ALGUNOS ASPECTOS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Gerardo Sánchez Ruiz
Depto. de Investigación y Conocimiento, CyAD, UAM-Azcapotzalco
Depto. de Investigación y Conocimiento, CyAD, UAM-Azcapotzalco
La especulación sobre esas bases llegó a niveles explosivos y provocó la descapitalización del país, colocándolo en una situación difícil que generó elementos de preocupación en el sector externo, sobre todo entre sus acreedores. Así, la extracción y amasamiento de plusvalía de aquel sector empresarial, que por aumentar sus ganancias utilizó los bancos para sacar divisas, produjo un enfrentamiento entre la gente de empresa y el gobierno, quien cuestionó la actividad de los banqueros y dio paso a la nacionalización de la banca en septiembre de 1982.
De acuerdo a esos requerimientos, el gobierno de José López Portillo emitió un cúmulo de planes en áreas de turismo, desarrollo agropecuario, empleo, seguridad, etc. Con respecto a lo urbano y a nivel conjunto, emite el Plan Nacional de Desarrollo Urbano cuyos objetivos señalaban la necesidad de: "Racionalizar la distribución en el territorio nacional de las actividades económicas y de la población (...) Promover el desarrollo urbano integral y equilibrado en los centros de población(...) Propiciar condiciones favorables para que la población pueda resolver sus necesidades de suelo urbano, vivienda, servicios públicos, infraestructura y equipamientos urbanos (...) Mejorar y preservar el medio ambiente para los asentamientos humanos". Para alcanzar los objetivos mencionados, se instrumentaron una serie de programas colaterales como el Programa Nacional de Desconcentración de la Industria; se fortalecieron el Fondo de Garantía para la Industria (FOGAIN) y el Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FIDEIN); además se instrumentó una política demográfica por parte del Consejo Nacional de Población.
A pesar de aquellos esfuerzos por reestructurar el territorio, los resultados evolucionaron hacia lo mismo, los efectos del desarrollo incontrolado, en donde uno de los aspectos negativos lo seguía presentando el campo y obligaba a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México a continuar como espacio crítico, por ejemplo, su población llegó para el año de 1980 -según el censo- a 14 millones 44.5 mil habitantes; además, su aparato productivo continuó absorbiendo la mayor parte de las inversiones públicas; tan sólo habría que ver los porcentajes de los créditos otorgados por el FOGAIN para darnos cuenta que en 1979 -a mediados del periodo sexenal-, el 31 por ciento de los créditos canalizados a la industria había recaído en la Ciudad de México y en sus alrededores.
De ese modo, la Ciudad de México sufriría modificaciones en su estructura física, los asentamientos incontrolados se continuaron en sus cuatro puntos cardinales, mostrando la industrialización de los años treinta, sus efectos desiguales en el conjunto citadino; por tanto, si se quería continuar con el ritmo de crecimiento hasta aquí obtenido, se tenían que realizar modificaciones en el entramado citadino para hacer ágil ese mínimo desarrollo, el cual despuntaba ya sobre actividades comerciales y financieras. Bajo esa lógica, las necesidades empresariales impulsarían una serie de políticas al interior de la ciudad para que ésta encuadrara con las nuevas características de las actividades económicas; las acciones instrumentadas si bien parecían un tanto desarticuladas, ofrecían particularidades de un proceso de modernización que los renovados sectores empresariales venían ya exigiendo. De esa manera, las acciones realizadas en la ciudad durante el sexenio de José López Portillo destacan, por un lado, la defensa de la propiedad del suelo; por otro, la construcción de los ejes viales y, por último, el proyecto del Centro Histórico.
Efectivamente, uno de los primeros actos de ese sexenio fue la defensa de la propiedad privada del suelo, acción cuestionada el sexenio anterior, sobre todo por el movimiento urbano popular, al permitirse -y no de forma gratuita- las continuas tomas de tierra tanto en el campo como en las ciudades; en esa vía, las acciones de control tomaron giros que llegaron incluso a la utilización de los "buldozer" para desalojar asentamientos como ocurrió en Aculco y en el Ajusco. Debe notarse que esa política de defensa del suelo, intentaba detener invasiones a terrenos, devolver la confianza a los grupos empresariales, especialmente a los conectados con los negocios inmobiliarios y quienes mantenían estrechas ligas con sectores financieros.
En cuanto a los ejes viales -una de las más firmes políticas del sexenio-, llevaron la lógica de refuncionalizar la ciudad haciéndola corresponder con la nueva dinámica de las actividades económicas; en ese sentido, la anhelada activación se realizaba en varios sentidos: primero, disminuyendo tiempos y fatiga en los recorridos de trabajadores a los centros fabriles, además de disminuir costos en los traslados de mercancías; segundo, ofreciendo posibilidades de crecimiento -por la magnitud de las obras- al sector construcción; tercero, ampliando el mercado de la industria automotriz, por los espacios abiertos para la circulación de autos y, cuarto, revalorizando los terrenos aledaños a los ejes viales, y por extensión a la ciudad misma. Sin embargo, en la contraparte se observaron expulsiones de habitantes que se vieron obligados a dejar viviendas debido al paso de las nuevas vías o porque no soportaron la nueva valorización adquirida por los lugares; además, como resultado de desalojos, se irían conformando nuevos asentamientos irregulares, sobre todo en la parte oriente de la ciudad.
Otra de las acciones destacadas en este periodo, fue el decreto sobre el "Centro Histórico de la Ciudad". De acuerdo al documento que daba salida a la iniciativa de delimitación, en éste debían instrumentarse tareas de protección, conservación y restauración de las expresiones urbanas y arquitectónicas; sin embargo, no se daba su peso debido a la intención de hacer del centro de la ciudad, un espacio de desarrollo de actividades especializadas.
En el decreto, se cuestionaba la existencia de las actividades desarrolladas en la Merced y en áreas aledañas, a la vez que se determinaba la salida de las estaciones de autobuses foráneas para concentrarlas en las centrales que se construyeron en los cuatro puntos cardinales de la ciudad. A pesar de los aspectos positivos de las acciones concebidas desde el decreto, como resultado de las primeras acciones, se generaron varios problemas, tal como sucedió con la reubicación de los habitantes afectados por el proyecto del Templo Mayor, del Palacio Legislativo y de las bodegas de la Merced. Las políticas de reestructuración de los espacios urbanos traían su contraparte, las reestructuraciones beneficiaban a ciertas áreas y en forma desigual creaban otras que se distinguían por su depresión.
Aquí debemos hacer algunas consideraciones:
En el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) el documento base para la acción gubernamental fue el "Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988" (PND). De los lineamientos propuestos por el PND, emergió el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda (PNDUV) 1984-1988, el cual trataba de conjuntar elementos en pro de la organización territorial del país, y junto a ello se elaboró el Programa de la ZMCM y de la Región Centro; como complemento se les agregó el controvertido Programa de Reordenación Urbana y Protección Ecológica del Distrito Federal (PRUPE) -desechado en consulta política, por la crisis y los sismos de 1985-, y ya posteriormente el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 1984. En todos estos documentos se observaban los mismos objetivos: estimular la participación social, coordinar acciones, detener crecimientos, organizar territorios, etc.
A pesar de que en esos instrumentos planeadores se plasmaban realidades bien concretas y se proyectaban soluciones, sólo partes mínimas de éstos tenían viabilidad, en parte por la imposibilidad de los órganos planeadores de llevar el control de todas las variables que concurrían en los planes; en parte por la falta de voluntad política de las instancias ejecutoras, por la incidencia de grupos de poder en éstas y, además, por la negativa de aquellos órganos, a involucrar comunidades en los procesos de planeación.
Además, en dicho sexenio hubo un factor que hizo inviables los instrumentos planeados, para tener un mínimo de resultados sobre las acciones programadas para la ciudad: los sismos.
Efectivamente, la magnitud de la aglomeración en la ciudad ha provocado que cualquier fenómeno altere sus actividades, creando problemas a sus millones de habitantes y a sus actividades económicas.
Desde esta perspectiva, la explosión de San Juan Ixhuatepec, ocurrida el 19 de noviembre de 1984 y, posteriormente, los sismos de 1985, dejaron una serie de pérdidas materiales y humanas, golpeando la conciencia de la ciudadanía y sus gobernantes. En el caso de San Juan Ixhuatepec, el siniestro vino a recordar que existen grupos poblacionales que viven bajo la continua amenaza de diferentes elementos; al respecto, en agosto de 1985, se calculaba que en el D.F. cerca de 120 mil familias habitaban zonas de derrumbes, hundimientos, inundaciones y de almacenamiento de productos inflamables y explosivos (Uno más uno, 25 ago. 1985). Estas familias más las que seguramente se han agregado en estos años, continúan enfrentando una realidad: ocupar esas áreas al no tener otra opción si se toman en cuenta los precios de los bienes inmuebles en zonas en donde los niveles de urbanización son más altos. Aquí cabe señalar lo absurdo de sostener que la gente vive en áreas peligrosas porque quiere; ¿a quién le agrada cohabitar con el amago de la naturaleza, al soportar en las distintas estaciones del año vientos, inundaciones, deslaves, hundimientos, etc.?, ¿quién disfruta las presiones de las autoridades que amenazan con los desalojos?, o tan sólo ¿a quién le agrada sufrir las paupérrimas condiciones en que se encuentran muchos de esos asentamientos?
En el caso de los sismos de 1985, en la Ciudad de México quedó afectada la planta industrial, principalmente la textil; edificios de oficinas gubernamentales; vías de comunicación; etc., sin embargo, el más grave fue el recibido por miles de personas que perdieron sus viviendas. Posteriormente a los sismos, vinieron las reflexiones en torno a la vulnerabilidad de la ciudad destacando las siguientes: no existía una preparación por parte de la ciudadanía ni del Estado para hacer frente a tales situaciones; no se contaba con sistemas asistenciales, de construcción provisional o construcciones ágiles. Además de que se hizo evidente la realidad de miles de habitantes en condiciones difíciles, el poco cuidado con que se han tomado las condiciones del suelo en donde se ha erigido la Ciudad de México; y reafirmaron lo imperativo de continuar con la descentralización de muchas de las actividades realizadas en la ciudad.
Aquí se vio uno de los obstáculos del proceso de modernización, pues junto a la crisis, estas condicionantes actuaron para que se detuvieran algunas de las acciones que ya se preveían, sobre todo las relacionadas con los usos que se le darían al centro de la ciudad, que se redensificó al generarse los distintos programas de vivienda para los damnificados.
Las nuevas situaciones para el capital traducidas en desarrollos tecnológicos, renovación de las actividades -sobre todo en las comerciales y financieras-, son factores que actualmente inciden en los requerimientos de modificación de nuestra urbe; de ahí que las actuales políticas pretendan cambios a través de readecuaciones en su estructura vial, en los patrones de ocupación del suelo, en los regímenes fiscales, en la imagen urbano-arquitectónica, etc. No obstante ello, en la ciudad se continúan observando contradicciones entre las distintas áreas que la forman, además se observa un desarrollo urbano desigual.
Hoy en día, es un hecho que la nueva reestructuración territorial en algunos de nuestros países se está desarrollando en dos sentidos:
En esa nueva división de las actividades productivas, la Ciudad de México, por sus atributos la más grande concentración poblacional, sigue siendo el mercado preferido de las actividades económicas, estas actividades han venido adquiriendo otras dimensiones; de ese modo, el predominio y el nivel de especialización adquirido por las actividades comerciales y financieras da un nuevo sentido a nuestra ciudad, sumergiéndola en un nuevo proceso de territorialización de lo económico, modernizando los espacios en donde se desenvuelven aquéllas. Así, la Ciudad de México ha adquirido en algunos de sus espacios fisonomías nuevas. Las situaciones más destacadas son, por un lado, los espacios financieros, y por otro, las nuevas formas adquiridas por el comercio. Con respecto a lo primero, hemos visto aparecer edificaciones utilizadas en las distintas modalidades de las operaciones financieras. Como resultado, la ciudad se exhibe en llamativos edificios en donde destacan los construidos de cristal y aluminio, caracterizados éstos, además, por su altura, amplios espacios y excelentes decoraciones, que adornan las más importantes calles de la ciudad.
En esa vía actualmente se discuten y se han echado a andar proyectos modernizadores que aspiran a colocarse al nivel de la evolución de la economía, de ese modo actualmente la ciudad es sujeta a un proceso en donde se observan dos situaciones: por un lado, se busca el que la ciudad ya no crezca en término de industrias, sobre todo las más contaminantes, para lo cual se han venido fijando una serie de acciones entre las que sobresalen el impulsar zonas industriales en ciudades medias sobre todo orientadas a los mercados que se ligan con el norte y el Pacífico; por otro lado, otras acciones que actuarían indirectamente serían las de reducir los estímulos económicos y fiscales, elevar los precios de los servicios como agua y electricidad, impedir que se ocupen áreas o se abran nuevas áreas en la ciudad y aplicar restricciones en materia de contaminantes. En aquellas acciones que no sólo afectan a empresarios, pues llegan a otros sectores de la población, se observa una dinámica en donde se advierte el interés de desconcentrar las actividades y de hacer de la ciudad un espacio autofinanciable para evitar subsidios, de manera que los recursos federales se puedan canalizar a sectores prioritarios, ello de acuerdo a las políticas gubernamentales.
Otra situación que se presenta dentro de las políticas de modernización de la ciudad, es la rehabilitación o construcción de zonas en donde las actividades a territorializar poseen un carácter de exclusividad y de especialización; serían los casos de tres importantes proyectos donde se conjugan actividades comerciales, financieras. Uno de ellos es el Proyecto Santa Fe, que es el proyecto más adelantado. Este proyecto, a decir de las autoridades, ha sido el de ejecución menos problemática; los terrenos en donde se desarrolla se habilitaron a partir de una expropiación. En relación a los otros dos, el Alameda y el Centro, siguen bajo una lenta dinámica, provocada por las condiciones actuales de usos del suelo y en donde las autoridades han encontrado resistencia de habitantes y pequeños comerciantes. Para ello se ha insistido por parte de las autoridades citadinas en reubicar a vendedores en zonas distintas a las ocupadas por los proyectos referidos.
Nadie se negaría a entrar a esta etapa que la modernidad exige, pero el desarrollo adoptado por el proceso que lleva adelante esa modernización, se expresa en cientos de asentamientos que a pesar de los programas colaterales a los grandes proyectos, siguen en lamentables condiciones y con tendencia a incrementarse. En este sentido, no se niegan las posibilidades que brindaría una modernización que englobara en sus beneficios al conjunto de los habitantes de la ciudad, sin embargo, en sus finalidades, sigue pesando la actitud subdesarrollada de muchos de sus llamados impulsores: los empresarios. Una política de modernización de la sociedad, y de la ciudad en este caso, exige una participación amplia de quienes hoy resienten los aspectos negativos de las políticas modernizadoras; de ser así se lograrían beneficios más amplios y posibilidades de desarrollo en esa magnitud.
