México: la transformacion de la crisis financiera en crisis productiva y social

El plan de choque tuvo por lo tanto un efecto productivo devastador cuyo epicentro se ubicó en el segundo trimestre de 1995, cuando el PIB declinó en casi 10% estableciendo un récord en los anales de los últimos 50 años. Con los colapsos de la producción y la inversión vino el aumento vertiginoso del desempleo (la tasa de desempleo abierto se duplicó en espacio de tres meses).

La caída del nivel de vida de los sectores mayoritarios de la población se vio acelerada por el efecto que tuvo la crisis bancaria sobre los usuarios medios y pequeños del crédito. Estos sectores de la población se enfrentaron a una ola de embargos que produjo pérdidas patrimoniales nunca antes vistas en México. Pero los efectos de la crisis social fueron mayores porque se conjuntaron otros factores. Primeramente, se rompió el mecanismo que aseguraba la conexión entre el sector dinámico de la economía y los mercados financieros internacionales, relación de la que derivó el efímero anclaje del tipo de cambio.

Ello eliminó prerrogativas materiales que habían beneficiado a la población laboralmente activa. Pero además, la ruptura del aparato de legitimación y concenso en el cual se apoyó la reforma salinista, o sea, el Pacto, produjo resultados igualmente adversos. Al quedar vetada por la representación patronal la aplicación de un control temporal de precios, aumentó la virulencia de la inflación y su impacto en sectores vulnerables. La prohibición al aumento de los impuestos al capital restringió el margen de maniobra, determinando que el ajuste se diera a partir de aumentos en impuestos regresivos (como el IVA).

La prioridad absoluta conferida al rescate bancario y la aplicacaión de un ajuste monetario y fiscal, con las características ya señaladas, cancelaron opciones socialmente menos regresivas.

La crisis puso a prueba la consistencia del núcleo dinámico de grandes empresas modernizadas e internacionalizadas que habían actuado como el motor de la economía en los seis años anteriores. El principal peligro era que se cortara el vínculo con la economía global que había jugado un papel decisivo en la expansión de este sector en el mercado internacional.

Tal cosa no sucedió primeramente porque el retiro de inversiones extranjeras de la bolsa de valores no llegó al grado de romper los vínculos con la empresa doméstica, tal como se temió al principio. El retiro no alcanzó mayores proporciones ya que muchos inversionistas extranjeros fueron tomados por sorpresa y perdieron el momento oportuno para retirarse sin dilatar sus pérdidas. Otros refrendaron su apuesta a largo plazo e intentaron compensar las pérdidas con la compra -a precios de ganga- de acciones de empresas mexicanas.

Aunque el retiro fue sustancial, la cantidad de capital extranjero que se fugó de la bolsa tiende a ser sobreestimado. Contablemente se estima que se retiraron, entre diciembre de 1994 y enero de 1995, unos 33 mil millones de dólares, pero en ese mismo periodo, la cotización promedio de las acciones declinó aproximadamente un 30 %. Lo anterior significa que la salida real de recursos fue, en realidad, de unos 23 mil millones de dólares, cantidad que recuperó lentamente a partir de abril de 1995.

A diferencia de la crisis iniciada en 1982, no se cerró el acceso a los mercados voluntarios de capital internacional. Pese al clima adverso, CEMEX pudo renegociar con éxito su deuda externa en plena crisis cambiaria y diversos grupos, entre ellos, Protexa y Banamex-Accival lograron colocar anticipadamente deuda internacional al comienzo de la crisis.

Aunque el mercado voluntario de capitales permaneció abierto, los márgenes para asegurar la colocación de deuda experimentaron un aumento sustancial. Los grandes consorcios acudían a los mercados internacionales de capital debido a que la crisis bancaria doméstica limitaba seriamente el volumen de recursos prestables. La caída de la bolda de valores, que prevaleció durante la mayor parte de 1995, en la medida que castigaba la oferta internacional de acciones, obligó a postergar las emisiones de manera que la actividad se orientó hacia la emisión de bonos corporativos.

Las empresas fueron las principales beneficiarias de la expansión del crédito que comenzó en 1989 y de la internacionalización de los flujos de deuda; 5 acumularon enormes pasivos en moneda nacional como extranjera, y quedaron en posición vulnerable ante el aumento de las tasas de interés.

La primera corporación en declararse en suspensión internacional de pagos fue Sidek a mediados de febrero de 1995. La manifestación de insolvencia provocó un impacto a escala latinoamericana que se sintió con especial fuerza en la bolsa de valores de Sao Paulo, en la que se experimentó una caída de 6.8 %. El default de Sidek despertó el temor que se produjera una cadena de declaraciones de insolvencia que acrecentará el impacto internacional de la crisis mexicana y provocará una ruptura en los circuitos financieros. 6

La única vía posible para que las grandes empresas contrarrestaran el efecto de la devaluación sobre una deuda ya excesiva era aumentar los márgenes de rentabilidad y que los bancos postergaran los vencimientos. De acuerdo con los informes trimestrales de la BMV se dieron aumentos importantes ( aunque desiguales) de las utilidades operativas, pero no en la medida suficiente para compensar el aumento del servicio de la deuda, de tal modo que, para el primer semestre de 1995, aproximadamente el 70 % tenía que canalizarse al pago de deudas a corto plazo.

Este fenómeno de sobreendeudamiento tuvo varias consecuencias decisivas que aún se encuentran en gestación y que sólo es posible esbozar desde la perspectiva de mediados de 1996. Las principales son las siguientes:

a) La debilidad de los bancos nacionales obligó a los grandes conglomerados mexicanos a frecuentar el mercado financiero internacional, pese a las condiciones más onerosas. Lo anterior determinó que se pospusiera la corrección del ciclo del ciclo de sobre-expansión crediticia externa, que inició desde 1990-91, con las consabidas consecuencias macroeconómicas.7

b) Las entidades bancarias y las propias empresas que mejor se desempeñaron en las crisis estarían en condiciones de absorber a sus contrapartes más débiles, con lo cual se produciría un profundo reacomodo de poder económico. Los inversionistas extranjeros, por medio de adquisiciones accionarias de tipo mayoritario en bancos y empresas con problemas financieros, podrían ubicarse ventajosamente en este proceso, abriendo un capítulo inédito en la historia moderna de México.

c) Para salvar las grandes empresas al borde de la quiebra, se requirió poner en juego un complejo proceso de ingeniería financiera que combinó mecanismos ad hoc de coordinación para intercambiar acciones por deudas y, en el caso de los consorcios carreteros la implementación de un rescate parecido al de los bancos. El llamado rescate carretero llegó a representar casi el 1% del PIB.

No se dispone de información detallada que permita hacer comparaciones a escala global, pero por los datos proporcionados por las cámaras empresariales como la del vestido y la del juguete, se estima que hacia fines de 1995 habían cerrado o estaban en peligro de cerrar entre el 40 y 60% de estos establecimientos.

Debido a su escaso poder de representación, el rescate de la pequeña empresa fue muy limitado y sujeto a términos estrictos. Nacional Financiera puso en marcha un plan de restructuración de adeudos aplicados en UDIS, o sea, estaba orientado a proteger el valor real de las deudas de la erosión provocada por el aumento repentino de la inflación. El mayor beneficio que obtenía el deudor era una redistribución de las amortizaciones que permitiría disminuir el peso de los primeros años, aumentándolo en los últimos.

Junto a la debacle de la pequeña empresa se produjo el desmoronamiento de su agente financiero por excelencia, la uniones de crédito. Las uniones comenzaron a operar como parte de un plan muy ambicioso para integrar a la pequeña empresa al proceso de modernización desde del inicio del sexenio de Salinas de Gortari. Su apogeo lo alcanzaron con el bienio 1993-94, pero su expansión ocultaba enormes irregularidades que limitaban su impacto entre el conjunto de las impresas de menor tamaño.

El encarecimiento del crédito elevó el 50% el coeficiente de cartera vencida de 250 uniones, es decir, de cerca del 70% de las 400 que se crearon en el período de 1988-94. De acuerdo con las declaraciones de Nacional Financiera, esas 250 uniones están por ser liquidadas a menos que se produzca una reorganización efectiva de este aparato financiero la recuperación de la pequeña empresa tomará un tiempo considerable.

Conclusión: hacia una nueva modalidad de modernización

Dada la importancia de tal cuestionamiento, se concluirá el presente artículo con una breve discusión del significado de la crisis mexicana en la definición de una nueva modalidad de modernización para países como el nuestro.

Se recordará que el gobierno de Salinas logró conferir un corte especifico a su proyecto de reforma, en el que se almalgamaban elementos ya presentes en el período preparatorio, es decir, entre 1983-87, como otros que constituyeron innovaciones desarrolladas por su propio equipo, al aprovechar condiciones favorables a nivel internacional. El autoritarismo se mitigó en la forma pero no el fondo, produciéndose, más bien, un cambio en la relación entre los distintos agentes productivos.

La relación copular que establecieron la tecnocracia de los grupos de capital financiero sobredeterminaron la restructuración, la reinserción en la economía mundial y la privatización. Ello implicó que un número relativamente pequeño de poderosos grupos económicos afianzaban su control sobre el conjunto de la economía, disponiendo de un marco muy amplio de maniobra para realizar sus actividades.

Ese cambio a favor de los agentes monopólicos privados se reflejó en la gestión macroeconómica. Entre los principales elementos que determinaron la política de sobreevaluación fue acelerar y modular la apertura financiera de México; favorecer la expansión internacional de los grupos empresariales y atraer capital de corto plazo corto plazo a la bolsa de valores.

Esto configuró un circuito de orientación marcadamente especulativo, que propició el sobreendeudamiento en dólares de las grandes corporaciones y los desequilibrios crecientes en el intercambio con el exterior (lo que a su vez reflejaba el rezago de la tasa de ahorro domestico).

Los efectos productivos de esta modalidad económica ya fueron expuestos 8 (fractura del aparato productivo al desacoplarse el sector monopólico del resto de la planta empresarial). Interesa subrayar ahora que los principales factores creadores de la estabilidad en el período crítico que inició con el levantamiento armado en Chiapas, o sea, la cobertura a base de capital de corto plazo, aceleración del desequilibrio comercial, etcétera, ya estaban claramente prefigurados en las tendencias dominantes desde el comienzo de la década.

Esto quiere decir que los factores de progresividad social implícitos en la reforma, como la desburocratización, la ampliación del imperativo concurrencial y la apertura a los periodos quedaron subordinados al circuito monopólico- especulativo que se desarrollo paralelamente y que operaba en una economía globalizada sujeta a fuerzas no suficientemente reguladas.

Posiblemente ese peligro potencial no hubiera adquirido tanta importancia para México de no haber coincidido con la crisis terminal del sistema político-institucional , creado a partir de principios de siglo. El sistema político comenzó a colapsarse a un ritmo tan acelerado y por caminos tan sorprendentes, precisamente porque su transformación se congeló de manera deliberada no sólo durante los 12 años anteriores, sino en las dos décadas precedentes. De esta manera, el divorcio entre la modernización económica y política demostró ser fuente de conflictos que pusieron en peligro el proyecto transformador en su conjunto.

Primeramente la debacle mexicana tuvo una serie de implicaciones internacionales que tomaron por sorpresa a los gobiernos de las naciones más poderosas y a los organismos de supervisión y control internacional. La opinión de que la crisis mexicana anticipaba los problemas del siglo XXI reflejaba, no sólo el asombro, sino también la incapacidad para dar respuesta a situaciones semejantes. La constatación más importante fue que el sistema de pagos internacionales carecía de recursos para afrontar los problemas de liquidez en los cuales se hallaban involucrados varios miles de agentes privados.

Estrechamente relacionado con lo anterior, se reconoció la existencia de un "riesgo moral" si se efectuaba un rescate que beneficiara a agentes financieros que habían quedado sobreexpuestos en la prosecución de lucro privado. En virtud de la existencia de problemas tan complejos sólo se efectuaron definiciones generales y el amplio debate que se verificó no llego a resultar concluyentes. No obstante, existió la convicción de que un gobierno que se había expuesto a riesgos tan grandes y subestimado señales internas de alerta debía ser "disciplinado", si quería seguir gozando de apoyo internacional.

El plan disciplinario que se impuso a México incluía elementos muy disímbolos, los más importantes ya fueron analizados aquí. Otras disposiciones obligaron al gobierno mexicano a liberar los flujos de información, especialmente los concernientes a las reservas internacionales y, adicionalmente, llevar un registro más estricto de la situación financiera del sector público.

El monto de las reservas internacionales anteriores a este acuerdo era prácticamente un secreto de estado cuya difusión estaba sometida a un ritual muy elaborado. La crisis cambiaría probablemente no hubiera tenido la virulencia que adquirió si el monto de las reservas durante 1994 no hubiera sido mantenido en secreto. Incluso el capitulo de filtración de información proporcionada que condujo al saqueo de las reservas no se hubiera producido en un régimen de información abierta. De este modo la liberación de información que se impuso al gobierno mexicano es un hecho con una clara repercusión social positiva.

Una lección cuya unanimidad es ya exigente en los círculos internacionales es que el enfoque puramente económico es insuficiente y que los diferentes países y requieren elevar la calidad del consenso político para resolver los conflictos que se presentan al largo del proceso de modernización a través de instituciones socialmente aceptadas (modernización política).

Este cambio de posición es importante si se toma en cuenta que la opinión que regía hasta principios de los años noventa era que el éxito de la reforma requería un liderazgo fuerte, pero no seriamente democrático. Junto con esta lección - que podemos llamar democrática - va unida otra que la se perfilaba con claridad antes de la crisis mexicana pero que, después de los acontecimientos de diciembre de 1994 pasó a ocupar un plano más destacado.

Se trata de la necesidad de establecer mecanismos perfeccionados de gestión económica y social que subsanen las fallas de mercado, evitando abusos y concentración excesiva de poder, provocados por los cambios estructurales especialmente la privatización. Otra enseñanza que dejo la crisis mexicana es la que afecta varios aspectos de la orientación e instrumentación de la política macroeconómica, tales como: el nivel tolerable de déficit en cuenta corriente, la composición de los flujos de capital (largo plazo vs. corto plazo), los riesgos del anclaje del tipo de cambio y la respuesta a los flujos de capital a corto plazo (especulativos) merecen un comentario más detallado.

Al principio de la crisis mexicana existió resistencia a aceptar que se hubiera producido un fenómeno de sobrevaluación cambiaria. Al cabo de algunos meses, sin embargo la actitud se modifico al grado de reconocerse que el anclaje al tipo de cambio había provocado un desequilibrio que se tradujo en una apreciación excesiva o en franca sobrevaluación y que era una vía muy peligrosa de seguir.

La lección que se extrajo fue que el tipo de cambio debía determinarse por las fuerzas de mercado (flotación libre), con el apoyo de mercados de futuros y el manejo transparente de la información. Pero esta formulación dejó indeterminados algunos problemas: condiciones de globalización y apertura financiera, los flujos de capital tenderían a apreciar el tipo de cambio aún cuando se realizaran operaciones de "esterilización".

De este modo la determinación del tipo de cambio en economías emergentes se vincularía a la regulación de los flujos de capital internacional. Sin embargo, la aplicación de controles tales como impuestos, depósitos de garantías a las operaciones financieras especulativas y otros instrumentos afines que se requería para atenuar la inestabilidad provocada por los movimientos de capital a corto plazo, encontró fuerte resistencia entre los círculos más liberales, obstaculizando, el desarrollo de enfoques preventivos de consenso.

La aplicación de contrapesos regulatorios a los capitales especulativos planteaba un serio dilema a los reformadores ya que entraba en contradicción con la filosofía del libre mercado y la idea de que la especulación cumplía un papel necesario al facilitar el proceso de arbitraje internacional.

Notas

1 Un programa alternativo de respuesta la crisis a demás de los tres puntos anteriores implicaba una estrategia radicalmente distinta entre los bancos. Ante todo era indispensable llevar el control gerencial más allá de los bancos en los que se habían detectado actos criminales mayúsculos para abarcar al conjunto de los bancos en peligro de quiebra. Esto hubiera evitado un subsidio excesivo y permitido saldar cuentas con los accionistas bancarios del modo más realista.

El control estatal de una parte de la banca no debía tener objetivos a largo plazo, sino generar condiciones más flexibles para enfrentar los efectos financieros de la crisis, bajo la perspectiva de un apoyo prioritario a la planta productiva, especialmente a la pequeña y mediana empresa viable. Pero aún cuando existieran fórmulas alternativas para proteger a la población y a la planta productiva y distribuir de manera equitativa los costos inevitables, no podía seguirse una vía populista consistente en romper con los organismos internacionales ni perder el control de los medios circulatorios.

2 Del conjunto de los grupos financieros que surgieron o se reorganizaron a partir de fines de los ochenta, cabe distinguir los de base industrial de los de base comercial. De éstos últimos surgió una élite que logró un mayor grado de representación y negociación tal como se explicó, para constituirse en un "grupo de interés especial".

3 Tampoco se conjuga con la filosofía neoliberal el mecanismo de flotación "sucia", del tipo de cambio que se practicó extensamente por el Banco Central en 1995, con un costo cercano a los mil millones de dólares.

4 La explicación oficial de la reaparición de pánico provocó rumores infundados sobre un golpe de estado que circularon en medios noticiosos de Estados Unidos. Sin embargo, cuando se demostró que la invalidez de los rumores del tipo de cambio no regresó a su nivel anterior, lo que significaba que habían sido factores ligados al desempeño de la economía los que habían, en lo fundamental, producido la depreciación cambiaria. Sin embargo, el rumor sirvió de justificación al gobierno para desviar la atención sobre la viabilidad del plan de ajuste.

5 La absorción de crédito por el sector de las grandes empresas tomó tres formas: a) colocación directa de acciones, papel comercial y bonos corporativos en Nueva York; b) endeudamiento en dólares a través de la banca privada nacional; c) endeudamiento en pesos con la banca privada nacional. La contratación de deuda en dólares permitió a las corporaciones eludir el incremento de los costos del crédito que se produjeron a partir de 1992. A su vez, el entrecruzamiento accionario entre empresas industriales y bancos determinó que frecuentemente la acumulación de deuda de las grandes empresas rebasara los límites de seguridad y provocara riesgos de sobreexpansión.

6 A comienzos de 1996, reaparecieron los problemas de pagos entre las grandes empresas y fue Sidex el primer conglomerado en declararse en suspensión de pagos.

7 En 1995 el servicio de la deuda externa (amortizaciones y pagos de intereses) representó el 9.5% del PIB y se prevé que representará el 14.5 en 1996.

8 Ver Rivera 1996

Fuentes bibliográficas