Estado y Modernización Económica
Mtro. Jorge Ruiz Dueñas
¿Cuáles son los límites de la intervención estatal en la economía, cualquiera que sea el sistema social de que se trate?
Esos límites no existen ni existieron, pues el Estado moderno y la economía han arribado -como fruto de procesos históricos universales, proyectados en los ámbitos nacionales- a una relación dinámica interdependiente, que tiende a integrar y no a separar ni a yuxtaponer. Una brevísima referencia al esfuerzo intelectual vinculado a la intervención del Estado, bien podría orientarnos en tal sentido.
En la medida en que se investiga la existencia de las supuestas fronteras entre Estado y economía se obtiene, implícitamente, toda una cosmovisión en cuanto a la reflexión del hombre sobre las ciencias sociales y el poder estatal. Son los procesos civilizadores los que conforman la integración de tales conceptos, imposibles de concebir como modelos únicos si tan sólo se hace uso de recursos analíticos situados en un altísimo y, por tanto, esterilizante nivel de abstracción. La dificultad, implícita en la construcción de arquetipos civilizadores, conduce a imaginar fronteras donde no existen. En administración y en economía suelen utilizarse versiones banales de estos asuntos, por lo que se ve pertinente dejar de trazar acotamientos que carecen de sentido real.
La historia de la reflexión intelectual sobre la relación entre el Estado y el mercado tiene valor cognoscitivo en la medida en que se reconozcan estas premisas. Por ello, confundir la revisión del pensamiento económico con la historia de ese pensamiento, implica desconocer los fundamentos de su problemática. La reorganización pública y privada del presente está haciendo resurgir doctrinas y preceptos formulados ya hace mucho tiempo, que vuelven a aparecer como novedosos.
Los mercantilistas reclamaban la presencia de gobiernos fuertes y unitarios que consolidaran al emergente Estado-nación. La modernización de entonces pasaba por gobiernos laicos, artesano-industriales y urbanos, que neutralizaban el poderío cosmopolita del papado católico y la competencia de otros Estados. En aquella época, el apego al dinero metálico era una manera de sujetar la economía a las nuevas formas de crecimiento económico, basadas en el naciente proceso del trabajo industrial. Hoy en día, las posturas neomercantilistas de las escuelas neoliberales paracen coincidir con la versión de cierto capitalismo financiero.
Los fisiócratas, por su parte, nunca se dejaron atrapar por las falsas implicaciones del famosísimo "dejar hacer, dejar pasar". El gobierno gendarme, en cambio, se encargaba acuciosamente de hacer funcionar la organización mercantil privada de la economía, muy especialmente para dinamizar, de acuerdo con los medios de entonces, la generación colectiva de los excedentes y la apropiación privada de los mismos. Contrariamente a lo sostenido habitualmente, ese Estado gendarme no era prescindible, en la medida en que promoviese los excedentes mencionados. Por ello, si bien realizaba importantes transferencias de poder de decisión hacia la esfera privada, al mismo tiempo conservaba y acrecentaba el poder del orden estatal en otros campos, distintos a los que eran objeto de las transferencias indicadas anteriormente. Como ejemplo, basta evocar las cruentas operaciones destinadas a reclutar gente de escasos recursos, tanto para los ejércitos nacionales -totalmente resistidos y no reconocidos por las regiones-, como para los mercados de mano de obra en la Francia del siglo XVII. Numerosos aspectos fiscales de aquellos tiempos sirven para ilustrar el mismo asunto.
Correspondió a los clásicos profundizar sobre algunos aspectos de la relación entre el gobierno y los mercados privados. Si bien se juzgaba que el gobierno emergía de la sumatoria de las voluntades individuales, no se dejaba tampoco de reconocer la necesidad de un agente económico más individualizado, independiente de la visión inmediatista de los hombres de negocios. En ese último sentido, la gestión gubernamental de la piratería fue un buen ejemplo de cómo el Estado regulaba las actividades transnacionales de sus súbditos y de cómo la práctica económica fue moldeando el desarrollo de la teoría clásica sobre el papel que habría de desempeñar en la economía.
El evolucionismo marxista constituyó otra de las respuestas clásicas a la problemática de la intervención del Estado en la economía. La idea límite, consistente en "remplazar la administración de las personas por la administración de las cosas" -como dijera Engels-, quedó para siempre en el plano de las ilusiones sociales. En lugar de ello, la utilización de la doctrina marxista derivó hacia el "socialismo real", que resultó ser sólo una forma de capitalismo dentro de un Estado autoritario. Hoy día, ese autoritarismo pretende modernizarse por un camino doble: la restauración de los mecanismos "privatistas" y la democratización. La tarea no está resultando fácil.
Las vertientes marginalistas o keynesianas encontraron otras tantas alternativas a la regulación gubernamental de la economía. Si bien el análisis económico brinda varios elementos para apreciar los puntos de convergencia y de divergencia entre estas posiciones, podemos traer a colación que las diferencias más notorias se sitúan en el plano de los agentes económicos que se ven -implícitamente- apoyados o desvalorizados por ambas corrientes. En efecto, permitiéndose una simplificación, podría decirse que las corrientes marginalistas serían hoy los abogados defensores de los banqueros privados, mientras, las postkeynesianas lo serían de las burocracias gubernamentales; ambos alegatos deben situarse en la reorganización productiva del presente. Cualquiera que sea la óptica doctrinaria adoptada, los problemas actuales de reorganización productiva se relacionan estrechamente con el significado otorgado al dinamismo inmanente de la esfera mercantil privada. En este sentido, en la actualidad tiende a sobrevalorarse tal dinamismo privado. Ello sucede así porque se pretende aislar arbitrariamente las instancias políticas de las económicas y, en consecuencia, a considerar la participación estatal en la economía como una variable sobrepuesta a los mecanismos de los particulares. En oposición a tales interpretaciones, puede decirse que la esfera mercantil privada no posee ningún autodinamismo, sino que, históricamente, ha necesitado siempre de un agente dinamizador especial, que son los gobiernos. Las diversas formas de intervención representan, fundamentalmente, un acto gubernamental que tiende a orientar la producción hacia determinadas direcciones. En ese sentido, los gobiernos pueden obtener éxitos o fracasos, pero siempre se asume la voluntad colectiva del representante de la comunidad nacional, que intenta compatibilizar la administración de las funciones estatales. El autodinamismo no existe; ni para la esfera mercantil privada ni para la pública.
Estamos transitando por una fase depresiva mundial del industrialismo en busca de un aggiornamento que acarrea ansiedades, lo cual no puede dejar de tener influencia sobre la renovación funcional de la regulación estatal, en los capitalismos de todo género. Hace tiempo, Keynes señaló a la adecuación entre la oferta y la demanda globales como el cometido principal de los Estados reguladores. Hoy, pocos parecen desear explicar cómo se realiza la compatibilización entre oferta y demanda global en los estatismos y cómo se han logrado los niveles de pericia alcanzada. Empero, en cualquier sistema social, la regulación indicada es posible en tanto exista un conjunto de formas institucionales que posibilite el régimen de crecimiento, reproducido a través de las contradicciones y conflictos que le son inherentes.
Como puede advertirse, las características de la injerencia estatal despiertan siempre aquiescencia o rechazo entre los exponentes de los diversos sistemas económicos, aunque no siempre queda claro, para ellos, que todo sistema económico reconoce implícitamente un concepto determinado de Estado. No parece ser necesario retomar el aserto de que no existen sistemas económicos puros y que, antes bien, han subsistido diversos sustratos de economías mixtas como aproximación al capitalismo liberal, al neoliberal y al capitalismo regulado, sin omitir, por cierto, a la economía mixta como capitalismo de Estado. Es la naturaleza de estas economías mixtas la que parece -recordando a Schonfield- no admitir una definición precisa.
Actualmente, bajo diversos nombres, se ofrecen razonamientos técnicos que consideran que todo podría ser mejor si los capitalistas acumulasen, sin preocupaciones o inhibiciones de orden social o gubernamental. La propiedad gubernamental de los medios de producción ha llevado -se dice- a la formulación de sistemas inexistentes, carentes de productividad, con bajos salarios y tendencias regresivas al subdesarrollo.
No habría que olvidar, sin embargo, que del doble fracaso del gobierno y del mercado surgió la necesidad de reorganizar los capitalismos. Los de esencia ortodoxa apelaron a una composición dentro de la cual el Estado tendría menores facultades regulatorias, las que en su mayoría pasarían a la iniciativa privada. Pero hay que insistir en que es un grave error suponer al sistema propuesto por el neoliberalismo como absolutamente antigobiernista, aunque, ciertamente, para aquéllos la solución regulada y burocrática siempre es menos eficiente que la del mercado, porque asumen que el Estado absorbe de la sociedad más recursos que los retornados. Empero, históricamente, la regulación no presupone necesariamente una actividad directa.
Sin embargo, suponer que el desiderátum del llamado intervencionalismo se fundamenta sólo en propuestas de buena voluntad para conservar el desarrollo del capitalismo, implica también negarle viabilidad, porque aparenta contravenir razonamientos del sistema de mercado apreciados como básicos. Más aún, se dice que la empresa pública se desarrolló sin una teoría aceptable, pues aparece como una fórmula de política económica en medio de grandes desórdenes, donde la burocratización inhibe tanto el desarrollo tecnológico como los niveles de productividad.
Por otra parte, es preciso reconocer que las funciones básicas del Estado requieren de un apreciable monto de recursos para atender demandas crecientes y no proporcionales al conjunto de sus ingresos. Esta crisis fiscal muestra, cíclicamente, las tensiones sociales subyacentes y los costos de la paz social.
En medio de esta cruzada en pro de un capitalismo universalizado, la cual hoy en día ya no asombra (y que en el caso de la Unión Soviética nos hace ver con actualidad a Trotsky cuando decía que ése era un Estado obrero degenerado, porque existía en él un reducto burocrático donde se impedía la expresión obrera plena de la sociedad, por lo que más bien se trataba de una sociedad en tránsito al socialismo o en regresión al capitalismo), hoy debemos admitir que algunas de nuestras apreciaciones del pasado reciente era equívocas. Bien reconocimos que la desreglamentación y la privatización eran los mecanismos de esa cruzada, llegando a distinguir, en el redimensionamiento en sentido estricto, sólo un repliegue táctico del capitalismo intervencionista. Hoy, sin embargo, vemos cuán alejada estaba dicha suposición de las causas que propiciaron tales conductas. Cuando el Estado mexicano ha conservado el monopolio de áreas estratégicas, una institucionalidad apoyada en la historia la sustenta. Por ello, vale la pena replantear el examen de los principios inmanentes de orden constitucional y sus alcances, de tal manera que pueda permitirnos conocer cuál es el verdadero derrotero -no escrito y extrajurídico- del sistema económico en México.
Paradójicamente, y a pesar de las innumerables recapitulaciones, a lo largo del pensamiento económico aún se discuten -en esencia- los mismos temas que hace varios lustros.
No hay duda de que vivimos nuevamente los tiempos del "gatopardo". La imperiosa necesidad de restablecer las cuotas de ganancia del capital público y privado se ha expresado en una renovada tendencia a la evaluación de lo político, de suerte que el poder y el aparato del Estado sólo se perciben como resultantes de una multiplicidad de fuerzas económicas y sociales, concertantes de un equilibrio que asume el allanamiento de los conflictos, las tendencias contradictorias y los antagonismos, en favor de una eficiencia financiera, recionalista y pragmática.
La modernización de los aparatos industriales aparece como la más importante orientación contemporánea en esta nueva división internacional del trabajo que se ha dado en llamar globalización, pues evidencia el conflicto de una innovación permanente en mercados finitos (por lo mismo, acotados) y en donde la inserción -servidumbres aparte- se transforma en el quid de los gobiernos de esta época, que se antoja para ser recordada como la de un "economicismo" bárbaro y silvestre. De ahí que las estrategias de crecimiento deban adaptarse a los condicionamientos de cada economía-mundo, entendiendo por ello un subconjunto del orden mundial, con centro y periferia propia, pues interpretadas fuera de esos encuadramientos desvirtúan su significado principal. Hoy, como antes, las libertades y la democracia permanecen como proposiciones discursivas, propicias al desgaste de las propagandas políticas.
Para nuestro país, esta era de incertidumbres tiene -en términos de Galbraith- particulares repercusiones sobre la política estatal de regulación, porque sumamos a las incógnitas universales las propias, en tanto economías subindustrializadas. En los ámbitos académicos -puesto que los responsables de la política económica creen normalmente poder prescindir de estas discusiones- se renueva el debate, nunca cerrado, sobre los requisitos indispensables para nuestro verdadero despegue industrial.
Una respuesta descriptiva -basada en Rostow- no parece poder sacarnos de dudas, porque nuestro problema se sitúa en la etapa donde no se arriba a los presupuestos para lograr el salto industrializador. ¿Qué explicación dar sobre esta situación? Probablemente la política económica del régimen pretende ya dar una respuesta. La opción por la apertura económica -casi indiscriminada- sería como una apuesta en favor del capitalismo internacional para que éste penetre profundamente en la economía nacional y así reúna los requisitos de la industrialización privatizadora.
Ahora bien, esa apertura, ¿podrá cambiar los comportamientos empresariales privados, gestados en largos periodos de tiempo durante los cuales la vulnerabilidad externa se conjugaba negativamente para la economía nacional, con un proteccionismo generador de grandes apropiaciones privadas, aunque no siempre causa de inversiones productivas?
Las respuestas son inciertas. Es posible -en un alarde de inusitada imaginación y cambiando tendencias históricas de largo plazo- que el sector privado hiciere un giro de 180 grados en su comportamiento. Pero, ciertamente, es improbable que sus patrones de conducta, forjados en extensos periodos históricos, se modifiquen. Para efectuar ese cambio, las clases empresariales privadas deberían acometer otro "suceso mayor", tomando la expresión de Fernando Braudel cuando hacía referencia a la primera Revolución Industrial, esta vez aplicada a México.
Tenemos, sin duda, más preguntas que respuestas. Apelamos al discernimiento, porque no parece haber fundamentos para el optimismo. Ya que la verdad es sólo una hipótesis de trabajo, las discusiones de estos días podrían ilustrarnos a todos -estamos ciertos de ello- con atisbos de esclarecimiento para nuestras dudas crecientes. Se nos ocurre preguntar:
¿Por qué la aplicación de los criterios de maximización económica tiene un efecto sistemáticamente negativo, en el curso de la historia de los países latinoamericanos?
¿Será verdaderamente posible la existencia de una economía sin tiranía estatal ni despotismo del mercado, en donde el Estado no desempeñe actividad empresarial alguna?
¿Puede la colectividad quedar confiada nuevamente sólo a las Sociedades Anónimas?
¿Podrían las empresas públicas -así sea en un arrebato imaginativo- desarrollarse como una economía "ordenada" sólo mediante mecanismos de la oferta y la demanda?
Pero, ¿en verdad esas extremidades de un mismo cuerpo pueden prescindir la una de la otra y la metafísica -mano invisible- amputar la mano del intervencionismo grosero?
¿Por qué el populismo, al que tanto execramos, es sólo criticado por lo hecho y no por lo que no pudo ofrecer a millones de desamparados?
Si los adelgazamientos del corpus estatal pretenden redimir a la sociedad civil de una visión hipostática del Estado en favor de los particulares, ¿cómo saber quiénes son esos particulares?
Si el ejercicio de la política y la práctica de la economía pertenecen al reino de lo posible, y no de lo deseable, porque en ellos no radica -a pesar nuestro- el dominio de los fines, sino el de los medios, quizá podamos intentar romper los rebasados moldes de un análisis que hasta ahora se ha conformado sólo con reditarse.
Finalmente, habría que decir que todo sucede como si el Estado tuviera que adaptarse con gran flexibilidad a los cambios de economías industriales en tránsito hacia nuevas formas de acumulación. Allí se nutren las expectativas de quienes pretenden ampliar o reducir la noción del Estado, reproduciendo sólo los fundamentos de una polémica reiterada desde hace ya varios siglos. Nuestras particularidades nacionales no deberían hacernos olvidar esos antecedentes.
