos a la propiedad del subsuelo.


La Revolución Mexicana. Fin del Porfirismo y lucha por la democracia. Historia de México. Tomo 15, Salvat Mexicana de Ediciones, 1986.

Para resolver este problema se entablaron en 1920 una serie de pláticas con el gobierno de De la Huerta, que no prosperaron. Al ascender álvaro Obregón a la presidencia (1920-1928), se iniciaron los trámites para lograr el reconocimiento del gobierno de Washington. (Jorge Vera Estañol 1968,123-124)

Más tarde, al asumir Plutarco Elías Calles la presidencia (1924-1928), el problema resurgió al implantarse una serie de medidas encaminadas a disminuir el poder de las compañías. Calles envió al Congreso un proyecto para reglamentar el artículo 27° en materia de petróleo, y más adelante otro proyecto de ley para la fracción primera del mismo artículo.( Jesús Silva Herzong 1964, 65-67) . El 31 de diciembre de 1925 se aprobó la primera ley orgánica del artículo 27° en materia petrolera, que entró en vigor en el mes de abril.

Al ponerse esta ley en vigor, las empresas optaron por solicitar un amparo ante los tribunales mexicanos, agudizándose una vez más, la crisis entre Estados Unidos y México, que llegó a su punto crítico a mediados de 1927, temiéndose un rompimiento total o una invasión armada. (Lavín, op.cit., 123-124) A finales del mismo año, los Estados Unidos intentaron poner fin a las desavenencias con el gobierno mexicano, utilizando la vía de las negociaciones en lugar de las agresiones y amenazas.


Enrique Karuze.
“Reformar desde el origen Plutarco E. Calles” Biografías del Poder/. México, FCE, 1987.

Se llegó a un acuerdo, llamado Calles- Monrrow, dio solución temporal a un conflicto que ya tenía más de una década, como señala Lorenzo Meyer: “al concluir 1928 y todo indicaba que la reforma petrolera buscada por la revolución sería uno más de los objetivos frustrados de la Revolución Mexicana.” (Meyer, op.cit., 115-116)


Miguel V Casasola. La Expropiación del Petróleo 1936-1938. álbum fotográfico 19336-1938. México, FCE, 1981.

En 1933 el país se preparaba para la próxima sucesión presidencial, postulándose la candidatura de un hombre de filiación callista, el general Lázaro Cárdenas.

El aspecto más significativo de su gobierno fue la expropiación petrolera en un momento en que México iniciaba su desarrollo industrial. La nacionalización del petróleo planteó al país la posibilidad de convertirse en exportados des su propios recursos naturales.


Consideraciones Finales

El movimiento de Independencia puso fin a un pacto de dominación caracterizado por la participación preponderante de la Corona Española, pero una vez que México había logrado su Independencia era necesario crear un nuevo pacto social, por lo tanto, durante la primera mitad del siglo XIX se llevaron a cabo constantes experimentos políticos a nivel nacional; sin embargo, ninguno tuvo éxito durante los primeros cincuenta años de Independencia. Podemos afirmar que fueron dos los obstáculos principales que retardaron la consolidación del Estado-Nación durante esa época: el desmesurado poder de la Iglesia y el precario desarrollo de la economía. Por un lado, la Iglesia había acaparado el espacio político; por el otro, el excedente económico era ínfimo, por lo que las clases en el poder a nivel estatal no estaban dispuestas a compartir este excedente con un Estado nacional. Estos elementos impidieron una alianza de clases a nivel nacional.

El afianzamiento del Estado sólo fue posible durante el porfiriato debido al límite que impusieron a la Iglesia las leyes de Reforma y al dinamismo de la economía durante esta época. Fue entonces cuando se dio la alianza a nivel nacional entre hacendados, burguesía naciente, burguesía extranjera y Estado, Y fue precisamente por este tipo de alianza que prevaleció el autoritarismo durante el porfiriato.

La estrategia durante el régimen de Porfirio Díaz (1876-1911) fue la de atraer a la inversión extranjera. Por lo tanto, se tomaron una serie de medidas, como incentivos monetarios, disminución de impuestos a la exportación subsidios, y abolición de leyes que limitaran la inversión extranjera.

La introducción de estas políticas económicas coincidió con la expansión del capitalismo mundial, por lo que el capital extranjero pudo aprovechar esta oportunidad. Así pues, capital inglés, francés, holandés y americano fluyó a los sectores más importantes de la economía, especialmente hacia la construcción de los ferrocarriles y las industrias extractivas. Por primera vez la economía empezó a tener un dinamismo totalmente desconocido en la primera mitad del siglo XIX.

Sin embargo, esta alianza a nivel nacional entre hacendados, burguesía naciente y capital extranjero no sería lo suficientemente sólida para lograr la modernización de México por vía pacífica. Los conflictos fueron surgiendo dentro de esta misma alianza, los cambios en la economía provocaron el surgimiento de nuevos grupos deseosos de participar, las clases populares habían sufrido ya mucho las consecuencias de dicha alianza, y las políticas del régimen tanto en materia de no renovación de los cuadros institucionales, como en la preponderancia del poder que estaba adquiriendo el capital norteamericano, situaciones que tuvieron graves consecuencias.

En 1910 surge la Revolución Mexicana, movimiento social que termina con una forma de autoritarismo que había perdurado por treinta y tres años. Dentro del cuadro que presentaba la economía mexicana al triunfo de este movimiento, varios sectores tenían las características propias del imperialismo económico. De estos el más notorio y el más productivo era el petróleo. En torno a esta industria, que inició su rápido y sorprendente desarrollo en forma casi paralela a la Revolución Mexicana, se libró la batalla principal entre el nuevo orden y las fuerzas externas.

La nacionalización del petróleo tiene su punto de partida en el conflicto obrero-patronal suscitado entre el recién fundado sindicato petrolero y las empresas con capital extranjero, el cual desembocó en la toma de decisión que transformó nuestra imagen y planteó sólidas bases para una nueva visión económica.

La expropiación significó un gran compromiso para el país, el cual no estaba preparado como tampoco el sistema económico de la Revolución. Lázaro cárdenas decidió, in embargo, correr el riesgo, que representó sin duda un gran triunfo para el nacionalismo mexicano y presiones de la hegemonía imperialista.


NOTAS:
[*] Dra. Guadalupe Ríos de la Torre |Arriba
Doctora en Historia
Profesora –Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco
Departamento de Humanidades. área de Historia y Cultura.
[1] El Primer Jefe de la Revolución Constitucionalista tuvo desde luego una visión clara sobre el asunto petrolero; consideró siempre que esa riqueza debería pertenecer a la nación. Eduardo Bustamante, El petróleo de México. Recopilación de documentos oficiales del conflicto de orden económico de la industria petrolera, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1963, p.14. |Arriba


Bibliografía:
Arriba
Buenrostro, Efraín.
1968 El petróleo de México. México, Talleres Gráficos de la Nación.
 
Bustamante, Eduardo.
1963 El petróleo de México. Recopilación de documentos Oficiales del conflicto de orden económico de la industria petrolera en México, México, Talleres Gráficos de la Nación.
 
Diario Oficial del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
México, Secretaría de Gobernación, 1900-1914.
 
Meyer, Lorenzo.
1972 México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero (1917-1942). México, El Colegio de México.
 
Lavín, José Domingo.
1976 Petróleo, pasado, presente y futuro de una industria mexicana. México, FCE.
 
Legislación Petrolera, leyes, Decretos y Disposiciones (1783-1921).
1940 México, Editorial Nuevo México.
 
López Portillo y Weber, José.
1975 El petróleo de México. México, FCE.
 
Valero Silva, José.
1965 El Estado Español en las Indias. México, UNAM.