Seis años de política neoliberal

Gilberto Calderón Ortiz.

Profesor del Departamento de Administración de la UAM-A.


El presente trabajo es un esfuerzo que pretende contribuir al análisis de las causas y los efectos económicos y sociales de la política económica aplicada por el gobierno del señor Carlos Salinas de Gortari. Las reflexiones aquí presentadas deberán ser consideradas como preliminares, pues es evidente que algunas de las consecuencias están algunas en germen todavía, en tanto que otras ya son fácilmente perceptibles y se encuentran por lo tanto consolidadas. No hay duda de que el título del trabajo es de suyo muy amplio, por lo que en lo que en primer lugar, y no podría ser de otra forma si queremos penetrar en el mundo de los hechos, hay que elaborar un marco teórico de referencia, no con el objetivo de ajustar la realidad a él, sino como un instrumento indispensable para la interpretación, lo más acertada posible del objeto de estudio. De este modo un primer problema importante es el caracterizar el régimen salinista. Indudablemente por parte del aparato del gobierno, hay una concepción llena de contenido ideológico que no permite ver su verdadera esencia pero si la forma en que el poder político se presenta ante los ojos de la nación. Poco se avanzaría si sólo se tuviera en cuenta los alcances y límites que deja el discurso oficial, pues no permitiría visualizar el contenido del quehacer de la administración que está por concluir.

Resulta entonces obligado tener que empezar por analizar el concepto Estado, pues en el ámbito político es lo más general y engloba a otros como, gobierno y administración pública. Más que el representante de toda la sociedad, en las sociedades contemporáneas y dentro de la esfera del mundo capitalista el Estado es la expresión política de la misma y responde formalmente al interés de todos sus integrantes, pero en realidad sólo lo hace a favor de unos cuantos, como son el sector reducido de elevados funcionarios públicos y el grupo de empresarios que cuenta con mayores montos de capital. ese simple hecho explica el porque las poblaciones no son homogéneas, como bien lo dice Jürgen Habermas: "...en la realidad histórica, el Estado con una población nacional homogénea ha sido siempre una ficción. el Estado nacional mismo es quien engendra esos movimientos autonomistas en los que las minorías nacionales oprimidas luchan por sus derechos" (Habermas, J. 1993, p.91). Sólo discrepamos del anterior autor en un punto, son las mayorías nacionales las que son oprimidas; que de ella sólo luche una minoría es otra cosa. De ahí que estemos totalmente de acuerdo con la apreciación que hace Robert A. Dahl en el sentido de que: "el mundo sólo nos ofrece tres posibilidades para la existencia social: dominar, ser dominado o retirarse a un aislamiento absoluto" (Dahl R. A., 1991, p. 32). No es entonces una contradicción suscribir parcialmente la aseveración de Tocqueville: "Creo que los pueblos democráticos tienen un gusto natural por la libertad: abandonados a sí mismos, la buscan, la quieren y ven con dolor que se les aleje de ella. Pero tienen por la igualdad una pasión ardiente, insaciable, eterna e invencible, quieren la igualdad en la libertad, y si así no pueden obtenerla, la quieren hasta en la esclavitud" (Tocqueville A., 1992, p. 465). Pues en las condiciones actuales la tendencia es (a medida que las sociedades se hacen más complejas), hacia la búsqueda de la libertad, pero más bien de tipo individual, sin que haya una visión del significado de la libertad para la sociedad en su conjunto, la cual dominada por los medios de comunicación, que cuenta con enormes recursos económicos, determina en gran medida -aunque a veces los pueblos a pesar de ellos se manifiestan en sentido contrario a los mensajes de tales aparatos de conducción de la opinión pública-, los parámetros y contenidos de la libertad; pero más que igualdad en las condiciones actuales, los integrantes de la sociedad quieren elevar su nivel de vida, y esa si es una actitud generalizada.

Libertad e igualdad en tales condiciones están reñidas con las únicas posibilidades del ser social, como lo plantea Robert A. Dahl, pues el que domina restringe la libertad y por ele hecho de estarlo haciendo no es libre, tiene que obligarse a velar que no la alcancen quienes no gozan de ella. La consecuencia es a todas luces el conflicto social permanente y permanentemente renovado. Y aquí es donde, justamente interviene el Estado, que actúa no a favor de todos, sino como se sostiene líneas arriba, a favor de unos cuantos. Por supuesto que entonces, ocurre, lo que plantea atinadamente Claus Offe, "la quiebra de la mediación institucional entre el Estado y el individuo. Si la política tiene que ver con el hallazgo de visiones sobre el orden justo de la vida social y el conflicto entre visiones divergentes de dicho orden, dado el bloqueo de esta mediación sólo exageraremos levemente diciendo que en nuestra situación la política y el Estado han llegado a divorciarse" (Offe. C. 1991, p. 164). Libertad, igualdad, dominación, en las sociedades capitalistas nos obligan al replanteamiento del contenido de la democracia la cual está siempre ligada estrechamente con "...la propiedad de los medios de producción.../por lo que/ es un hecho impresionante que incluso hoy en día 'cada' país gobernado por la poliarquía, los medios de producción son en su mayoría de propiedad 'privada'" (Dahl, R.A., 1991, p.109): Claro que el tal gobierno de muchos, como dice el anterior autor, tendremos que reconocer que realiza la política que conviene a unos cuantos, con todo lo contradictorio que puede entrañar tal aseveración. Este es entonces el origen de los conflictos sociales que, como tales, no son más que la forma en que se cuestiona al poder político y a su naturaleza. Ante ellos el Estado puede, nos dice Omar Guerrero, encontrarse ante tres opciones: "...impedir todo cambio que estimule nuevas demandas, controlar y dirigir estos cambios, o absorber limitadamente los cambios" (Guerrero. O. 1992, p.84). En cualquiera de los tres casos, obsérvese, el Estado entonces buscará la solución que no ponga en riesgo su naturaleza, de ahí que entonces la democracia sea dirigida y sin perspectiva de que las grandes mayorías supediten la política a la atención de sus necesidades. No está por demás señalar que ya entonces entramos a un terreno de indudables dificultades teóricas y prácticas, que merecen algunos comentarios. Si nos damos cuenta se trata aquí, entonces, del problema de la legitimidad. Esto es si el Estado, representa el interés de unos cuantos, ¿son legítimas sus acciones? Es indudable que sí la mayoría de la sociedad acepta tal situación y no busca el cambio de régimen político, tales acciones son legítimas. El problema se complica cuando el poder es legítimo, en cuyo caso en el aspecto de al dominación, para Raymond Aron: "Un poder no legítimo al que se está forzado a someterse degrada a los que no pueden evadirse de él, pero no quieren respetarlo. Así ,pues, la libertad política contribuye a hacer a los hombres dignos de ella, a hacerse de ellos ciudadanos, ni conformistas, ni rebeldes, críticos y responsables" (Aron R. 1991, p. 230). Pensaríamos que efectivamente así es, si pasamos por alto el señalamiento de Ricardo Uvalle: "La dominación política consiste en la superioridad que se tiene sobre los hombres y las cosas y es manifestación del poder estatal que se traduce en decisiones y actos que permiten materializar su voluntad a través de la función de gobierno. En este caso, gobernar es ejercer imperio, de decir, es imponer el poder supremo sobre ele espectro de poderes no estatales" (Uvalle, B.R. 1992, p. 32). Al gobernar tenemos que el Estado domina y tiene superioridad sobre los hombres, entonces es indudable que estos no gozan de libertad, o en el mejor de los casos ésta termina donde empieza el poder estatal, por lo que, siguiendo en la lógica del pensamiento de R. Aron, todo poder estatal es entonces ilegítimo. Pues además todo poder estatal busca y la más de las veces lo consigue, con éxito, volver a los ciudadanos en su mayoría conformista y acríticos.

Veremos más adelante como en el caso concreto de México, a partir de 1988, se puede considerar que no hubo libertad para escoger al máximo representante el Estado pues no se respetó la voluntad popular. Por ello suscribimos la posición de R. Aron, quien sostiene que: "La amenaza suprema de nuestra época es la del totalitarismo, régimen en el cual una organización monopolística, la del partido, pretende a la vez extender su autoridad al conjunto de la existencia y negar a toda otra organización el derecho de existir" (Aron, R. 1991, p.26). Lo cual significa en pocas palabras que el Estado puede ahogar toda posibilidad de libertad y de organización independiente de él. De ahí que siguiendo con Uvalle, nos asaltan varias dudas de si, como él dice: "...la salud y el vigor del Estado dependen de la existencia de una sociedad fuerte. Es decir, cuando las capacidades y potencias de la vida individual alcanzan su desenvolvimiento pleno, el Estado tiene los elementos fundamentales que le garantizan su felicidad y bienestar" (Uvalle, B. R. 1992, p. 43). Se puede sostener que en realidad cuando la sociedad es fuerte, es el Estado el que es débil y a la inversa. Más aún el Estado parece tendrá siempre una actitud beligerante contra aquéllas organizaciones independientes que cuestionan y desnudan su quehacer político, aunque formalmente aparente no oponerse a ellas.

El Estado en América Latina

Enseguida se abordarán algunas de las ideas que nos permitan caracterizar a los sistemas políticos que privan en América Latina, para de ahí pasar ya a la caracterización de la situación en nuestro país. Lo que se ha asentado hasta ahora permite avanzar considerablemente. El investigador Jorge G. Castañeda, citando a Fernando Enrique Cardoso, por cierto virtualmente próximo Presidente del Brasil, dice que éste sostiene que:..."el peor vicio de la democracia brasileña (y por extensión, latinoamericana): la falta de obligación de rendir cuentas. Esta puede ir desde la elección de presidentes que hacen campañas con un programa y luego gobiernan con otro diametralmente opuesto hasta la corrupción desaforada, la mala administración y la miopía, el uso político descarado e los recursos públicos,/etc./" (Castañeda, J. 1993. p.454). Las soluciones son elementales, propone el anterior autor: "...reforzar la autonomía de ciertas instituciones [y]...establecer y fortalecer la separación entre Estado y gobierno. La confusión de ambos ha corroído a la política latinoamericana por siglos. Sin distinguir entre un gobierno electo para un determinado periodo, y el Estado, con sus instituciones permanentes, su neutralidad política y el carácter duradero que lo consagra, la democracia es poco menos que imposible" (Ídem). Por ello el problema no es, como se ha sustentado en todos nuestros países, sobre el tamaño del Estado y de su papel en lo social y económico, sino el de su función política, que debe llevar a una reforma verdaderamente democrática (Idem.p.444). No es posible estar de acuerdo con Cardoso cuando habla de la neutralidad, pues nos parece que históricamente está palmariamente demostrando que nunca, salvo breves períodos ha existido un Estado neutral. Con relación a la democracia, más bien es un ideal al que los regímenes políticos se alejan o se acercan, sin que implican que pueda existir a plenitud, por las razones que hemos sustentado. Y con respecto al tamaño, no solo según se ve su función es política, como él lo señala sino es también económica; y aquí lo importante es no si es propietario o no de muchas empresas públicas, sino como se distribuye la riqueza. Puede tener muchas empresas y tener una desigual distribución o bien pocas y una distribución más equitativa. La cantidad no es el problema central.

El caso de México. Ascenso y política desarrollada

Hay ya elementos teóricos suficientes, para el análisis del régimen que está por concluir, no solo para hacer el análisis político, sino también para hacer una revisión del quehacer del gobierno actual y de su administración pública. Por principio de cuentas observemos que el actual ocupante de Palacio Nacional accede al poder ejecutivo en condiciones diferentes a sus antecesores. Uno de los críticos más acerbos, señala: "Carlos Salinas asumió el poder el 1 de diciembre de 1988, de manera ilegal e ilegítima, en medio de un profundo descontento popular y con un 'sistema' político en ruinas" (Garrido L. J. 23/09/94). No sólo su ascenso es ilegítimo, sino también es ilegal, esto significa que no fue el que recibió las preferencias del electorado, lo que llevó a aquel a quien sucederá a quebrantar las leyes para instalarlo en la silla presidencial; por eso se puede decir si se toma en cuenta lo anotado en párrafos anteriores: ¿cuál libertad?; ¿cuál democracia? Cuando el jefe del Estado y de Gobierno Mexicano sostiene que vivimos en un Estado de derecho, esto no es cierto pues privó en última instancia la voluntad de un hombre y de un sistema. Sabedor de ello el actual ocupante del Palacio Nacional, para tratar de calmar a la adversa opinión pública, prometió antes de asumir el poder que entre otras de las cosas iba a, por fin, terminar con el partido único(Ramírez C. 23/08/94). por supuesto que incumplió con tan solemne promesa. Claro que no faltaron los cambios para tratar de darle credibilidad a los procesos electorales, -que tan devaluados quedaron luego de las a todas luces fraudulentas elecciones de 1988, donde el gobierno reconoció que se había caído el sistema de cómputo- por lo que en su sexenio el Lic. Salinas,, impulsó, al igual que lo hicieron los anteriores presidentes su propuesta de reforma política. el contenido de la misma llevó a decir a un estudioso extranjero de prestigio, que con ella "...se garantizó un control mucho mayor de la sociedad civil sobre el proceso electoral -la demanda fundamental de los partidos de oposición- eliminando los votos de los representantes de partidos políticos (cuya mayoría estaba aliada con el aparato del PRI-gobierno) y ampliando la presencia de ciudadanos magistrados sin partido en el Instituto Federal Electoral" (Cornelius W. A. 05794. p.XV). Error de apreciación pues más bien se trató de un remedo de reforma política, un gatopardismo encubierto, para que las cosas siguieran como estaban (Anguiano A. 1993. p.9). ya que se redujo a "...un juego electoral maniatado y fraudulento.../con la/...despolitización de los conflictos y en general de los espacios sociales" (Ídem. p.8). En consecuencia trató y logró controlar y dirigir los cambios, como lo apuntala Omar Guerrero. Sin embargó tuvo, hay que reconocer, éxito, pues según Augusto Bolívar y Luis Méndez, el gobierno se coloca: "...en el centro de la política cuando los extremos están en desventaja con el régimen. En tales circunstancias la política aplicada a lo largo y ancho del territorio fue de, en los procesos electorales, llegar a las denominadas concertacesiones, pero no con todos los partidos opositores sino solamente con el PAN, cuyo programa de política económica se la apropió el gobierno y la aplicaba sin ningún rubor. Así en los casos de Baja California Norte y Chihuahua, cede las gubernaturas a tal partido, primera vez que sucede un hecho de esa naturaleza en el país desde que formaliza el partido de Estado. En otras entidades donde la principal fuerza opositora no era panista, se optó por imponer costara lo que costara a los candidatos oficiales. La amenaza de totalitarismo a la manera en que concibe Aron, está presente en México, por el predominio casi monópolico del partido oficial. El supuesto mayor control de la sociedad civil en los procesos electorales se limitó efectivamente a la integración de personalidades como Consejeros Ciudadanos en el Instituto Federal Electoral, pero estos nunca controlaran el padrón electoral y el sistema de cómputo; eso quedo en manos como siempre del gobierno, y como en alguna ocasión lo dijo el dictador soviético, José Stalin, no importa cuantos voten ni por quien lo hagan, lo que importa es quien cuenta los votos. El gobierno para poder asegurar su programa económico no podía de ninguna manera poner en riesgo de perder en un proceso electoral a la Presidencia de la República, por ello puso en juego todo el aparato público con el fin de garantizar que el candidato oficial asegurara el triunfo de todas todas. el respeto a la voluntad popular fue una de las deudas no pagadas por el régimen salinista. Más todavía, el principal grupo controlador y director de la política nacional, sufrió un proceso de alarmante descomposición, que se inicia con el asesinato del Cardenal Juan José Posadas, en marzo de 1993, en condiciones hasta ahora nunca aclaradas. Más tarde se da también la muerte violenta, al término de un mitin, el 23 de marzo del año en curso en Baja California cuando era 'protegido' por priístas de la peor ralea, del candidato oficial Luis Donaldo Colosio. Unos meses después, el 28 de septiembre muere también baleado el Secretario General del Partido Revolucionario Institucional, José Francisco Ruiz Massieu. Está por demás decir que estos crímenes nunca han sido plenamente aclarados por las autoridades en turno, pero quizá lo más grave es que en ningún otro régimen después de los gobiernos de Alvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, los hombres fuertes de la década de los veinte y mediados de los treinta, se había atentado hasta la destrucción física contra miembros relevantes del partido del Gobierno. Pero por otra parte hay que señalar que el gobierno salinista con sólo un sector de la oposición se ensañó, pues al Partido de la Revolución Democrática, le fueron asesinados, más de 250 militantes y dirigentes, sobre todo en las zonas rurales, en circunstancias tales que hacen presumir que estaban implicados miembros de los distintos aparatos públicos, no sólo a nivel federal, sino estatal y municipal. La inmensa mayoría de los crímenes, nunca fueron reprimidos. De este modo nos parece tiene plena vigencia en México, el divorcio entre política y Estado, como dice Offe, cuando vemos la descomposición y degradación no solo al interior del partido dominante, sino además por la quiebra de la mediación entre individuo y Estado, al imponer, este último sin ningún recato y violando flagrerantemente el orden legal establecido, un tipo de política ajena y contraria a las mayorías.

La propuesta política y económica del salinismo

El licenciado Carlos Salinas, ya con el poder del ejecutivo en sus manos, de inmediato se dio a la tarea de ofrecer su propuesta política económica, que iba en el sentido de reformar el Estado. Así se comprometió con tres acuerdos: "...ampliación de la vida democrática; recuperación económica con estabilidad de precios, y, el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población" (Bolívar, A. et al. 1993. p.62). Como hemos visto, el primer acuerdo no lo cumplió. El segundo, parcialmente y el tercero, estuvo también lejos de alcanzarlo. Y, en abundancia, no lo podía cumplir, por una razón muy simple, el accedió al poder gracias a que el presidencialismo es una realidad inobjetable, pues para lograr su ascenso no le importó a su antecesor violar las leyes. Cuestionada seriamente la legalidad y legitimidad de su gobierno, el no podía más que reproducir, agregando sus rasgos personales, la misma política que el país ha venido padeciendo desde que la revolución se institucionalizó. Para resumir en breves palabras el porque el país tiene esa situación política, citaremos a Arturo Anguiano, quien dice,: "El régimen político semicorporativo y el Estado, apuntalado por un presidencialismo aplastante no deja lugar a la democracia. La democracia de hecho, jamás ha sido una tradición en México, pues casi siempre fue reemplazada por verticalismos patrimonialistas que desmontaron, corrompieron o acabaron por la violencia todos los ensayos democráticos de las masas" (Anguiano A. 1993. p. 7). Por eso pedirle ha quien ejerce el poder en forma vertical y autoritaria, que demonte el andamiaje construido para evitar el desarrollo de la democracia, es un contrasentido. Mientras subsistía un complejo tramado de intereses políticas y económicas que sostienen por conveniencia propia esta forma de quehacer político, las posibilidades de una vida donde la manifestación de la idea y su puesta en práctica teniendo en cuenta el interés de las mayorías, será una ruta difícil, casi inalcanzable de lograr. No hay más, la razón se encuentra en lo que sostuvo Dahl, los medios de producción son privados y a ellos obedece la lógica estatal.

En el terreno político, este sexenio recogió una herencia de la que difícilmente se podía desprender, pues equivaldría a enfrentar una lucha frontal en contra de un vasto conjunto de intereses ilícitos creados. Nos referimos al narcotráfico. Aquí no hubo como tampoco existió en los sexenios anteriores, voluntad política para acabar con tal cáncer. Es un hecho insoslayable e inocultable, la cada vez mayor penetración de las prohibidas actividades del narcotráfico en las elevadas esferas del poder al grado de que, Eduardo Valle Espinoza, declaró que son participes ya personeros muy cercanos al Presidente de la República. (Rojas Z.L. 08/09/94)

La muerte de los prominentes miembros del PRI, como Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu y de la sociedad, Cardenal Juan José Posadas; así como los de cientos de militantes de oposición, la sistemática violación de lo derechos humanos y de las garantías individuales y el no respeto al voto ciudadano y las ligas con el narcotráfico de funcionarios públicos de primera línea, sin olvidar los contubernios oscuros entre gobernantes y algunos hombres de empresa configuran una situación que incluso a llevado a la iglesia a decir que: "México está hundido en un clima de violencia y corrupción por lo que la iglesia se encuentra ante una nueva etapa de evangelización, que permita alcanzar la democracia y propicie una mayor justicia social" (Correa, E. 01/10/94). Por otra parte esta situación política estuvo acompañada por la aplicación de un programa económico social que eufemísticamente se bautizó como "liberalismo social" (Bolívar, A. et al. 1993. p.62), que no era como lo dijimos anteriormente más que la continuación, en el actual sexenio, del programa que el entonces Secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas, impulsó en el régimen de Miguel de la Madrid. Sobre dos ejes giró en su esencia: en el aspecto interno, se profundizaron los cambios ya emprendidos en cuanto a la intervención directa del Estado en la economía; y con respecto al exterior, se acentuó la apertura.

En la situación interna se aplicó, diría el actual encargado de Hacienda, un programa de estabilización, cuya política fiscal se orientó: "...en primer término", el estricto control del gasto del gobierno federal pues "...los gastos corrientes se recortaron y se orientaron hacia las necesidades sociales más urgentes. En segundo lugar, y en lo correspondiente a la política de ingresos se efectuó una reforma fiscal a fondo y se revisaron los precios y tarifas públicos de acuerdo a niveles internacionales. Finalmente, el sector público paso por un proceso de reestructuración mediante la desincorporación de empresas no estratégicas manejadas por el Estado" (Aspe A., P.1993.p.33). Este fue por parte del gobierno actual el esquema del que no se apartó en ningún momento, cumpliendo escrupulosamente los puntos dos y tres porque como vamos a ver más adelante el primero estuvo francamente muy lejos de lograr. Con respecto a los dos factores de la producción: el capital y el trabajo el gobierno sostuvo que consiguió el compromiso del sector privado de "...sacrificar sus márgenes de ganancia mientras que los sectores obreros y campesinos prescindirían de un incremento adicional en sus salarios reales" (Ídem. p. 30). El citado programa de estabilización tenía como uno de sus objetivos básicos el controlar la inflación y hacerla retroceder de los 3 dígitos a los que había llegado, a solo uno, por ello era, el superávit primario "...un prerequisito que [debía] conseguirse antes de empezar la corrección de la inercia inflacionaria y la selección de anclas nominales para la estabilización" (Ídem. p.37). Para alcanzar el superávit se amplió la base de los contribuyentes y según el Secretario de Hacienda disminuyeron los impuestos a las personas físicas, eso hizo posible que aumentaran los ingresos fiscales en 29.5%, que representaron el 1.5% del PIB. Claro que también se incrementaron los ingresos públicos por concepto de impuestos al valor agregado y al comercio exterior (Ídem p.102). Ello permitió según el anterior, recuperar el crecimiento sin caer en la recesión y el empleo, que en 1988, fue de 1.3%, 3.1% y 4.4% para 1989 y 1990, respectivamente (Ídem. p.50).

Don Pedro Aspe, saltando del terreno económico al político sostiene que tal programa solo fue posible porque hubo confianza y credibilidad en la población con respecto a las autoridades (Idem.p.58).

Para alcanzar esta confianza, los objetivos sociales perseguidos fueron claramente definidos, y según Aspe el gobierno se comprometía a:"...ofrecer mejores servicios educativos y de salud /claro que coadyuvarían a ello el que/ para crecer y crear más empleos permanentes, será necesario incrementar la tasa de ahorro interno mediante mecanismos que posibilitan el ahorro de los trabajadores y de las clases medias (Idem.p.208-209). A los empresarios y trabajadores se les pidió también "...incrementar la productividad y el ahorro sobre bases sostenibles" (Idem.p.208).

La propuesta tocaba entonces en su esencia la necesidad de reformar al Estado, y no podemos resistir anotar con las propias palabras del artífice de la política económica, lo siguiente: "El proceso de Reforma del Estado no llegará a su punto culminante sino hasta cuando ninguna familia mexicana viva por debajo de un nivel que satisfaga todas sus necesidades básicas. La Reforma del Estado ha significado la transformación de un gobierno paternalista en una autoridad que gobierna para todos sin distinciones ni excepciones pero trabaja especialmente en favor de los que menos tienen" (Idem.p.210). El subrayado es nuestro). Metas que no alcanzaron y que se estuvieron muy lejos de ellas. Pero aquí llama la atención como implícitamente en las altas e esferas del poder hay una concepción de la esencia del Estado; de su razón de ser. Si se confrontan tales ideas se encontrará lo que decíamos en las primeras páginas de este trabajo; en realidad, históricamente determinada, para los gobernantes mexicanos actuales como en todos sus antecesores, el Estado, abstracción que nos engloba, a todos, pero que se materializa en el gobierno y cuyo brazo ejecutor es la administración pública, se considera asimismo como representante de toda sociedad. De ahí que entonces aparezca la formalmente la neutralidad de la que habla Cardoso. Eso de que está al servicio de todos, sin hacer distinciones, ni dar por lo tanto trato privilegiado a unos con respecto a otros no es más que una falacia, de ahí que el objetivo de trabajar por los que menos tienen, es una frase carente totalmente de contenido, este no es un fin en si mismo como el Secretario de Hacienda nos lo señala, pues el gobierno dedicará su atención a los que menos tienen, siempre y cuando sea conveniente y necesario ya sea desde el punto de vista político y/o económico. Esto es que al satisfacer algunas necesidades de los desheredados, se evitan problemas de descontento social que pongan en riesgo la estabilidad, y que además resulta beneficioso para algunos empresarios que el Estado consuma bienes o servicios para paliar las demandas sociales, pues su producción solo de este modo encuentra salida.

La política económica interna se vio acompañada de una mayor apertura exterior como lo anotamos en párrafos anteriores, ello hizo posible lograr la repatriación de capitales y que se modificaron las leyes respectivas con respecto a la inversión extranjera, la cual de solo el 49% que podía tener una empresa pasó al 100%, desregularizándose los requisitos para ello (Ídem p.4). La apertura casi total fue una realidad, al mismo tiempo se mantuvo una política cambiaria (Idem.p.46) adecuada a los planes fijados, evitando devaluaciones bruscas que interfieran en el control de la inflación.

Entre otros de los propósitos que se perseguían era el alcanzar "...la eficiencia económica en la medida en que la secuencia y el contexto macroeconómico en que tiene lugar crean el entorno adecuado para que las empresas se adapten rápidamente a las nuevas condiciones competitivas" (Idem.p.40). La necesidad de abrir al exterior el país, llevó al gobierno a impulsar decididamente la Firma del Tratado de Libre Comercio, que unió aún más las economías de México con al de Canadá, pero sobre todo con los E.U.. En noviembre de 1993, fue aprobado el Tratado y pronto se acentuó el ya de por sí masivo intercambio de bienes y servicios con los vecinos del Norte. Sin embargo los daños a la planta productiva del país fueron inevitables. Aquí queremos dejar claro que los gobernantes hicieron lo que obligadamente tenían que hacer, pues de no iniciar la apertura, el país hubiera sido condenado al atraso; solo que quizá fue tan brusca que impidió los cambios de renovación que se buscaban en un sector de las empresas. El que de todas formas salió perjudicado fue el pequeño y mediano empresario, pero sobre todo el grueso de los trabajadores mexicanos. Se benefició a parte del capital, al más poderoso, pero no así al trabajo.

En el sexenio salinista a todos los rubros importantes se les prestó la atención debida, en el campo y en la ciudad, en el sector industrial, comercial, bancario, agropecuario, educativo y hasta religioso el gobierno eliminó, de jure o de facto, los obstáculos que a su juicio resultaban ya un lastre para su proceso modernizador. Cuando veía la necesidad de modificar las leyes para actualizar o avanzar en los cambios, lo hacía aprovechando su presencia mayoritaria en el Congreso de la Unión.

Así por ejemplo legalmente quedó plasmado en la Constitución, la disolución, en la práctica del ejido, pues el artículo 27 constitucional, en sus nuevas disposiciones permite la venta de la parcela ejidal, reconociendo una práctica que se venía dando en aquellas regiones donde se desarrolla la explotación agropecuaria capitalista.

En cuanto a la religión se establecieron nuevamente los reconocimientos mutuos entre la iglesia y el Estado que habían sido hechos a un lado durante muchos años. Pero en aquellos aspectos donde el gobierno reconocía que las modificaciones podían traer serias resistencias como lo sonlas relaciones laborales, el gobierno no se atrevió a mandar iniciativas al Congreso que modificaran sustancialmente el artículo 123, por lo que la Ley Federal del Trabajo permaneció casi sin cambios sustanciales. Pero en la práctica, de facto, se iniciaron procesos que permitían a grandes empresas transnacionales, entre otras las armadoras de carros, hacer a un lado los contratos colectivos de trabajo y dar paso a la contratación individual y a la flexibilidad de las condiciones de trabajo, que demandaban ya no un puesto limitado dentro de parámetros que la empresa no podía rebasar, sino nuevas condiciones que permitían a las empresas mover a la fuerza de trabajo sin exponerse a demandas por violaciones a las condiciones laborales.

Los resultados

Empezamos por ver si os efectos buscados por la política económica se alcanzaron. Recordamos que se buscaba básicamente una reconversión de la planta productiva, para lograr una mayor eficiencia que pusiera al día a las empresas privadas y las hiciera competitivas con el exterior. El Estado se comprometía a hacer su parte; reducir su participación directa e indirecta en la vida económica. Para el los objetivos de carácter social por sí solos se alcanzaban si, entre otros, la planta productiva se modernizaba, y esta tarea correspondía fundamentalmente del sector no gubernamental. Si se elevaba la productividad, si crecía la inversión (propiciada también por la desregulación por parte del gobierno), crecería el empleo y se elevaría el bienestar y el nivel de vida de las familias mexicanas.

Es decir se apostaba a que preponderantemente el esfuerzo del sector privado sacaría al país hacia adelante. No era una concepción ajena a las preocupaciones en otras regiones del planeta pues es indudable que los vientos de modernidad que soplan en todo el mundo también lo hicieran en México y tienen, dice Daniel Bell, como principio axial "...la racionalidad funcional, y el modo regulador es economizar. Esencialmente, economizar significa eficiencia, menores costos, mayores beneficios, maximización, optimización y otro patrones de juicio similares sobre el ejemplo y la mezcla de recursos" (Bell, D. 1989.p.24).

En nuestro país hubo cambios efectivamente pues: "México alcanzó una estructura sectorial del producto interno bruto (PIB) similar a la de otros países industrializados, al incrementarse la participación del sector servicios dentro del producto interno de 60.0 a 65.6% de 1989 a 1994. Este hecho cambio para favorecer las actividades bancarias, comunicaciones y transportes y dejar en segundo y tercer lugar a la actividad industrial y al sector primario" (Sauri, G. 18/10/94). Claro que en el sector terciario quedan comprendidas también las personas que más bien están en la economía informal.

Las finalidades perseguidas por la modernización de la planta productiva fueron parciales pues en un estudio de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio se "...revela que la modernización de la planta productiva ha sido heterogénea y desigual, y ha generado desequilibrios entre los sectores primario, industrial y financiero.../ a su vez en un análisis de la Cámara Nacional de la Industria y de la transformación se dice que/... las discusiones de la industria manufacturera con indicadores negativos en materia de producción y empleo, son las generadoras de 50.6% del producto manufacturero, lo que refleja el alto riesgo de que persista el estancamiento es esas actividades" (Rodríguez, L. et al. 21/07/94). Esto permite considerar que la apreciación de Edur Velasco no está alejada de la realidad, al decir que "...se ha acentuado el proceso de desindustrialización de sectores y regiones enteras.../que abarca incluso a/ ...la división de maquinaria y equipo... /Más aún/... la industria química y petroquímica, retrocedieron por primera vez en ocho años". Por ello asienta en su balance de este gobierno y del anterior: "El proyecto neoliberal concluye doce años de reestructuración con una recesión industrial profunda" (Velasco, A.E. 1994.p.19). Entonces no está por demás decir que los resultados esperados por Pedro Aspe, sólo se cumplieron parcialmente, pues la reconversión industrial sólo la podría alcanzar aquel sector de las empresas que tuvieran como objetivo el mercado externo y un reducido porcentaje del interno (conformado por las familias de ingresos variables y muy por arriba de los promedios nacionales).

Las empresas que más resintieron los aspectos de la apertura indiscriminada fueron las medianas y pequeñas, muchas de las cuales desaparecieron.

La desincorporación de empresas públicas

Hemos visto que dentro de los objetivos económicos, y como una forma de sanear las finanzas públicas de la administración salinista, prosiguió con mayor énfasis a la venta de empresas públicas. El Secretario de Hacienda, ufano sostiene que: "De las 1,115 compañías estatales que había en 1982 más de 80% fueron desincorporadas hacia fines de 1991. Durante la administración del Presidente Salinas, se ha registrado un avance muy significativo en el proceso de desincorporación de empresas públicas, al realizarse con éxito la venta de grandes empresas como las dos principales líneas aéreas nacionales (Mexicana y Aeroméxico), una de las más grandes minas de cobre en el mundo (Compañía Minera de Cananea), la compañía de telefonía nacional (Teléfonos de México) y la totalidad de los bancos comerciales. El proceso de desincorporación no sólo tiene un impacto de una vez por todas mediante los ingresos provenientes de la venta de paraestatales, sino también una relación permanente de las transferencias a empresas que ya no eran viables y que fueron cerradas... los ingresos totales por las ventas se aproximan a los 14 500 millones de dólares que se usaron en gran parte para reducir el monto de la deuda interna. Las transferencias globales del Gobierno Federal descendieron del casi 6% del PIB en 1987 a cerca de 2% en 1991. Un aspecto importante del efecto fiscal de la privatización es su permanencia. Los gastos del gobierno para la operación de estas empresas se eliminan permanentemente, mientras que los recortes presupuestales de emergencia en otras áreas, como las inversiones, no se pueden mantener de manera indefinida" (Aspe, P.1993. p.37). Bien vale la pena tan larga cita que no reconoce varios hechos nada despreciables, pues las empresas públicas apetecibles por los empresarios, y que el gobierno, vendió eran aquellas como Cananea y Teléfonos de México, que tenían importantes márgenes de utilidades; los recursos, como dice Aspe se destinaron al pago de la deuda interna, que casualmente está en manos de los capitalistas; es cierto que se liquidaron empresas que tenían números rojos, con lo cual el gobierno dejó de canalizar recursos a su sostenimiento, que, como el mismo Secretario de Hacienda lo reconoció, se debía su déficit a los"...subsidios y privilegios otorgados a compañías privadas" (Ídem. p.186).

Por cierto, entre otros de los objetivos que se perseguían era que las empresas ya en manos de particulares debían "...operar en un ambiente competitivo, y de no ser posible, debe haber una regulación apropiada para asegurar la eficiencia interna" (Ídem. p. 163). Lo cual no fue el caso, pues justamente las empresas citadas como ejemplo, prácticamente trabajan en condiciones de monopolio, y lo que es más grave para el usuario, la eficiencia fue solo una promesa por parte de los nuevos dueños, pues: "las privatizaciones [dice Pablo Moctezuma] no han traído eficiencia, sino servicios igual de malos, pero más caros y /con/ altas ganancias. Telmex ganó más de tres mil millones de dólares en 1992 rompiendo récord mundial" (Moctezuma P. 1994. p.7). En abundancia, como lo reconoció el Secretario de Comunicaciones y Transportes Eduardo Gamboa Patrón, en México: "...las tarifas por /servicio telefónico/ son las más altas del mundo" (Cardoso, V. 23/09/94).

Aún más, hasta en las filas de los propios integrantes del aparato del Estado, hay dudas de la forma en que se desincorporaron o liquidaron empresas públicas (Flores, C. R El Financiero, 19/09/94). Más aún se han hecho señalamientos en el sentido de que se recurrió para su compra a operaciones "saliva", pues fueron créditos públicos los que se otorgaron, entre otros para realizar las operaciones (Villegas, C. 22/11/93). De que no hubo transparencia y si muchas anomalías, no hay duda, tan es así que el 4 de noviembre del año en curso el diputado Graco Ramírez, subió a la tribuna para denunciar entre otras que "...no es un secreto a voces que Salinas de Gortari es el principal socio de las empresas paraestatales que se vendieron a la iniciativa privada. No es un secreto a voces en el pueblo de México que Salinas de Gortari es el dueño de Teléfonos, por vía de un prestanombres" (Arroyo, f. 4/11/94). Acusación que no recibió ningún tipo de reclamo por parte de la bancada de diputados del partido al que pertenece el Sr. Salinas de Gortari y que entonces confirma lo dicho por el diputado Ramírez. Lo que de suyo es grave y demuestra que el ideal weberiano de la separación entre la fortuna personal de los funcionarios y los bienes públicos, en el caso de nuestro país no existe.

Pero como hemos visto, al Secretario de Hacienda consideró que se dejaron de canalizar recursos a las empresas públicas que subsidiaban a las empresas privadas, actitud solamente declarativa pues en los hechos, por ejemplo, en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, subsisten empresas que mantienen lo que el Dr. Aspe rechaza, ya que indirectamente: "...los aeropuertos prácticamente subsidian a la aviación... en el suministro de turbosina, ASA pierde dinero cada vez que se surte un litro de combustible a un aparato" (Hernández, J. 23/08/94).

La desincorporación de la banca

En particular queremos destacar la venta de la banca comercial. El gobierno decide ante la forma de ausencia de consulta a la población como el plebiscito o el referéndum, enviar al Congreso, y donde se supone está representada la anterior, las iniciativas para la venta de los bancos. Como era de esperarse el legislativo aprueba y la venta se logra en poco tiempo.

Para el Secretario de Hacienda Pedro Aspe, entre otras de las consideraciones para que el Estado se desprendiera de ella sostuvo que, "...la banca manejada por el sector privado puede ser más eficiente que operada por el sector público" (Aspe, P. 1993. p.80). Se legisló para que ya no sean concesionados los bancos, sino que ahora son "sociedades anónimas de capital fijo... /que operan con la/ autorización de la SHCP" (Ídem. p. 81). Se permite la participación extranjera con el capital de hasta 30% (Ídem 81). Y se ponen limites al máximo (5%) de capital que puede tener una persona física; se hace además un conjunto de restricciones para evitar la concentración crediticia y se prohibe los autopréstamos entre administradores y socios (Ídem p. 81-82).

Según la SHCP, se obtuvieron recursos por la venta de los bancos de "... poco más de 37 millones de nuevos pesos" (Lomelín, G. et.al. 17/10/94).

Los propósitos formales de la desincorporación son democratizar el manejo de la intermediación financiera, medida que muy lejos está de haberse alcanzado, mas bien se dio el efectivo inverso. También se buscaban evitar los manejos ilegales, como lo era el que los banqueros hicieran prestamos a sus propias empresas con créditos preferenciales, etc., lo cual por supuesto tampoco se consiguió y casi al final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, afloraron gigantescos fraudes como los del Grupo Financiero Havre (Howard G. 24/08/94). Y otro caso, quizá más relevante lo es el de Carlos Cabal Peniche, que a través del Banco Unión y el Grupo Cremi, hizo y deshizo con los depósitos que incautos particulares dejaron en su consorcio; los autoprestamos gigantescos eran lo cotidiano. Por cierto, dicho personaje hizo una inmensa fortuna en un lapso de siete años. Sin saber de donde obtenía enormes recursos en Tabasco empezó a comprar empresas y crear Holdings. El gobierno lo dejó hacer. Más aún sus ligas con poderosos políticos era de conocimiento público" (Avilés, J. 8/08/94).

Lo que si no es tan conocido y más bien se mantenía en secreto aunque hay claros indicios de que existió (Lomelín, G. 17/09/94), -de la que no está exenta un sector de la banca comercial (Howard, G. 4/11/94)-, el apoyo del gobierno con la banca de desarrollo para las actividades del ahora defraudador (Rojas-Zea, R. 8/09/94).

Una cosa también es importante destacar en muy poco tiempo, dadas las altas tasas de ganancia obtenidas, los banqueros recuperaron su inversión. Por supuesto que el dinero se hizo caro, ya que es "casi del doble del cobrado en Estados Unidos" (Chávez M. M. 19/09/94).

No podemos dejar de hacer las siguientes consideraciones con respecto a la banca -que pueden aplicarse muy bien a la venta de empresas comerciales e industriales que el gobierno vendió-, con la entrega discrecional que hizo el Estado de estos recursos, modificó incluso la estructura dentro del sector empresarial, ya que le permitió desplazar a unos para encumbrar a otros, de tal suerte que prominentes empresarios y banqueros que se acomodaban siempre con los recién llegados gracias al apoyo del Estado, en este último sexenio, sobre todo fueron hechos, algunos de ellos, a un lado y prácticamente desaparecieron de la escena.

En cuanto a la intermediación financiera dos hechos queremos anotar: la autonomía que el gobierno otorgó al Banco de México y la autorización para la operación de México de la banca extranjera. El primero de ellos busca que el Banco de México y la autorización para la operación de México de la banca extranjera. El primero de ellos busca que el Banco ya no dependa de criterios políticos, como en el pasado que servía al presidente en turno para sostener el gasto público corriente y de inversión, sino que en la regulación del torrente financiero sean solo criterios económicos los que prevalezcan. En cuanto a la apertura financiera hacia el exterior es claro que la autorización a operar en el país a la banca extranjera obedece y es congruente con la globalización que se da a nivel mundial que demanda apertura total sin restricciones; es cierto que los países más desarrollados siguen en varios aspectos una política de proteccionismo, Japón y E.U., entre otros, pero las autoridades del nuestro han optado casi por abrir toda la economía al exterior.

La deuda externa

Y ya que abordamos el problema de la intervención financiera vamos a revisar uno de los logros que en su debido momento el régimen presentó como un hito histórico en la vida del país, este es el caso de la deuda externa. En su primer año de gobierno, el 23 de junio de 1989, Carlos Salinas anunció: "...en tono triunfalista la solución de la deuda externa. En cadena nacional por radio y televisión, informó haber resuelto el problema de la carga excesiva de la deuda" (Moctezuma, B. P. 1994. p.. 129). El Dr. Pedro Aspe consideró que de haber representado el 54.7% del PIB en 1987; para 1991, había caído al 27.7% (Aspe A. 1993. p. 130). Lo que no dice el citado Secretario de Hacienda es que esa reducción se debe a que la economía creció, pues el PIB aumento entre 1982 y 1993, en un 16.5% (Calva, J.L. 30/09/94). Pero de que el país se sigue endeudando no hay duda. Cuando Salinas sube al poder la deuda se situaba en los 100 mil millones de dólares, al término de su mandato, según un investigador, en los 136,269.7; y para el periódico l País, en 140,311 millones de dólares (Calva, J.L. Ídem. y El País. 18/10/94). Este último señala que durante el sexenio salinista se pagaron 50,000 millones por concepto de servicio de la deuda externa.

La famosa solución sólo fue un acto publicitario espectacular, como los que acostumbró, sobre todo en ese primer año de gobierno. Con este tipo de acciones el Sr. Salinas quería alcanzar la legitimidad que nunca tuvo en las elecciones de 1988. Pero por otra parte, lo cierto es que la deuda externa sigue siendo una amenaza y un fardo muy pesado para el sector de ingresos fijos, los trabajadores, y no para el sector de ingresos variables, el de los empresarios.

El campo

Decíamos que este gobierno no dejó ningún rubro importante al garate. En el campo se reformó el artículo 27 constitucional. Un legislador del partido oficial señala que se buscaba "...capitalizar el campo y mejorar las condiciones del sector" (Guerrero, G.J. 1994. p.43.). Sin embargo se propició que se profundizará "...la descomposición ejidal... Más que impulsar la formación de ciudadanos ha alentado la articulación de viejos y nuevos grupos de interes. Y, pocas, muy pocas fuerzas campesinas están de acuerdo con que se trata de un reforma campesina" (Hernández, L.E. 1994. p57). Pues con tales reformas el campesino, se convertía en propietario de la parcela ejidal, y entonces la podía, legalmente, vender y/o rentar.

Ante el agobio y la pobreza a la que con mayor rapidez se arrojó a los campesinos pobres, el gobierno elaboró y puso en marcha, su alternativa a la que denominó Procampo. La intención era solo dar un mero paliativo, pues no sirvió más que para reforzar la explotación del maíz para el autoconsumo. La entrega de N$350.00 como apoyo por hectárea de cultivo, ayudó en muy poco a la economía familiar dado que la economía de los ejidatarios cuentan con parcelas que no superan las 5 hectáreas (Rudiño, L.E. 3/10/94). Pero además hay que aclarar que tal programa, se establece en un año electoral donde está en juego la Presidencia de la República, por lo que los analistas políticos lo calificaron rápidamente como PRIcampo, pues su objetivo real era conseguir, mediante él, votos, para el partido oficial.

Por otra parte los pequeños y medianos propietarios del campo, sufrieron por un lado, la apertura comercial y, por el otro las de interés que la banca privatizada les cobraba por el financiamiento agropecuario (Velázquez, E. y García, A. 1994. p. 83). Lo que ocasionó el movimiento de el Barzón, Jalisco, en repudio al agiotismo de los bancos; es hora de que todavía no se resuelve tal problema, y mucho nos tememos que no tendrá salida favorable para los agricultores asociados en tal agrupación. En situación distinta se encuentran las empresas capitalistas en el campo, pues pueden competir a nivel internacional, al contar con una avanzada tecnología, similar a la de los países industrializados (Massieu, T.Y. 1994. p.92).

Es justamente dentro del medio rural que se encuentra el grueso de la población indígena, pues constituyen el 17% de ese total (Guerrero, G.J. 1994. p.49). Sus condiciones de pobreza son extremas, pues son explotados, perseguidos, apresados y masacrados, para ellos, como grupos culturales, no hubo una política indigenista que respetando su cultura, los apoyara para disminuir sus lacerantes condiciones de vida. Por eso el levantamiento armado de Chiapas, que cuestionó una vez más la esencia del Estado y fue la expresión de los dominados de rechazo a la política económica que privilegia a unos cuantos, como veíamos en la parte teórica.

El desempleo

Un logro indeseado pero inevitable en este sexenio fue el crecimiento espectacular del desempleo, los diarios más serios de la ciudad con frecuencia informan sobre sus elevados índices, no sólo en el campo sino también en la ciudad (Véase por ejemplo: Gutiérrez, E. 19/11/94; Llanos, S.R. 22/09/94; González, A.R. 27/09/94; y Ayala, P. p. 126). La reestructuración del sector paraestatal y privado y además la necesidad de economizar, como lo sostiene Bell, llevó a ambos sectores al despido de miles de trabajadores, cuando no al cierre, como efectos de la recesión, de las empresas. En busca de la elevación de las ganancias se orientaron las empresas a hacer más con menos. Así el desempleo creció a niveles insospechados. Por supuesto que el Estado, que era antes un fuerte empleador de mano de obra, esta vez ya no tomó cartas en el asunto y es claro porque: el proceso de acumulación de capital ya no pone el acento fundamentalmente en el mercado interno, ahora se dirige una porción de la producción de bienes y servicios hacia el exterior, donde la plusvalía se convierte al realizarse las mercancías, esto es venderse, en ganancia. Claro que mientras aquí se perdían empleos, en los E.U., debido a la firma del Tratado de Libre Comercio, se crearon 2.5 millones de puestos de trabajo, cifra muy elevada en comparación con los 7 mil 551 trabajadores que por la misma causa perdieron el empleo (Vigueras, C. 1/09/94).

No solamente los trabajadores mexicanos perdieron puestos de trabajo, también les fueron conculcados sus derechos con la complicidad entre patrones y autoridades encargadas de la aplicación de la ley. Ni en sus propias empresas públicas el Estado no solamente no se sujetó a la ley, sino que pasó por encima de ella. Como ejemplo de ello tenemos el caso de la histórica mina de Cananea, Sonora, donde el 20 de agosto de 1990, el ejército ocupó las instalaciones con el fin de desalojar a los obreros y declararla en quiebra. Con ese hecho y muchos más el Estado muestra su verdadero rostro, su verdadera esencia.

Las violaciones laborales se dan en todo tipo de empresas, incluidas las transnacionales. Y es tan grave la actitud que asume el gobierno federal que en el caso de estas últimas, el Departamento de Trabajo de los E.U. intervendrá para investigar sobre el particular (Gonzáles, M. 21/10/94). Lo cual ya es el colmo.

El desempleo obligó a miles de trabajadores a emigrar hacia el país vecino del Norte y fue tal la cantidad, que generó reacciones, como la búsqueda de medidas por parte de los gobernantes de allá para frenarla, como la ley 187, en el Estado de California, que fue aprobada, y con la cual se les negaban derechos educativos y de salud a los desempleados. Por el lado de los trabajadores que fueron despedidos las cosas durante el sexenio no marcharon mejor ya que el sacrificio que pedía Aspe a los factores de la producción: a unos, reducir sus ganancias, y a otros, sus demandas de mayores salarios (Ayala, P.E. 1994 p. 123; Veloz, N.I. 1994. p. 106; De la Garza, E. 1994. p.7), sólo fueron cumplidas por los últimos. Realmente quienes hicieron que la inflación fuera controlada fueron los trabajadores ya que por medio de la firma de varios pactos, fueron obligados a no solicitar incrementos en sus percepciones. Esto también fue un factor que está presente en la migración: los bajos salarios.

Un logro, ese si reconocido ampliamente por todos fue que la aplicación de la política neoliberal del régimen de Salinas, hizo posible que de un multimillonario que había al inicio del sexenio, y casi para finalizar, se elevó el número a 24 afortunados mexicanos que tienen un capital superior a los mil millones de dólares. Gracias a sus contactos políticos con los principales funcionarios del régimen, la mayoría de ellos pudo acceder al círculo de privilegiados mortales (Beltrán de R.P. 1994. p. 9 y ss). Si esa fue la forma de trabajar vaya forma en que por un acto de magia la aprovecharon los dueños del capital, al grado tal que el ingreso de esos 24 supermillonarios corresponde al de 25 millones de mexicanos pobres (Llanos, R. La jornada 1/10/94). A la afirmación oficial de que hubo una distribución más equitativa de la riqueza, nosotros sostenemos que más bien fue al contrario pues se acentuaron las desigualdades.

Pronasol

El actual encargado del poder ejecutivo, con seguridad que ya sabía que su política económica iba a agudizar los problemas sociales, así que desde antes de asumir el poder pensó lo que sería, no la solución, pero si un buen efecto publicitario par el régimen, nos referimos al Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). Con él buscaba que la agricultura, el comercio y la industria, en materia alimentaria consiguiera elevar el nivel nutricional del pueblo. Una breve evaluación indica, sin embargo que: "A siete años de distancia de las promesas de campaña, la pobreza y la falta de alimentación van en aumento" (Lizárraga, R.R. 10/10/94). Si bien el programa derivó en la atención de los servicios municipales: agua, drenaje, construcción de escuelas, etc. (Huerta M., G. 1994. s/p.). Hubo en general mucho ruido y pocas nueces. El propio Pedro Aspe consideró que fueron modestos los recursos gastados en él con respecto al PIB, apenas el 0.4% (Aspe, P. 1993. p. 107). Sin embargo, como dice Pablo Moctezuma, el programa: "...se presenta a la Nación como la gran cruzada contra la pobreza, que por cierto es generada como nunca antes por la misma política neoliberal" (Moctezuma, B.P. 1994. p.85). Para el anterior autor, y también para nosotros, es inconcebible que por un lado se festeje que se alcanzó un superávit fiscal cercano a los 13 mil millones de nuevos pesos cuando el ejercido por el Pronasol fue de N$11 mil 500 millones (Ídem. p. 86).

La gran epopeya del pueblo mexicano como lo calificó Carlos Salinas, sólo existió en su cabeza. La realidad mucho más cruda demuestra que aún en aquellas obras realizadas bajo la rúbrica de tal programa, como la que obligaba a poner el 50% de los recursos y a la comunidad "beneficiada" el otro 50% (lo cual lo hacía con su trabajo),una vez que se concluía la obra, el gobierno empezaba a cobrar por el servicio (Ídem. p. 87). Fue un sexenio donde la autocomplacencia, la promoción de imagen y el autoengaño marcaron la pauta de la administración pública.

Cerró con broche de oro su sexenio, Carlos Salinas de Gortari, imponiendo en la presidencia a Ernesto Zedillo Ponce de León. Con el control del proceso electoral en sus manos, recurrió a los viejos vicios a los que tan propensos los militantes de su partido y recurriendo también a nuevas artimañas, logró que nuevamente el control del poder quedara en manos de priístas que defenderán por convicción e intereses un sistema político cuyo objetivo será la profundización de las relaciones sociales de producción que favorecen el proceso de acumulación de capital en un contexto de globalización que empieza a diluir aceleradamente las fronteras nacionales. n tales condiciones la esencia del Estado no se modifica, sólo cambia de forma. Aquí no sabremos por el momento si él controla o no los cambios o si más bien se adapta a las nuevas condiciones. Pero lo que si es cierto es que ahora si es, con mayor razón el representante universal del capital. Los problemas de libertad, igualdad, legitimidad, legalidad, etc., quedan entonces subsumidos y por lo tanto pasan a ser condicionados por la nueva realidad. Finalmente todavía tenemos un gobierno que no se siente obligado a dar explicaciones, más que formales de sus actos y que realiza una política económica contraria a los intereses de lasa mayorías, aunque declarativamente sostenga lo contrario.

Terminamos este trabajo antes de que se considerara triunfador a Ernesto Zedillo en la contienda electoral por la presidencia de la República, y por supuesto mucho antes de que asumiera el poder. Como entró en prensa en enero, nos dio la oportunidad de sólo agregar que si bien le ha imprimido su propio sello personal a la conducción de la política económica, en lo esencial no se apartará de las recetas neoliberales de las cuales fue copartícipe junto con su antecesor y el equipo de tecnocrátas que ha coptado el poder. Vale la pena señalar que no bien tenía un mes de haberse sentado en la silla de Palacio Nacional, cuando decide devaluar bruscamente el peso frente al dólar. Esta fue una medida que trastocó las reglas del juego y que buscó favorecer a los grandes capitalistas nacionales en detrimento de los extranjeros, sobre todo americanos. Se avisó únicamente a los más poderosos capitalistas mexicanos quienes junto con los principales funcionarios públicos, no muchos, incluido el propio presidente, pudieron hacer pingües negocios y de un plumazo redistribuir a su favor una proporción elevada del excedente económico.

Por supuesto que la reacción de allende el Río Bravo, no se hizo esperar y el peso se devaluó más alla de lo previsto. El propio y ahora fugaz Secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, fue enviado a dar una explicación a toro pasado, pues el mal estaba hecho. Los reclamos fueron sumamente agresivos. La renuncia, esto es la cabeza de Serra tenía que caer, y así fue. Esto no salva de ninguna manera la responsabilidad al Sr. Zedillo, que es verdaderamente el que decidió tal medida.

Los efectos de la decisión mexicana tuvieron repercusiones mundiales, pues las bolsas financieras de los países de América Latina e incluso New York y Tokio resintieron la medida. Ello obligó a los gobiernos de Estados Unidos y del poderoso país asiático a intervenir en rescate del peso mexicano. Por supuesto que de lo que se trata, en el fondo, es de resarcir a los inversionistas de sus naciones por las pérdidas ocasionadas en la aventura mexicana.

Claro que los préstamos que sobre todo los vecinos del norte harán a la economía mexicana, no son gratuitos, pues además de elevar substancialmente la deuda a niveles ya impagables, pues alcanzará la elevada cifra de casi 180 mil millones de dólares -hoy ya la más elevada dentro de los países de América Latina-, hipoteca a tal grado el país que sólo con sus recursos petroleros podría minimamente garantizar una parte de lo que se debe. De hecho la privatización de Pemex y otra empresas públicas tan importantes como la CFE y Ferronales, apenas si permitirán un respiro a la aguda crisis de la cual apenas se está en el comienzo.

Por supuesto en tanto que la deuda pública siempre se ha socializado, los recursos de ella van a parar como ganancias a los especuladores, por lo que mientras para la población es un pasivo, se convierte en un activo para aquellos que detentan los valores que se emiten con el objetivo de canalizar recursos al sector público. De esta forma se regreso y con cuantiosos dividendos al capital financiero el grueso del excedente que genera el trabajo.

No hay más, la población pagará con el abatimiento todavía mayor de su nivel de vida, la jugada maestra del nuevo ocupante de los Pinos. Las medidas de urgencia acordadas como son la reducción del gasto público, traerá despidos y recortes al presupuesto destinado a paliar la pobreza en la que se debaten con seguridad ya los ahora nuevos indigentes que se sumaran a los casi 40 millones de mexicanos que se encuentran en el umbral de la pobreza. Por supuesto que el Sr. Zedillo, habló de errores de apreciación de la situación económica, pero también culpó a la insurrección zapatista en Chiapas. Nada más falso, pues el movimiento tenía ya casi un año en que se inició y es infantil, como hasta los americanos sostuvieron, culpar a este legítimo movimiento de una medida tan poco adecuada para la economía del país como la que decidió tomar el poder ejecutivo.


Bibliografía:

Libros

Habermas. Jürgen. "Identidades nacionales y postnacionales". Rei. México, 1993.

Dahl, Robert A. "Los dilemas del pluralismo democrático". Alianza Editorial. México, 1991.

Tocqueville, Alexis de. "La democracia en América". Fondo de Cultura Económica. México, 1992.

Offe, Claus. "Contradicciones en el Estado del Bienestar". Alianza. México, 1991.

Guerrero, Omar. "El Estado en la era de la modernización". Plaza y Valdéz. México, 1992.

Aron, Raymond. "Ensayo sobre las libertades". Alianza. México, 1991.

Uvalle Berrones, Ricardo. "La teoría de la razón de Estado y la Administración Pública". Plaza y Valdéz. México, 1992.

Castañeda, Jorge. "La utopía desarmada". Joaquín Mortiz. México, 1993.

Aspe, Pedro. "El camino mexicano de la transformación económica". Fondo de Cultura Económica. México, 1993.

Bell, Daniel. "Las contradicciones culturales del capitalismo". Alianza. México, 1977.

Moctezuma Barragán, Pablo. "México, dependencia y autoritarismo". MS Editores. Méxi/o, 1994.

Periódicos y Revistas

Garrido, Luis Javier. "El interregno". La Jornada, 23/09/94.

Ramírez, Carlos. "Indicador Político". El Financiero, 23/08/94.

Wayne A. Cornelius. "México: el futuro en juego". Cuadernos de Nexos. Mayo de 1994. P.XV.

Anguiano, Arturo. "Transición política ¿hacia donde?". El Cotidiano No. 52. Enero-Febrero 1993. p.9.

Bolívar, Augusto, et al. "Nuevos tiempos de coyuntura: consolidación del cambio y mucho desafío político" El Cotidiano, No. 52. Op.cit. p. 65.

Rojas Zea, Rodolfo. "México, 'Trampolín' para droga procedente de Colombia y Perú". El Financiero, 8/09/94.

Correa, Eduardo. "México, hundido en un clima de violencia y corrupción: Episcopado". El Universal, 1/10/94.

Sauri, Gustavo. "Cambio la estructura sectorial del PIB en seis años". El Financiero, 18/10/94.

Rodríguez, Luis, et al. "Desigual reconversión industrial". El Financiero, 27/07/94.

Velasco, Edur. "La productividad desde la perspectiva sindical: un enfoque técnico-político". El Cotidiano No. 64. Septiembre-octubre, 1994.

Cardoso, Víctor. "En 96, tarifas telefónicas como las de E.U.: Gamboa". La Jornada, 23/09/94.

Flores Carlos, Renato. "Auditoría social a Cordomex; persisten muchas dudas sobre su desincorporación". El Financiero, 19/09/94.

Villegas, Claudia. "Compra de Paraestatales y empresas privadas, vía operaciones 'Saliva'". El Financiero, 22/11/94.

Arroyo, Francisco. "Acre enfrentamiento en la Cámara entre priísta y opositores; recordaron a políticos asesinados". El Universal, 4/11/94.

Hernández, Jaime. "Prácticas monopólicas en Aeropuertos, admite ASA". El Financiero, 23/08/94.

Lomelín, G. et al. "Por Fast Track recuperan inversiones la Banca". El Financiero, 17/10/94.

Howard, Georgina. "Unifican demandas contra Havre". El Financiero, 24/08/94.

Avilés, Jaime. "Doble cuarto de plana". El Financiero, 8/09/94.

Lomelín, Gustavo. "Para su información". El Financiero, 17/10/94

Howard, Georgina. "Casas de cambio y dos bancos nacionales en la mira de Hacienda". El Financiero, 4/11/94.

Rojas-Zea, Rodolfo. "Investigar los nexos de Cabal Peniche con funcionarios del Gobierno, exigen PAN y PRD". El Financiero, 8/09/94.

Chavéz M. Marcos. "Altos intereses bancarios, freno principal de la recuperación". El Financiero, 19/09/94.

Calva, José Luis. "Deuda Externa/producto interno bruto". El Financiero, 30/09/94.

Piz, Victor Felipe. "Parciales, los beneficios obtenidos por la renegociación de la deuda pública externa". El Financiero, 18/10/94.

"La deuda externa mexicana crece en el último lustro el 41% por el fuerte endeudamiento del sector privado": El País, 18/09/94.

Guerrero, Javier. "Análisis y perspectivas del sector agrícola en México". El Cotidiano No. 61. Marzo-abril, 1994.

Hernández, Luis. "¿Reforma o contrarreforma al 27 Constitucional?". El Cotidiano No. 62. Op. cit.

Rudiño, Lourdes Edith. "Obligados productores de maíz al autoconsumo". EL Financiero, 3/10/94.

Velázquez, Enrique y García, Alejandro. "El Barzón o los vientos que vinieron del Norte". EL Cotidiano No. 61 Op.cit.

Massieu, Yolanda. "En la encrucijada de la competitividad: productividad del trabajo e innovación tecnológica en el agro". El Cotidiano No. 64 Septiembre-octubre de 1994.

Gutiérrez, Elvia. "Cambios bruscos en la cuantificación del empleo". El Financiero, 19/09/94.

Llanos Samaniego, Raúl. "la planta industrial incapaz de generar más empleo". La Jornada, 22/09/94.

González Amador, Roberto. "En un año se perdieron 150 mil empleos del sector formal". la Jornada, 27/09/94.

Ayala, Ernesto. "La evolución de los salarios y el empleo en el periodo de la modernización económica de México". El Cotidiano No. 61. Marzo-abril de 1994.

Vigueras, Carlos. "El TLC generó 2.5 millones de empleos en E.U., pero afectó compañías manufactureras". El Financiero, 1/09/94.

González, Maribel. "Investigan en EU a la planta de Sony". Reforma, 21/10/94.

Veloz, Norma Ilse. "La respuesta obrera en 93". El Cotidiano No. 61. Op.cit.

De la Garza, Enrique. "Los sindicatos de América Latina frente a la reestructuración productiva y los ajustes neoliberales". El Cotidiano No. 64. Op.cit.

Beltrán del Río, Pascual. "En su sexenio Salinas procreó a 24 supermillonarios; juntos podrían pagar más de la tercera parte de la deuda externa". Proceso No. 923, 11/06/94.

Llanos, Raúl. "El ingreso de las 24 familias más ricas del país equivale al de 25 millones de mexicanos pobres". La Jornada, 1/10/94.

Lizárraga R. Rebeca. "Pronasol, programa de grandes promesas y magros resultados". El Financiero, 10/10/94.

Huerta Moreno, Guadalupe. "La reforma de estado y el Programa Nacional de Solidaridad". Mimeo 1994.