Las Políticas de Ajuste y la Naturaleza del Estado en América Latina
Sin embargo, en apariencia estos cambios y sus consecuencias son de algún modo efímeros: no pueden consolidarse. La propia dinámica con que esta transformación se desenvuelve, sus ritmos e intensidades inusitadas, parecen impedir la conformación y consolidación de nuevas estructuras productivas -sociales y políticas- que reemplacen a las ya caducas, persistiendo entonces una permanente sensación de crisis -de precariedad- y una permanente movilidad de la sociedad hacia un fin cuyo sentido y resultados finales todavía no han sido definidos, o bien, no interesa definirlos sino como la recuperación de las condiciones de los equilibrios macroeconómicos cuya sola existencia publicitaría, a través del pleno despliegue creativo empresarial, un retorno a la senda del crecimiento económico y el bienestar social.
Estos acontecimientos, que precipitan profundas modificaciones en todas las manifestaciones de la vida social del mundo contemporáneo, conmueven nuestras conciencias remeciendo estructuras y formas de pensamiento imaginadas por y para la comprensión de un mundo cuyo orden y legalidad parece hoy desmoronarse.
En este marco es que debe entenderse -creemos- la reforma del Estado en América Latina. Con precarios esquemas explicativos nos enfrentamos a las sustantivas modificaciones de las estructuras y tareas del aparato estatal. Las razones teóricas, bajo las cuales estas medidas se presentan como imprescindibles y de importancia decisiva para evitar catástrofes sociales, no son suficientes. Y lo son mucho menos estas medidas, concebidas para superar la crisis que afecta a la mayor parte de los países de la región, pues ellas no han podido establecer un nuevo paradigma de organización sociopolítica y económica. Sin embargo, esta postura parece no estar avalada por la realidad.
Los voceros gubernamentales de México y de Chile, países latinoamericanos que con mayor "éxito" remontan la crisis y que han logrado drásticas disminuciones de los desequilibrios financieros y de las tasas de inflación y en donde se ha logrado recuperar tasas positivas de crecimiento del PIB, proclaman que los logros de sus programas económicos de ninguna manera pueden ser explicados sin la concepción y la realización de cambios profundos y radicales y de la puesta en marcha de procesos de readecuación de las estructuras y las actividades estatales.
Esta misma convicción se encuentra en los organismos financieros internacionales (BID, Banco Mundial, FMI), así como en los distintos organismos y agencias de desarrollo. Entre ellas destaca la CEPAL, que anteriormente había sustentado las bases teóricas de una concepción de desarrollo totalmente distinta: una industrialización acelerada y autosuficiente en el marco de una integración latinoamericana en donde el Estado jugaba un rol estratégico fundamental y decisivo.
Ahora bien, pareciera existir un cierto consenso -al menos así lo expresan los programas económicos de todos los gobiernos de la región, con la única excepción de Cuba- en reducir en forma drástica las actividades estatales. Incluso, muchos de estos programas apuntan hacia una redefinición de la naturaleza misma del Estado, tanto en lo que se relaciona con sus roles económicos, como en lo que tiene relación con el conjunto de mediaciones y articulaciones que, en los ámbitos sociales, políticos y culturales, se establecen entre el Estado y la sociedad civil.
Cabría preguntarse, entonces, cuáles son los efectos de estas readecuaciones de las actividades estatales: ¿es de tal magnitud el cambio, que implique una necesaria redefinición de la naturaleza del Estado en los países latinoamericanos? Si esta pregunta es contestada afirmativamente, ¿cuáles serían las características más relevantes que tendrían la nueva sociedad y el nuevo Estado emergentes de la crisis?
La pertinencia de estas preguntas y de sus respuestas reside en la serie de problemas -tanto de índole teórica como de resonancia práctica- que condicionan y definen el acontecer político y social y su análisis incluye a un número importante de cientistas sociales latinoamericanos, envueltos en un debate conocido bajo el genérico título de: "los problemas de la gobernabilidad".1
Al amparo de esta temática se desarrolla una extensa y profunda discusión que inicia su reflexión teórica a partir de la búsqueda de soluciones a los problemas prácticos e inmediatos que enfrentan las autoridades gubernamentales de los países latinoamericanos. La mayoría de estas soluciones se derivan de la férrea aplicación, por parte de estas mismas autoridades, de un conjunto de políticas económicas denominadas "de ajuste", las que afectan severamante a las finanzas públicas e imponen drásticas reducciones al tamaño del aparato estatal, limitando, por tanto, sus posibilidades de atender las demandas sociales. Estas demandas, como efecto de la misma crisis, tienden a aumentar, exigiéndole al Estado la solución de sus problemas con una mayor vehemencia.
Paradójicamente, tenemos entonces una situación en donde los sectores sociales más pobres de la población reclaman mayor cobertura en la atención de sus problemas, al mismo tiempo que un significativo aumento en la eficacia de los servicios públicos. Los empresarios, por su parte, exigen un rol estatal más activo y eficiente en el aseguramiento de las condiciones generales de la reproducción y de los equilibrios macroeconómicos. A ello se agregan las tareas de reinserción de la economía nacional en los distintos bloques económicos regionales; la inversión en tecnología de punta; la formación de cuadros técnicos; la calificación de la mano de obra; etc.; en suma, la revisión o el reacondicionamiento de todas aquellas condiciones que permitan aumentar la competitividad de la industria nacional.
En otro nivel, al Estado se le exige el mantenimiento de los equilibrios políticos y sociales, la seguridad pública y la inviolabilidad de la propiedad privada, pero, al mismo tiempo, se le exige reducir su tamaño; más aún, se construye una imagen en extremo negativa de la acción estatal.
De alguna manera, el Estado aparece ahora representado por la fábula del rey Midas, aunque radicalmente invertida: esta vez todo lo que el Estado toca -allí donde interviene- no se convierte en oro, sino en vacío y desorden. Así, el Estado se constituye en el paradigma de la ineficiencia, evocando la imagen de un enorme barril en donde se desperdician la energía y los escasos recursos que la sociedad civil reclama le sean retornados, porque sólo en ella los individuos pueden, creativa y productivamente, utilizar estos recursos para beneficio de toda la sociedad.
Este fenómeno no es privativo de los países de la región; por el contrario, representa una tendencia global que se inicia en los países centrales (la versión más popularizada es inicialmente el "thatchersimo") y adquiere un dominio más acentuado a partir de las drámaticas transformaciones que sufren los países de Europa del Este.
Todos estos sucesos le permiten afirmar a Francis Fukuyama: "somos testigos no sólo del término de la guerra fría o de la transición de un periodo particular de la historia de la posguerra, sino del fin de la historia como tal, que es el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y de la universalización de la democracia liberal occidental, como la forma última del gobierno humano".2 Por último, citando a Alexis Kojéve, se "anuncia el surgimiento del Estado universal homogéneo."3
Es indudable que esta problemática no puede ser agotada en esta exposición. La pretensión de la misma se reduce a reflexionar sobre uno de los aspectos de este problema. Me refiero a la peculiar situación que se origina cuando la racionalidad económica, que justifica las políticas de ajuste y guía la redimensión y reforma del aparato estatal, es fundamentada por medio de determinaciones objetivas, provocadas a su vez por tendencias que se originan a partir de la globalización económica; esto es, por fenómenos que se despliegan en la esfera de las actividades económicas a una escala supranacional. Sin embargo, los gobiernos encargados de la implantación de políticas acordes a esta legalidad se enfrentan a la persistencia de formas de legitimidad conformadas y justificadas en el ámbito de racionalidades que van más allá de la racionalidad económica; es decir, en ningún caso se agotan únicamente en los estrechos márgenes de la racionalidad instrumental que el mercado mundial le imprime a los Estados nacionales. Llegados a este punto, se hace necesario explicitar la hipótesis que anima este trabajo.
Creemos que los principales objetivos y funciones que caracterizaron fundamentalmente al Estado de los países latinoamericanos durante el peiodo que media entre las dos grandes crisis (la de 1930 y la de los años ochenta), se mantienen en lo esencial; sin embargo, se han transformado los medios y las estructuras mediante las cuales estas tareas estatales se llevan a cabo. Cabe advertir que son de tal profundidad estas modificaciones, que podrían alterar la naturaleza misma del Estado en los países de la región. La separación entre cambios cuantitativos y cualitativos es tan tenue, que fácilmente los cambios en las formas pueden afectar a los objetivos y funciones mismas del ámbito estatal que hasta ahora -al parecer- permanecen.
El fenómeno que necesita ser explicado aquí es el surgimiento de un nuevo orden económico mundial supranacional, el cual busca realizarse e imponerse en la figura de un Estado universal y homogéneo, representado y/o fundamentado casi exclusivamente a partir de una legalidad económica. Sin embargo, y aunque deseche otras "racionalidades" económicas, este Estado no puede dejar de usarlas, pues ellas constituyen las bases que posibilitan la reproducción política del sistema, el cual recrea y reproduce -e inclusive se nutre de- la heterogeneidad de los valores y razones que la circundan.
La interpretación teórica del fenómeno que nos ocupa, esto es, la naturaleza del Estado en América Latina, se emprende mediante la identificación de una de las principales funciones del Estado capitalista, como es la regulación del intercambio mercantil. De acuerdo a las categorías jurídico-estatales del Estado moderno, esta regulación se presenta como un intercambio entre equivalentes -individuos libres y autónomos-, en la búsqueda incesante de su interés personal. De esta manera se precipita la universalización de estas relaciones de cambio en un proceso que, internamente, es regulado por el cálculo de la maximización del beneficio, racionalidad instrumental que a su vez le imprime al Estado los rasgos esenciales de sus estructuras básicas. Esta aproximación nos permite -pensamos- explicar por qué persiste la naturaleza del Estado, a pesar de las profundas modificaciones que éste ha experimentado en los países de la región.
De aquí surge un fin explicativo. Buscamos comprender no sólo los límites y la naturaleza de esta recaudación estatal, sino también el porqué ella se presenta como un proyecto de carácter imprescindible que no admite ningún tipo de cuestionamientos ni tampoco permite la posibilidad de políticas alternativas. Nos interesa saber cómo es que esta política económica es considerada conveniente y apropiada para todos los países: tanto para las economías centrales como para los países periféricos; para los gobiernos conservadores o los gobiernos de centro; e inclusive, hasta considerada actualmente buena para los llamados gobiernos socialistas. Por último, buscaremos comprender el porqué estas políticas de austeridad cuentan con el decidido apoyo d grupos que, al menos en forma inmediata, no ven representados sus intereses dentro de estas políticas y reformas del Estado.
Con el propósito de hacer explícitas algunas reflexiones sobre este tema, hemos dividido este trabajo en tres apartados:
La mayor parte de los documentos en los que se que analiza la situación de los países latinoamericanos califica la década de los ochenta como la "década perdida".4 Sin embargo, este solo término no ilustra la magnitud del retroceso económico que han sufrido los países de la región, como tampoco registra las dimensiones sociales de este deterioro. por ejemplo, cabe destacar que el PIB alcanzado en 1989 es inferior o igual al PIB alcanzado en 1977: "En rigor, al final de 1989, el PIB promedio por habitante, en la región, fue inferior en 8% al registrado en 1980 y equivalente al de 1977."5
Los efectos sociales de esta catástrofe económica se evidencian cuando se observa que el porcentaje de la población en situación de pobreza (que disminuyó en los años setenta) subió desde un 41% a un 43%, entre 1980 y 1986. Estimaciones para 1990 calculan este porcentaje en alrededor del 50% y, de continuar esta tendencia, para el año 2000 sobrepasaría el 60% del total de la población. En otros índices, los países de la región inician la década de los años noventa con enormes rezagos en relación a la estructura productiva; con un enorme deterioro de la infraestructura básica, derivado de la casi nula inversión pública; con desequilibrios macroeconómicos importantes; con pérdida de dinamismo en las exportaciones tradicionales; con la carga financiera que impone el servicio de la deuda; y con fuertes demandas sociales retenidas durante las dictaduras militares que asolaron a la mayor parte de los países latinoamericanos.
Bajo este contexto de crisis, se efectúa la readecuación de las estructuras y tareas estatales en función de las políticas de ajuste. Y aquí conviene detenernos un momento.
El término "ajuste" se ha convertido en un término polisémico: unas veces se le utiliza en el sentido de la estabilización económica y otras es concebido como los cambios estructurales portadores del crecimiento. Sin embargo, de un modo muy general, se le puede definir como el proceso mediante el cual la balanza de pagos se equilibra después de una perturbación. En un sentido estricto, se distingue de la estabilización, la cual es generalmente comprendida dentro de los estrechos límites de la restricción de la demanda global.
El ajuste estructural, en cambio, puede ser definido como el ajuste durable de la balnza de pagos, obtenido por medio de la readecuación global de las estructuras económicas de un país y poniendo especial énfasis en sus estructuras productivas; esto es, en el equilibrio obtenido por medios distintos a la reducción drástica de los niveles de las actividades económicas.
Las políticas de ajuste puestas en práctica desde el inicio de los años ochenta buscaban -entonces- modificar las estructuras económicas a fin de reestablecer los equilibrios financieros y el de la balanza de pagos, además de reestructurar el tejido económico que permitiera el milagro de un crecimiento sin desequilibrios macroeconómicos. Sin embargo, estas políticas, que además incluyen la liberalización de los flujos comerciales externos, implican también la modificación de ciertas estructuras sociales y de relaciones corporativas de poder, reguladas y reproducidas a partir de la obtención privilegiada de rentas, que la racionalidad económica debe eliminar con el fin de introducir la eficiencia y asegurar una óptima gestión de los recursos productivos.
Resumiendo, las medidas de ajuste apoyan tres puntos:
La regulación pone en juego tres conjuntos de variables, que son:
Por las razones mencionadas, cae el nivel de las ganancias empresariales y con ello se dificulta la acumulación, la que no puede proseguir en base a las formas que hasta entonces habían asegurado el crecimiento de la posguerra. Por ello, a escala mundial, estos procesos sufren dos tipos de transformaciones:
En forma entusiasta, estas políticas se han llevado a cabo por gobiernos conservadores, liberales y socialdemócratas, contando a veces -incluso- con el apoyo de algunos partidos comunistas, como en el caso de Italia. El argumento para la aceptación de estas políticas era muy pobre, pero muy convincente: escoger el ml menor. Este extraño consenso conseguido para estas políticas de austeridad también puede explicarse por el extraordinario aumento de la desocupación, lo que hace cada vez más difícil la acción sindical y atomiza la inconformidad social surgida contras estas políticas, las cuales atacan directamente en los niveles de bienestar de las mayorías, por lo menos en términos de sus ingresos, los que se han visto reducidos a la mitad.
Otro punto que merece ser analizado en relación a esta "universal" aceptación de las políticas de ajuste estructural, es elde la crisis de los paradigmas económicos keynesianos que dominaron ampliamente en el periodo de expansión económica. Es sabido que la política económica derivada de Keynes ofrece remedios deflacionarios para la inflación o reflacionarios para el empleo, pero se muestra impotente frente a fenómenos simultáneos de inflación y recesión. Además de esta peculiar situación, pareciera que los límites de la aplicación fructífera de las políticas keynesianas también se puede ubicar en base a los siguientes factores:
De esta manera se ve desplazada la teoría keynesiana, la que a pesar de su exitosa aplicación en el largo periodo que cruza desde la posguerra hasta finales de la década de los años sesenta, es desechada inclusive por los gobiernos socialdemócratas. La incapacidad de la aplicación de la teoría keynesiana para gestionar la crisis le quita a estos partidos la sustentación económica de sus programas y le resta credibilidad a las continuas promesas de las alternativas políticas antirrecesivas y antiinflacionarias. Por ello, los gobernantes elegidos bajop estos programas rápidamente abandonan sus promesas electorales y, con inusual entusiasmo, se apropian de los programas económicos conservadores.
Ahondemos un poco en lo anterior. Los antecedentes del "thatcherismo" en Inglaterra no fueron concebidos dentro de un gobierno conservador, sino por los ministros laboristas Callaghan y Healey. Estos mismos programas fueron aplicados en Italia, a finales de los años setentas, por la coalisión demócrata-cristiana y socialista, como de igual modo puede ser caracterizada la política económica del gobierno socialista español de Felipe González y en Francia la política de François Miterrand, así como la de Mario Soares en Portugal, etc., políticas que no se diferencian en nada de los programas económicos de los partidos conservadores de oposición.
Así, se observa una envidiable continuidad de las políticas económicas, pues, aunque cambian casi en forma rotativa las autoridades gubernamentales debido a los fracasos o a los reducidos éxitos de los programas económicos, en lo fundamental las políticas de ajuste se mantienen.
Los efectos recesivos y las tendencias regresivas del ingreso, provocadas por estas políticas económicas, posibilitan que el poder político sea capturado por partidos que enarbolan posturas programáticas radicalmente distintas en su campaña electorl, pero cuando esos partidos de oposición llegan al poder, declaran que prefieren continuar las políticas de ajuste, aun a costa de su propia credibilidad.
Lo más extraordinario de todo esto es que el incumplimiento de las promesas electorales concita, la mayoría de las veces, un apoyo más extenso. Este fenómeno se puede observar en los resultados electorales conseguidos por Menen en Argentina, Fujimori en Perú y Jaime Paz Zamora en Bolivia, ex-jefe de la guerrilla de ese país. Estos líderes no sólo mantienen su base electoral, sino que, por el contrario, parecen ampliarla.
II. LA NATURALEZA DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA
El Estado, en América latina, ha jugado siempre un rol esencial. Los orígenes de este peculiar papel provienen de las características que impone el Estado español, mismas que se transpasan a los Estados nacionales que se forman en los procesos independentistas.
Sin embargo, para nuestro análisis, nos interesa destacar las formas de intervención que el Estado asume a partir de la crisis de los años treinta, lo que implica la ruptura con el modelo de desarrollo "hacia afuera" que caracterizaba a las economías monoexportadoras de la región desde finales del siglo XIX. En una medida importante, las formas de intervención estatal que actualmente se están suplantando fueron resultado de reacciones gubernamentales ante los problemas de la crisis, reacciones que se consolidaron -e inclusive permanecieron- dentro de una inercia que iba bastante más allá del cumplimiento de los objetivos que les dieron origen.
Aunque frecuentemente estas estructuras son explicadas a través del modelo teórico del "Estado de Bienestar", ellas corresponden, más que a la acumulación circunstancial de acciones estatales concebidas como respuestas coyunturales, al diseño de un proyecto deliberado. A pesar de esta acotación y, en ausencia de un paradigma mejor, para el análisis que nos preocupa utilizaremos el modelo del "Estado de Bienestar".
La expresión "Estado de Bienestar" (o capitalismo regulado) hace referencia a una serie de fenómenos que tienen, como relación común y determinante, una singular fase del proceso de acumulación, proceso que es posible individualizar por lo menos a través de las siguientes características:
Es notorio que las políticas de ajuste, aun en el caso de lograr plenamente sus resultados, no pueden generar una dinámica económica que, además de asegurar los equilibrios macroeconómicos, sea capaz de dar respuesta a los problemas que hemos sintetizado en esos tres conjuntos funcionales; problemas que, si bien antes de la crisis no pudieron resolverse, en le transcurso de la misma su capacidad de resolución sufre un deterioro mayor.
Esto se hace evidente -sobretodo- en el problema de la extrema concentración de los ingresos y en el de las desigualdades sociales: la degradación de las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad, como consecuencia de la crisis y de los programas de ajuste, ocurre en una época de transición de regímenes autoritarios a regímenes democráticos.
Las organizaciones de la sociedad civil que se despliegan en este nuevo ámbito democrático exigen un acceso más amplio de la ciudadanía en la definición de las políticas económicas y en la reorientación del modelo económico, buscando reemplazar los modelos de tipo discriminatorio por uno de corte más igualitario; o en el peor de los casos, buscando uno que al menos evite el desmesurado crecimiento de la pobreza.
A esta situación debe añadirse que estas políticas de ajuste intervienen en la eliminación de una serie de "rentas de situación" y subsidios indiscriminados en favor de grupos corporativos y clientelares que jugaban un rol importante en el proceso de reproducción política del sistema y en la generación de consensos y de legitimidad.
Estos grupos, al ser desplazados, debilitan los mecanismos tradicionales de poder, provocando importantes reacomodos de fuerzas sociales y políticas que presionan frente a instituciones democráticas precarias. Así, se implanta un círculo vicioso: la democracia surge a partir de crisis de legitimidad de los regímenes autoritarios y las políticas de ajuste no hacen más que agravar esta misma crisis.
Por esta situación, el Estado que surge de la crisis -el Estado concebido a partir del ajuste- "vive una permanente inestabilidad, tanto por la precariedad de las instituciones democráticas y de la fragilidad de las alianzas políticas, como por los problemas de su legitimidad como poder político."8
Veamos con mayor detalle este concepto de legitimidad.
En las teorías políticas más recientes que pretenden explicar los problemas del Estado democrático que surge de la crisis -teorías fundamentalmente enfocadas hacia los problemas de "gobernabilidad"- se enumeran, como principales problemas sistémicos del aparato político estatal: el establecimiento de consensos; la generación y reproducción de legitimidad; y los problemas de la integración social.
En este caso, la legitimidad de un orden político se entiende como la capacidad de este mismo orden de generar el reconocimiento generalizado de que sus acciones y postulados son correctos y justos. La legitimidad sería, entonces, una pretensión de validez, justificada tanto por los argumentos que sustenta como por el resultado de sus acciones (su eficiencia). Esta legitimidad es usada por las autoridades políticas cuando buscan demostrar cómo y por qué las instituciones existentes (o las reformas que se proponen para estas instituciones) son las más adecuadas para asegurar l realización de los valores constitutivos de la sociedad.
El interés por el análisis de los recursos legitimadores de la acción gubernamental surge, precisamente, cuando la legitimidad de este régimen está en cuestionamiento o cuando un cierto ordenamiento político propone cambios fundamentales en los medios estatales de regulación de los procesos sociales y económicos, como es el caso de las políticas de ajuste.
No debemos olvidar aquí, sin embargo, el objetivo de nuestro análisis. Buscamos conexiones teóricas que permitan explicar lo que sucede en torno a las posibles modificaciones de la naturaleza del Estado en América Latina. Pensamos que la elección de las políticas económicas y, por consecuencia, los alcances y límites de la transformación del aparato estatal están estrechamente relacionados con los problemas de legitimidad en regímenes políticos inestables. Por lo mismo, ahora relacionaremos el problema de la legitimidad con una de las principales tareas estatales: asegurar las condiciones de intercambio.
La doctrina liberal no concibe al Estado más que en su función de juez o árbitro de las relaciones entre los individuos, conformándose así esta idea del "Estado Gendarme". El Estado, a través de la monopolización de la fuerza, vigila y asegura que el intercambio mercantil se realice con fluidez y que las obligaciones (los contratos) que emanan de estos procesos mercantiles se cumplan en forma estricta. Esta función estatal - fundamental en el Estado capitalista- se origina a partir de la universalización de las relaciones comerciales, mismas que en los países capitalistas avanzados se realizaron durante procesos históricos seculares.
Como advierte Pierre Salama,9 en los países subdesarrollados este proceso de universalización de las relaciones mercantiles (el que indudablemente está determinado por la introducción y el nivel de desarrollo alcanzado por este peculiar sistema de producción, cuyos bienes están dirigidos hacia el mercado y no hacia el autoconsumo) se impuso en periodos históricos muy breves. Por ello, las relaciones sociales que se determinan a partir de esta universalización de las categorías económicas resultantes de una economía de mercado, en los países subdesarrollados resultan ser precarias y, por lo mismo, deben ser complementadas con otro tipo de relaciones, de normas y valores distintos -y a veces contrapuestos- a la determinación máxima del sistema de mercado: la racionalidad económica, que se iguala con la maximización de la tasa de ganancias.
Esta función esencial del Estado -entonces-, así como la legitimidad de su actuación en los países subdesarrollados (que es el caso de los países latinoamericanos), adquiere connotaciones distintas que necesariamente deben ser consideradas en el análisis. Además de la racionalidad económica, el Estado latinoamericano se fundamenta a través de otro tipo de legitimidad, principalmente determinado por los valores culturales propios de sociedades tradicionales; aparte de esto, una fuente importante de este tipo de legitimidad lo constituye también la presencia del Estado y la demanda de Estado por parte de los grupos sociales.
La debilidad o la ausencia de estos procesos productivos mercantiles ha generado distintos ámbitos -tanto sociales como regionales- de extrema heterogeneidad, cuya articulación sólo es posible a través de la mediación estatal, la que viene a suplantar o a complementar estas relaciones mercantiles. Estas acciones estatales, precisamente, son las que determinan los procesos económicos y sociales de integración que únicamente pueden ser reproducidos mediante esa intervención estatal.
Este es el Estado que busca modificarse en América Latina a través de las políticas de ajuste. Se pretende establecer un Estado que supere la crisis (recupere los equilibrios macroeconómicos y asegure las ganancias empresariales) insertando ventajosamente la economía nacional en el seno de la economía mundial y generando en la clase empresarial, al mismo tiempo, las virtudes creativas y emprendedoras que normativamente les han sido adjudicadas.
Debido a la fragilidad de las instituciones y a la gavedad de la crisis económica, estos procesos se imponen en forma drástica y a unos ritmos e intensidades brutales, ya que no pueden ser asimilados y aceptados totalmente por los valores existentes; por lo cual deben ser violentados y agrsivamente mutilados. Debido a que el proyecto que emana de las políticas de ajuste se presenta como un proyecto modernizador, impregnado de esta racionalidad económica que se impone como el único y máximo valor de la sociedad y que exige una rápida universalización de las relaciones mercantiles y de las relaciones sociales basadas únicamente en el interés, evaluadas por estrictos cálculos que maximizan el provecho individual, las formas de legitimidad de la intervención estatal que sean distintas a la legitimidad mercantil no pueden ser usadas por este proyecto modernizador y reformador del Estado; al menos no públicamente.
Sin embargo, en tanto que las políticas de ajuste y las reformas del Estado no hayan solucionado los problemas fundamentales de las sociedades subdesarrolladas, en donde se mantiene la extrema heterogeneidad de sistemas productivos y aumenta la marginalidad social, la legitimidad del Estado, reformado por la crisis, no puede ser ejercida y postulada más que como una legitimidad restringida.
En este contexto, la búsqueda por eliminar o atenuar los grandes desequilibrios regionales, la heterogeneidad de los aparatos productivos y las extremas desigualdades sociales, la cual fundamenta las tareas programáticas del Estado de Bienestar (o las del Estado latinoamericano antes de la crisis), es abandonada; tal búsqueda es sustituida mediante ofertas restringidas a ciertos segmentos económicos y sociales, dependiendo de las necesidades coyunturales de legitimidad que requieran las autoridades políticas gubernamentales y de los grados de legitimidad que estos agentes sociales restringidos puedan proporcionarle a la acción estatal. Por ello, la oferta de Estado es variable, del mismo modo como lo es la "demanda de Estado", pues el proyecto modernizador considera únicamente aquella demanda que pueda expresarse en el mercado de la legitimidad; esto es, sólo atiende a la demanda "efectiva".
Como vemos, el proyecto de universalización de las relaciones mercantiles es consecuente consigo mismo. Por ello, la racionalidad económica -único fundamento de la legitimidad restringida- viene a ser la que determina las formas y propósitos de la intervención estatal. Sin embargo, el proyecto que emerge de estas políticas de ajuste recomienda que esta intervención estatal sea utilizada en forma moderada; que no sea malgastada y que se aplique prudentemente en la resolución de los problemas de toda la sociedad. Mientras no se superen las condiciones de subdesarrollo, estos problemas no podrán ser eliminados; serán irresolubles.
Esta legitimidad restringida explica por qué no se permite la expresión de otras capas sociales -de otros proyectos-, sino tan sólo de aquellas ideas que justifican y conceden absoluta autoridad a los agentes que juegan un papel protagónico en la sociedad, ya sea en la readecuación de la base material (los empresarios), como en la generación de cuerpos teóricos, ideológicos y normativos que afirmen y consoliden el proyecto estatal de legitimidad (intelectuales y autoridades gubernamentales).
De aquí se deriva -también- esa apreciación acerca de que la única posibilidad histórica (que sólo algunos países podrían aprovechar) para la superación del subdesarrollo, es la integración de la economía nacional a los bloques económicos regionales. Por esto, la inusitada respuesta de unánime apoyo al Proyecto de Integración de las Américas, vagamente definido por bush, busca eliminar la posibilidad de quedar excluidos de estos bloques económicos regionales y, por tanto, definitivamente marginados.
Como síntesis final, podríamos afirmar que estamos frente a un proceso de segmentación de la sociedad, originado tanto por los resultados de las transformaciones provocadas por la crisis, como por efectos del proyecto de legitimidad que el Estado impone. Ante esta coyuntura, la intervención del Estado también se ve segmentada, diferenciada y parcializada, por lo que la naturaleza del Estado que emerge de la crisis ha variado; sin embargo, el significado e importancia de esta variación todavía no puede ser interpretado cabalmente, debido a la flexibilidad e inestabilidad intrínseca de esta nueva institución.
1 Ver: RODRÍGUEZ, Octavio. La teoría del subdesarrollo de la CEPAL. Ed. Siglo XXI, México, 1980.
2 FAKUYAMA, Francis. The end of History.
3 CEPAL. Transformación productiva con afinidad. Santiago de Chile, 1990, p. 21.
4 CEPAL. Notas sobre el desarrollo social en América Latina. Santiago de Chile, 1991, p. 19.
5 DESTANNE de Bernis, G. Proposiciones para un análisis de la crisis actual, en términos de regulación del capitalismo. Documento mimeografiado. Seminario: Análisis del Funcionamiento del Capitalismo Contemporáneo. Facultad de Economía, UNAM, Depto. Doctorado, agosto de 1977.
6 FRANK, A.G. et al. Dinámica de la crisis global. Ed. Siglo XXI, México, 1981, p. 114.
7 HABERMAS, Jürgen. La reconstrucción del materialismo histórico. Ed. Taurus, Madrid, 1983, p.41.
8 MARQUES-PEREIRA, Jaime. "La legitimité introuvable d'une politique economique", Revista Tiers Monde. Nº. 117, 1989.
9 SALAMA, Pierre y Jorge VALIER. Legitimité, Democracie dans la crise financière. Ponencia presentada en el Seminario sobre Descentralización, UAM-I, marzo de 1989.
