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La crísis en México y la actitud de la Administración Pública

Gilberto Calderón Ortiz

Profesor del Departamento de Administración de la UAM-A

Antes de hacer el análisis de problemática actual a la que se enfrenta la administración pública mexicana en la etapa presente, nos parece pertinente y de mucha utilidad presentar un conjunto de ideas que nos permitan entender en el plano de la mayor generalidad y abstración el contenido de los conceptos administración pública, ya que sin este marco conceptual nos parece es imposible comprender con profundidad el porque de las medidas tomadas por el aparato estatal en el caso concreto de nuestra realidad; más aún, no solo nos interesa analizar el momento actual, sino también presentar lo que a nuestro juicio serán las perspectivas que se abren para la sociedad y el posible papel que tomará el gobierno. También como parte de la metodología que seguiremos, -una vez cubiertos los aspectos teóricos ya señalados, y para enriquecer y darle sólidez a la interpretación -haremos una suscinta revisión histórica de la política seguida por los gobiernos que anteceden al actual, sobre todo a partir del gobierno de Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid.

En cuanto a los aspectos teóricos nos parece que resulta pertinente y no es de ninguna manera ociosa señalar de entrada, que la administración pública no se da en el vació; ocurre en un espacio y en un tiempo dado y además esta históricamente determinada. La administración en general y la pública en particular interinfluyen en la sociedad. La administración puede ser un obstáculo para el cambio que la segunda demanda o bien ser el eje que los impulse cuando por razones diversas la sociedad o avanza lentamente o sus fuerzas se oponen a las transformaciones. La administración pública al resolver los problemas, puede generar otros. Más aún, la administración políticamente no es neutral; es justamente uno de los cuerpos más importantes del Estado donde se vuelve realidad y adquiere concreción las medidas que afectan a todos los miembros de la sociedad y que favorecen a unos y perjudican a otros. La administración pública es una parte importante del gobierno; es la ejecutora principal de las políticas que éste emprende en los diversos ámbitos de la vida cotidiana de las comunidades . En sentido estricto la administración pública es tanto la acción como las instituciones públicas donde se desarrolla. Como acción buscará que se mantengan inalterables las relaciones sociales de producción y se opondrá o prohijará su adecuación a las transformaciones que se lleven a cabo en las fuerzas productivas.

La administración se divide en dos grandes sectores: el central y el paraestatal. Con el primero atiende propiamente las funciones administrativas públicas que demanda la sociedad y que en general son de dos tipos: la recaudación de "impuestos para atender las funciones del Estado: salud, educación, en el terreno social por citar algunas, y fomento y apoyo a la inversión tanto pública como privada. Con el segundo, interviene directamente en la economía y parte del gasto público lo dedica a inversiones improductivas o productivas. En el primer caso la producción de bienes y servicios que a través de las empresas públicas realiza el Estado, no entran al mercado (Mattick, P. 1969. pp. 154-155) como dice Paul Mattick, es como si el sector productivo le regalara al sector gobierno los diferentes insumos que necesita para la construcción de instituciones públicas como escuelas, hospitales, carreteras, etc. (idem.). En el segundo caso los bienes y servicios que producen las empresas públicas si se venden: electricidad, gas, petróleo, etc. El carácter productivo o improductivo se lo dan las siguientes características, siempre y cuando se cumplan las dos, que los bienes y servicos adquieran la categoría de mercancías, esto es que se entren en el mercado y que además esta sea el mecanismo para que se realice la plusvalía contenida en ellas y que es una parte del valor que no se hace a los trabajadores al cuantificar su salario, es decir es un valor impago. Que las empresas públicas vendan por arriba o por abajo de su valor de costo es una cuestión que no le quita a la producción su condición de ser productiva. Por supuesto que para el empresario y el trabajador, más el primero que el segundo, este resulta de la mayor importancia, pues si las compras al sector público son por debajo de los costos; el beneficio permite incrementar el capital privado, pues es la forma en que se traslada la plusvalía de un sector a otro. De este modo las empresas públicas que venden por abajo de los costos, se descapitalizan, pero las pérdidas se contabilizan como activos en el sector privado.

A pesar de contar con un sector que le produce riqueza, ésta por las razones señaladas anteriormente es insuficiente para satisfacer los requerimientos de recursos que tiene el Estado, como lo es en el caso mexicano, aspecto importante en este trabajo y que revisaremos mas adelante.

El gasto público se sostiene con la parte del excedente que el gobierno retira de la sociedad, y como dice Clauss Offe, ningún Estado utiliza un porcentaje superior al que le fija el capital (Offe. C. 1991, pp.106-107). Esto significa entonces que el gasto público solo es posible si se genera excedente y si el sector de la sociedad que mantiene el control del mismo, considera legítimo aumentar o disminuir el monto de los recursos que el Estado demanda para atender las necesidades sociales. Por supuesto que Offe, no considera en el análisis lo que aquí hemos también señalado, en el sentido de que el Estado genera también riqueza. Vamos a ver como, en el caso de México, el Estado a pesar de la necesidad que tenía de sus empresas que le daban utilidades, -porque no solo contaba con las que arrojaban pérdidas-, se desprende de ellas, para mostrarse congruente con la nueva política que asumió.

De lo expuesto en los parráfos anteriores, podemos resumir que cualquier Estado se enfrenta siempre al problema del acopio de recursos que le permita mantener el aparato público administrativo en el tamaño que resulta más adecuado para el proceso de acumulación de capital. En realidad la atención de las necesidades sociales ocupan un lugar secundario pues debe recordarse que como consumidor, el sector público es sobre todo para parte de las empresas privadas, el cliente más importante. Aunque esto es dialéctico, y esta sujeto a las modalidades y cambios de orientación del patrón de acumulación. Podemos por ello concluír que lo que el Estado declarativamente sostiene como su principal función: atender las necesidades sociales, en realidad es no un fín sino un medio, de donde se desprende que ya a estas alturas es para el Estado básicamente importante mantener las condiciones políticas adecuadas que permitan que el proceso económico se extienda y profundice.

El caso de México

Vamos ahora a ver como en el caso de México, la administración pública ha jugado dos papeles antitéticos, pues hasta determinada etapa fue una impulsora del desarrollo vía el capitalismo, pasada la cual, y habida cuenta del cambio de condiciones tanto internas como externas, se convirtió en un obstáculo.

De entrada podemos decir que a partir de 1982, una combinación de factores hizo que el gobierno cambiara las reglas del juego dando un giro de 180 grados. Entre los factores internos podemos señalar el agotamiento del modelo de desarrollo que gracias al Estado había sido posible tanto en el campo como en la ciudad. Su intervención directa en la economía, así como en las medidas indirectas que tomó tenían el único fin de procurar el fortalecimiento del hasta entonces débil capitalismo; por supuesto que nos referimos al periodo de la década de los 20 una vez que el movimiento armado de 1910 concluyó.

En forma indirecta, por ejemplo, se legisló para que la industria en el país estuviera a buen resguardo de la competencia externa a fin de desarrollarse sin obstáculos; en forma directa el Estado intervino directamente en la economía a través de la creación de empresas públicas, con diversas formas de organización jurídica (organismos desconcentrados, descentralizados, empresas de participación estatal mayoritarias y minoritarias así como los fideicomisos); su objetivo era ir creando empresas que proporcionaran los insumos y servicios que demandaba la planta productiva en manos privadas. Nos parece muy importante resaltar que una de las primeras empresas públicas que que crearon los gobiernos postrevolucionarios fue el Banco de México (Marinez, R. 1986, p.16), esto hizo posible que una sola institución fuera la encargada de la emisión y control del circulante, terminado así con una de las desventajas que significa el que hubiera mas de una concesión para la creación de moneda y papel moneda lo que permitió que las transacciones comerciales desarrollaran sin los problemas de la búsqueda de la paridad entre los distintos medios de pago. El Banco de México, una vez que se hubo quebrado la espina dorsal del sistema económico, la Hacienda que con rasgos semifeudales mantenía a la fuerza de trabajo bajo lazos de servidumbre, hizo posible que la circulación monetaria fuera fluída y homogénea.

Observemos un hecho significativo, la revolución trajo consigo el que la fuerza de trabajo se pudiera mover ya sin ninguna traba; ahora estaba en libertad de escoger a su explotador. Al igual que ella la moneda nacional de curso legal al moverse sin trabas hizo posible la ampliación del mercado interno al permitir la circulación a lo largo y ancho del territorio de las mercancías. Así la moneda nacional, la fuerza de trabajo y la circulación de mercancías -no en balde también dentro de las primeras empresas que se crearon estuvo la Comisión de Nacional de Caminos (De la Madrid H. M. 1988, p.12) que hizo posible la comunicación sobre todo en las regiones propicias para la explotación de todo tipo de recursos- completaron el cuadro que los visionarios sonorenses necesitaban para echar a andar su proyecto de modernización de aquel entonces.

El Estado fue un firme impulsor del desarrollo, porque la burguesía era incapaz de desplegar sus potencialidades si no contaba con el apoyo decidido del aparato público en sus dos sectores: el central y el paraestatal. En un periodo de tiempo relativamente corto, si se compara con otras naciones como la propia Inglaterra y Francia, el país logró un crecimiento económico que también hizo posible, por sus efectos en cascada, que el nivel de los mexicanos se elevara. Por supuesto, no todas las regiones del país se desarrollaron igual, las hubo de elevada tasa de crecimiento, pero también aquellas que mantuvieron casi como si no hubiera habido un proceso revolucionario, sobre todo en lo que se refiere a las regiones del sur del país, donde siguió con escasos cambios la explotación y depredación de los recursos naturales y humanos.

En las condiciones del país y en sus inmensas riquezas descanso, no sin dificultades por supuesto, este modelo de crecimiento hacia dentro.

En una primera etapa, los recursos públicos con que se hizo posible este apoyo decidido del Estado provinieron de las ventas al exterior de productos mineros y agropecuarios: "Desde 1883 hasta 1940, la balanza comercial del país había sido positiva, con exportaciones que no eran de la capital sino del campo, minas y pozos petroleros." (Zaid, G. 1987. p.132) Así los gobiernos tanto en el porfiriato como en los postrevolucionarios que le sucedieron y hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, contaron con recursos para impulsar la economía. No en balde se crearon las empresas más importantes en la década de los treinta, como son en primer lugar Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y Ferrocarriles Nacionales de México. Energía y transporte barato son dos recursos que permitieron a las empresas privadas realizar importantes economías externas. No solo se atendió las demandas del empresario privado, en un determinado momento se crearon empresas productoras de bienes y servicios para los asalariados, que se ofrecieron también a precios subsidiados como el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Compañía Exportadora e importadora, S.A. (CIEMSA), antecesora de la actual Compañía Nacional de Subsistemas Populares (CONASUPO) (De la Madrid H., M. 1981, p.15) . En sentido estricto el subsidio al trabajo representó un subsidió indirecto al capital, ya que de este modo se mantenían bajos los precios de los bienes que consumía el trabajador y por lo tanto los aumentos salariales eran contenidos en márgenes que permitían acrecentar la riqueza en manos privadas.

Sin embargo los recursos públicos empezaron a menguar: "Desde 1941, empezó ha haber años negativos. Desde 1958 hasta 1981 todos lo fueron; a pesar de que la exportación de petróleo aumentó 570 veces (en dólares)"(Zaid, G. 1987, p.132). Sin embargo a pesar de lo anterior el Estado siguió impulsando las actividades económicas. Roger Hansen dice que: "Durante los años comprendidos entre 1939 y 1960, el sector público financió más de las tres cuartas partes de sus programas de inversión con sus propios ahorros, esto es, con el ingreso gubernamental neto, deducidos los gastos de cuenta corriente, y el superávit de las empresas y organismos estatales descentralizados. En un principio el préstamo interno cubrió gran parte del déficit, pero durante la década de 1950 el gobierno mexicano empezó a acudir cada vez más a los préstamos extranjeros"(Hansen, R. 1971, p.63). La salida hubiera sido realizar reformas fiscales para que México hubiera tenido un crecimiento más elevado. Esto hubiera significado gravar más al capital. "Sin embargo, parece que los responsables de la política gubernamental, considerando que en ese momento era imposible lograr un crecimiento con estabilidad de precios; temieron que el aumento de los impuestos tan solo serviría para contrarrestar todos los otros incentivos a la inversión. Por tanto no se elevaron los impuestos y, hasta 1955, los precios continuaron aumentando en 10 por ciento como promedio anual. Las mejores pruebas estadísticas de que se dispone sugieren que durante el periodo de 1940-1950 los salarios reales descendieron, tanto en las actividades agrícolas como en las no agrícolas, mientras que el ingreso real de los empresarios se elevó rápidamente" (Hansen, R. 1971, p.69). Así una vez que el capital se fue consolidando, los recursos públicos fueron disminuyendo y ante la posibilidad de la reforma fiscal que gravara las cuantiosas ganancias privadas que se generaban*, el Estado recurrió cada vez en mayor medida a la concertación de deuda pública interna y sobre todo externa, como un medio que le permitiera seguir sosteniendo el gasto corriente y el de inversión.

Aquí vale la pena recordar que ningún aparato de gobierno, como dice Claus Offe dentro del sistema capitalista puede por si solo decidir el monto de los recursos excedentes que va a utilizar para atender las demandas sociales, es el capital en su conjunto quien en forma directa o indirecta determina el monto del excedente que la administración pública puede gastar. En el caso de México, está fue una lucha que se ventilaba abiertamente en los sexenios sobre todo de Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo, pues se hacían reclamos por parte de los representantes de los capitalistas para reducir la presencia del Estado en la economía. (Ruíz D. J. 1982, pp.30 y 31) Se sostenía que el Estado era un pésimo administrador y como prueba de ello se esgrimía que sus empresas públicas tenían números rojos. Es decir en lugar de tener ganancias tenían pérdidas. Por supuesto que las empresas privadas se beneficiaban cuando adquirían bienes o servicios del Estado: y no reparaban en los precios que pagaban por abajo de los costos; justamente las empresas públicas tenían tales estados financieros por la política seguida en la fijación de los precios y tarifas, donde no se tomaba en cuenta la situación económica de las entidades del sector paraestatal: eran consideraciones de carácter político las que imperaban en la toma de decisiones de esta naturaleza.

Si bien publicamente las discusiones entre el sector público y el sector privado se hicieron cada vez más enconadas, lo que mostraba la extrema tirantes y el nivel que alcanzaron, el Estado en los sexenios citados se negó tácticamente a imponer una reforma fiscal que gravara no solo los ingresos de las empresas sino las fortunas de los dueños de las mismas. Curiosamente los empresarios mantenían a sus empresas en situación fianciera precaria, pero sus fortunas personales claramente las separaban y las hacían ajenas a sus instituciones de donde las habían obtenido. No en balde López Portillo se quejaba de la incongruencia que existía y decía que era inadmisible que hubiera empresarios ricos dueños empresas pobres.

Para solucionar el problema de la falta de recursos públicos, es a partir de Luis Echeverría que se inicia un proceso desquiciante en cuanto a las formas y mecanismos mediante los cuales ese gobierno y el siguiente enfrenta los problemas de liquidez pública; recurren a dos mecanismos muy socorridos: emitir moneda y solicitar empréstitos externos. Se eleva, con la primera sin el correspondiente aumento en la producción, de bienes y servicios, la cantidad del circulante; con la segunda se incrementa notablemente el endeudamiento con organismos internacionales y con la banca privada extranjera y nacional. Sin embargo ambas medidas traen consecuencias graves, como dice Quijano, pues los problemas de financiamiento que tiene el Estado en cuanto a la deuda pública hasta que en esa época: "...en la mitad de los setenta, proporcionaba un flujo neto ligeramente en aumento, mientras succionaba cantidades crecientes de divisas para el pago del servicio de la deuda... El financiamiento interno, en el mismo periodo, otorgaba un flujo neto decreciente en términos reales a pesar de los incrementos en el encaje legal"(Quijano J. M. 1982, p.152). Asi para solucionar un problema se crea otro que quizá es más grave. En este caso el problema de la deuda pública sobre todo la externa.

Ninguna economía puede, con tales medidas de política económica quedarse sin reaccionar. Asi que a la par que el Estado recurre a tales medidas, en idéntica proporción se da un proceso inflacionario que va de la mano con el aumento artificial de circulante y con la entrada de divisas extranjeras a la economía nacional. Podemos decir entonces que con los regimenes de Luis Echeverría y José López Portillo, la administración se convirtió en un obstáculo al proceso de acumulación. En el gobierno de este último urgían ya cambios drásticos, se necesitaba que la economía se integrase ya abiertamente al proceso de globalización que a nivel mundial se estaba dando, sin embargo el Presidente López Portillo, aparentando que se había desarrollado una discusión y análisis de la conveniencia o no de integrar a México al Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas Aduanales (Gatt) en el seno de su administración decidió "aceptar" la sugerencia de susministros no incorporar a México a tal acuerdo.

Los cambios que se requerían entonces tenían que ver básicamente con la intervención del Estado en la economía. Era necesario en cuanto a la política financiera que se redujera el déficit fiscal, en este aspecto ya se empezaron a dar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Se requería también que el Estado tomara una serie de medidas que redujeran su participación en la economía, y básicamente se trataba de que el gobierno vendiera, liquidara, transferiera o cancelara sus empresas públicas. En cuanto a la política sobre el control de precios, era menester que el Estado dejara de tratar de modificar el comportamiento del mercado interno. Esto es que los precios se fijarán siguiendo las leyes económicas de la oferta y la demanda. En fin de los que se trataba es que se diera una cambio en la política económica que hasta entonces se venía desarrollando. No en balde en los países líderes como en EU, se seguía ya un replanteamiento del Estado; Inglaterra había sido una pionera en este sentido. Asi el mundo asistía a la imposición de una política conocida como neoliberal que se sustentaba en una premisa sencilla pero muy efectiva: dejar que las fuerzas del mercado regulen el desarrollo de la economía. El Estado debia entonces ser solo un aparato que garantizara no entorpecer la marcha de estos nuevos pasos que daba la economía. Más aún su papel era luchar porque nada interfiriera las bondades que se desprendían del Lazzie Fare, lazzie paser.

Regimenes de Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de G.

Los cambios de política económica de Miguel de la Madrid, y mucho más los de Carlos Salinas de Gortari a la luz de las condiciones internas y externas en las que se encontraba el país eran necesarios.

Pensamos que no tenían alternativa. En cuanto a los aspectos internos, había que acelerar las transformaciones en la planta productiva, pues su obsolencia con respecto al exterior era un hecho comprobado, pero hay que aclarar que sobre todo este fenómeno era privativo en la pequeña y mediana industria. No así en la mayoría de las grandes empresas, ya sea trasnacionales o nacionales. Por supuesto que aquí nos estamos refiriendo al sector industrial. En el campo, había regiones en el país que ya producían utilizando las mejores técnicas. En Estados como Sinaloa, Sonora y Chihuahua esto era una realidad. En los servicios, podemos decir que había también avances sobre todo en las telecomunicaciones y se estaban poniendo al día los servicios bancarios.

En cuanto a las condiciones externas, la dinámica globalizadora exigía, si se quería entrar en ella en condiciones menos desventajosas, la puesta al día de la economía, so pena de quedarse rezagada.

El Estado hizo lo que tenía que hacer, quizá para algunos, incluso sectores oficiales como el que fue Secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog, debió de haberse abierto paulatinamente la economía nacional al exterior y no abruptamente. Pero a grandes males: grandes remedios. Más aún todos los Estados pronto estuvieron dentro de esta óptica.

La pregunta es, ¿a quién favoreció tales medidas?; ¿a la sociedad en su conjunto?; ¿o solo a una parte de ella? y entonces encontramos que el aparato político hizo todos esos cambios porque eran los que garantizaban las condiciones necesarias para la expansión del capital y de las relaciones sociales de producción que le son inherentes. Que ello lleve a que algunas capas sociales se benefician y otras se perjudique, es un problema que a estas alturas al Estado ya no le representa un problema central como antaño. Mientras las economías de los países antes de la globalización, buscaron desarrollar sus mercados internos, con la llegada de esta, que como se ve era inevitable y con la aplicación de nuestras técnicas la creciente producción hizo todavía más pequeños a los mercados; así la salida era buscar la realización de parte de las mercancías en el exterior.

Ahora bien los Estados hasta antes de la globalización al buscar paliar los efectos sociales del capitalismo lo hacían porque se mantenían las condiciones de estabilidad y consumo que éste requería. Con la globalización, se requieren las mismas condiciones de estabilidad, pero entonces ahora, en contradicción con la necesidad de paliar los efectos sociales indeseables, se deja que los problemas sociales crezcan y no se les da solución y ni siquiera como antaño se busca encontrar paliativos. Así se da la contradicción siguiente: mientras se busca la estabilidad, no se resuelven los problemas sociales y estos se agrandan, lo que marcha precisamente en contra de la misma. Se está entonces en un círculo vicioso.

La salida más socorrida por el Estado es entonces la búsqueda de una mayor legitimación, pero ello no es suficiente por lo que además se busca que sea la lucha política un medio para amortiguar el descontento; sin embargo ésta también tiene una limitante pues la democracia política no significa la democracia económica. Conscientes estamos de un hecho relevante, la cada vez mayor atomización de la sociedad. En el caso de México en las regiones con más desarrollo del capitalismo, su población tiende menos a la búsqueda de soluciones colectivas. Eso explica la lucha en la selva chiapaneca en el suroeste y no en estados del norte más desarrollados; las posibilidades de que se den en estos últimos tales tipos de lucha, se reducen aunque nunca podrá sostenerse que son imposibles. Esto no significa que dentro de las ciudades sean inexistentes los movimientos sociales con demandas concretas al Estado. Pero no presentan una alternativa viable de modificaciones estructurales para que cambie el actual proceso de acumulación que concentra la riqueza.

Por eso en el caso de México lo que tenía que hacer el Estado lo hizo con toda la intención de no entorpecer sino profundizar el sistema político y económico vigente.

La administración pública mexicana despuès de 1982 en el aspecto económico tomó dos medidas fundamentales; con respecto al exterior, primero se integró al GATT, con Miguel de la Madrid Hurtado y luego con Carlos Salinas , firmó el TLC, y finalmente fue admitido en la OCDE. En el aspecto interno redujo su intervención en la economía y vendió, liquidó, transfirió y canceló la mayor parte de las empresas públicas y dejó que fundamentalmente fueran las leyes del mercado las que corrigieran las desviaciones económicas que trajo consigo la intervención del Estado ya que cuando el fijaba los precios y subsidios a la economía, impedía a las empresas públicas y privadas guiarse solo por razones económicas.

Al abrir la economía abruptamente a la competencia externa, lesionó principalmente a la pequeña y mediana industria que no estaba preparado para ello "...la rápida apertura de la economía y las ventajas que el Tratado de Libre Comercio ofrece a los inversionistas norteamericanos ha puesto contra la pared a muchos empresarios medianos y pequeños, y a industriales y productores agrícolas nacionales" (Zebadúa, E. 1994 p.20). No es casual que solo en los cuatro primeros meses de 1994,"dentro del sector industrial y comercial [el] 12.3% del total equivalente a casi 63 mil 315 empresarios de esos establecimientos han considerado... abandonar su posición como dueños" (Gutiérrez, E. 1994 p.3a).

No es raro que las quiebras sean también en regiones que habían tenido un desarrollo considerable, así en Chihuahua en 3 años han quebrado 40 agroindustrias: "...lecherías, despepitadoras, empacadoras de carne y frutas" (Cano, C. L. 1994). Las cuales no soportaron la competencia al entrar, ya sin restricciones, productos como los que ellos producían. Tomemos un ejemplo más de una industria tan importante como la textil. El maestro Héctor Núñez al hacer un análisis del comportamiento de ésta, sostiene que se trata "...de una rama industrial que ha entrado en crisis [y que tiene] dos causas fundamentales... la errónea política indiscriminada de apertura comercial... así como [la]... recesión económica" (Nuñez, E. H. 1994 p.9)

La apertura al exterior adoptada por la administración pública sin embargo no ha sido lesiva para grandes industrias nacionales o transnacionales así la industria automotriz, "...ante la baja demanda interna [encontró]... una importante fuente de ingresos en las exportaciones... Chrysler en el primer lugar con el 29.3% seguida de Ford con el 24.8%, General Motors con el 19.2 %, Volkswagen con el 16.4%, Nissan con el 10.1% y Dina Caminos con el 0.1% ... Para consumo interno se produjeron 586 662 vehículos, lo que significa una reducción del 15% con respecto a 1992... Para el mercado externo...[se produjeron] 493 612" (Ordoñez, H. 1994). Observese que casi el 50% de la producción va a mercado externo, las empresas transnacionales hacen pingües ganancias con el abaratamiento de la mano de obra mexicana gracias a otra de las medidas tomadas por la administración pública.

Pero tal situación no ha hecho variar la política económica, al grado a que incluso en revistas que avalan la política económica como lo es Nexos, no pueden en ocasiones dejar de ser críticos. Jesús Reyes Heroles en uno de sus escritos escribió recientemente "...destaca la pérdida de prudencia de las autoridades económicas, que ahora proclaman una recuperación que solo ellos ven... [pues entre otros] soslayan los inevitables daños que la velocidad de la apertura comercial esta infrigiendo a la planta productiva" (Reyes H. G. G. 1994, p.42).

Desintervención del Estado en la Economía

En cuanto al replanteamiento de la intervención del Estado en la economía, ya Miguel de la Madrid declaraba que "...El Estado se ha retirado totalmente de las ramas automotriz, petroquímica secundaria, farmaceútica, y diversas ramas de la industria manufacturera, tales como refrescos embotellados, textiles, cementos y enseres dómesticos; de igual forma se ha disminuído de manera significativa su participación en la rama turística y recreativa" (Calderón, O. G. 1988. Epígrafe). En el actual sexenio, se prosiguió con mayor énfasis la desincorporación de empresas y se vendieron empresas de alta rentabilidad como Telmex y todo el sector de la banca comercial. Se espera que para finales del mismo solo existan 159 paraestatales de las más de 1 150 que había en 1982 (Zuñiga, J. A. 1993). Sin embargo este proceso de desincorporación no ha sido transparente, se sostiene que la venta de paraestatales, las cuales fueron adquiridas por empresarios nacionales y extranjeros, se hizo sin que estos arriesgaran su dinero recurriendo a medidas financieras poco claras y las denominadas operación saliva (Villegas C. 1993). Por supuesto que no se sabe a ciencia cierta quienes son los verdaderos dueños de empresas tan grandes como Telmex y Banca Nacional de México, se especula que los que aparentan serlo, solo son prestanombres.

De cualquier forma es un hecho claro que la venta de empresas públicas contribuyó también a la concentración del ingreso, pues "...se ha favorecido la creación de no menos de 50 grandes grupos oligopólicos cuyas utilidades, [fueron de poco más] de 1600 millones de dólares ... entre enero y septiembre pasados, no obstante el proceso de desaceleración económica... [los cuales representaron el]: 8.66% ... [de los] 20 mil 753 millones de dólares que durante el sexenio ha obtenido el gobierno federal a cambio de la venta de 251 unidades económicas en poder del Estado" (Acevedo, P. A. L. 1993). Eso obtuvieron en solo nueve meses, ganancias que sólo se logran con el apoyo estatal.

No todas las empresas públicas se han vendido, las que conserva el Estado, tienen la característica de no ofrecer, salvo Pemex, grandes utilidades, las hay incluso que tienen pérdidas. De las que quedan, la iniciativa privada pide se modernicen como es el caso de ferrocarriles, pues requieren un transporte barato y eficiente para el traslado de mercancías al interior del país y para la exportación. Es más demandan que el Estado destine más recursos para las comunicaciones y transportes ya que el rezago de estos rubros "...se puede atribuir a la crónica falta de inversión... por parte del gobierno" (Tristán, G. 1994 ). Claro que ellos no hacen esas inversiones por una razón muy simple, las utilidades que dejan son reducidas o de plano hay pérdidas; ellos "arriesgan" para obtener una buena tasa de ganancia.

En la mayor empresa en México y a nivel internacional situada entre las 500 más importantes, Pemex, a pesar de la crisis de la petroquímica a nivel mundial debido a los "ciclos de precios y rentabilidad más bajos" continuará, según el titular de la Semip, Emilio Lozoya, el gobierno con la "construcción y arranque de varias plantas" (Lozano, E. E. 1994).

Si actualmente Pemex es estratégica no solo para el empresariado nacional, sino también para las empresas estadounidenses, a las cuales vende casi el 50% de su producción, en el futuro lo seguirá siendo pese a la crisis que el sector padece a nivel internacional.

La política económica seguida por los dos últimos sexenios no cabe duda ha cambiado el rostro de nuestro país y cuando decimos nuestro, nos parece que escribimos solo una frase formal que no tiene nada que ver con la realidad. Pues ya desde el ahora lejano, 1981, "...el capital extranjero desplaza a las pequeñas empresas mexicanas y, en contubernio con los grupos industriales y financieros del país, acelera la concentración y consolidación del poder económico" (Cardoso, V., Zuñiga, J. A. 1981. p.6). Por nuestro país deberá entenderse el de los grandes empresarios extranjeros y nacionales, estos últimos de nacionales solo tienen el nombre pues ante todo su verdadera patria es el dinero. Estos cambios no han estado exentos de graves dificultades, ya decíamos la administración soluciona unos problemas y genera otros. Así con respecto a la planta productiva, se encuentra ociosa entre un 60 y 40% de su capacidad instalada ("Ociosa, 40% de la Planta Productiva Capitalina" y Nuñez, E. H. 1994, p.9). Ello ha traído como consecuencia que las ganancias disminuyan, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas, sin que escapen algunos grandes, como el Grupo Industrial ALFA que en el primer trimestre de 1994 registró pérdidas por 204 millones de nuevos pesos (Vázquez, R. 1994. p.5A).

La combinación de la contracción del mercado interno y el deslizamiento a la baja del peso con repecto al dólar son las causas de este deterioro en las ganancias. Pero no todas las empresas en México están en igual situación en el caso de las trasnacionales tales han sido sus ganancias que las envían a sus casas matrices. Así de 1988 a la fecha, enviaron los inversionistas extranjeros al exterior 12 mil 600 millones de dólares "...por concepto de remisión de utilidades, pago de intereses, regalías y otras cuentas entre compañías" (Muñoz, P. 1994).

De todo esto quien paga el alto costo de la actual política económica son los trabajadores y las denominadas clases medias (Marius, S. 1994 y Calva, J. L. 1994). Con el desempleo y el bajo nivel de vida es la forma en que lo hacen. Las condiciones laborales en la práctica se han ido deteriorando para los trabajadores, tan es así que la administración no solo no hace nada para detener ese proceso sino que lo exacerba. Tanto en las empresas del sector público como del privado es una constante la violación de los derechos humanos.

Las empresas privadas con tal de lograr una mejor rentabilidad, despiden trabajadores ("Anuncia Grupo Acero del Norte el despido de 74 trabajadores de AHMSA" 1994; y, Flores, G. 1994). Por supuesto el sector empresarial presiona a la administración pública para que se modifique la actual Ley Federal del Trabajo, de modo tal que corresponda a la nueva realidad (García, A. 1994).

Tan graves son las violaciones de las condiciones de trabajo y tan renuente el sector público a tomar cartas en el asunto que organizaciones internacionales de trabajadores son las que defienden los derechos de lo obreros mexicanos. Así la AFL-CIO, por segunda ocasión en menos de cinco meses de vigencia del TLC, demandará a la subsidiaria de SONY en Nuevo Laredo, por violaciones a los derechos de los trabajadores mexicanos (Domville, L. 1994). ¡El colmo!. La administración federal como corresponde resguarda y protege a las empresas nacionales y transnacionales de los disturbios posibles de los trabajadores, como respuesta a la violación de sus condiciones laborales (López, P. 1994).

La administración pública en México en forma implacable prosigue en varios campos con la política económica, así entre otra de las medidas que adoptó es la liberación de los precios de los articulos de primera necesidad, dejando solo dos productos con control oficial, la leche y la tortilla. El alza en los demás no se ha hecho esperar con lo que se deteriora aún más el nivel de vida de la población (Rodriguez, L. L. 1994).

En abundancia México ha entrado ya a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pues solo por hacerlo está ya contribuyendo al aumento del desempleo en esta organización, que actualmente tiene 35 millones de gente sin trabajo. Pero no nos espantemos este es un problema de carácter mundial aunque sus dimensiones sean ya alarmantes ("Alcanza la situación del desempleo mundial dimensiones alarmantes" 1994).

Por ello tampoco le preocupa, sino todo lo contrario, al gobierno federal que aumente la ocupación infantil aún en condiciones de esclavitud: "En México según el Informe del Departamento del Estado sobre derechos humanos en 1993, de 8 a 11 millones de niños están empleados ilegalmente... el 34% de los menores de 15 años" ("Renace la Esclavitud Infantil por la Globalización de la Economía 1994). El INEGI encontró que entre los 12 y 14 años al menos 459 mil menores se dedican a alguna actividad remunerativa ("Al menos medio millón de menores trabajan, indica INEGI. 1994). Claro si ampliamos los rangos hacia arriba y hacia abajo las cifras son mayores.

Lo más grave es que, como lo señala el Grupo Financiero Bancomer, no se recuperará totalmente el empleo con la reactivación de la economía (Benitez, R. 1994).

Así que el panorama es todavía más negro, y el Estado ni sus luces de encontrar la sálida.

No solo hay descontento por la política económica en las ciudades sino también en el campo. A lo largo y ancho del territorio mexicano los campesinos y pequeños agricultores realizan plantones, marchas, bloqueo de carreteras, como medidas de presión para no solo ser escuchados sino para que se les solucionen sus demandas, como son la restitución de sus tierras, la entega de apoyos económicos. Para muestra anotamos algunos botones: "Resentimiento de campesinos contra el gobierno. Solapa la expropiación de 1,087 hectáreas en la zona de Cholula Puebla;" "Bloquearon indígenas la carretera México-Nuevo Laredo. Cerca de 500 campesino protestaron contra el gobierno federal por la forma en que se entregaron recursos del Pronasol"; "Están cansados de promesas campesinos guerrerenses; no participan en Procampo;" "condenan el desalojo violento de labriegos en Tabasco", "toman campesinos la alcaldía de Matachichi Chihuahua. Exigen la entrega de apoyos económicos retrasados de Pronasol" (El Universal. 1994).

El problema de las carteras vencidas de los agricultores del Barzón Jalisco, y la renuencia de los bancos comerciales privados a renegociar las deudas, obligó a los agricultores a organizarse a nivel nacional, donde pronto cundió el ejemplo en 12 entidades de la República. Afectados por la competencia externa e incapaces de pagar sus deudas, tuvieron que recurrir a medidas de fuerza para ser escuchados. El gobierno, aparentó, en la persona del Secretario de Agricultura y Ganadería, intervenir para resolver el problema ("Desinteresa a Hank, negociar las carteras vencidas: El Barzón" 1994). Por supuesto que ha pospuesto una y otra vez una real solución a este problema , como en todos los otros rubros.

Pero quiza el movimiento más poderoso al que se ha enfrentado esta administración ha sido el levantamiento armado del primero de enero de 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y que ante los ojos del mundo, y no solo del país, derrumbó el mundo edénico en que, sobre todo este último sexenio habían convertido al país. Obligado a no negociar y no ha emplear la fuerza por el clamor de la opinión pública interna y externa, deja un mal sabor de boca al actual aparato tecnócrata que dirige al país.

En lo que va del sexenio se esperaba que creciera la economía anualmente, según lo había propuesto el hoy candidato oficial, a un 6%, pero solo lo ha hecho a ritmos menores, como lo vemos en el cuadro siguiente:

Como se observa ya para 1992, la tendencia es a la baja (2.7), siendo francamente reducido el crecimiento en 1993 (0.6).

Para 1994, un año de elecciones, las expectativas no son mejores. La iniciativa privada demanda reglas claras para motivar la inversión. Los industriales consideran que es innecesario un plan de emergencia, piden entonces que los impuestos en general y al activo de las empresas en particular sea modificado, demandan que Hacienda "...ajuste los intereses fiscales a niveles comparativos con el costo del dinero en México [y que se igualen a] los gravámenes [que tiene] Estados Unidos que son de aproximadamente 8 y 9%" (Becerril, I. 1994). Por supuesto cada sector vela por sus intereses, y no contempla los problemas que se acarrearían si el Estado hiciera eco de sus demandas y las satisfaciera. Sin ir más lejos imaginemos la problemática en la que se entraría si se redujeran las tasas impositivas. El Estado reduciría los recursos para paliar algunos de los más graves problemas, como son, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Empresarial "...la falta de desarrollo regional, el educativo, la inequitativa distribución de la riqueza". (Idem.)

Los problemas en la economía se agravan, e influyeron también en su deterioro el levantamiento armado en Chiapas, el asesinato del candidato priísta Luis Donaldo Colosio, el secuestro de Alfredo Harpe Helú, del Banco Nacional de México, así como de otros prominentes hombres de empresa, lo que ha ocasionado la salida de capitales y falta de confianza de los inversionistas; (González, A. R. 1994; Castro, E. 1994; Ruiz, J. L. 1994) aunque otros siguen considerando que hay campo propicio para invertir (Rodriguez, I. y Goméz, C. 1994; Rangel, M. J. J. 1994). Por ello el Banco de México ha tenido que intervenir para evitar el desplome del sistema financiero (Elizalde, N. 1994; González A. R. 1994; Crevoshay, F. 1994; Lomelín, etal. 1994)

El país necesita que el próximo cambio de gobierno se haga en un clima de estabilidad. Los hombres de empresa (Ordoñez, H. 1994; Becerril, I. 1994; Gutierrez, R. 1994; "Inquieta a los inversionistas" 1994) las clases medias y los sectores populares demandan una transición pacífica. A pesar de que la SECOFI ha elaborado acuerdos para proteger a la inversión extranjera (Ordoñez, H. 1994), en los E.U., inversionistas y políticos quieren también democratización y estabilidad ("E.U. tendría relaciones con todo líder democráticamente elegido". 1994 "Jones: México necesita estabilidad a corto plazo" 1994).

Sin embargo el gobierno se prepara para no dejar el poder en manos de la oposición. La compra por parte del ejército de 24 carros antimotínes (López, P. 1994), hacen pensar que no habrá cambios y que más bien, en contra de la opinión generalizada el gobierno se propone enfrentar el descontento postelectoral.

En el terreno económico, el actual encargado del poder ejecutivo considera que no habrá variaciones de la política económica (Martinez, S. 1994), lo cual significa en pleno año electoral, más de lo mismo. En efecto si se sale de los pautas marcadas, si por ejemplo, eleva el gasto público, la inflación se le vuelve incontrolable; pero si no lo hace, el descontento de todos modos crece: no tiene opciones para satisfacer las demandas populares.

Los problemas económicos en el futuro serán más graves, sin ir más lejos la deuda pública y privada externa no tiene solución y, la interna tampoco (Rangel, J. et al.; Muñoz, R. P. 1994) Este es otro talón de Aquilés de no solo el actual sexenio como ya hemos visto.

En conclusión tal como se ven las cosas el Estado se va orientar por mantener la política económica que ha seguido hasta ahora. Cualquier otra medida opuesta o medianamente distinta a la que hasta ahora a seguido, implicaría de todos modos subsanar problemas pero crear otros quiza, más graves.