A casi veinticinco años de la celebración de la cumbre de Estocolmo y a cuatro de la cumbre de Río, el deterioro ambiental a nivel mundial se ha profundizado; los informes sobre la pérdida en la biodiversidad son más impactantes, el avance en la deforestación de selvas tropicales y templadas para uso como leña es aberrante. El pastoreo excesivo y los cultivos de subsistencia favorecen la erosión de suelos incrementando las áreas áridas y desérticas; la contaminación de océanos y cuerpos de agua continental es cada vez mayor. Las contingencias ambientales, derivadas de inversiones térmicas y la contaminación atmosférica, son el pan de cada día.
El del deterioro ambiental es un problema eminentemente social. Los actuales ritmos en los procesos de apropiación de los recursos naturales (derivados del modelo de crecimiento económico, con el objetivo de lucro y ganancia), presentes en la biosfera, sin respeto de los tiempos biológicos de recarga de los ecosistemas, nos han llevado a un punto en el que se hace necesario pensar un estilo de desarrollo alternativo. El paradigma del desarrollo sustentable, contempla:
México cuenta
con una gran riqueza biológica; sin embargo, contradictoriamente
en el aspecto social, presenta un desarrollo desequilibrado, materializado
en un crecimiento económico poco equitativo, con marcados antagonismos
sociales y con efectos negativos en el ambiente (físico).
Las actuales condiciones
de crisis económica y de estrategias de refuncionalización
de la economía de mercado, han repercutido en una involución
del crecimiento económico y aumento de los índices de pobreza
y pobreza extrema. La diversidad e importancia de los recursos naturales
adquiere un papel capital, por ser la base material para impulsar el desarrollo
económico presente y futuro del país; contemplando éste
la óptica de la sustentabilidad.
Pare finales de la década de los sesenta, se presentaron algunos signos de agotamiento del modelo de desarrollo de posguerra, materializado en las estrategias contempladas en el plan Marshall y en los acuerdos monetarios de Bretton Woods; es decir, la presencia de la crisis económica estructural de los años setenta. Algunas de las manifestaciones se presentaron en la economía alemana y estadounidense; sin embargo, los inicios de la guerra en Vietnam, dilataron la presencia de la crisis estructural de la economía de mercado más profunda y persistente de los últimos cincuenta años.
En 1968 se fundó el Club de Roma, institución que aglutinó a prominentes directores y funcionarios de centros de investigación; cuyo objetivo fue elaborar un estado del arte y estudios prospectivos sobre el desarrollo económico. Para inicios de los setenta, se elaboró el informe denominado "Los límites del crecimiento", a cuyo cargo estuvo J. W. Forester (Forester, 1976). Más tarde se publicó un segundo informe titulado "Los límites del crecimiento. Informe al Club de Roma", coordinado por D. Meadows (Meadows, 1978). Ambos estudios contemplaron una metodología que interrelacionaba cinco variables: población, producción de alimentos, industrialización, contaminación del medio ambiente y consumo de recursos naturales no renovables. Dichos documentos concluyeron el carácter finito de los recursos naturales presentes en alguno de los vectores de la biosfera1. Paralelamente surgieron diversas concepciones sobre el desarrollo, como por ejemplo: el del navío espacial llamado Tierra, sustentado por K. F. Boulding; el denominado crecimiento económico y poblacional cero, apoyado por los esposos Paul y Anna Elrich. La versión latinoamericana del Club de Roma se materializó en 1972 con la creación de la Fundación Bariloche.
El antecendente inmediato
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano fue el Seminario
de Founex (Suiza), realizado a mediados de 1971. Dicho seminario se convirtió
en el inicio del análisis de la problemática del deterioro
ambiental. Las conclusiones centrales del seminario fueron que no existe
contradicción entre el desarrollo y un medio ambiente en equilibrio
dinámico, y que se puede planificar el desarrollo, para no lesionar
el medio ambiente, a partir de observar los tiempos de recarga de los diferentes
ecosistemas2.
Como producto de la
crisis arriba mencionada y como parte sustantiva de las estrategias de
refuncionalización de la economía de mercado a nivel mundial,
se buscó establecer un nuevo orden económico internacional
(NOEI), que en esencia sería una reestructuración de la división
internacional del trabajo (DIT), bajo el supuesto de buscar una relación
igualitaria entre los países industrializados y los semi-industrializados,
así como "racionalizar" la explotación (léase distribución)
de los recursos naturales (renovables y no renovables).
Otro antecedente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, se puede ubicar en París, en 1968, con la celebración de la Conferencia Internacional sobre la Biosfera, bajo los auspicios de la UNESCO; en ella se acordó la realización de una reunión mundial que se celebraría cuatro años más tarde. Finalmente, en junio de 1972, se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que tenía como objetivo: "La protección y mejoramiento del medio humano [que] es una cuestión fundamental, que afecta el bienestar de los pueblos y el desarrollo económico del mundo entero; un deseo urgente de todos los pueblos y un deber de todos los gobiernos" (NU, 1972).
Derivado de lo anterior, se instauro el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (PNUMA), cuya sede se ubicó en Nairobi, Kenia; asimismo se estableció el 5 de junio, como el ida mundial del medio ambiente. Las principales prioridades del PNUMA, fueron:
Como producto de las corrientes existencialistas de la posguerra, en los países desarrollados irrumpieron movimientos mesiánicos, milenaristas y pacifistas que buscaron un cambio en los estilos de vida vigentes hasta entonces. La emergencia de una relación bipolar (EU y la URSS), los enfrentamientos entre dos concepciones del marxismo (URSS vs China) y el avance de movimientos ácratas, posibilitaron la emergencia de nuevos movimientos sociales (Galván, F. 1986: 40).
La cuna del ecologismo se puede ubicar con la publicación de La primavera silenciosa3 , Ciencia y sobrevivencia4 y el Manual de ecología 5. El movimiento ecologista, como tal, se inició con la conformación del grupo "Ecology Action"", que tuvo como sede la Universidad de Berkeley; entre sus miembros se encontraban algunos militantes del "World International Party" (Castells, 1974: 67). El movimiento nació como producto de movilizaciones pacifístas, pro-derechos de minorías étnicas y de las revueltas estudiantiles de 1968. Tuvo su primer aparición en Holanda con los llamados planes blancos de los "Provos" y los "kavouters" (Massimo, 1978: 714-715), los que consistían en la plantación de árboles y campañas en contra del uso del automóvil. En los setenta, se realizaron diversas movilizaciones ecologistas, principalmente en los llamados países desarrollados (Inglaterra, Francia, República Federal Alemana e Italia), fusionándose en algunos casos con movimientos anti-nucleares.
En Francia e Inglaterra, el movimiento ecologista ha tenido una mayor presencia y enraizamiento; un ejemplo de ello es la presencia de los siguientes grupos: Amigos de la Tierra, Grupo Arcoiris, Partido Verde, Green Peace International y Green Alternative European Link, quienes no limitaban sus acciones, sino que se "plante[aban buscar] una alternativa mundial y contribuir a la solución a los problemas que amenazan la vida en el planeta" (Ruíz, 1987: 2). Sus métodos para lograr sus objetivos eran diferentes; iban desde la acción directa hasta el parlamentarismo; desde marchas y mítines, hasta la toma pacífica de plantas nucleares y fuentes contaminantes (Guzmán, J., 1988: 21).
La gestión pública ecológica en el marco del desarrollo estabilizador
En 1970, la persistente presencia del smog llevó al Estado mexicano a tomar la iniciativa para formular una serie de acciones, a las que en conjunto se han denominado política pública ecológica (PPE)6 ; que sería el inicio de la gestión ecológica (GE). Al igual que otras políticas parciales correspondieron a un momento histórico determinado y a intereses hegemónicos predominantes, es decir, pertenecen a un modelo de desarrollo específico. Desde la óptica del pensamiento político gramsciano, esto significaría la imposición de un planteamiento socio-económico y cultural (modelo de desarrollo) por parte de un grupo (el hegemónico) al resto de la sociedad.
En este punto, quisiéramos señalar que los términos ecológico7 y ambiental8 no son sinónimos. La aclaración es importante porque en el marco del presente documento la política en cuestión (PEE), en un primer momento (1970-1982), se contempla como un problema de salud pública; en el segundo (1983-1994), se visualiza como un problema ecológico; y posteriormente (1995-1996) como una cuestión ambiental.
Para las dos últimas décadas, el Estado mexicano se ha visto forzado a tomar una actitud frente al deterioro ambiental (término utilizado frecuentemente para identificar a los desequilibrios presentes en diversos ecosistemas )9. Este fenómeno se ha propiciado a partir de la necesidad de: a) garantizar el proceso de acumulación y demás condiciones que permitan la reproducción de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales; b) asegurar la planeación del desarrollo y uso "racional" de los recursos naturales (inmersos en el medio biótico y abiótico); y c) como respuesta a la presión ejercida por las ONG’S10 , tanto nacionales como internacionales.
Lo anterior fue un elemento constitutivo de una estrategia que buscaba la legitimidad del Estado a partir del uso de la ecología y/o lo ambiental como la punta de lanza mediante la cual busca el consenso u la legitimidad para la imposición de un nuevo estilo de desarrollo, bajo un discurso pseudoambientalista y "racional". Así, el Estado pretende asegurar de manera "legítima" la continuidad en el ejercicio del poder. Además, en lo referente a la coptación de diversos sectores de la sociedad civil, mediante el apoderamiento de las principales demandas de las ONG’S y/o grupos contra-hegemónicos, el Estado refuerza su intervención en los diferentes ámbitos de las relaciones políticas económicas, ideológicas y sociales para la refuncionalización del modo de producción predominante y para su propia existencia, al dar soluciones parciales y temporales al problema del deterioro ambiental.
La política ecológica estatal es la actitud que se ha manifestado en las estrategias para enfrentar al deterioro ambiental, en sus tres diferentes vectores: atmosférico, lítico o edáfico11 e hídrico. Desde la óptica de la administración pública federal, el problema se ubica en diferentes ámbitos: federal, estatal, regional y municipal y/o local. La sociedad política en sentido amplío, o Estado, se encuentra constituido por otras instituciones que actúan como aparatos ideológicos del mismo, y que funcionan además como aparatos de control estatal, tales como: la educativa, la religiosa, la sindical y los medios masivos de comunicación.
La pre-historia de la ecología en México
Los antecedentes más
recientes de la denominada PEE, sin que ésta fuera implícita,
se ubica en 1969, cuando la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos,
estableció un departamento para determinar el grado de contaminación
del elemento hídrico; de manera simultánea el DDF envió
una delegación a Estados Unidos para capacitarse en el estudio de
diversos métodos de cuantificación de la contaminación
atmosférica. Sin embargo, lo más importante fue la creación
de la Oficina de Control de la Contaminación Ambiental (OCCA).
El problema de la
contaminación ocupó un lugar importante en el concierto de
los diversos problemas que presentó la crisis político-económica
nacional, pues a fines de los años sesenta la otrora región
más transparente se convirtió en una de las urbes con mayor
contaminación atmosférica. Éste fue uno de los puntos
más importantes de la agenda de campaña política del
candidato a la presidencia de la república para el sexenio 1970-1976.
La PEE (aunque ésta
se denominó de mejoramiento ambiental) se hizo explícita
y tangible a partir del discurso pronunciado por Luis Echevarría
Álvarez, el 1o. de diciembre de 1970, con en su toma de posesión,
en el cual se mostró una preocupación por el grado de contaminación
en la Ciudad de México. En enero de 1971 se envió la iniciativa
para modificar la fracción del artículo 73 de la Constitución
mexicana, en lo referente al otorgamiento de las facultades necesarias
al Consejo de Salubridad General para dictar las medidas pertinentes para
prevenir y evitar al contaminación12
. Se puede apreciar que el de la contaminación se contemplaba como
un problema de salud pública.
Para 1971 el Consejo
General de Salubridad (CGS) dependía directamente del Ejecutivo
Federal (Presidente de la República), con un funcionamiento derivado
de una disposición constitucional y estaba integrado por un presidente
(el titular de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia,
SSA), un secretario y cinco vocales titulares (nombrados por el presidente
de la república).
Los primeros lineamentos
normativos para combatir la contaminación se encuentran en la Ley
para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, promulgada
el 12 de marzo de 1971 y
publicada por el Diario
Oficial unos días después. Esta ley contenía normas
para prevenir y controlar la contaminación, el mejoramiento, conservación
y restauración del medio ambiente; con un carácter federal
en su ámbito de aplicación y correspondiendo al presidente
de la república, a través de la SSA y del SGS su ejercicio
y vigilancia. La ley faculta "...al Ejecutivo Federal a dictar los decretos
y reglamentos necesarios para detectar y evaluar las fuentes de contaminación,
señalando las normas y procedimientos técnicos para el control
de los contaminantes; poner en vigor los procesos y técnicas adecuadas
para la prevención de la contaminación; y regular el uso
de combustible, de vehículos y motores de combustión interna"
(Vizcaíno, 1975: 353).
El 8 de julio de 1971,
por disposición del Ejecutivo Federal se creó un equipo de
trabajo intersecretarial con el objetivo de crear e instrumentar acciones
en sus diversos ámbitos, para proteger el equilibrio ecológico
y mejorar el medio ambiente; mismo que se denominó Comité
Central Coordinador de Programas para el Mejoramiento del Ambiente. El
grupo estuvo presidido por el titular de la SSA e integró a representantes
de las diversas secretarías, entre ellas: la de Recursos Hidráulicos,
Agricultura y Ganadería y la de Industria y Comercio. Con fecha
14 de enero de 1972, se acordó13
la creación de la Subsecretaría de Mejoramiento Ambiental
(SMA), dependiente de la SSA; su creación tiene como base jurídica
la Ley para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, del
12 de marzo de 1971. Otras razones fueron: incrementar las actividades
para adoptar medidas necesarias para prevenir la contaminación ambiental
producida por la actividad industrial y el crecimiento acelerado de los
centros urbanos.
También se
puede señalar la expedición del Reglamento para la Prevención
y Control de la Contaminación Atmosférica, Originada por
Humos y Polvos, que entró en vigencia el 17 de noviembre de 197614
.
De 1970 a 1976, la PEE pretendió introducir de manera gradual los cambios más importantes en el tratamiento de la emisión de desechos sólidos, aguas residuales, gases y humos; es decir, se buscó adoptar una serie de medidas tendientes a reducir la emisión de contaminantes derivados de al actividad industrial; lograr su cuantificación a través de la recabación de información respecto a la emisión de contaminantes y al alcance del deterioro ambiental; así como el establecimiento de mediadas de cuantificación de la contaminación en los diferentes ámbitos, edáfico, atmosférico e hídrico, como el Índice Mexicano de Calidad del Aire (IMECA).
La contaminación o degradación ambiental, es concebida por el Estado como un problema de salud pública; sin embargo puede considerarse un problema que transciende el ámbito natural y el medio social, cuya interacción conforma el medio ambiente. Siguiendo una actitud sanitarista y espectacular, la PEE se dirigió al combate de los humos, gases y polvos, pues sus resultados podrían parecer ante la sociedad civil como "avances" en el combate de la contaminación, evadiendo el control de gases tóxicos y contaminantes y, por lo tanto, peligrosos. Éstos son producto en gran medida de la combustión incompleta de los hidrocarburos, debido a las condiciones de presión barométrica, incidencia y exposición a los rayos solares, enrarecimiento del aire, elevados contenidos de plomo, monóxidos y dióxidos de carbono y de azufre; además del gigantesco parque vehicular que, con las actividades industriales, se concentra en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). El parque vehicular y la localización fabril son elementos que en gran medida resultan de las estrategias de desarrollo económico, instrumentadas y fomentadas en décadas anteriores por el Estado mexicano.
El Estado buscó
introducir los cambios en materia de ecología mediante estrategias
conjuntas, como la instrumentación del llamado modelo de desarrollo
(económico) compartido, a través de las diversas cámaras
(sindicatos patronales) del sector industrial. Se encontró con una
fuerte reticencia a colaborar con la información requerida y menos
aún para establecer mecanismos para aminorar o reducir al máximo
la contaminación ambiental.
La PEE se materializó
con la Subsecretaría de Mejoramiento Ambiental y en la incipiente
legislación respectiva. Éstas se encontraron con el rechazo
de las secretarías involucradas; por ejemplo, en el medio hídrico,
la Secretaría de Recursos Hidráulicos; en el de suelos, con
la Secretaría de Agricultura y Ganadería; en el atmosférico,
con la Secretaría de Industria y Comercio. Instituciones todas ellas
con gran peso en la estructura a burocrática estatal.
La subsecretaría enfrentó además la falta de cooperación de instituciones del sector paraestatal, tales como Fertilizantes Mexicanos, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, que con el desarrollo de sus actividades productivas provocaron un gran deterioro de diversos ecosistemas, así como la negativa de los complejos industriales de las empresas transnacionales (ET) a cambiar algunas fases del proceso productivo que ocasionaban una gran contaminación ambiental.
Para 1975 se detectó, "...que de las 72,084 fuentes estacionarias de contaminación del aire [considerando que la ZMCM es una cuenca endoréica], 2,927 eran responsables del 71% del deterioro ambiental" (Godav, 1985: 85). Pero el gran abismo entre la concepción de la política ambiental de la SMA y las declaraciones de algunos personeros de los sectores público y privado en lo referente a la conjunción de esfuerzos en el combate a la contaminación, distaba mucho de la realidad; eran demasiados los discursos moralizantes y pocas las acciones concretas y efectivas. Por lo tanto se tendió a distorsionar los alcances de las medidas establecidas por la SMA; centrando su lucha contra la contaminación producida por las fuentes móviles (automotores) y dejando a un lado el otro sector (fuentes fijas) de la contaminación ambiental, presentando los rechazos y los lentos avances en la lucha contra la contaminación como espectaculares avances.
La actitud cerrada y negativa a la participación conjunta por parte de algunos sectores de la sociedad en el mejoramiento ambiental, en particular de los sectores industriales; el debilitamiento en el consenso y legitimidad del Estado y la poca conciencia de la mayoría de la sociedad civil, además del papel secundario que se le confirió a la SMA en el aparato burocrático estatal, hicieron que la PEE se convirtiera en una serie de buenas intenciones frenadas por los elementos arriba señalados y aunados a los producidos por la crisis coyuntural político económica de 1976.
Un factor de suma importancia que habría que contemplar en la PEE, fue sin duda la Ley de Asentamientos Humanos, aprobada en mayo de 1976. Mediante ésta se buscaba desalentar el explosivo crecimiento demográfico, el incesante proceso migratorio campo/ciudad y su posterior asentamiento en algunos centros urbanos, evitar la especulación de terrenos e inmuebles urbanos, la regularización en la tenencia de la tierra y la protección de suelos de uso agrícola, forestal, minero y de uso no urbano; todo ello desde la óptica del interés público y social (Ramírez, 1978: 18). Es importante señalar que esa legislación se modificó por la presión política de fracciones de clase que veían afectados sus intereses; algunas se encontraban aglutinadas en organizaciones como CCE, CONCAMIN, CANACINTRA. Ello fue un factor político condicionante para el próximo presidente de la república (José López Portillo).
No sólo se buscó la presencia de la PEE a nivel nacional; en algunos foros internacionales se pretendió un cambio en la relación Norte/Sur (países desarrollados y países no desarrollados), estableciendo "...la protección, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras es responsabilidad de los Estados. Todos los Estados deben de tratar de establecer sus propias políticas ambientales y de desarrollo de conformidad con esa responsabilidad" (Echeverría, 1975: 92). Se buscaba así un desarrollo económico más armonioso y menos lesivo con el entorno natural.
Del panorama antes descrito se puede señalar que la incidencia de factores económico-políticos, nacionales e internacionales, y las pugnas de las diversas fracciones de clase del bloque hegemónico ocasionaron que la PEE fuera relegada a un segundo término. Se dio prioridad a los objetivos de desarrollo económico, privilegiando las estrategias de saneamiento y refuncionalización de la economía en favor de la continuidad y permanencia de la economía de mercado; y asegurando además aquellos elementos que garantizaran el monopolio del ejercicio del poder.
La ecología: avances y retrocesos (1976-1982)
En este período las repercusiones de la persistente crisis estructural de la economía mundial, aunadas a la crisis político-económica coyuntural nacional, posibilitaron que se imprimiera un sesgo particular a la PEE. Lo anterior se debió también, en gran medida, a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de la firma del convenio de facilidad ampliada; en el cual se contempló una sustancial reducción en el monto del presupuesto destinado a las áreas del bienestar social (entre de las que se encontraban ubicadas la SSA y la SMA). Otros elementos que propiciaron una devaluación de la PEE fueron las presiones ejercidas por los sectores industriales, nacionales e internacionales, a la falta de consenso y legitimidad, a la reforma político-administrativa que redujo el poder de las secretarías cabeza de sector y posibilitó la participación de grupos disidentes en la política formal.
Como parte sustancial de la reforma administrativa se puede señalar el establecimiento de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) como entidad rectora del Sistema de Nacional de Planificación Democrática, reagrupando las áreas de influencia de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y de la Secretaría de Industria y Comercio. La SARH, se reforzó en las áreas agrícola, ganadera, apícola, avícola y forestal (Poder Ejecutivo Federal, 1975: 27); además se transformó en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. La Secretaría de Industria y Comercio (SIC) quedó sólo como Secretaría de Comercio (SI); el área industrial se reubicó en la Secretaría de Patrimonio Industrial, ahora Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial (SEPAFIN). La Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), fue la secretaría que coordinó la PEE. En la Secretaría de Salubridad de Asistencia y en la Subsecretaría de Mejoramiento Ambiental
Durante el sexenio de 1976-1982, la pee continuó siendo considerada como un problema de salud, por lo tanto, ámbito de competencia de la SSA15 . Lo anterior significó un desplazamiento de algunos ámbitos de competencia de la SMA de las áreas operativas de la PEE; por ejemplo, en el artículo 33, Fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración. Pública, se señala que entre de las atribuciones de la SEPAFIN "...[está la] de proyectar, realizar y mantener al corriente el inventario de los recursos no renovables, cuando no estén encomendados expresamente a otras dependencias... Llevar a cabo el catastro petrolero y minero..." En el mismo renglón se observa que la SARH tiene otras funciones que le confiere la Ley arriba citada en el artículo 35 en sus fracciones XVII, XVIII, XXIII Y XXIV. De lo anterior se puede señalar que en lo referente al ámbito de la ecología y al ambiente, en el aparato burocrático existe duplicidad de funciones, invasión de áreas de competencia por otras instituciones, la relegación a un segundo plano de la PEE, un raquítico presupuesto que muchas veces era menor al otorgado a alguna de las direcciones generales de una de las secretarías antes mencionadas. Este panorama prevaleció durante el sexenio en cuestión.
Lejos de corregir los errores y desfases que se presentaron en la administración anterior, éstos se profundizaron, pues e dio mayor peso a la SARH, la SAHOP y la SEPAFIN en la jerarquía burocrática estatal, cuyos ámbitos de influencia chocaban frontalmente con los de la SMA. La importancia económica y política de las instituciones antes señaladas, tuvo más peso relegando la PEE a un segundo plano. En el caso del Distrito Federal, a la SMA le correspondía coordinarse con el DDF; sin embargo el mayor presupuesto y presencia en el ámbito urbano de dicha institución generó un mayor predominio de aquél.
Al salir del "bache económico" (como se le denominó a la crisis económico-política), el descubrimiento de gigantescos yacimientos de hidrocarburos en la sonda de Campeche y Tabasco, se perfiló como elemento que posibilitó el cambio para seguir por el camino de "la administración de la abundancia" (término designado a la determinación de buscar el desarrollo económico con base fundamentalmente en las exportaciones petroleras). En este momento de definición político-administrativa, la PEE había tomado un matiz aún más radical, cuando se hizo el anuncio de la aplicación de la legislación ambiental; pero la prioridad del desarrollo económico hizo que dicha estrategia se cambiara por campañas como el combate de la contaminación de microorganismos suspendidos en el aire, derivado esto del fecalismo al aíre libre que se efectuaba en muchas partes de la ZMCM.
En el sexenio anterior la contaminación atmosférica y la de algunas cuencas hidrológicas era la más importante; sin embargo, como producto de las recomendaciones del FMI y de las presiones de algunos sectores de la iniciativa privado que pugnaban por una disminución en la intervención estatal, se dificultaba la realización de obras de infraestructura y equipamiento colectivo que permitieran un alivio en la grave contaminación ambiental. Quizá donde más se resintió esta situación fue en la periferia de las principales áreas metropolitanas.
A mediados de 1978 se inició la reanimación de la economía, basada en la actividad de algunas ramas industriales que utilizaron su capacidad para la exportación de equipos y materias primas. "La recuperación económica ha estado determinada por un crecimiento particularmente acelerado de la producción automotriz y otros bienes de consumo duradero" (Cordera y Tello, 1980: 59). Otro sector que tuvo un fuerte impulso fue la industria petroquímica como parte del Plan Nacional de Desarrollo Industrial; se invirtieron en dicho renglón "...20,000 millones de dólares o sea un poco más de una cuarta parte del total de la inversión pública" (Rivera, 1986: 86). Mediante los Certificados de Devolución de Impuestos, la política fiscal fomentó la industrialización, lo que provocó una inundación de mercancías de las ramas automotriz y de la de bienes duraderos, propiciando particularmente un crecimiento desmedido del parque vehicular.
La determinación estatal de basar el desarrollo en la explotación petrolera y la gran liquidez con que contaban las instituciones financieras internacionales permitieron que México encabezara la lista de sujetos de crédito, favoreciendo el flujo de empréstitos para su inversión en el desarrollo económico del país. La estrategia del gobierno consistió en crear "...un núcleo líder de grandes empresas estatales (dedicadas a la extracción de petróleo, petroquímica, acero y metal-mecánica) [pretendiendo] construir o consolidar una fuerza de empuje" (Ib: 87), concepción que no existió en el sexenio anterior.
La definición de la política económica, así como la dispersión y duplicidad de funciones y de áreas de influencia en las distintas instituciones secretariales y la SMA, provocaron que la PEE retomara el sesgo de la administración anterior. El 25 de agosto de 1978 se creó por acuerdo presidencial la Comisión Intersecretarial de Saneamiento Ambiental (CISA), que tenía como funciones las de "...planeación y conducción de la política de saneamiento ambiental, la investigación, estudio, prevención y control de la contaminación, el desarrollo urbano, la conservación del equilibrio ecológico y la restauración y el mejoramiento ambiental" (Marcó del Pont, 1984: 81). Se buscaba así una formula burocrática ideal y descentralizada que permitiera de una manera eficaz y óptima desarrollar la política en cuestión y enfrentar de manera integral el desequilibrio ambiental.
En diciembre de 1979, por iniciativa del Ejecutivo Federal, se creó el Programa Coordinado para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México16 ; sin embargo, al igual que otros símiles, éste no fue más que un resumen de otros documentos parciales sin resultado alguno. En 1980 se produjeron cambios en la cúpula burocrática que impactaron a la SMA; la nueva administración trató de corregir del pasado mediante la modificación de la Ley Federal para Prevención y Control de la Contaminación, tratando de lograr una mayor especificidad en las áreas y funciones de la SMA y las otras instituciones burocráticas:
La agudización de las contradicciones mundiales y nacionales, así como el deterioro del papel de intervención de la institución mundial en lo económico, provocaron que posteriormente a un período de estabilidad y crecimiento sostenido, sobreviniera una crisis, quizá la más profunda en la historia de México. Además existían las presiones de diversas fracciones del bloque dominante que buscaban influir en el diseño de la política económica, buscando que ésta beneficiara sus intereses; también se pretendía influir el la designación del próximo detentante del poder presidencial. Nuevamente la PEE quedaba relegada a un segundo o tercer nivel en la jerarquía burocrática, de la planificación del desarrollo socio-económico, así como de las prioridades políticas y económicas del Estado.
En ese momento era razón de Estado buscar el consenso y la legitimidad del mismo para continuar con el ejercicio del dominio, sin importar el costo socio-económico de dicha empresa. Era más importante "...brindar nuevos subsidios... para mantener la ficción de que la economía mexicana estaba aún en condiciones de estabilizarse" (Rivera, 1986: 99). Se buscó disminuir las presiones deficitarias mediante sendos recortes, que afectaron principalmente las áreas de bienestar social y se concertaron nuevos empréstitos con la comunidad financiera internacional, medidas que no impidieron la catástrofe de la economía nacional.
En las postrimerías del sexenio en cuestión, la PEE, encabezada por la SMA se centró en llevar una serie de denuncias en contra de la diversas empresas contaminantes, públicas y privadas, de las que podemos señalar, entre otras, a PEMEX y la CFE, instituciones que contaminaron en buena medida muchos ecosistemas del país. En el ámbito de la iniciativa privada, en particular en el sector industrial, la mayoría de empresas denunciadas no pertenecían al sector capitalista transnacional.
El desarrollo reciente de la ecología en México 1983-1992
Durante este período, la crisis estructural del capitalismo mundial y los elementos que conformaron un cuadro crítico de la economía nacional interactuaron conformando los elementos que propiciaron para 1982 una nueva crisis económica profunda en la economía nacional. Derivado de lo anterior el Estado tuvo que enfrentarse al "...fracaso de la política de expansionismo económico basada en un gigantesco gasto público y grandes empréstitos característicos de la década de los setenta..., fracaso que en su nivel crítico precipitó una problemática de fondo, mucho más amplia, relacionada con el descenso en la tasa de ganancia en México"(Rivera, 1985: 40).
La necesidad de buscar recursos financieros para enfrentar la crisis, hizo necesario recurrir a la comunidad económica internacional para tratar de estabilizar la situación. Se concertó un convenio de facilidad ampliada con el FMI, lo que permitió el ascenso al poder de un grupo tecnocrático/eficientista que instrumentó una política económica en la que se concibe
Por primera vez en
la planeación nacional se incorporaban explícitamente en
la estrategia del desarrollo criterios ecológicos y medio ambientales,
además de los económicos, políticos y sociales para
dar respuesta a las necesidades básicas de la población,
tratando de asegurar una calidad de vida adecuada y un aprovechamiento
sostenido de recursos naturales en mediano y largo plazo (Poder Ejecutivo
Federal, 1983: 256).
Es precisamente en
este marco en el que se reconoce que fue el modelo de desarrollo económico
basado en un:
|
|
||||||
| Subsecretario de Ecología | ||||||
| Dirección General de Control y Prevención de la Contaminación ambiental | Dirección General de Promoción Ambiental y Participación Comunitaria | Dirección General de Normatividad y Regulación Ecológica | Dirección General de Conservación Ecológica de los Recursos Naturales | |||
Los esfuerzos del Estado por corregir la crisis económica (1982-1984) más severa de los últimos cincuenta años dieron forma al ya citado Plan de Estabilización y el Ordenamiento Económico "...cuyo propósito último era encauzar la economía a partir de 1985, en un proceso de crecimiento sano e ininterrumpido. Los instrumentos que se escogieron para lograrlo fueron la modificación definitiva ciertos precios relativos claves" (Blanco, 1985: 22). A lo anterior se puede agregar que en el realismo económico se realizó un ajuste fiscal, un aumento en el precio de algunos servicios públicos y un corte efectivo en el gasto público; sin embargo, a pesar de haberse instrumentado las políticas necesarias para llevar adelante dicha estrategia de refuncionalización
El macrosismo sirvió como pretexto para impulsar los débiles intentos de materializar la desconcentración y descentralización; un ejemplo se puede observar en la salida del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), lo que no significaba una desconcentración del aparato detentador del poder, esto es del Estado. Quizá algunos de los responsables de la planificación económica social, en particular de los centrados a el ámbito urbano del Sistema Nacional de Planeación Democrática, no contemplaron que algunas aglomeraciones humanas denominadas ciudades medias no contaban con la infraestructura, ni el equipamiento colectivo necesario para hacer frente a la demanda generada por acciones de desconcentración. Lo anterior provocó un incremento en la demanda de servicios y energéticos que elevó los problemas urbanos de dichas ciudades. La estrategia de desconcentración significaría "la exportación" de alrededor de 300,000 familias a cinco diferentes centros urbanos; en ese entonces cabría la pena preguntar ¿qué ciudad del país tenía la capacidad para soportar dicho impacto?
Entre 1985 y 1988,
la PEE tuvo un fuerte impulso. En el plano del problema de la contaminación
metropolitana (atmosférica), la SEDUE compartió responsabilidades
con el DDF y con la Secretaría de Gobernación, a través
del Sistema Nacional de Protección Civil. Se instituyó el
Programa de Contingencias, posteriormente sustituido por el Programa Ecológico
de las 100 Acciones. Además se promovió la Ley Reglamentaria
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.
Se logró un aumento sustancial, pese a las restricciones presupuestales,
pasando de 7,500 millones de pesos en 1986 a 809,000 millones en 1988 (Velázquez,
1992: 33). Para finales de los ochenta la PEE continuó con la dinámica
impuesta por los desequilibrios externos e internos (deuda externa, postergación
del cambio estructural, ilegitimidad del Estado). Sin embargo el agravamiento
del deterioro ambiental, y las incongruencias en el plano del ámbito
de competencia entre distintas entitades de la burocracia (SEDUE, DDF),
generó que el extitular de la SEDUE, en ese entonces Regente de
la Ciudad de México, impulsara el Programa Integral de Lucha en
Contra de la Contaminación en el Distrito Federal (20 de noviembre
de 1989).
| Reglamento
de Impacto
Ambiental |
Reglamento de ResiduosPeligrosos | Reglamento
de Contaminación
del Aire |
Reglamento
deContaminación
del Agua |
Reglamento
deContaminación
por Ruido |
En el capítulo V de la LGEEPA se contemplan los instrumentos de la política ecológica a través de los cuales se intentaría atacar el problema del deterioro ambiental:
También se instrumentó un programa de reforestación para la siembra de 100 millones de árboles y se creó, por instrucción presidencial, la Comisión Metropolitana para la Prevención de la Contaminación Ambiental en el Valle de México. Para continuar con la campaña de legitimidad mediante el "apoyo total" a la ecología, por órdenes del Ejecutivo Federal se cerró la Refinería 18 de Marzo. Cabe aclarar que la mayoría de los procesos efectuados en dicha refinería eran obsoletos y poco rentables.
A nivel presupuestario,
se obtuvo un préstamo del Banco Mundial para la inspección
industrial, con el objetivo de no ser depósito de residuos tóxicos
y peligrosos por parte de grandes empresas transnacionales; se dio un gran
apoyo al Proyecto Integral de Prevención de Contaminación
en la Frontera Norte (Alfie, 1992: 80).
En el marco de la
reforma del Estado y la construcción del Estado liberal social –faceta
ideológico-política del neoliberalismo económico–
se impulsó la iniciativa presidencial que contenía la nueva
Ley Agraria, que modificaba al Artículo 27 constitucional, que "establece
las orientaciones sobre uso y apropiación de los recursos naturales,
para una orientación equitativa de la riqueza pública y para
cuidar su conservación". Dicha ley contiene nuevas disposiciones
sobre la propiedad de la tierra, su concentración y sus implicaciones
económicas.
El INE tiene entre sus objetivos el de conducir la planeación estratégica para el desarrollo sustentable, así como las políticas de protección al ambiente en el largo plazo, incorporando una nueva concepción y herramientas al acervo con el que antes se efectuaba la gestión ambiental. Algunas de sus principales tareas han sido:
En materia de legislación ambiental, los avances contemplados en la Ley del General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiental (de marzo de 1988) fueron objeto de reconocimientos a nivel internacional por constituir una de las legislaciones ambientales más completas. En dicha normatividad se contemplaron las Normas Técnicas Ecológicas y las Normas Técnicas Sanitarias, que posteriormente se transformaron con base en la Ley Federal de Metrología y Normalización21 y en las Normas Oficiales Mexicanas Ecológicas (NOM-ECOL). Actualmente se cuenta con 18 normas que, sumadas a las correspondientes a contaminación atmosférica y por ruido (antes NOM-AA, ahora NOM-NMX), totalizan 51 normas relacionadas con la contaminación atmosférica (SEDESOL, Ib: 215-216).
La normatividad ambiental
tiene como propósito fundamental regular los actos discrecionales
de las autoridades de la administración pública federal,
en sus distintos ámbitos (federal, estatal y municipal). A la fecha,
la totalidad de entidades federativas cuentan con una ley estatal de equilibrio
ecológico y protección al ambiente. Sin embargo las leyes
reglamentarias de Agua, Pesca, Forestal y de Minas, conservan el espíritu
sectorial, a pesar de su declarada complementariedad de la LGEEPA.
Desde la década
de los ochenta se impulsaron diversas estrategias en varios países
por diferentes instituciones académicas con el fin de controlar
y corregir el deterioro ambiental. En el ámbito educativo y académico,
la preocupación por el deterioro ambiental lleva a manifestaciones
que buscan establecer mecanismos para la sensibilización de una
corriente de opinión y considerar el problema ambiental como un
campo de estudio; además de la formación de especialistas
capaces de generar alternativas de solución, algunos de ellos con
una visión interdisciplinaria.
La formación ambiental ha evolucionado de una manera lenta; la mayoría de las instituciones académicas que la incluyen la ubican a nivel de posgrado. Puede hacerse un balance preliminar de las instituciones educativas a nivel superior que de alguna manera están involucradas con la problemática ambiental.
Frontera norte, el Tratado Trilateral de Libre Comercio y la PEE
La franja fronteriza norte (FFN)22 representa una región geo-espacial donde se expresa una relación sintética y asimétrica entre la economía, aspectos sociales, culturales, de información y medioambientales con un país altamente industrializado (Estados Unidos) y otro semi-industrializado. Derivado del impulso dado por la política estatal de fomento industrial en décadas anteriores, la FFN ha sido la región con la mayoría de establecimientos de la denominada industria maquiladora, en particular la orientada a la exportación.
Por ser punto de tránsito de la migración laboral para internación a los Estados Unidos, el crecimiento natural de algunos puntos geo-espaciales, como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Laredo, Reynosa y Matamoros propiciará que la FFN se convierta en una zona densamente poblada. Se producirá un incremento en la demanda de equipamiento y servicios colectivos (agua, energía y vivienda), así como una mayor generación de residuos municipales e industriales, con el consecuente impacto en la calidad de vida.
Como se señaló antes, la legislación ambiental mexicana es de las más completas; sin embargo, por interpretaciones equivocadas o por conductas discrecionales de diferentes autoridades, federales, estatales y municipales, así como por los espacios derivados de los ámbitos de competencia, dicha legislación se vuelve laxa. Por otra parte, además, debido a los bajos costos de agua y energía, y a los bajos salarios de una mano de obra joven con una calificación adecuada, la FFN se ha convertido en una región atractiva para fuertes inversiones extranjeras, directas e indirectas. Un somero estado del arte del deterioro ambiental fronterizo se puede apreciar en las observaciones de Dick Camp, director del proyecto ecológico de frontera en el Estado de Arizona:
Entre las estrategias de la PEE se pueden observar dos vertientes: la dirigida a prevenir, corregir y mitigar el deterioro ambiental en la FFN, y la destinada a enfrentar la problemática ambiental derivada de la puesta en vigor del TLC. En la primera se ubica el Programa Integral Ambiental Fronterizo, 1992-1994 (PIAF), cuyo objetivo principal era mejorar el ambiente en la zona fronteriza; para ello se formaron cinco grupos de trabajo responsables de promover y dar seguimiento a las acciones del PIAF:
El ACAAN está
integrado en una comisión de la que forman parte un consejo, un
secretariado y un comité consultivo público conjunto. El
primero está constituido por un representante de cada uno de los
países del TLC a nivel de secretario de Estado u homólogo;
las decisiones acordadas en el consejo deben ser por consenso. El consejo
es también el órgano donde se dirimen las disputas y se asegurar
el cumplimiento de las leyes ambientales.
El secretariado tiene
un carácter ejecutivo, pues lleva a la práctica los acuerdos
del consejo y ejerce los presupuestos anuales de la comisión. El
comité consultivo público conjunto está integrado
por quince personas; cada país miembro contará con un comité
consultivo nacional.
A pesar de la firma del tlc en 1994, éste no cumplió con las expectativas de incremento inter-comercial y de flujo de capitales; esto se debido a factores internos. Como parte de un ciclo del eterno retorno sexenal, a finales de ese año se presentó otra crisis económica (coyuntural) y la consecuente devaluación monetaria, como consecuencia de "a) los acontecimientos políticos [levantamiento armado en Chiapas y los asesinatos de LDC y de JFRM] que produjeron la salida masiva de capitales, y b) la postergación en la salida del mercado cambiario del Banco de México". (Ruiz y Leriche, 1995: 93.)
En 18 meses (diciembre de 1994 a junio de 1996), el peso perdió casi el 120% de su valor respecto al dólar (tomando como base la paridad del 16 de diciembre de 1994). "La devaluación tuvo como primer efecto el encarecimiento de las importaciones; junto con la política de austeridad, la reducción de los ingresos reales de los mexicanos, es decir una contracción severa de la demanda de bienes tanto en el interior del país como en el extranjero". (Trápaga, 1995-1996: 34). Esto último tendría serias repercusiones en el en el sector primario.
Para finales de 1994 y principios de 1995 por enésima vez el Estado, y por ende la sociedad mexicana, volvieron a ser presa de las casi cíclicas crisis coyunturales, y posteriormente de estrategias de refuncionalización económica que tienden a contener los salarios, deprimir y devaluar el ingreso de los trabajadores. Además, la devaluación permite una adquisición mayor de bienes y servicios, en particular de los primeros. Esto se refleja en el incremento de la exportación de los mismos, lo que significa una mayor presión sobre los recursos naturales de México.
El inicio de la gestión ambiental en México
El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, contempla como tarea principal atender a los 14 millones de mexicanos en situación de extrema pobreza, además de "promover un crecimiento económico vigoroso y sustentable, que redunde en el bienestar social". (Poder Ejecutivo Nacional, 1995.) En lo que se refiere al apartado de Gestión Ambiental para un Crecimiento Sustentable, el programa contempla:
Con base en la normatividad de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la interna de la SEMARNAP26 , el Instituto Nacional de Ecología y aquella se convirtieron en las instituciones encargadas de dirigir la política ambiental del país.
| Subsecretaría de Planeación | Subsecretaría
deRecursos
Naturales |
Subsecretaría de Pesca | Oficialía Mayor |
| Unidad
Coordinadora de Análisis
Económico y Social |
Dirección
General de
Programas Regionales |
Dirección
General de Zona
federal Marítimo Terrestre |
Unidad de Contraloría Interna |
| Unidad
Coordinadora de
Asuntos Internacionales |
Dirección
General del Centro de
Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable |
Dirección General de Política y FomentoPesquero | Dirección
General de Recursos
Humanos y Organización |
| Dirección
General de Asuntos
Jurídicos |
Dirección
General de
Estadística e Informática |
Dirección
General de
Administración de Pesqueras |
Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación |
| Dirección
General de
Comunicación Social |
Dirección General de Restauración y Conservación de Suelos | Dirección
General de
Infraestructura Pesquera |
Dirección
General de
Administración |
| Dirección General de Planeación | Dirección General Forestal | Dirección General de Acuacultura | Delegaciones Federales |
| Instituto
Nacional de
Ecología |
Instituto Nacional
de
Pesca |
Instituto Nacional
del
Agua |
Instituto Nacional
de
Tecnología del Agua |
Procuraduría
federal de
Protección al Ambiente |
El INE tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:
| Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas | Dirección General de Vida Silvestre | Dirección General de Gestión e Información Ambiental | Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas | Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental | Dirección General de Regulación Ambiental |
Breve recuento de la gestión ambiental estatal
La PEE ha pasado por
diversas etapas: como un problema de salud pública; como un problema
de ecología; y, por último (1995-1996) como un problema ambiental.
La influencia de estudios
y la presencia política de distintas corrientes ecológicas
y ecologistas, tanto a nivel institucional, como académico y político,
se manifestó con mayor fuerza en la década de los setenta.
Paraleleamente, en la Ciudad de México se presentó con mayor
persistencia en fenómeno del smog, propiciando que la "región
más transparente" se convirtiera en una región con un alto
índice de contaminación atmosférica.
El fenómeno fue la síntesis de diversos factores, tales como el explosivo crecimiento poblacional y la fuerte corriente migratoria que se concentraron en la ZMCM; el diseño reticular que data de tiempos coloniales; un desmedido crecimiento del parque vehicular; y factores fisiográficos (ubicación en una cuenca endorreíca27 , altitud sobre el nivel del mar, sistema orográfico, exposición e intensidad del espectro solar y condiciones meteorológicas) que favoren la combustión incompleta del las gasolinas y dieseles.
Se podría dejar
establecido que la PEE se inició en 1970 con el discurso de toma
del posesión de Luis Echeverría Álvarez, en cuyo discurso
manifestó la preocupación por el grado de contaminación
en la Ciudad de México. En 1971 se hicieron las adecuaciones para
otorgar las facultades necesarias al Consejo de Salubridad General para
prevenir y evitar la contaminación en la Ciudad de México.
Dicho Consejo dependía de la SSA; además, la entonces Subsecretaría
de Mejoramiento Ambiental dependía totalmente de la SSA. La concepción
que se tenía de la problemática era de carácter epidemiológico,
es decir, una cuestión de salud pública.
En este periodo se
impulsaron cambios graduales en el tratamiento de la emisión de
desechos líquidos, sólidos y gaseosos generados principalmente
por las fuentes fijas (industria), dejando de lado a la contaminación
producida por las fuentes móviles (automotores).
La PEE enfrentó no sólo el rechazo e incomprensión de grupos económicos de la iniciativa privada, sino incluso el desprecio, ninguneo y marginación en el marco de la estructura burocrática de la administración pública federal; se dio mayor importancia las secretarías "cabeza de sector" (SRH, SAG, SIC Y SEPAFIN), que coincidentemente eran las encargadas de marcar y cumplir las pautas de la política del modelo de desarrollo en turno.
En el plano de la política exterior se pugnó por un nuevo orden que no sólo contemplara la reestructuración de las relaciones económicas, sino que buscara "la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente".
Como consecuencia de la crisis económica de 1976, al año siguiente se produjo una contracción presupuestal que afectó principalmente a las áreas de bienestar social, entre ellas el renglón de la salud. Lo anterior, aunado a factores políticos, llevó a la creación de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), en la que se ubicó la Dirección General de Ecología y las direcciones de Mejoramiento de la Calidad del Aire y Agua, la de Problemas de la Salud, y la de Difusión de la Información. Se generaron los ecoplanes, documentos planificadores (con carácter indicativo) del desarrollo socio-económico del país.
A principios de los
ochenta, la PEE se concebía, de manera implícita y explícita,
como una "estrategia que buscaría el uso racional de los recursos
naturales y centrarse en la planificación económica, que
de acuerdo al caso especificaría la relevancia al factor económico".
Con ello se fijó la primacía de lo económico sobre
lo ecológico en aras del desarrollo.
Con las modificaciones
a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
se procedió a la creación de la SEDUE, la que tuvo como atributos
principales, "formular y conducir las políticas generales de asentamientos
humanos, urbanismo, vivienda y ecología. Así como establecer
los criterios ecológicos para el uso y destino de los recursos naturales
[y] preservar la calidad del medio ambiente".
Entre 1970 y1980, la preocupación por el problema del deterioro ambiental, en una primera fase, fue privativa de pequeños sectores académicos e intelectuales. Posteriormente, durante la década de los ochenta, las contradicciones socio-económicas de la llamada "década perdida", posibilitó la emergencia de fuertes movimientos sociales, entre las que se puede señalar a las organizaciones no gubernamentales ecologistas y ecológicas. "En nuestro país existen 674 organizaciones, la mayoría concentrados en el Distrito Federal, Puebla y Yucatán. La mayoría de ellos orientados a la conservación de la biodiversidad, el desarrollo comunitario sostenible, la silvicultura y la reforestación". (Alfie, 1995: 34.)
Derivado de las acciones de los grupos ecológicos, ecologistas y sindicalistas el deterioro ambiental y el constante y reiterado problema de salud para los habitantes de las ciudades mexicanas y estadounidenses lo largo de la FFN, posibilitó la creación de grupos y redes de información, consulta y solución de los problemas derivados del deterioro ambiental.
En 1995 se inauguró la etapa de la gestión ambiental y el propósito de alcanzar un crecimiento respetuoso del desarrollo sustentable. Es importante destacar el enorme esfuerzo y trabajo para aglutinar y agrupar a los distintos sectores en la SEMARNAP. Sin embargo, la revisión del marco normativo (reglamento interior de esta secretaría), así como de otros documentos sectoriales (programas de medio ambiente) que expresan las directrices de trabajo, muestra diagnósticos que permiten apreciar el grado de deterioro ambiental presente en nuestro territorio, así como programas que tienen entre de sus objetivos lograr un manejo sustentable de los recursos.
Debe señalar que en algunas otras dependencias sólo se ha incorporado el desarrollo sustentable como un concepto para justificar sus programas, sin que realmente se diseñe o contemple un manejo sustentable de los recursos. Esto lleva a constatar que, a pesar del esfuerzo, aún existen resabios disciplinarios y de estilos de trabajo que deben superarse. Los actuales patrones culturales de la globalización y/o regionalización económica y los alcances del paradigma electro-informático llevan a la necesidad de pensar de manera global y actuar de forma local, superando ostracismos y formas de pensamiento y de actuación propias del feudalismo. Es preciso considerar que estamos a las puertas del tercer milenio, y con un deterioro ambiental que nos lleva a un umbral de incertidumbre y riesgo de la supervivencia de la especie humana.