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El convenio De la Huerta-Lamont de 1922: La dilomacia financiera como arma de la revolución
Pedro Castro
Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.


Este trabajo es parte del proyecto de investigación doctoral relacionado con la vida y la circunstancia política de
Adolfo de la Huerta. Doctorado tutorial en historia de México, con la dirección del doctor Álvaro Matute Aguirre.

Introducción

El trabajo que presentamos analiza los motivos de la decisión del gobierno mexicano de encontrarse con los banqueros internacionales, a partir del Convenio De la Huerta-Lamont, negociado por Adolfo de la Huerta, el tenso y complejo proceso negociador, el contenido y la trascendencia de los arreglos, así como las diferencias entre el presidente y su secretario de Hacienda, traducido a la postre en el retraso en la operación del Convenio. A más largo plazo, estas discrepancias entre los dos personajes alimentaron el distanciamiento primero, y el rompimiento después del acuerdo, así como la modificación de algunos términos.

Desarrollo

La triple necesidad de remover escollos en favor del reconocimiento de Washington a su gobierno, obtener créditos para proyectos gubernamentales, así como reanudar los flujos de capital externo hacia México, llevó al presidente Álvaro Obregón a retomar el intento frustrado de Carranza de 1919 de llegar a un entendimiento con la banca internacional.1 Ya en diversas ocasiones, y durante su campaña como candidato a la presidencia, había prometido arreglar

el crédito exterior e interior del país, buscando modificar los resultados de la política de incautación bancaria de 1914-1916, que habían alejado a sectores empresariales nacionales y foráneos. El impulso se beneficiaba de una situación favorable en materia de finanzas públicas y por la buena disposición del Comité Internacional de Banqueros de entrar en negociaciones con México.2 Esta coalición, formada al calor de las negociaciones de Versalles, descansó en la aceptación de la banca estadunidense y el Departamento de Estado de que los acreedores europeos recibieran pagos atrasados de capital e intereses, a cambio de que se apoyara a Washington en la defensa de los derechos de sus nacionales afectados por la legislación revolucionaria. El eje en torno del cual giraría este entendimiento fue el abogado Charles J. Hughes, secretario de Estado de los Estados Unidos, quien estaba en contacto estrechísimo con Thomas J. Lamont, secretario ejecutivo del Comité.

La obsesión del presidente Obregón por tener el reconocimiento de su gobierno por parte de los Estados Unidos lo condujo, según expresión de Bassols, a “morder el anzuelo”, al creer que el problema consistía en que México aceptara pagar sus obligaciones financieras y reconquistara de esa manera el crédito internacional. El presidente mexicano había dado algunas muestras de su voluntad para resolver las dificultades con los Estados Unidos por la vía rápida, en marcado contraste con las posturas de Carranza y De la Huerta.3 Sin embargo, lo limitaban los imperativos de respetar la herencia nacionalista de Carranza y la negativa del gobierno provisional de 1920 a recibir el reconocimiento a cambio de un Tratado de Amistad y Comercio que garantizara los derechos adquiridos por extranjeros sobre la tierra y el petróleo.4 La estrategia a seguir –diseñada e instrumentada por Adolfo de la Huerta, su secretario de Hacienda– era llegar a acuerdos con las compañías petroleras y los banqueros y aun con el gobierno de los Estados Unidos, antes de firmar un tratado políticamente riesgoso, que echaría por tierra los contenidos nacionalistas de la Constitución de Querétaro de 1917.

El gobierno mexicano encontró en el Comité Internacional de Banqueros el interlocutor necesario para comunicarse con el mundo financiero, y desde principios de 1921 buscó acercarse a él. En un primer paso, De la Huerta invitó a William Wiseman, banquero allegado al Banque de Paris et des Pays Bas (casa accionista importante del Banco Nacional de México), y a Thomas W. Lamont, a realizar una visita a México. En comunicación epistolar, De la Huerta definió la deuda nacional como el conjunto de obligaciones contratadas por los gobiernos legales precedentes, y manifestó la disposición de la administración obregonista de pagar todas sus deudas.5 En lo que sería el movimiento inicial del Comité, Wiseman se presentó en la capital mexicana, acompañado de Vicent W. Yorke, presidente de la Mexican Railway Ltd. Desde el 12 de enero hasta el 22 de marzo de 1921, ambos exploraron el terreno y elaboraron informes favorables respecto a la situación mexicana.6

La visita de Lamont a México, en cambio, requirió preparativos políticos extraordinarios, porque puso a prueba por vez primera al Comité tanto frente a los gobiernos de Washington y de México como a sus propios representados. Lamont comenzó a plantear algunas demandas, como la internacionalización del Consejo de Administración del Banco Nacional de México, a fin de convertirlo en un instrumento de control indirecto de las finanzas mexicanas. Luego rechazó el esquema obregonista de reanudación de los pagos de la deuda externa, tal como fue expresado en el decreto del 7 de junio de 1921 y en el anuncio del subsecretario Manuel Padrés de reanudar los pagos de la deuda al mes siguiente, con base en nuevos impuestos a la exportación de petróleo. Para el banquero estadunidense era inaceptable que los ingresos fiscales petroleros sirvieran de palanca para normalizar los compromisos internacionales de México, porque ello propiciaría un enfrentamiento entre banqueros y petroleros, como en efecto eran los planes de Hacienda. La estrategia mexicana en ese momento consistía en compensar las presiones de los petroleros al Departamento de Estado por medio de una influencia favorable de los banqueros satisfechos. Pero la maniobra fracasó: quienes aparecían como las partes beneficiadas en la estrategia mexicana fueron los primeros en rechazarla.7

A mediados de 1921 Thomas W. Lamont mostró su oposición a los préstamos de fondos de los petroleros a Obregón, y los convenció de la necesidad de seguir un plan común con los banqueros. Juzgó cualquier empréstito como prematuro y contrario a un arreglo ordenado de las finanzas gubernamentales de México, y estimó que “cualquier préstamo que involucrara los derechos de exportación de petrólero, contravendría su acuerdo de 1899”.8 En vísperas de su visita a México, Lamont se reunió con los petroleros Walter Teagle de la Standard Oil de Nueva Jersey, Edward L. Doheny de la Mexican Petroleum, J. W. van Dyke de la Atlantic Refining, Harry Sinclair de la Sinclair Consolidated Oil Corporation y Amos Beaty de la Texas Company, quienes el 23 de septiembre firmaron con De la Huerta un importante acuerdo. Habían aceptado organizar un sindicato de banqueros para comprar en el mercado abierto, al 40% a la par, un paquete de obligaciones externas del gobierno mexicano, destinado a ser medio de pago de sus impuestos.9 De esta manera Obregón podría hacer una remisión real del 60% de los impuestos a los petroleros, sin menoscabo de su capacidad de sostener que estaba recibiendo su valor total, con pagos de los bonos a su valor de mercado. Para De la Huerta no existía ninguna irregularidad en su plan, pues con varios contratos de préstamo el gobierno tenía el derecho de comprar sus propios bonos. Lamont pensaba que este derecho podía ser ejercido, siempre y cuando estuvieran cubiertos los intereses atrasados.10

El 5 de octubre de 1921 Thomas W. Lamont llegó a la ciudad de México, con una amplia capacidad de representación en las discusiones acerca de la deuda externa con el gobierno mexicano. Las negociaciones con De la Huerta fueron en especial difíciles debido a la rotunda negativa de los banqueros a aceptar el plan mexicano de redención de bonos mediante el pago de impuestos petroleros. Ante la posición intransigente de su huésped, el secretario de Hacienda propuso entonces que fueran los banqueros quienes sometieran un nuevo plan, tarea a la que Lamont se empeñó de inmediato. Elaboró un documento consistente en una serie de líneas generales que llamó “principios necesarios para el restablecimiento del crédito del gobierno mexicano en los mercados líderes de inversión del mundo”, una larga serie de demandas generales que pretendía cubrir todos los asuntos pendientes.11 Aunque el secretario de Hacienda no hizo ningún pronunciamiento en contra este plan, las negociaciones de Lamont en México fueron un fracaso, debido a la insistencia de De la Huerta en llevar adelante el programa de la compra de bonos de deuda con los petroleros. La opinión de Summerlin, encargado estadunidense de negocios en México, que a la postre resultaría acertada, fue que las negociaciones se reanudarían cuando las autoridades mexicanas se convencieran de que el plan de la compra de bonos no era viable.12

Lamont seguía la línea estratégica de Washington de mantener un estrecho cerco financiero a México, por lo que se mostró en especial activo en bloquearle los créditos e impedir los contactos del gobierno obregonista con cualquier casa bancaria antes de la existencia de un arreglo global de la deuda.13 Su mayor éxito fue atraer a la casa Speyer & Co., elemento clave de la estrategia de De la Huerta. Existían varios motivos por los que el gobierno de Obregón esperaba contar con esta compañía. Había gozado de una situación privilegiada en México antes de la Revolución y creía encontrar en el método de De la Huerta la oportunidad de regresar a recuperar sus viejas posiciones. Era accionista del Banco de Comercio e Industria y estaba ligado al Deutsche Bank, empresa restringida por el gobierno de los Estados Unidos debido a la primera Guerra Mundial.14 El secretario de Hacienda lo había invitado a acercarse a los petroleros para proponerles formar el sindicato comprador de los bonos por 80 millones de dólares, invitación que fue aceptada.15 Pero el plan se frustró. Ya convencido por Lamont, el Comité de los Ejecutivos Petroleros notificó el primero de diciembre de 1922 al secretario De la Huerta que no estaban en la capacidad de sostener la cláusula de la compra de bonos. Su argumento era que Speyer se había unido al Comité de Banqueros y no se podía seguir adelante con el proyecto.16

Ante tal rechazo, Adolfo de la Huerta emprendió caminos nuevos a principios de 1922. Envió a Nueva York a Eduardo Yturbide, gerente del Banco de Comercio e Industria, a realizar el último intento de convencer a los banqueros acerca de las bondades de su plan. Si tal objetivo no podía alcanzarse, entonces el proyecto debía descartarse en favor de otro, acorde con los principios delineados en octubre por Lamont.17 Ante el fracaso de Yturbide, De la Huerta no se resignó y amenazó con dedicar los ingresos del petróleo para comprar masivamente todo tipo de obligaciones gubernamentales. Lamont reaccionó con aspereza ante la postura del secretario de Hacienda, advirtiéndole que si realizaba la compra de obligaciones por medio de bancos locales, se daría al traste con cualquier posibilidad de negociación, pues tal acto significaba un repudio de México a sus obligaciones financieras. Lamont invitó a De la Huerta a discutir el asunto en Nueva York ante los representantes de las distintas secciones del Comité de Banqueros.18 En respuesta, De la Huerta le hizo ver a Lamont que lo recaudado en efectivo por impuestos petroleros permanecería sin tocarse, con miras a destinarse al pago de los acreedores una vez que se diera un acuerdo con los banqueros, sin abandonar la amenaza de “otras maneras de solucionar sus problemas”. La invitación extendida en su favor acabó siendo aceptada.19

El 18 de marzo de 1922 el presidente Obregón anunció que De la Huerta viajaría a Nueva York con el propósito de negociar con los banqueros, y cuatro días después hizo pública la intención de su gobierno de cumplir con sus obligaciones y de continuar pagando los intereses, camino que debería conducir al reconocimiento de los Estados Unidos y a mejores relaciones de México con este país.20 En esos momentos De la Huerta se encontraba en Hermosillo renovando su licencia como gobernador de Sonora y participando en los detalles de su sucesión. Ante el retraso en volver a la capital mexicana, Plutarco Elías Calles, entre amigo personal e intermediario de Obregón, apremió su regreso.21 De la Huerta inició su periplo el 20 de abril desde Hermosillo hacia la ciudad de México.

A la llegada a su destino, De la Huerta se entrevistó con el Comité de los Ejecutivos Petroleros del 24 de abril al 3 de mayo de 1922. Hablaron de los criterios impositivos del petróleo de exportación, así como de la formación de una gran compañía que llevaría el nombre de Petroleum Development Company de México. En su propósito general, esta idea de De la Huerta era el medio idóneo para zanjar en definitiva la larga controversia en torno de la propiedad de los recursos del subsuelo. En el interés de las compañías, el secretario de Hacienda planteó la conveniencia de ampliar las zonas de explotación a regiones nuevas, en una superficie aproximada de 700 mil hectáreas en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, con posibilidades de extensión a otras regiones. Las petroleras contribuirían con recursos financieros, organización y experiencia, y participarían con capitalistas mexicanos. Pero ellas se mostraron renuentes a aceptar la presencia del gobierno de México y a reconocer los derechos de la nación en las propiedades que las compañías habían adquirido antes y después de 1917. El único logro específico de la reunión fue una rebaja impositiva, que fue muy criticada por la prensa local del momento.22

El 22 de mayo el presidente Álvaro Obregón autorizó al secretario De la Huerta a negociar con los banqueros en Nueva York la consolidación de la deuda pública, así como la relacionada con los Ferrocarriles Nacionales y la Caja de Préstamos. En tono de advertencia, y para mantener a De la Huerta exclusivamente en la esfera financiera, dispuso que las conferencias “se relacionaran única y exclusivamente con el arreglo de nuestra deuda pública, debiendo rechazar cualquier otro punto que intente discutir”. Al día siguiente Obregón emitió una nueva nota, “relativa a la ampliación del acuerdo” anterior. Le autorizó a aceptar “cualquier plan de arreglo que en su concepto fuese favorable a los intereses del país”, que debía ser sometido luego a la “ratificación o rectificación” presidencial.23 Obregón también encomendó verbalmente a De la Huerta que negociara préstamos para obras de riego y el Banco Único de Emisión, y que llegara a algún acuerdo definitivo con los petroleros, asuntos de la mayor importancia para el presidente. Los préstamos del exterior para la fundación del Banco Único aparecían en ese momento como el único camino a seguir. La Ley de Desincautación de los Bancos había sido un paso necesario, aunque no suficiente, para lograr la conciliación entre los banqueros nacionales con el Estado y restablecer el nuevo sistema bancario nacional. En otras palabras, en esos momentos se juzgaba remota la participación de los empresarios mexicanos en un Banco Único, situación que cambiaría en 1925 al fundarse el Banco de México.24

El secretario de Hacienda de México salió a Nueva York el 23 de mayo, a bordo del carro presidencial Hidalgo. Le acompañaban los abogados Salvador Urbina, Alejandro Quijano y Palacios Valadés, el experto petrolero ingeniero Joaquín Santaella, Olallo Rubio, Martín Luis Guzmán, Agustín Legorreta, Eduardo Yturbide, Rodolfo Montes (abogado de la petrolera El Águila), León Salinas (presidente del consejo directivo de los Ferrocarriles Nacionales), así como el general J. A. Ryan (representante legal de la Texas Oil Company).25 De la Huerta llegó a Nueva York en el mayor de los secretos, despistando a la prensa, la cual incluso ignoraba el lugar en donde se hospedaba.

El 2 de junio iniciaron los trabajos de De la Huerta con el Comité Internacional de Banqueros.26 Las sesiones iniciales tuvieron lugar a puertas cerradas, y en más de una ocasión las negociaciones estuvieron a punto de romperse, como la del 5 de junio, cuando se discutió el asunto del fondo especial a partir de los ingresos del petróleo. En esta ocasión se planteó por primera vez el asunto de los Ferrocarriles Nacionales. Walter T. Rosen, de Ladenburg, Thalmann & Co., propuso que la administración de la compañía debía regresar a manos privadas y que las tarifas del servicio deberían ser realistas, en el sentido de que reflejaran costos de operación más utilidades. La contrapropuesta de De la Huerta fue la inclusión de la deuda ferrocarrilera al total de la deuda consolidada del gobierno mexicano, con sus respectivos intereses, aceptando la transferencia de la dirección del ferrocarril a manos privadas.27

Para el 9 de junio las negociaciones ya presentaban avances. En las discusiones relativas a cuál sería la cantidad que México pondría a disposición de los banqueros y en qué plazo, De la Huerta planteó, con éxito, cinco años a partir de 1922, tiempo en el que “según los cálculos más pesimistas, México se habrá recobrado completamente de sus quebrantos”. Su postura era que debían tomarse como base para el cálculo “las necesidades mínimas de los mexicanos”, así como las responsabilidades de la deuda interna.28 Después los banqueros aceptaron la eliminación de las series B y C de los bonos De Kay (de la llamada Deuda de Huerta) y que el periodo revolucionario no incluiría el transcurrido después del 1º de junio de 1920. Como punto de compromiso entre la condonación total de intereses del periodo revolucionario y el pago que debía haberse reanudado el 1º de junio hasta el momento, se estableció un bono por el total de sus intereses vencidos, desde la suspensión de la deuda a la fecha, a 40 años de plazo sin intereses. La deuda de los ferrocarriles quedaba incluida en el arreglo consolidado, obligándose el gobierno a devolver su manejo a la empresa, pero estableciendo que la acción de embargo de la hipoteca se suspendía. Quedaría en favor de la deuda de los ferrocarriles, como garantía de que habían de cumplirse los convenios, las utilidades de la empresa más 10% de los fletes y pasajes.29 Aquí fue el principio de la oposición de Obregón a De la Huerta. Respecto a la garantía ferrocarrilera, el presidente le preguntó de dónde saldría ese 10%, y si el Tesoro Nacional iba a respaldarlo con un fondo equivalente al 10% del valor total de los fletes y pasajes. El presidente también le recordó que los ferrocarriles cargaban con adeudos vencidos por material de construcción y material rodante por más de 10 millones de pesos. En tono de reproche, Obregón le hizo saber que no tenía ninguna noticia acerca de los fondos para la fundación del Banco Único y del destinado a las obras de riego, “ambos de importancia fundamental para el desarrollo de nuestro país y para afrontar con mayor seguridad de éxito nuestros compromisos”.30

El 13 de junio el negociador mexicano en Nueva York comunicó a su jefe en la sesión matutina que “después de esos arreglos será muy fácil suscribir un empréstito y abrir créditos de alguna consideración”. De la Huerta iniciaría pláticas con el grupo francés para el Banco Único, siendo su propósito que el 49% sería puesto a la venta.31 Pero durante la tarde, en una reunión “tempestuosa, sumamente penosa para mí”, los banqueros le reiteraron que no habría ningún tipo de empréstito sin el reconocimiento previo de Washington a su gobierno.32 El 14 de junio fue en vísperas de la firma del convenio entre De la Huerta y los banqueros. Ese día Obregón le hizo saber a De la Huerta que consideraba que las bases generales del arreglo eran convenientes para el país, pero temía “que nuestra situación económica no nos permita cumplir con los compromisos contraídos, si no se incluyen en el convenio el fondo para el Banco Único y los fondos para las obras de irrigación”. Ordenó a De la Huerta que saliera hacia la capital mexicana con el proyecto de arreglo, “donde trataremos ampliamente sobre este asunto, y daremos desde aquí la ratificación, al quedar enteramente seguros de que los compromisos contraídos en el proyectado arreglo podrán ser cumplidos eficazmente por nosotros”.33

Con exasperación apenas contenida, De la Huerta le respondió que había explicado los motivos de los banqueros para incluir en el arreglo un préstamo al gobierno de México, pero “en su Comité de Acreedores no pueden establecer la condición que han de dar un empréstito para obras de irrigación, toda vez que esta operación corresponde a una casa bancaria o sindicato de banqueros”. Ellos solamente se comprometieron a “cooperar en forma útil” con México, tal como apareció en una cláusula del convenio. De la Huerta mencionó ofrecimientos recibidos, por lo que veía que se podría arreglar un empréstito de regular consideración, pero después de la firma con los acreedores, y una vez que el gobierno mexicano se viera libre de la amenaza de embargo que tenía por las garantías de sus deudas.34 En otra comunicación del mismo día, De la Huerta insistió en que más que probabilidades existían seguridades sobre empréstito en breve tiempo, y que resultaba innecesario su “viaje repentino” a México. Ese mismo día De la Huerta envió a Martín Luis Guzmán de vuelta, a fin de poner al tanto al presidente Obregón de los detalles del convenio.35

A las 5:40 pm del 16 de junio de 1922 fue firmado en Nueva York el Convenio De la Huerta-Lamont. Este acuerdo estableció el plan de ajuste de toda la deuda exterior de México directamente garantizada, la deuda de los Ferrocarriles Nacionales y algunas de las llamadas deudas interiores, cuyos bonos estaban en su mayor parte fuera de México. El valor nominal de la deuda se reconoció en alrededor de mil millones de pesos ($500 millones oro), más los intereses atrasados de 400 millones de pesos ($200 millones oro). Un cálculo la ubicó en $1 451 737 587, en la que correspondían $1 037 116 145 a capital y $414 621 442 a intereses,36 incluida la deuda ferrocarrilera, que ascendía a $484 722, de la que se haría cargo el gobierno. En el acuerdo México reconoció todas sus deudas “legítimas” a pagarse dentro de sus posibilidades, con excepción de los bonos emitidos por el gobierno de Victoriano Huerta en 1913, de las series B y C, cuyos fondos habían sido utilizados para comprar armas y municiones De Kay, usados en la guerra contra Carranza. La deuda de Huerta bajó de $178 700 290 a $58 200 000.37 Su preámbulo reconocía que el gobierno mexicano tenía otras obligaciones que cumplir, esto es, la restitución de las reservas metálicas a los bancos, la deuda agraria y los bonos de los empleados, a satisfacerse eventualmente por bonos interiores o por algún otro medio. Asimismo, expresaba que “individuos” que componían el Comité de Banqueros, por la identidad de intereses de los mexicanos y de los acreedores extranjeros, “manifiestan su interés constante y su deseo de cooperar en forma útil”. En la cláusula de los intereses corrientes, el gobierno mexicano se obligó a formar un fondo que ascendería durante el primer año a $30 millones oro nacional, aumentándolo anualmente en $5 millones, de manera que para el quinto año no fuera menor de $50 millones. Para crear el fondo el convenio se tomaría el total de los derechos de exportación del petróleo, establecidos en virtud del decreto del 7 de junio de 1921, el 10% de la entrada bruta de los ferrocarriles, así como las utilidades líquidas totales de éstos, si las hubiere. El fondo especial para el pago de los intereses corrientes sería aumentado cada año, hasta el 1º enero de 1928, fecha de la reanudación completa del servicio de la deuda. En la cláusula de los intereses vencidos se estableció que los existentes hasta el 2 de enero de 1923 no ganarían ningún interés como consecuencia de su falta de pago. Dichos intereses serían pagados en 40 años, de 1928 a 1968, y el pago se haría en 40 anualidades de igual valor. Los cupones de interés vencido adheridos a los bonos serían desprendidos cuando así fuese posible, y depositados en poder de algún fideicomisario, y el Comité Internacional extendería a los tenedores recibos o certificados por el valor nominal de los cupones. En lo referente a las obligaciones principales vencidas, el convenio distinguió las amortizaciones vencidas de la deuda pública –entre las que se encontraban dos empréstitos íntegros–, y los fondos de amortización de los Ferrocarriles, y los pagarés y demás compromisos de los Ferrocarriles Nacionales.

Respecto a los empréstitos vencidos, a las amortizaciones vencidas de los demás empréstitos y a los fondos acumulativos de amortización de los ferrocarriles, el convenio determinó que los vencimientos se pospusieran por un plazo no mayor de los cinco años a partir de 1923. En lo relativo a los pagarés de los Ferrocarriles se determinó que tanto los vencidos como los que estuviesen por vencerse serían prorrogados “por un plazo razonable”. Los Ferrocarriles deberían volver a ser administrados por particulares como antes de la Revolución y el gobierno asumiría por endoso toda la deuda de los ferrocarriles no garantizada. En este tema se acordó también que los tenedores de bonos y pagarés de Ferrocarriles en circulación presentasen sus títulos, a fin de que fueran sellados con el compromiso del gobierno mexicano de hacerse cargo del pago del principal, intereses y fondo de amortización de estos últimos.38 En virtud de este compromiso el gobierno se convertiría en acreedor de los Ferrocarriles, y los gravámenes establecidos por las hipotecas y las escrituras vigentes sobre las propiedades de los Ferrocarriles Nacionales de México serían depositados en fideicomiso, y no se harían efectivos a menos que el gobierno mexicano no cumpliera con las obligaciones del Convenio, y entonces podrán ser ejercitados en favor de sus tenedores.39

Esta parte del convenio, la más atacada en el Consejo de Ministros, fue defendida vigorosamente por su autor. En una respuesta a los ataques de Luis Cabrera, De la Huerta habló de sus razones para negociar la cláusula ferrocarrilera como lo hizo:

En cuanto a que el gobierno mexicano haya ofrecido garantizar las deudas de los ferrocarriles, esto se hizo con el propósito de evitar que los fideicomisarios tomaran posesión de las líneas. En otras palabras, pusimos la garantía del gobierno como una barrera entre los fideicomisarios y los ferrocarriles. Además, conseguimos una ventaja apreciable, como fue la de hacer extensivas a las deudas de los ferrocarriles las franquicias que obtuvimos para la deuda pública con la firma del convenio. Por lo demás, esta garantía del gobierno tiene carácter provisional, pues sólo estará en vigor mientras se reanude el servicio de la deuda ferrocarrilera y los ferrocarriles recobren su prosperidad normal. Sin contar con que de esta manera el gobierno aumenta su control sobre los ferrocarriles, pues se convierte en su acreedor a medida que transcurre el tiempo. Debo expresar que este arreglo sobre la deuda de los ferrocarriles fue uno de los que más trabajo dio, pues los banqueros, naturalmente, hubieran visto con gusto que se eliminara esa cláusula, que ya eliminada, dejaba en vigor sus derechos hipotecarios.40

El presidente Obregón tomó nota de que el 16 de junio había sido firmado el convenio, por lo que comunicó a De la Huerta que merecía “el bien de la patria” y lo felicitaba “por tan legítima victoria”, aunque le seguía inquietando el punto de los empréstitos.41 Pero el día 17, Obregón le manifestó a De la Huerta su interés de que regresara a la capital mexicana, “para otorgar de aquí ratificación”.42 En respuesta a las dudas acerca de la capacidad de pago del país, De la Huerta señaló que la cantidad para pago de los intereses corrientes quedaba asegurado, “sin lugar a equivocación”, con los 24 millones de pesos anuales “promedio” derivados de los impuestos a la exportación del petróleo. Los 6 millones restantes se integrarían con el 10% de las entradas brutas, por fletes y pasajes. Los demás ingresos del gobierno quedaban libres para otros gastos.

Por otro lado, le informó que las deudas de los bancos y de los empleados se arreglarían en bonos que, por medio del Banco Nacional de México, serían negociados en Nueva York, “según arreglos hechos”, que después se probaría que fueron verbales. “Y nos quedan las utilidades del Banco Único, para hacerle frente al empréstito (todavía inexistente) de 51 millones, para la parte que el mencionado banco ha de suscribir el gobierno, y para los intereses de las cantidades necesarias para obras de irrigación.” De la Huerta dio un giro al lenguaje y mencionó que éstos eran “indispensables para nuestra estabilidad política y económica”. Le comunicó que en el transcurso de la siguiente semana trataría de ambos empréstitos.43 Esta nota tranquilizó a Obregón, quien le dijo que una vez que hablara con Martín Luis Guzmán se comunicaría inmediatamente con él para resolver si la ratificación se haría después de su regreso a México “o desde luego”, pero que en ese momento se inclinaba “por la segunda fórmula”. En respuesta, De la Huerta le comunicó su beneplácito por su aparente aprobación y le hizo saber sus discusiones con Lamont y Chevalier respecto al empréstito para el establecimiento del Banco Único.44

De la Huerta continuó sus pláticas con el Comité de Ejecutivos Petroleros entre el 19 y el 27 de julio, en un ambiente de desaliento que ya se percibía, pues los hombres de negocios de Nueva York veían en la falta de ratificación del convenio de la deuda pública un voto de desconfianza hacia el enviado mexicano. El proyecto del consorcio destinado a ampliar la plataforma productiva de los depósitos mexicanos fue el tema central de esas pláticas.45 Sin embargo, las diferencias respecto al artículo 27 constitucional de nuevo alejaron las posibilidades de cualquier arreglo. Ahora De la Huerta ofreció que México aportaría sus derechos de propiedad del subsuelo y los petroleros dinero y esfuerzos, reservándose el país el 30% de las utilidades netas de la nueva compañía. La propuesta fue rechazada por los petroleros porque aceptarla significaba el reconocimiento de los derechos de México al subsuelo. Sostenían que para explotar las riquezas petroleras se necesitaba un capital adicional considerable, y que no era posible pedirlo a los accionistas si no se les daban todas las garantías de propiedad necesarias.46 Un motivo más de diferencias fue que las compañías demandaban pagar menores impuestos en las explotaciones realizadas en las zonas nuevas, a lo que De la Huerta se negó. Cuando el secretario de Hacienda pidió un adelanto por 25 millones de pesos a cuenta de los impuestos, las compañías lo rechazaron, alejando así toda posibilidad de que De la Huerta regresase a México con fondos en el bolsillo.47 En su informe telegráfico a Obregón respecto a estas reuniones, De la Huerta explicó detalles de las negociaciones y expuso la doctrina en la que se basó su gestión:

... con los petroleros estamos tratando sin vulnerar en lo más mínimo nuestra legislación fundamental, sosteniendo a todo trance la Constitución del diecisiete y más que todo el artículo veintisiete en todo su vigor... Yo he sostenido... que todos los artículos constitucionales tienen aspectos retroactivos, pues toda Constitución rompe los viejos moldes... Ya en esta nueva situación, es indudable que, dentro de las nuevas formas, tenemos que buscar... la manera de compensar, indemnizar o sustituir todas aquellas prerrogativas nulificadas, todos aquellos derechos adquiridos y todos aquellos intereses vulnerados. Esto se consigue, según mi criterio, confirmando dentro del nuevo orden de cosas los mismos derechos, confiriendo dentro de las nuevas formas prerrogativas, equivalentes e indemnizando fiel y justamente todos los intereses afectados... Esta tesis estaba estrictamente dentro del criterio del Departamento de Estado del señor Hughes, cuando en junio del año pasado expresó que todos los intereses que fueron expropiados consideraba él que debían ser íntegramente indemnizados. Por esta razón podemos afirmar que en la aplicación del artículo veintisiete no hay efectos confiscatorios y que los derechos adquiridos antes de mil novecientos diecisiete serán confirmados dentro del nuevo orden de cosas...48

Los convenios de Nueva York desataron una ruidosa polémica en la prensa. Del lado impugnador destacaron Luis Cabrera y Toribio Esquivel Obregón, mientras que Jaime Gurza, Francisco Bulnes, Antonio Manero, Carlos Díaz Dufoo y Arturo G. García opinaron favorablemente acerca de los convenios. El que abrió fuego fue don Luis Cabrera, sosteniendo entre otras cosas que los acuerdos dejaban a México en manos de los Estados Unidos, quien enfrentó una rápida respuesta de Antonio Manero.49 Francisco Bulnes, por su parte, señaló que en “cualquier país civilista, la labor del señor secretario de Hacienda... le habría dado derecho a la presidencia de la República”. Más importante que todo, era la “reconquista” del crédito moral, que daba derecho a México “a que no lo traten como país de salvajes o bandidos”, amén de sus ventajas financieras”.50 En un sentido semejante se expresaron Díaz Dufoo51 y Arturo F. García, quienes realizaron estimaciones que arrojaban sumas considerables de ahorros resultantes del convenio.52

Toribio Esquivel Obregón expuso, al comentar los convenio de Nueva York, que De la Huerta hizo aún más gravosa para la nación la responsabilidad –ya de por sí muy grande– que Limantour había asumido para asegurar el control o dominio de los Ferrocarriles Nacionales. En respuesta, el secretario de Hacienda reiteró las virtudes de su cláusula ferrocarrilera manifiestas en la eliminación de la “gravísima amenaza de incautación de las propiedades de la empresa por los acreedores extranjeros”.53 Para Gurza, el secretario de Hacienda tenía el deber de velar porque no se perdiera ese control que el gobierno había adquirido en 1908 y que ese derecho del gobierno no quedara sin valor, ya que las acciones de los Ferrocarriles formaban parte de los bienes de la nación, cuya protección y cuidado le estaba encomendada.54 En otro momento, Gurza señaló enfáticamente que “se juzgaba indispensable para la consolidación de la paz pública, para la defensa de los grandes intereses nacionales, que el gobierno tenga el dominio de nuestros principales ferrocarriles; si, en vista de nuestra delicada situación interior y exterior, se cree necesario continuar la política de nacionalización de los ferrocarriles iniciada por el señor Limantour en 1906...”55

De la Huerta consideraba que el mayor obstáculo en sus gestiones sobre empréstitos y reconocimiento era la falta de ratificación oportuna del convenio. Para ello trató desesperadamente de convencer a su jefe de que la otorgara, aunque fuera de manera privada.56 La respuesta de Obregón fue negativa.57 Con evidente exasperación, De la Huerta le hizo saber a Obregón que los arreglos acerca del Banco Único y de las obras de riego tenían que partir de que el arreglo con el Comité fuera un hecho, por lo que le pidió al presidente, en el terreno confidencial, su opinión definitiva sobre los arreglos.58 Obregón “dedujo” que De la Huerta se encontraba en un estado de exacerbación “muy justificable” y le pidió que conservara su “habitual serenidad”. A estas alturas, Obregón le habló abiertamente acerca de sus objeciones a los convenios, entre las que destacaba la cláusula de los ferrocarriles, y le propuso separarla del convenio de la deuda pública. Consideraba que la obligación del gobierno de devolver la línea en el estado en que se encontraba cuando se hizo cargo de ella era peligrosa, porque debía pagar todos los compromisos pendientes de la empresa y gastar 8 millones para la adquisición del material rodante que faltaba por completar.59 De la Huerta celebró el “claro talento” y la sensibilidad de Obregón para percibir el estado de ánimo en el que se encontraba. Su razón era que, antes de que el Comité se disolviera, sus miembros le instaron a que diese una resolución sobre los arreglos, y estaba la urgencia de muchos de los miembros del Comité por salir a Europa.60 De la Huerta consideraba la división del convenio como “impracticable”, pues habría que juntar de nuevo a todo el Comité, cosa imposible por las partidas de los miembros europeos.61 En relación con los préstamos, Lamont dijo que estaba enteramente dispuesto, “siempre que se trate este asunto después del reconocimiento”, pero De la Huerta no perdió sus esperanzas de que “algo podrá resolverse sobre este asunto”.62 La respuesta del presidente fue tajante: puesto que no se sabía cuánto tiempo iba a dilatar el reconocimiento, la oferta de Lamont no significaba ninguna garantía, y los puntos del banco y las obras debían quedar “perfectamente definidos”.63

La certeza de De la Huerta de que la postura de Obregón le era adversa, y de que tras los obstáculos y sinsabores en los Estados Unidos estaban las maquinaciones de Alberto J. Pani, secretario de Relaciones Exteriores, lo hizo recurrir al consejo de su amigo Plutarco Elías Calles. El general lo tranquilizó telegráficamente: “Todo bien. Enemigos jamás lograrán impresionarnos... Pequeñas diferencias manifestadas por el señor Presidente aspecto meramente legal... Ten absoluta confianza y obra con toda seguridad”.64 Más adelante le comentó a De la Huerta que lo escrito en un artículo aparecido de “manera dolosa”, en El Universal, en el sentido de que “el convenio no fue ratificado por trabajos hábiles de Pani... es completamente falso”. A Calles le constaba, según el telegrama, que Pani estuvo empeñado en llegar a un fin satisfactorio, “para ti y para el país”.65 De la Huerta juzgó este telegrama de “gran significación, pues ciego creyente como soy de tu sinceridad para conmigo, acepto en firme el error de El Universal sobre la actitud de Pani”.66 Pero las sospechas del secretario de Hacienda no cesaron. En una comunicación posterior, aunque “muy tranquilizado” por el mensaje de Calles, declaró no aceptar que “enemigos” no hayan logrado imponer su influencia. La oposición se debía a ellos, “pues la mayor parte de los puntos objetados eran precisamente los más bondadosos del convenio”. Subrayó las dificultades de juzgar a la distancia los acuerdos, sin conocer las “circunstancias especiales” que rodearon el caso. De la Huerta concluyó: “Si no tenían confianza en mí para desarrollar y dar forma al acuerdo presidencial, no debía habérseme mandado a ésta”.67

La conflictiva relación política y personal de Pani y De la Huerta, en efecto, estuvo en el centro de los trabajos de éste último en los Estados Unidos. Pani había sido secretario de Industria y Comercio durante el gobierno de Carranza, y era conocido por su posición en favor de la reconciliación con la comunidad empresarial de México. Amigo de Obregón, fue desde el principio de su gobierno una suerte de eminencia gris en asuntos financieros, a pesar de no contar con una cartera ministerial. Resultado de sus trabajos fuera de la vista pública y desde su domicilio, fue la Ley de Desincautación de los Bancos, promulgada el 31 de enero de 1921, que debió causar un profundo disgusto en De la Huerta, quien contaba con su propio plan de rehabilitación bancaria, mismo que fue rechazado en una reunión de gabinete.68

Pani señaló además que, como secretario de Relaciones Exteriores, fue en efecto el crítico más severo “de los errores de índole financiera en que, según mi opinión, había incurrido el Secretario de Hacienda y las consecuencias que tales equivocaciones, en el caso de ser ratificadas, acarrearían al país”.69 Era obvia, entonces, la influencia decisiva de Pani en las determinaciones de Obregón respecto a los arreglos de Nueva York.

Con su victoria cuestionable en las negociaciones de la deuda, De la Huerta perdió la partida inicial, y aguardó un golpe de suerte en Washington, porque suponía que, a pesar de todo, en algo había contribuido para lograr el tan ansiado reconocimiento por Obregón. En la espera, el 29 de junio Obregón comunicó a su secretario de Hacienda que “las bases generales del Convenio están redactadas con un mutuo y amplio espíritu de equidad” y que el gobierno “aceptaría desde luego” el convenio, a reserva de una ratificación del Congreso y con el “justo temor” de que pudiera faltarse a los compromisos del convenio. Autorizó a De la Huerta a dar por aceptado el convenio, siempre y cuando se diera su ratificación por el mencionado cuerpo legislativo, “tan pronto como tenga usted todas las seguridades de que se obtendrá de nuestros acreedores, o por ayuda o mediación de ellos, el fondo para la fundación del Banco Único y el fondo relacionado con las obras de irrigación en el país” (cursivas mías). Con la misma lógica, Obregón le hizo ver que la fundación del Banco Único y el desarrollo de la agricultura por medio del riego traerían “como consecuencia... un considerable aumento en el desarrollo del país”, y que ésta sería la “absoluta seguridad” de hacer frente a los compromisos contraídos.70 En una respuesta en que De la Huerta habló a Obregón de usted, De la Huerta le recordó que en los considerandos del convenio se hacía patente la intención de los miembros, “en lo individual”, de ayudar al gobierno, y que el apoyo de Lamont al empréstito para obras de riego tendría lugar luego de que el convenio fuese ratificado y “una vez que ya se hubiese definido la situación política internacional de México”. En cuanto al Banco Único, De la Huerta le señaló que su capital sería aportado por el Banco de París, “según formales ofrecimientos de la delegación francesa”; de aquí que la creación del banco debía ser considerada “como un hecho”. Estimó que habrían de realizarse los ofrecimientos hechos y, aunque verbales, eran “serios y formales”.71

La respuesta “oficial” de Obregón fue que:

como la dispersión de los banqueros imposibilita a usted para tratar este asunto (del Banco Único y las obras de riego), creo que lo indicado sería su salida para esta capital a fin de tratar sin festinación... este trascendental asunto... Y como este proyecto no puede surtir sus efectos mientras no sea ratificado por el Honorable Congreso de la República, no debe ser considerado como urgente y decisiva la resolución del Ejecutivo Federal.72

La respuesta “particular” de Obregón fue de una lógica singular: “No extrañes mi justa desconfianza tratándose de promesas verbales, pues tú conoces el espíritu del ranchero y más cuando la experiencia le deja una huella tan honda como la que nosotros conservamos del poco valor que los compromisos verbales encierran en ciertos casos en que intereses de alta política se interponen”. Más adelante, señala su preocupación por la trascendencia histórica de sus actos, cuando dice que “aunque la presidencia sea entregada cuando termine mi periodo, la responsabilidad de mis actos vivirá lo que vivan sus consecuencias”.73 Al recibir este telegrama, De la Huerta “se permitió recordarle” al presidente que en las pláticas de Lamont desde México, referentes a empréstitos, se declaró que para llevarse a cabo se necesitaba el reconocimiento del gobierno de México por el de su país, y no podía ser de otra manera, dada la postura inflexible del gobierno estadunidense en esta materia. Conseguir empréstitos, por lo demás, no era una operación simultánea al arreglo de la deuda, sino más bien resultado del buen arreglo al que le faltó su ratificación oportuna. Le relató que los banqueros esperaron diez días a partir de la firma de los convenios: “Estos hombres (que) cuántas diferencias presentan de nuestra psicología, tanto en el terreno social como en el político y financiero”. Y “aunque tú me comunicabas que veían en al arreglo ventajas, siempre tu fallo era condicional”, por lo que nunca se pudo dar una contestación categórica, en el sentido de aprobar o no el convenio.

De la Huerta reprocha al presidente su proceder: “Mucho se hubiera conseguido si una poquita de confianza hubieras depositado en mí... Me pusiste en una situación verdaderamente comprometida”.74 Lamentó “hondamente” la determinación de Obregón de no aprobar sus gestiones de manera clara y terminante, la “poca o ninguna” confianza que le inspiró y “la dureza de tu parte para tratar al que ha sido un amigo leal y un fiel colaborador de tu Gobierno”. Respecto al Banco Único, De la Huerta le reiteró la existencia del acuerdo con el Banco de París, de un préstamo “asegurado”. Le reprochó a Obregón que si los arreglos del 16 de junio fortalecían “grandemente” su posición internacional, por qué le negaba una palabra de satisfacción y aliento. De la Huerta invocó la “vieja y sincera amistad... para que no campeen en tu espíritu los reflejos de la labor de nuestros enemigos, que con su trabajo sutil y bien enderezado han hecho mellas en tu espíritu, encaminándote por donde sus malas pasiones han querido llevarte... No sé por qué extraño sentimiento me resistía en los últimos días de mi salida de esa capital a realizar este viaje que tantos sinsabores me ha traído”.75

La comunicación en estos términos empezó a surtir sus efectos. En una primera respuesta, Obregón mostró su pena por el disgusto causado y se acusó de falta de preparación e inteligencia que no le pemitían “abarcar, con toda la claridad necesaria y en un tiempo tan corto, como fuera de desearse, el alcance del proyecto del convenio...”. Y además “carezco de esa franca bondad que a ti te caracteriza y que te aconseja confiar en la buena fe y sinceridad del Comité de Banqueros, cuya fe y sinceridad yo concedo que individualmente podrán poseer cada uno, pero me resisto a creer que se dejen inspirar por esa buena fe y esa sinceridad cuando se trata de defender sus intereses...”.76 Después de algunas modificaciones sugeridas por De la Huerta, se llegó a lo que sería una declaración limitada y condicional del presidente Obregón en la que eludió cualquier palabra que se interpretara como ratificación.77

Lamont convenció a Hughes de recibir al secretario de Hacienda en la Casa Blanca, sobre la base de su importancia política y de la difícil situación por la que el mexicano atravesaba en esos momentos.78 El 24 de junio apareció en la prensa que De la Huerta había sido invitado de manera no oficial a dialogar con el presidente Harding, pero declinó en espera de instrucciones de Obregón, quien habría dado su aprobación “sólo si la invitación fuese oficial”.79 El presidente Obregón instruyó a Manuel Téllez, encargado de negocios de México en Washington, a autorizar la visita, pero señalando que “como la misión del señor secretario De la Huerta se contrae únicamente al aspecto financiero –que depende de la secretaría de su cargo– la cuestión internacional (Washington) no figura en su itinerario, por lo cual sólamente (sic) podría tocarla con objeto de corresponder a la cortesía del señor presidente Harding y del señor secretario de Estado”.80 Para Hanna, jefe de Asuntos Mexicanos del Departamento de Estado, era claro que Pani deseaba impedir la entrevista de De la Huerta.81 Téllez ya habría desempeñado su función como saboteador de las pláticas de De la Huerta con los banqueros en Nueva York, cuando se acercó de manera individual a cada uno de ellos para asegurarles que si rechazaban las propuestas de De la Huerta y pedían el envío de Pani en su remplazo, éste les concedería condiciones más ventajosas. Wiseman reveló a De la Huerta las maniobras del comisionado de Pani, confirmadas por el mismo Lamont.82 Años después, De la Huerta manifestó que los mismos Obregón y Calles estorbaron su trabajo en Nueva York por medio de Robert Haberman.83

La proyectada visita de De la Huerta a Washington fue manejada con extrema discreción. Se esperaba que saliera rumbo a México el 17 de julio pero, en lugar de tomar este destino se dirigió a Washington a realizar “una visita de cortesía” a la Casa Blanca, en carácter de “ciudadano privado”. El general John A. Ryan, residente en México y gran amigo de De la Huerta, fue quien le entregó la invitación del presidente Harding, misma que fue aceptada cuando Obregón así lo dispuso.84 La Embajada de México ignoró la presencia de De la Huerta en Washington, pues el viaje se efectuó sin que el personal de la embajada aparentemente lo supiera, un reflejo más de la disputa con Alberto J. Pani. Éste ya había impulsado sus propias iniciativas sin mucho éxito. Entre ellas estaban las maniobras en la Suprema Corte y, sobre todo, la elaboración de convenciones de reclamaciones y un eventual Tratado de Amistad y Comercio con los Estados Unidos.

El 18 de julio De la Huerta se entrevistó con el presidente Harding en la Casa Blanca. La plática transcurrió en su mayor parte entre muestras de afecto y trivialidades, donde apenas se tocaron los puntos principales. Al abordarse el tema del reconocimiento del gobierno mexicano, Harding declinó hacer comentarios, y se limitó a decir a su interlocutor que “estos detalles serán mejor discutidos entre usted y Hughes” .85 La entrevista posterior de De la Huerta con Hughes giró en torno de las relaciones entre México y los Estados Unidos. El secretario de Estado, de entrada, le expresó su rechazo a aspectos de la política agraria, tales como la validez de los bonos agrarios, los procedimientos para hacer las adjudicaciones y repartos, así como los montos de la compensación.86 Más adelante subrayó que “nada de las cosas importantes se habían cumplido”: el convenio con los banqueros no se había ratificado por Obregón; no había acuerdo con los petroleros, la decisión de la Suprema Corte sobre la Texas Company no resolvía la naturaleza confiscatoria y retroactiva del artículo 27, ni se habían publicado en forma oficial las cuatro decisiones adicionales de la Suprema Corte. Hughes quería “actos positivos” y lo invitó a regresar cuando lo anterior hubiera quedado resuelto.87 La falta de mención de la exigencia del tratado previo se interpretó como una señal de un cambio inminente en la política estadunidense hacia México.88

En la versión de De la Huerta, a una pregunta de Hughes sobre si el artículo 27 era retroactivo, le contestó: “Para un abogado de la talla de usted no se oculta que todos los artículos de la Constitución son retroactivos, ya que las constituciones en general vienen a reformar un estado de cosas existente”. Le externó su fórmula de arreglo: “Para que no se perjudiquen los intereses de los inversionistas en México, vamos a confirmarles los derechos que tienen dentro del nuevo orden de cosas, con las formas que establece la Constitución de 1917, y en lugar de propietarios quedarán como concesionarios para la explotación del subsuelo, sin que esto signifique la pérdida de un solo centavo para los extranjeros, que es lo que a ellos debe interesarles, respetando lo que a nosotros nos interesa, que es el sostenimiento del principio general establecido”.89 Al final de su entrevista con De la Huerta, Hughes le habría comentado que era “una lástima que sus buenas intenciones se vayan a estrellar contra la oposición de su gobierno...”.90

De la Huerta, a cambio de la no exigencia del tratado previo al reconocimiento del gobierno de Obregón, se comprometió en primer lugar a que el convenio de Nueva York fuese aprobado por el presidente y por el Congreso. En segundo término, se confirmarían los derechos adquiridos antes de 1917, otorgando dentro del nuevo orden de cosas derechos equivalentes a los anteriores, de tal modo que no pudiera interpretarse el artículo 27 como confiscatorio. Tal confirmación vendría en una ley reglamentaria. En tercer lugar, se dividirían los latifundios “para cumplir la política agraria a que está obligado el gobierno”, pero las tierras serían pagadas “justa y equitativamente”. El primero de los ofrecimientos de De la Huerta se realizaría al poco tiempo. Lo segundo quedaría a la postre en suspenso. Con respecto al tercero, se emitió un decreto que establecía un “pequeño” impuesto, del uno al millar, permitiendo a los terratenientes hacer sus manifestaciones al gobierno federal con el valor real de la propiedad, lo que sería una suerte de “póliza de seguro” por si el gobierno tuviera necesidad de esa tierra para la resolución del problema agrario y tuviera que pagar su valor comercial. Al cumplirse lo anterior, apuntó De la Huerta, para el día 15 de octubre de 1922, como lo habría ofrecido el secretario Hughes, se habrían reanudado “automáticamente” las relaciones entre los Estados Unidos y México. De la Huerta pidió a Lamont que recordara esta información a Hughes.91

La luna de miel de De la Huerta con Hughes y Harding duró poco tiempo. El mismo día de las pláticas de Washington el senador Ladd, de Dakota del Norte, hizo sonadas declaraciones referentes a México.92 Un “alto funcionario del Departamento de Estado” le respondió, sosteniendo que las cuestiones contrarias al reconocimiento del gobierno de Obregón estaban claramente entendidas. El presidente de México había declinado aceptar cualquiera de las numerosas oportunidades que tuvo para demostrar de una manera práctica su deseo de establecer relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.93 Al conocer la noticia, De la Huerta declaró no creer “que el gobierno americano haya facultado a algún funcionario público para externar apreciaciones tan injustas para el presidente de México”.94 El general Ryan, por su parte, señaló al presidente Harding que las declaraciones tendrían consecuencias desfavorables para De la Huerta en su regreso a México: “El buen efecto de su visita quedaría anulado antes de que él tuviera tiempo de explicar y poner en práctica las medidas que él estaba listo para tomar”.95 Harding tuvo la respuesta inmediata de Hughes. Según él, la declaración no era “un anuncio formal emitido por el Departamento de Estado, sino una reflexión, sustancialmente correcta, de las declaraciones hechas a los reporteros en nuestras conferencias de prensa”. En relación con los resultados de su entrevista con De la Huerta, Hughes apuntó que “todo fue muy amigable pero sobre la base de que había ciertas cosas que nosotros estábamos buscando que México hiciera y que estaba en libertad de escoger el procedimiento siempre que los resultados fuesen logrados”.96

El 24 de julio el secretario de Hacienda llegó a la ciudad de México. En una entrevista el general Calles calificó la labor de De la Huerta “como hermosa y gigantesca”,97 expresión muy contraria a la de años después.98 El secretario de Hacienda hizo notar que, aun cuando la ratificación no se había dado debido a la enfermedad de Obregón, el gabinete ya lo había aprobado. Los líderes del Congreso habían dado señales de que el convenio sería aprobado “unánimemente” el 17 de septiembre, cosa que así ocurriría.99 Por fin, el 7 de agosto de 1922 Obregón dirigió a De la Huerta su autorización para comunicar que ratificaba en todas sus partes el convenio, y que sería enviado al Congreso de la Unión el 1º de septiembre siguiente al inagurarse el periodo de sesiones.100

En la Cámara de Diputados existía mucha actividad en torno del Convenio, en medio del rompimiento partidario que enfrentaba al Partido Cooperatista con sus antiguos aliados, los laboristas y los agraristas. De aquí que los diputados cooperatistas hubieran llevado a cabo una reunión “absolutamente secreta” para estudiar los convenios, entre los que participaron Juan Manuel Álvarez del Castillo, Jorge Prieto Laurens, Roque González Garza, Mariano Samayoa y otros miembros prominentes.101 Los cooperatistas dominaban las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Crédito Público y Hacienda tanto en la Cámara de Diputados como del Senado.102 Antonio Manero presentó la más denodada defensa de la gestión de De la Huerta en Nueva York.103 La propia de la Cámara emitió un dictamen, seguido en sus puntos fundamentales por la del Senado. Las comisiones, más que entrar en el examen pormenorizado del convenio, se centraron en destacar las ventajas que para el país se derivarían de su ratificación. La discusión del convenio y de los dictámenes fue breve, y existía el acuerdo de que la Cámara estaba para ratificar o para desechar el convenio.104 Se externaron algunas impugnaciones, pero las comisiones recomendaron la aprobación de los convenios, considerando “que los pactos de Nueva York, en sí mismos buenos, constituyen, tomando en consideración los tiempos y las circunstancias, lo mejor que pudo haberse hecho en su género”.105 La Cámara de Diputados aprobó el convenio por unanimidad el 15 de septiembre. El Senado actuó en el mismo sentido el 27 de septiembre.106 Dos días después se emitió el decreto aprobatorio del convenio.107

Para entonces, una buena parte del efecto positivo inicial del convenio se había disipado, y antes de concluir 1922 el Convenio empezó a mostrar algunas fisuras. De la Huerta se había comprometido con el Comité a devolver los Ferrocarriles a sus propietarios en una fecha no determinada, propósito que había dado un margen mayor de acción al gobierno mexicano. México había propuesto un primer directorio internacional después de la transferencia, entre los que se incluían, del lado mexicano, León Salinas, José Vasconcelos, Roberto B. Pesqueira, y por el lado del Comité a William Wiseman, Walter T. Rosen, J. J. Hanauer y Jesse Hirschman.108 Lamont afirmó haber recibido de una fuente confiable una “insinuación” en el sentido de que el gobierno mexicano no se estaba moviendo apropiadamente en dirección al cumplimiento del acuerdo en el punto ferrocarrilero.109 El asunto quedó en suspenso a la postre, y no tocaría a De la Huerta ninguna participación futura en ese punto.

El fracaso político de los arreglos de Nueva York no fue, sin embargo, el problema principal en la política de Obregón hacia los Estados Unidos. Su propia obsesión por obtener el reconocimiento de Washington elevó hasta las nubes el precio que debía pagarse por él. La desilusión resultante de los intentos de De la Huerta por lograr el reconocimiento por la vía de los arreglos de la deuda, los raquíticos entendimientos con los petroleros, el impuesto del uno por ciento al millar y el convencimiento de Harding y Hughes, llevaron a Obregón a optar por la fórmula pragmática defendida por Alberto J. Pani. Para De la Huerta esta fue su derrota política, en favor de su más ferviente enemigo político quien, paradojas aparte, sería consejero cercano de Obregón y Calles. Las puertas hacia los convenios de Bucareli de 1923 se acababan de abrir.

NOTAS

  1. El secretario de Hacienda carrancista, Rafael Nieto, se había dirigido a Nueva York en enero de 1919 a fin de ofrecer la reanudación de los pagos de la deuda exterior a cambio del otorgamiento de nuevos empréstitos, Edgar Turlington, Mexico and her Foreign Creditors, Nueva York, Columbia University Press, 1930, p. 275.
  2. La formación del Comité Internacional de Banqueros sobre México fue anunciada el 23 de febrero de 1919, como resultado de negociaciones en París. Su propósito era la protección de los tenedores de “valores de la República Mexicana y de los varios sistemas de ferrocarriles de México, y generalmente de otras empresas que tienen su campo de acción en México”, y aunque no daba a conocer ningún programa específico, sí expresaba funciones de información con miras a “acciones positivas en cuanto las condiciones lo permitieran”. La membresía original del Comité incluía a representantes de más de una docena de empresas estadunidenses y europeas, como J. P. Morgan & Co.; Illinois Trust & Savings Bank of Chicago; Ladenbuyrg; Thalmann & Co. Kuhn; Loeb & Co.; National City Bank; Chase National Bank; Mexican Railway Co. Ltd y Banque de Paris et des Pays-Bas, ibid., pp. 277-278. Respecto a la mejoría financiera, véase Emilio Zebadúa, Banqueros y revolucionarios: La soberanía financiera de México, 1914-1929, México, Fondo de Cultura Económica y El Colegio de México, 1994, pp. 165 y 169.
  3. Al acceder al poder Obregón declaró: “Todos los derechos de propiedad privada adquiridos antes del 1º de mayo de 1917, fecha en que se promulgó la actual Constitución, serán respetados y protegidos. El famoso artículo 27, una de cuyas cláusulas declara propiedad de la nación los mantos petrolíferos del subsuelo, no tendrán efecto retroactivo”. Citado por Marrill Rippy, “El petróleo y la Revolución Mexicana”, Problemas agrícolas e industriales de México, núm. 3, vol. vi, 1954, p. 12, citado por Antonio Rodríguez, El rescate del petróleo, México, El Caballito, 1975, p. 93. El 22 de septiembre de 1920 envió un telegrama a un periódico de Chicago en el que apuntó: “Las riquezas naturales de México, sus fuentes inagotables de materias primas para la industria, en relación íntima con el capital industrial de los Estados Unidos, podrían significar en un próximo futuro, una fuente incalculable que podría abastecer los principales mercados del mundo; y para conseguir esto, estamos ya sobre el camino más propicio”. Citado por Narciso Bassols, El pensamiento político de Álvaro Obregón, México, El Caballito, p. 55.
  4. “Obregón se quedó en la incómoda posición de quien se ha manifestado deseoso de recibir el reconocimiento exterior –sobre todo de quien demuestra que subjetivamente lo necesita–; hoy no puede obtenerlo porque no está en condiciones de pagar el precio que por ello se le exige”, ibid., p. 55.
  5. De la Huerta a Williams Wiseman, 2 de febrero de 1921, y Lamont a Norman Davis, 2 de marzo de 1921, en naw 812.51/623.
  6. Ambos coincidieron en que el orden había sido restablecido en la mayor parte de México, su comercio estaba floreciente, su presupuesto denotaba solvencia y capacidad para la reanudación de los pagos a los acreedores externos y, lo más importante, que el gobierno era sincero en arreglar la cuestión de la deuda así como las reclamaciones derivadas de daños a intereses extranjeros durante la Revolución. “Draft to a proposed letter to be submitted to Mr. Lamont of J. P. Morgan & Co. and if agreed with him to be circulated for signature by influential firms and individuals in London”, p. 2, adjunta a la carta de Lamont a Hughes, 9 de junio de 1921, naw 812.51/725. La invitación del presidente Obregón a Thomas W. Lamont está consignada en la nota del The New York Times el 9 de febrero de 1921.
  7. En una respuesta a la pregunta de Agustín Legorreta, director del Banco Nacional, en el sentido de si la “fórmula mexicana” no sería rechazada por Washington, Lamont le señaló que para los banqueros lo mejor sería continuar trabajando sobre la base contractual ya existente en materia de empréstitos, que especificaba como garantías los derechos generales de importación y exportación de mercancías. A Lamont incluso le pareció que establecer un nuevo impuesto petrolero tenía el propósito de dividir a los franceses del resto de los banqueros, seguramente por el hecho de que ellos no tenían intereses conocidos en la explotación de los hidrocarburos de México. Lamont a Hughes, 9 de junio de 1921, naw 812.51/725.
  8. Lamont a Hughes, 17 de agosto de 1921, naw 812.51/790.
  9. Emilio Zebadúa, op. cit., p. 202. La “fórmula salvadora” de las dificultades entre los petroleros y el gobierno de México en esa ocasión consistió en: i) el gobierno de México no modificaría la reglamentación de las leyes del petróleo, pero, en cambio, accedía a formular una concesión especial con las empresas petroleras, que daría todas las garantías que fueran necesarias para que continuara la explotación de los pozos petroleros; ii) el gobierno de México no rebajaría el impuesto de exportación de petróleo pero, en cambio, concedía a las compañías un porcentaje a ser cubierto con bonos de la deuda exterior mexicana, pasando de esta manera las empresas a ser acreedoras del gobierno de México. “El convenio petrolero de 1921”, borrador sin autor, Archivo familia De la Huerta (afdlh).
  10. Turlington, op. cit., pp. 283-284. En su opinión, los banqueros, en su calidad de administradores fiduciarios de una miríada de inversionistas, quedarían en mala situación si los bonos eran asegurados al bajo precio del momento, en vista de que tales obligaciones debían ser reconocidas a la par y con los intereses acumulados. Si las compañías petroleras compraban los bonos afectarían otros derechos, pues los impuestos en cuestión estaban destinados por ley, igual y prorrateadamente, al pago del interés y el principal de casi todas las emisiones de bonos externos. Aquí se generaría un esquema discriminatorio, a partir del hecho de que como no todas las obligaciones serían compradas por las petroleras, por fuerza quedarían acreedores fuera del juego, quienes lógicamente lo objetarían, ya que sus derechos quedarían pendientes de pago. Lamont a W. C. Teagle, Esq., presidente del comité de ejecutivos petroleros, Nueva York, 19 de septiembre de 1921, naw, 812.51/794; Lamont a Hughes, 23 de septiembre, naw 812.51/793.
  11. Éstos consistían en el compromiso del gobierno de México de reanudar el pago de los intereses sobre las obligaciones externas hacia el 1º de enero de 1922, calculadas por Lamont en 180 mil dólares; aceptación de un paquete consolidado de obligaciones en favor de los tenedores de cupones vencidos desde siete años atrás, que habían ascendido, según Lamont, a 60 mil dólares; encargo del gobierno de que el Banco Nacional de México reanudase sus funciones pasadas de actuar como despositario y agente de desembolso para el servicio de las obligaciones externas del gobierno, así como solicitar la internacionalización de su consejo de administración; reintegración de las sumas adeudadas a instituciones bancarias como resultado de las acciones revolucionarias; un acuerdo entre el gobierno y los productores de petróleo en relación con una base para el cálculo y fijación de los impuestos petroleros para periodos no mayores de cinco años, y un “entendimiento” acerca de políticas gubernamentales para estimular la exploración y el desarrollo de posibles nuevos campos petroleros. En relación con los Ferrocarriles Nacionales de México, los intereses de sus accionistas debían ser pagados a partir del 1º de enero siguiente, y se les debía compensar por los daños sufridos durante la Revolución, a quienes se les debía regresar la línea. Finalmente, Lamont manifiestó su oposición al propósito de De la Huerta de reducir las obligaciones externas por medio de su adquisición en el mercado abierto, o de los tenedores actuales, a precios de mercado. Éstas serían, en suma, las condiciones principales de un entendimiento adecuado del Comité de Banqueros con el gobierno de México. Lamont a Summerlin, México, 10 de octubre de 1921; “Principles Necessary for the Reestablishment of Mexican Government Credit in the Leading Investment Markets of the World”, en Lamont a De la Huerta, 10 de octubre de 1921, naw, 812.51/663.
  12. Summerlin a Hughes, naw, 21 de octubre de 1921. Summerlin consignó un informe de la gestión de Lamont al Departamento de Estado, cuyo contenido se desconoce. Summerlin a Hughes, 21 de octubre, naw 812.51/665. Durante las conversaciones con el gobierno mexicano, Lamont habría ofrecido, a cambio de la renuncia de De la Huerta, a seguir adelante con su plan un préstamo por 100 millones de dólares, sobre la base de un 50% del valor más el interés atrasado, el último a ser cubierto por una emisión de bonos a largo plazo con un interés muy bajo, o nominal. De la Huerta rechazó el ofrecimiento por considerar más conveniente el acuerdo ya elaborado con el Comité de Petroleros en septiembre pasado. Lamont a Hughes, 23 de diciembre de 1921, naw 812.51/696.
  13. Ante la noticia de que unos señores Pettijohn y Kingsley Franhauser se habían acercado al secretario de Hacienda ofreciendo un crédito de 100 millones de pesos para crear el Banco Único con la oferta de un crédito, el asunto fue investigado de inmediato, para conocimiento de Legorreta y el Departamento de Estado. Summerlin a Hughes, 19 de noviembre de 1921, naw 812.51/675; Fletcher a Lamont, 21 de noviembre de 1921, naw 812.51/675; Hughes a Summerlin, 26 de noviembre de 1921, naw 812.51/675; subsecretario de Estado Henry P. Fletcher a Ira H. Patchin, secretario asistente del Comité Internacional de Banqueros de México, 28 de noviembre de 1921, naw 812.51/675; Summerlin a Hughes, 9 de diciembre de 1921, naw 812.51/691.
  14. Zebadúa, op. cit., pp. 197, 199 y 211.
  15. Informante anónimo, de pretendida cercanía a De la Huerta, verbalizado a J. P. Morgan & Co., 20 de octubre de 1921, naw 812.51/665.
  16. Lamont a Hughes, 29 de noviembre de 1921, naw 812.51/682; Summerlin a Hughes, 25 de diciembre de 1921, en naw 812.51/696.
  17. Lamont a Hughes, 13 de enero de 1921, naw 812.51/779.
  18. Fletcher a Lamont, 5 de diciembre de 1921, naw 812.51/683; Lamont a De la Huerta, 18 de febrero de 1922, y Lamont a Fletcher, 21 de febrero de 1922, naw 812.51/719; Lamont a Hughes, 24 de marzo, naw 812.51/837. El decreto presidencial del 18 de febrero, que proveía la emisión de bonos por el monto del descuento total de los salarios de los funcionarios públicos y empleados del 1º de diciembre de 1916 al 31 de diciembre de 1920, tenía a nuestro parecer la intención del gobierno de llevar adelante lo que proclamaba con palabras. Tal decreto está citado en Summerlin a Hughes, 10 de marzo de 1922, naw 812.51/733.
  19. Lamont a Fletcher, 24 de febrero de 1922, naw 812.51/722.
  20. The New York Times, 23 de marzo de 1922.
  21. En respuesta telegráfica inmediata, De la Huerta contestó que no solicitó su licencia al Congreso por no haber recibido instrucciones del presidente Obregón respecto a los detalles de su visita a Nueva York. General Plutarco Elías Calles a Adolfo de la Huerta, 31 de marzo de 1922; De la Huerta a Calles, 31 de marzo de 1922, Archivo Plutarco Elías Calles (apec), Adolfo de la Huerta, gaveta 9-A-bis, expediente 56, inv. 1379, legajo 6/10, ff, 275-277; Calles a De la Huerta; 18 de abril de 1922, y De la Huerta a Calles, 18 de abril de 1922, ibid., ff. 285-286. “Extrañamente, De la Huerta parecía renuente a presentarse”, notó Linda B. Hall, “Obregón y De la Huerta”, Boletín Fideicomiso Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, núm. 8, diciembre de 1991, p. 8.
  22. “Papers relating to conferences between secretary De la Huerta and Committee of Oil Executives, April 24th-May 3d, 1922”, pp. 66-67 y 71, naw 816.6363/2366. Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero (1917-1942), México, El Colegio de México, 1972, pp. 178-179; Robert Freeman Smith, Los Estados Unidos y el nacionalismo revolucionario en México, México, Editorial Extemporáneos, 1972, p. 313.
  23. Documento 1, 22 de mayo de 1922; documento 2, 23 de mayo de 1922, Documentos oficiales relativos al Convenio De la Huerta-Lamont, Presidencia de la República, 1921, pp. 3-4. Roberto Guzmán Esparza, Memorias de don Adolfo De la Huerta, según su propio dictado, 2a. ed., México, Ediciones Guzmán, 1958, p. 185.
  24. David Torres Mejía, “La reforma bancaria de la Revolución”, Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, año 1, núm. 2, octubre-diciembre de 1975, pp. 78-79. En los primeros meses de 1923 el director del Banco Nacional de México, Agustín Legorreta, realizó un viaje por el extranjero con el fin de conseguir fondos para el Banco Único. Consiguió una cooperación no especificada de los banqueros europeos, que fue rechazada por De la Huerta por considerar que el banco más poderoso del país, y la economía nacional, quedarían en manos de extranjeros. De la Huerta propuso en su lugar crear el Banco Único con recursos nacionales, pero los acontecimientos políticos y su renuncia a la Secretaría de Hacienda, impidieron que su proyecto avanzara (ibid., p. 89). En posible alusión a las iniciativas de Antonio Manero, De la Huerta rechazó el plan de Legorreta porque, según él, los lineamientos discrepaban “con la concepción de banca central que lentamente había ganado consenso en los altos círculos del gobierno”. Eduardo Turrent, Historia del Banco de México, México, Banco de México, vol. 1, 1982, p. 107. Respecto a los esfuerzos frustrados en crear un Banco Único de emisión véase también Antonio Manero, La reforma bancaria en la revolución constitucionalista, México, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1958, y El Banco de México: Sus orígenes y fundación, México, Banco de México,1992 (1a. ed., F. Mayans, Nueva York, 1926); Francisco Trejo, El Banco Único de Emisión, tomos I y II en un volumen, México,1921.
  25. Summerlin a Hughes, 12 de mayo de 1922, naw 812.51/742.
  26. Entre los asistentes se contaban Thomas W. Lamont, su secretario ejecutivo; Mortimer Schiff, representante de Kuhn Loeb y Cía.; George Davison, representante de la Central Union Trust Co.; R. G. Hutchins, representante de Hallfarten y Cía.; Charles Mitchell, presidente del National City Banking; John Mitchel, presidente del Illinois Trust and Savings Co., de Chicago; Walter Rosen, representando a Landenburg, Thalmann & Co.; Charles Sabin, presidente del Guarantee Trust Co.; James Speyer, de Speyer and Co.; Albert Wiggin, presidente del Chase National Bank; Robert Winsor, representando a Kidder Peabody and Co.; R. E. Peacock, director del Banco de Inglaterra y presidente del comité de accionistas ingleses de la Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza Motriz del Centro, representando además al banco holandés de Amsterdam Hoppe and Co.; J. Chevalier, del Banque de Paris et des Pays Bas; E. W. R. Mason, representante del Credit Lyonnais. Los banqueros franceses, representando también a los grupos suizo y belga, mientras que por Alemania estaba el doctor Paul von Schwabach, de la casa Belichroeders and CoIbid. El Universal, 3 de junio de 1922.
  27. Documento 7, De la Huerta a Obregón, 6 de junio de 1922, Documentos oficiales relativos al convenio..., op. cit., p. 5. Sesión de la tarde del 5 de junio de 1922, Thomas W. Lamont Papers (twl), pp, 205-220, citado por Zebadúa, op. cit., pp. 214-215.
  28. El Universal, 11 de junio de 1922.
  29. Documento 13, De la Huerta a Obregón, 9 de junio de 1922, Documentos oficiales relativos al convenio..., op. cit., páginas 6-7. La nota del corresponsal Manuel Ordorica, de El Universal, señalaba que la sesión de ese día había concluido con un serio desacuerdo a causa de que los banqueros consideraban insuficientes los recursos que el gobierno mexicano deseaba destinar para el pago de los intereses. De la Huerta les habló de la imposibilidad de satisfacer sus deseos, “pues México no tenía únicamente obligaciones exteriores sagradas, sino también deudas interiores tan sagradas como las exteriores, señalando la deuda con los bancos, cuyos fondos fueron tomados por el gobierno de Carranza, la deuda agraria, la deuda de los empleados públicos, etc.” El Universal, 10 de junio de 1922.
  30. Documento 14, Obregón a De la Huerta, 12 de junio de 1922, ibid., p. 8. De la Huerta le respondió que, en efecto, el 10% del valor total de fletes y pasajes sería aportado por el Tesoro. Respecto a la deuda de diez millones de material rodante, “está sobrentendido que al volver los Ferrocarriles a la empresa, estos señores, como parte de ella, se harán cargo de las deudas pendientes. Documento 16, De la Huerta a Obregón, 12 de junio de 1922, ibid., pp. 8-9. En otra nota, De la Huerta insistió en que los efectos coactivos de la hipoteca quedarían suspendidos de manera indefinida, pero para que tal cosa ocurriera, “fue necesario que el gobierno tomara la responsabilidad de los intereses pendientes”, Documento 17, De la Huerta a Obregón, 13 de junio de 1922, Documentos oficiales relativos al convenio..., op. cit., p. 9.
  31. Documento 19, De la Huerta a Obregón, 13 de junio de 1922, ibid., p. 10.
  32. Documentos 20 y 21, De la Huerta a Obregón, 13 de junio de 1922, Obregón a De la Huerta, p. 11. En la versión De Turlington, los banqueros no hablarían del tema del empréstito hasta que el gobierno mexicano hubiera reconocido plentamente su adeudo. Turlington, op. cit., p. 287.
  33. Documento 23, Obregón a De la Huerta, 14 de junio de 1922, ibid., p. 12. El presidente insistió en su postura, señalando sin rodeos, al día siguiente, que la situación económica de México empezaba a preocuparle seriamente, y de no obtenerse el fondo para el banco y el fondo destinado a los trabajos agrícolas y obras de riego, “creo sinceramente que estamos en un peligro muy serio de fracasar en nuestros compromisos...”, documento 25, Obregón a De la Huerta, 15 de junio de 1922, ibid., p. 13.
  34. “Como te lo dije en mis mensajes anteriores”, porfiaba De la Huerta, “una vez ganada la situación con el arreglo, entraría en pláticas con el director del Banco de París Chevalier y con Lamont, pero de manera independiente del comité, para tratar la suscripción del capital para el Banco Único. Para ello, serían necesarios algunos días para la discusión del asunto, al tiempo que vería a los petroleros”. Documento 26, De la Huerta a Obregón, 16 de junio de 1922, ibid., pp. 13-14.
  35. Documento 28, De la Huerta a Obregón, 16 de junio de 1922, ibid., pp. 15-16. En un mensaje más, De la Huerta le comunicó al presidente que a la brevedad trataría los asuntos del Banco Único y obras de riego con Lamont, y que por las impresiones que había cambiado con él, aseguraba que estos puntos se arreglarían satisfactoriamente. Documento 29, De la Huerta a Obregón, 16 de junio de 1922, ibid., p. 16.
  36. Cifras correspondientes a los cálculos de Alberto J. Pani, La política hacendaria y la revolución, Secretaría de Hacienda, Editorial Cultura, 1926, pp. 192-195; Jan Bazant, Historia de la deuda exterior de México 1823-1946, México, El Colegio de México, 3a. edición,1995, pp. 196-197.
  37. “El Convenio y los Ferrocarriles”, artículo escrito posiblemente por Carlos Díaz Dufoo, Excélsior, 19 de agosto de 1922.
  38. El Universal, 17 de junio de 1922.
  39. Extraído de De la Huerta a Obregón, Documento 37, 19 de junio de 1922, ibid., pp. 18-24. En relación con el interés a pagarse, “se entendía” que en dólares estadunidenses equivaldría exactamente a la mitad. Lamont a De la Huerta, 20 de junio de 1922, naw 812.51/775.
  40. El Universal, 28 de junio de 1922 y 1º de julio de 1922.
  41. Documento 31, Obregón a De la Huerta, 17 de junio de 1922, ibid., p. 16. El 19 de junio Obregón declaró a la prensa no haber recibido el texto íntegro del convenio, y que “tan pronto como estudie el convenio diré si lo ratifico, como es probable”, El Heraldo de México, 20 de junio de 1922.
  42. Documento 32, Obregón a De la Huerta, 17 de junio de 1922, ibid., pp. 16-17.
  43. Documento 38, De la Huerta a Obregón, 18 de junio de 1922, ibid., pp. 24-25.
  44. Documento 41, De la Huerta a Obregón, 20 de junio de 1922, ibid., pp. 25-26.
  45. Excélsior, 22 y 23 de junio de 1922.
  46. El Universal, 1º de julio de 1922.
  47. Meyer, op. cit., p. 179. Hanna, jefe de la División de Asuntos Mexicanos del Departamento de Estado, sabía de antemano que De la Huerta solicitaría el préstamo. Externó a Hughes que no percibía ninguna razón importante para alterar la actitud del Departamento respecto a las posibilidades de préstamos que existieran. En sus palabras, “la derrota en obtener el préstamo no les haría ningún daño material porque, si ellos van a encontrar una solución a sus problemas financieros, debe ser mediante la administración honesta y eficiente de sus ingresos y gastos y, por otro lado, se puede esperar de ellos que usen su ‘victoria’ en asegurar un préstamo como propaganda objetable, que podría poner seriamente en aprietos al Departamento”. Hanna a Hughes, 14 de julio de 1922, naw 812.51/901.
  48. De la Huerta a Obregón, 3 de julio de 1922, apec, Adolfo de la Huerta, gaveta 9-A-bis, expediente 56, inv. 1379, legajo 6/10, f. 348. En una carta enviada por De la Huerta a Obregón el 4 de noviembre, la postura de los petroleros se reducía a desconocer el artículo 27 constitucional, así como “la obligación de parte del Gobierno de México, de pedir al Congreso la reforma constitucional”, arem, 111/625 (011)/2-1, leg. 1, ff. 13-14.
  49. Lo anterior reseñado de Summerlin a Hughes, 26 de junio de 1922, naw 812.51/772, El Universal, 25 de junio de 1922.
  50. Bulnes calculó que México se ahorró un poco más de la tercera parte de la deuda. Francisco Bulnes, “La verdad sobre el arreglo de la deuda”, El Universal, 23 de junio de 1922. Véase también el artículo de Bulnes “Contra las sensacionales opiniones de Luis Cabrera”, El Universal, 3 de julio de 1922.
  51. Para Díaz Dufoo muchas eran las ventajas obtenidas en Nueva York: i) aceptación de intereses simples en vez de intereses compuestos en la acumulación de réditos no pagados en el espacio de nueve años, del 1º de enero de 1914 al 31 de diciembre de 1922; ii) moratoria de 45 años en el pago de esos réditos, diferido en un plazo de cinco años; iii) suspensión durante cinco años de la amortización de los capitales de todas las deudas; iv) cancelación de indemnizaciones y daños a la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales, y v) descuento en la deuda contraída por el gobierno del general Huerta. Carlos Díaz Dufoo, “Aspectos financieros del convenio”, Excélsior, 29 de agosto de 1922.
  52. Arturo F. García, “El convenio De la Huerta-Lamont 1: Deuda Pública”, Excélsior, 12 de septiembre de 1922.
  53. Díaz Dufoo agregó que De la Huerta aplicó un criterio que ya había sido utilizado por Limantour con su Plan de Consolidación de 1907. El secretario de Hacienda de Díaz había manifestado que: “Pudiera, sin duda, el gobierno haber dejado que las actuales empresas, o algunas de ellas al menos, cayeran en manos de sus acreedores hipotecarios, ya adquiridas entonces las líneas, sin tomar en cuenta el considerable capital que representan las acciones y títulos no garantizados por un gravámen hipotecario; pero, además de la dificultad de afrontar un gasto muy importante en efectivo, y del riesgo consiguiente a la posibilidad de ver surgir competidores serios y poderosos, hay que considerar que la intervención y remate de uno o más de nuestros grandes sistemas de ferrocarriles, lastimaría profundamente los intereses de muy numerosas personas que no dejarían de atribuir sus pérdidas, y tal vez su ruina, a la incapacidad del país para dar seguridad y empleo remunerador a los capitales invertidos en sus ferrocarriles, que han sido un factor tan importante para su progreso. El artículo, escrito aparentemente por Díaz Dufoo, señalaba que razones semejantes y con la misma base podían invocarse ahora al salvar a los Ferrocarriles Nacionales de la quiebra. Carlos Díaz Dufoo, “El Convenio y los Ferrocarriles”, Excélsior, 19 de agosto de 1922. Arturo F. García, “El Convenio De la Huerta-Lamont II: La deuda de los ferrocarriles”, hace una relación de las cláusulas hipotecarias mediante las cuales los fideicomisarios adquirieron sus derechos sobre las propiedades; una de ellas, el artículo 8, contenía las renuncias a las leyes mexicanas cuando sus términos hicieren que los derechos de las partes resultaran diferentes de lo pactado. Excélsior, 14 de septiembre de 1922. Del mismo periodista véase también “Convenio De la Huerta-Lamont III: Garantías del gobierno”, Excélsior, 9 de noviembre de 1922.
  54. Gurza puntualizaba que se había creado en favor de los ferrocarriles un derecho a ser indemnizados por el tiempo que el gobierno hubiera manejado sus líneas, según lo establecía el artículo 145 de la Ley General de Ferrocarriles de 1899. El control o dominio del gobierno sobre los ferrocarriles no le evitaba que tuviera que pagar una indemnización más o menos grande, por la ocupación de las vías férreas. La ventaja de ese control fue que para fijar el monto de esa indemnización el gobierno tendría que tratar con una compañía mexicana, en la cual él mismo poseía la mayoría absoluta de las acciones, en lugar de haber tenido que enfrentarse con dos o tres compañías estadunidenses que hubieran podido aumentar mucho el monto de esas reclamaciones. Jaime Gurza, “La deuda de los ferrocarriles y los convenios de Nueva York, El Universal, 8 de agosto de 1922. Gurza abundó en este artículo en El Universal: “Las cláusulas ferrocarrileras del convenio de Nueva York” (19 de agosto). Para mayores detalles acerca de la cláusula ferrocarrilera, véase el texto del informe de De la Huerta a Obregón, publicado en El Universal, 29 de agosto de 1922.
  55. Jaime Gurza, “La garantía de la nación a favor de los ferrocarriles”, El Universal, 24 de agosto de 1922. En otro artículo, Gurza puntualizó: “Para negar o desconocer las ventajas que tiene la nacionalización de los ferrocarriles, se necesita no tener idea del poder social y económico que confiere sobre una nación el predominio de las vías generales de comunicación. Por lo mismo al asegurar que la consolidación de los principales ferrocarriles fue conveniente, me fundo en todo un conjunto de razones patrióticas, políticas, estratégicas y económicas, que, fácilmente se comprende, obligaron al Gobierno a nacionalizar nuestro grande sistema ferroviario que se encontraba en manos de poderosos sindicatos extranjeros...”, “La devolución de los ferrocarriles”, El Universal, 16 de agosto de 1922.
  56. Documento 50, De la Huerta a Obregón, 23 de junio de 1922, Documentos oficiales..., op. cit., p. 33.
  57. En su opinión, al otorgarse la ratificación se haría del dominio público y estaba en espera de Martín Luis Guzmán, quien le comunicaría los detalles del convenio y después convocaría al Consejo de Ministros para hablar sobre la ratificación. Para esa fecha, le dijo Obregón, “posiblemente habrás terminado arreglos relacionados con fondos del Banco Único y obras de irrigación”. Documento 51, Obregón a De la Huerta, 26 de junio de 1922, ibid., p. 33. Esta fecha, sin duda, es errónea, porque la respuesta de De la Huerta aparece el 24 de junio.
  58. Las reservas de Obregón seguían minando el ánimo de De la Huerta. Los telegramas recibidos, “que no hallo cómo interpretar”, lo llevaron a suspender pláticas sobre el establecimiento del Banco Único y los fondos para obras de riego, al desconocer la resolución del Consejo de Ministros. “Mi situación es por demás embarazosa... porque conozco, y ya me esperaba, los trabajos de mis enemigos”, Documento 58, De la Huerta a Obregón, 27 de junio de 1922, ibid., pp. 35-36.
  59. La ventaja, decía Obregón, estaba en que el “H. Congreso”, al encontrar más simplificado el arreglo, facilitaría su discusión. Las bases generales para la reanudación del pago de la deuda le parecieron completamente satisfactorias. “Te parecerá extraño las observaciones que te hago, en relación con separación que debemos hacer entre convenio para reanudación deuda y convenio para devolución y arreglo definitivo de Ferrocarriles, no hubiéralas hecho en distintas conferencias que celebramos; pero es hasta ahora que se ha ahondado y estudiado cuidadosamente el asunto. En caso de lograr la separación de los arreglos y el plan para la devolución de los Ferrocarriles, ratificaríamos desde luego lo relativo a la reanudación del servicio de la deuda, con las pequeñas modificaciones ya anotadas, y se seguirá estudiando, con detenimiento, el plan relacionado con la devolución de los Ferrocarriles, y todos los arreglos conexos, cuyo plan sería sometido oportunamente a la consideración del Congreso. Espero tus informes en relación con este nuevo plan”. Documento 59, Obregón a De la Huerta, 27 de junio de 1922, ibid., pp. 36-38.
  60. Le comunicó que el Comité estaba desintegrándose y que los europeos ya se habían embarcado, sin concluir el asunto del Banco Único. En consecuencia, un contrato firmado no sería llevado a su regreso a México, “pero debemos considerar como un hecho el establecimiento del banco sobre las bases que te explicaré a mi llegada a esa”. Aunque su opinión respecto a éstas era favorable, no era posible formalizar los convenios debido a la partida de los banqueros franceses. Documento 60, De la Huerta a Obregón, 28 de junio de 1922, ibid., p. 39. El Universal, 28 de junio de 1922.
  61. De la Huerta señaló que en la devolución de los Ferrocarriles en el mismo estado en que el gobierno los recibió, no se estipularon plazos ni términos, porque no sabía cuándo el gobierno podía estar en condiciones de aportar el material rodante que faltaba. “Sólo te suplico que sobre este punto tengas confianza, que el fondo del arreglo es enteramente favorable al gobierno”. Documento 61, De la Huerta a Obregón, 29 de junio de 1922, en Documentos oficiales..., op. cit., pp. 40-42. De la Huerta solamente pudo tener una junta con la sección estadunidense del Comité, con la asistencia de Speyer y la ausencia de Lamont, quizá porque no le concedió importancia a la reunión. Documento 65, De la Huerta a Obregón, 29 de junio de 1922, ibid., p. 44.
  62. Documento número 62, De la Huerta a Obregón, 29 de junio de 1922, ibid., p. 42.
  63. Documento número 63, Obregón a De la Huerta, 30 de junio de 1922, ibid., p. 42.
  64. Calles a De la Huerta, 28 de junio de 1922, apec, Adolfo de la Huerta, gaveta 9-A-bis, expediente 56, inv. 1379, legajo 6/10, f. 301.
  65. Calles a De la Huerta, 5 de julio de 1922, apec, Adolfo de la Huerta, gaveta 9-A-bis, expediente 56, inv. 1379, legajo 6/10, f. 301. La nota en cuestión apareció en El Universal de ese mismo día.
  66. De la Huerta a Calles, pec, 6 de julio de 1922, apec, Adolfo de la Huerta, gaveta 9-A-bis, expediente 56, inv. 1379, legajo 6/10, f. 308. En una respuesta a un periodista, De la Huerta puso como prueba de que Calles estaba de acuerdo con el arreglo, en el hecho de que envió un telegrama circular a todos los gobernadores expresando su opinión favorable sobre el convenio, y elogiando su labor. “Por lo demás, esto nada tiene de raro, pues el general Calles siempre ha sido íntimo amigo mío; lo conozco a fondo para poder expresar como ahora lo expresé que es un hombre de una pieza”, El Universal, 8 de julio de 1922.
  67. De la Huerta a Calles, 9 de julio de 1922, apec, Adolfo de la Huerta, gaveta 9-A-bis, expediente 56, inv. 1379, legajo 6/10, f. 309.
  68. Cuando Pani llamó la atención a Obregón sobre el hecho de estar invadiendo la esfera de acción del secretario de Hacienda, Obregón le habría comentado: “Para evitar que se lastime, nada sabrá de su intervención... Es tan triste el concepto que tengo de la capacidad financiera de Adolfo que: ¿cómo voy a guiarme por los consejos que él me dé en un asunto tan peliagudo?” Pani le habría preguntado a continuación cómo entonces él había sido nombrado secretario de Hacienda, a lo que Obregón respondió: “Son cosas de la política”, Alberto J. Pani, Apuntes autobiográficos: Exclusivamente para mis hijos, México, Editorial Stylo, 1945, pp. 254-255.
  69. “Mis objeciones se refirieron, primero, al reconocimiento del valor nominal de bonos que circulaban en el mercado considerablemente depreciados; segundo, a la incorporación, a la deuda pública federal, de todas las obligaciones de la Compañía de los ferrocarriles Nacionales de México –sociedad anónima en la que el gobierno sólo era accionista y fiador de una parte de dichas obligaciones– con el consiguiente resultado de casi duplicar nuestra deuda exterior y, tercero, al compromiso de hacer entregas de dinero, cuya cuantía notoriamente sobrepasaba la capacidad de pago del gobierno”, Pani, op. cit., p. 266.
  70. Documento 64, Obregón a De la Huerta, 29 de junio de 1922, Documentos oficiales..., op. cit., pp. 42-44.
  71. Documento 66, De la Huerta a Obregón, 30 de junio de 1922, ibid., pp. 45-46.
  72. Documento 68, Obregón a De la Huerta, 1º de julio de 1922, ibid., pp. 46-47.
  73. Documento 69, Obregón a De la Huerta, 1º de julio de 1922, ibid., p. 47.
  74. Documento 70, De la Huerta a Obregón, 2 de julio de 1922, ibid., pp. 47-49.
  75. Y no era a los banqueros, sino a Adolfo De la Huerta, a quien se le retiraba el apoyo moral significado en la firma del convenio, y pidiéndole congruencia en sus dichos, le preguntó por qué no declaraba que los arreglos eran ventajosos para el país y que para ponerlos en vigor eran necesarios los fondos ofrecidos formalmente por los banqueros, en lugar de ponerlo en ridículo. “¿Cuál es mi falta?, ¿cuál es mi delito, para merecer de la Presidencia de la República ese castigo?”, se preguntaba De la Huerta. ¿Por qué si había instruido a su secretario de Hacienda para aceptar “como máximum de ventajas” no pagar intereses durante el periodo revolucionario –cuando había aceptado incluso pagar todos los intereses, y se habían logrado mayores ventajas en las negociaciones– cómo era entonces que se abrigaban tales temores para el futuro. Subrayó además que los empréstitos, que habían de destinarse de manera exclusiva a obras de riego, no rendirían sus efectos antes de dos años. Documento 72, De la Huerta a Obregón, 3 de julio de 1922, ibid., pp. 49-52.
  76. Documento 73, Obregón a De la Huerta, 3 de julio de 1922, ibid, pp. 52-53.
  77. El Ejecutivo a mi cargo “...está en condiciones de declarar como lo hace, que el proyecto, en general, está redactado con un mutuo y amplio espíritu de equidad y que la ardua y hábil labor desarrollada por nuestro ministro de Hacienda y Crédito Público, debe ser estimada en su justo valor por todos los buenos mexicanos. El Ejecutivo de mi cargo, considerando que el proyecto de arreglo no puede surtir sus efectos mientras no reciba la sanción del Honorable Congreso de la República, no considera de urgente resolución la aceptación que de su parte tiene que recibir el mencionado convenio, y ha acordado aplazar dicha aceptación para después que regrese el señor De la Huerta, de quien espera una amplia información verbal sobre las fases complementarias del convenio aludido”. Documento 79, Obregón a De la Huerta, 5 de julio de 1922, ibid., pp. 54-55.
  78. “Aunque estoy en completo acuerdo con usted cuando dice que es imprudente tener una reunión con él en Washington... me atrevo a sugerir que, en lugar de esperar que Téllez, el encargado de negocios de México le llame, usted le envíe un mensaje al efecto de que usted ha notado por la prensa que el señor De la Huerta... y que estaría muy complacido en hablar con él y darle sus saludos”. Lamont hizo notar la difícil situación del secretario de Hacienda. Él no iba a buscar la entrevista, porque tal acción podría ser resentida por Pani, el ministro de Relaciones Exteriores, “quien no se lleva particularmente bien con De la Huerta”. Pero éste tenía instrucciones, en el caso de una invitación a la Casa Blanca, de aceptarla. “Por el futuro de las relaciones de los Estados Unidos con México considero de gran importancia que De la Huerta se entreviste con usted”. Más razones existían para tal entrevista. “Mis últimos informes de viejos residentes en la ciudad de México es que probablemente De la Huerta vaya a ser el próximo presidente cuando termine el periodo de Obregón”. Lamont a Hughes, 19 de junio de 1922, naw 812.51/914
  79. Excélsior, 24 de junio de 1922. Telegrama de De la Huerta a Téllez, 24 de junio de 1922, naw 812.51/7782, El Universal, 24 de junio de 1922.
  80. Téllez a Hanna, jefe de la División de Asuntos Mexicanos, Departamento de Estado, 26 de junio de 1922, naw, 812.51/778; Summerlin a Hughes, 21 de junio de 1920, naw, 812.51/760. Hughes hizo notar que la oposición a la visita de De la Huerta en Washington “tenía que ver con los asuntos de la política mexicana y el aparente deseo del señor Pani que De la Huerta no tome demasiado”. Hughes a Harding, 12 de julio de 1922, naw 812.51/812a.
  81. En una de las dos visitas posteriores de Téllez al Departamento de Estado, el encargado de negocios mexicano entendió que una invitación de Hughes a De la Huerta “era meramente una insinuación de que el Presidente y el Secretario de Estado estarían complacidos de verlo en caso de que él llegara a Washington”. A fin de que no hubiera malentendidos , Hanna leyó a Téllez el mensaje que antes le enviara Hughes en el que se planteaba a las claras la invitación al secretario de Hacienda. Subsecretario de Estado a Hughes, 27 de junio de 1922, y Hanna a Hughes, 27 de junio de 1922, ambos en naw, FW 812.51/778.
  82. Esta acusación la hizo pública De la Huerta, sin mencionar a Téllez, el 20 de octubre de 1923. Ya desde la visita de Wiseman a México, el banquero británico se mostró extrañado de que el secretario de Relaciones Exteriores de México le asegurara que él, y no De la Huerta, sería quien representara al gobierno a tratar con el Comité Internacional de Banqueros. Al haberse presentado ante Obregón, éste lo habría desmentido y prometido una reprimenda a su ministro. Rafael Trujillo, Adolfo de la Huerta y los Tratados de Bucareli, México, Librería de Manuel Porrúa, 1966, pp. 27-28 y 23-24.
  83. Refiriéndose a Haberman, De la Huerta manifestó: “Cuando estuve en 1922 en Nueva York... fue muy de relieve su actuación en mi contra, inspirando artículos en los periódicos socialistas que desacreditaban mi labor aquí. [Haberman] rápidamente se trasladó a México y allí, de acuerdo con Obregón y Calles, movió a los obreros de la crom para que iniciaran huelgas y desórdenes, a fin de provocar mi fracaso en las gestiones...”. Respuesta a la pregunta 48, en cuestionario aplicado al parecer por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sin fecha, Archivo Familia De la Huerta (afdlh).
  84. Y anteriormente un emisario del secretario de Estado Hughes había traído un recado semejante. De la Huerta se puso inmediatamente en comunicación con Obregón, dándole cuenta de la invitación que había recibido, y el viernes recibió un mensaje del gobierno mexicano en el que se le autorizaba a aceptar esa invitación. Él se puso en comunicación inmediatamente con el general Ryan, quien marchó a Washington el mismo viernes por la tarde, para manifestar al presidente Harding que la invitación había sido aceptada. El Universal, 18 de julio de 1922. El general Ryan mantuvo una febril actividad de acercamiento entre el gobierno de México, el gobierno de los Estados Unidos y los petroleros. Sus buenos oficios no terminaron con la gestión de De la Huerta en Washington. El 27 de febrero de 1923 avisó a Hughes que Obregón le había asegurado que le gustaría que una comisión compuesta con representantes de los Estados Unidos y México estudiaran la cuestión entre los dos países. El secretario replicó que “daría la bienvenida” a esto, ya que había estado pensando en ese procedimiento. El 5 de marzo, Hughes informó a Ryan que el presidente veía la situación favorablemente y estaba dispuesto a designar a los dos representantes estadunidenses. Todo esto es textual, sacado de Freeman Smith, pp. 320-321, de una nota de Hughes a la Embajada Estadunidense, 7 de marzo de 1923, naw 711.1211/61a; carta de Obregón a Ryan, Alberto J. Pani, Las conferencias de Bucareli, México, 1953, pp. 88-91, 111, El Universal, 19 de julio de 1922.
  85. El presidente Harding se mostró “afectuoso”. Harding le comentó al secretario de Hacienda de México que tenía acciones en una mina ubicada en Sonora. De la Huerta manifestó que además de secretario de Hacienda era gobernador de ese Estado, y así vino la conversación hasta que el funcionario mexicano, refiriéndose a algunas peculiaridades de su país, contó al presidente cómo había nacido el Plan de Agua Prieta, y cuál fue la verdadera situación política del movimiento que derrocó al gobierno de Carranza. Trujillo, op. cit., p. 42.
  86. El problema de la tierra en manos de estadunidenses, a afectarse como parte de la política agraria del régimen revolucionario, estaba en la primera línea de las preocupaciones de Washington. Se calcula que, al empezar la revolución, los extranjeros poseían en México más de la tercera parte de las tierras. Bassols, op. cit., p. 54.
  87. Memorándum de una conferencia entre Adolfo de la Huerta y el secretario Hughes, 18 de julio de 1922, naw 711.12/525.
  88. El Universal, 20 de julio de 1922; Excélsior, 20 de julio de 1922.
  89. Para terminar, Hughes le refirió que a su regreso de Brasil, en octubre, una vez que hubiese quedado reglamentado el artículo 27 [...] no quedará sino que nosotros enviemos a nuestro representante a México, y México envíe el suyo a Washington, pues ya seremos legalmente amigos”; Roberto Guzmán Esparza, Memorias de don Adolfo de la Huerta, según su propio dictado, México, Ediciones Guzmán, 1958, pp. 214-215. Una versión taquigráfica de un Consejo de Ministros con fecha 4 de noviembre de 1922, consigna que ante la acusación de Hughes de que México confiscaba los derechos de los petroleros, De la Huerta le respondió que su gobierno estaba dispuesto a exigir a las compañías petroleras “que se pusieran dentro del nuevo orden de cosas... pero únicamente queremos, por discusión académica, si ustedes quieren... que (los petroleros) se pongan el saco que les ofrecemos... no pierden con ello ninguno de sus derechos, pero sí queremos que recononozcan los nuestros, porque tenemos derecho a exigirlo. Me dijo (Hughes): está usted en lo justo”, arem, C-3-2-43, exp. III/625 (001)/ 2-1, leg. 1, ff. 15-17.
  90. “Conozco al presidente Obregón a través de informaciones que de él he recibido, y estoy seguro de que no verá los triunfos de usted sin sentir celos.” Ante el rechazo de De la Huerta a lo dicho por el secretario de Estado, Hughes habría dicho: “¡Ojalá que me equivoque, amigo mío!” Citado por Rafael Trujillo, op. cit., p. 55.
  91. “Hoy sólo réstame recoger por el apreciable conducto de usted el ofrecimiento formal que no dudo ha de cumplir que al verificarse estas tres cosas para el día quince del presente mes la reanudación de relaciones internacionales vendría automáticamente en aquella fecha mencionada”; De la Huerta a Lamont, 10 de octubre de 1922, naw 812.51/892. El banquero Lamont felicitó a De la Huerta por la ratificación congresional del convenio de Nueva York. “No pude refrenarme... de recordarle tres puntos” tratados a él por Hughes: i) la ratificación del acuerdo financiero; ii) la confirmación del nuevo acuerdo petrolero, y iii) clarificación, “por un método o por otro”, del artículo 27. El primer punto ya estaba satisfecho. El segundo tenía que ver con el hecho de que no se podría continuar la explotación en gran escala al menos que a las compañías se les diera la oportunidad de explorar y desarrollar nuevos campos. En relación con el tercero, “que por ser político y no financiero y por lo tanto fuera de mi competencia, como amigo de México y suyo en lo personal, soy el más ansioso de ver un arreglo sobre este asunto particular”, Lamont a De la Huerta, 29 de septiembre de 1922, naw 812.51/880. Atendiendo esta petición, Lamont envió sus recomendaciones al secretario de Estado. Le señaló que creía que De la Huerta era “su mejor apuesta”, pues actuaba de buena fe y había logrado un conocimiento apreciable de los métodos apropiados de hacer las cosas cuando él estuvo en Nueva York, amén de su fuerza política y de su capacidad para satisfacer los puntos de vista del Departamento de Estado, Lamont a Hughes, 13 de octubre de 1922, naw 812.51/892. Lamont comentaría a De la Huerta que tanto el presidente como Hughes estaban complacidos por su fin de llevar adelante sus propósitos, con reservas, Lamont a Hughes, 19 de octubre de 1922, naw 812.51/893. Por otro lado, a Lamont el proyecto de ley petrolera que llegó a sus manos le pareció “impracticable”; Lamont a De la Huerta, en Lamont a Hughes, 13 de noviembre, 1922, naw 812.51/923. El impuesto del uno al millar al año sobre el valor de la propiedad raíz, rústica y urbana, fue decretado al mes siguiente de la ratificación del acuerdo, El Demócrata, 14 de octubre de 1922 y 21 de octubre de 1922.
  92. México declaró que, de no otorgarse el reconocimiento al gobierno, sería casi imposible que México consiguiese los fondos necesarios para el restablecimiento del transporte, el comercio y la agricultura. En misma referencia a México, a Ladd le parecía evidente que el Departamento de Estado estaba haciendo uso del instrumento del reconocimiento como un cebo para pescar en las turbulentas aguas de América Latina, Edwin F. Ladd, Our Duty to America, Congressional Record, vol. 62, part.10, p. 10421, citado en Turlington, op. cit., p. 295.
  93. Se había ofendido por la propuesta de Hughes que los Estados Unidos y México concluyeran un tratado de amistad y comercio con una garantía respecto a la seguridad de los derechos de propiedad. Se había descuidado proporcionar al Departamento los textos de las decisiones de la Suprema Corte de México, relativas a la cuestión de la retroactividad del artículo 27 de la Constitución. Se habían ejecutado leyes agrarias, de manera que aparecían como confiscatorias, y se había negado a los productores petroleros las seguridades que ellos consideraban indispensables para la continuación y extensión de sus actividades en México. Finalmente, el presidente Obregón parecía estar indispuesto a ratificar el acuerdo del 16 de junio relativo a la deuda pública de México. Citado por Turlington, op. cit., pp. 295-296.
  94. “Siendo la verdad que por los telegramas que de él tengo, y según aparece de sus públicas declaraciones, ha considerado equitativos esos arreglos y sólo por dar su conformidad oficial necesita conocer algunos puntos complementarios que yo personalmente debo aclararle a mi llegada a México.” Acerca de los bonos de la deuda agraria, que aún no existían, desautorizó cualquier crítica anticipada, más aún cuando el gobierno poseía la “sana intención... de hacer grandes sacrificios para conseguir los fondos que han de servir para el pago de las tierras que han de tomarse como dotación de ejidos de los pueblos que las necesitan”. Respecto al discurso de Ladd, el gobierno de México no era culpable, y “no debía ser atacado en forma que discrepa notablemente de la gentileza, cordura y atinada discreción que encontré en los altos funcionarios que tuve el honor de tratar en mi visita a Washington”, El Universal, 24 de julio de 1922.
  95. Si las declaraciones aparecidas en The New York Times y en otros periódicos no fueron autorizados por el secretario Hughes entonces, decía Ryan, debían ser desautorizadas por él o modificadas, puesto que dan la apariencia de que fueron calculadas para estropear el éxito de De la Huerta. Como estaba, aseguró Ryan, la declaración sería de mucho provecho para la oposición política de la ciudad de México. General Ryan a Harding, 21 de julio de 1922, naw 812.51/812. De la Huerta estaba muy preocupado y pensó “que era de la mayor urgencia hacer algo para contrarrestar el efecto de ese artículo del periódico que tan profundamente hirió el sentimiento público de mi país. Va a dañar de una manera formidable el trabajo necesario para completar lo hecho en Nueva York. Yo tengo una gran fe en usted y en sus buenos amigos y espero que encontraría alguna manera de mejorar la situación que restablecerá el buen crédito que fue hecho con tanta fuerza por mis conferencias con los hombres de negocios de su país y con los funcionarios estadunidenses. De la Huerta al general J. A. Ryan, 25 de julio de 1922, naw 812.521/822.
  96. Hughes a Harding, naw 812.51/812. La actitud de Hughes con respecto a las conversaciones con De la Huerta se aclaró todavía más cuando señaló, en un discurso pronunciado en el Symphony Hall de Boston, que era “condición esencial de las relaciones internacionales que las obligaciones internacionales se cumplieran sin apelar al recurso de la confiscación: no insistimos en la forma de ninguna seguridad particular para los ciudadanos americanos contra una confiscación, pero deseamos, a la luz de la experiencia de años recientes, la sustancia de tal protección... El problema es muy sencillo y su solución pertenece enteramente a México”, The New York Times, 23 de octubre de 1922.
  97. El Universal, 26 de julio de 1922.
  98. “Despachos recientes de la ciudad de México han atribuido al general Calles la declaración de que el señor Alberto J. Pani, secretario de Hacienda, vino a Nueva York a corregir errores presentes en el convenio Lamont-De la Huerta... Tal aserción, si fue hecha por él, fue irresponsable e injustificable. El general Calles, como miembro del gabinete del Presidente Obregón, aprobó y aplaudió sin reservas las ventajas manifiestas obtenidas para el pueblo de México en este contrato... Cuando el general Calles llegó al poder como presidente de México... hizo declaraciones categóricas aprobando el acuerdo... y prometió solemnemente cumplir las obligaciones asumidas por el gobierno de México...” (citado en inglés), Adolfo de la Huerta, Hotel Monterey, cuarto 509, 22 de octubre, 1925, afdlh.
  99. De la Huerta a Carlos R. Félix, agente financiero mexicano en Nueva York, julio 30 de 1922, naw 812.51/809.
  100. El Mundo, 8 de agosto de 1922; Téllez a Hanna, 8 de agosto de 1922, en naw 812.51/831.
  101. 101 Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se estaba dando un paso más en el rompimiento de la coalición de los partidos revolucionarios, mismo que amenazó en convertirse en un obstáculo más en la ratificación del convenio financiero: los cooperatistas se separaban de laboristas y agraristas, Excélsior, 23 de agosto de 1922.
  102. En la primera, estaba gente como Gustavo Arce, Martín Luis Guzmán y Luis L. León, Casas Alatriste, José Manuel Puig Casauranc, Romeo Ortega y Gilberto Bosques; en la segunda: Vito Alessio Robles, Ricardo B. Castro, Claudio N. Tirado, Felipe Salido, Jesús J. Corral, José Antonio Septién, Eleazar del Valle, Alfonso Cravioto y Rafael Santos Alonso. En su momento, ante ambas comisiones Adolfo de la Huerta dio explicaciones sobre diversos puntos del tratado, El Universal, 6 de septiembre de 1922.
  103. En su parte final, sostenía que las ventajas obtenidas eran, en una primera instancia, la apertura de las puertas del crédito “a un país como México, en el que no solamente existieron motivos de formidable descrédito”; la normalización de la situación de los compromisos financieros del gobierno; evitar la violencia en el cobro de la deuda por parte del extranjero; se dio un ejemplo de “honradez internacional y financiera de que México estaba muy necesitado”; se evitó que una consolidación de las deudas mexicanas pudiera capitalizar los intereses y amortizaciones vencidas, evitando en consecuencia el pago de nuevos intereses y asegurando el pago de los intereses corrientes en condiciones fáciles de cumplir; procurar en los compromisos de los ferrocarriles las mismas ventajas sobre obligaciones vencidas ya actuales que a la deuda pública; conjurar el peligro de la acción de los fideicomisarios de los Ferrocarriles, entre otros. “Cosa inusitada –subrayó Manero– suprime todo intermediario, corredor o representante en el arreglo del convenio, de tal manera que los millones de pesos que generalmente, o más bien, que sin excepción se gastan por ese capítulo y en los que generalmente tocan a los ministros de Hacienda, no despreciables sumas, quedan economizados en favor del erario nacional”. Por último, señaló que se mantuvo incólume la soberanía mexicana y se le ayudó a salvarse de las amenazas diplomáticas y financieras, El Universal, 13 de agosto de 1922.
  104. El Universal, 14 de septiembre de 1922.
  105. Más aún, señalaron que aceptaban “el propósito de llevar a cabo la verdadera y completa nacionalización de los ferrocarriles como un servicio público, de primera importancia para la vida nacional... Las objeciones planteadas por algunos miembros de la Cámara fueron: i) la falta de oportunidad del tratado; ii) incapacidad económica del país para llevarlo adelante; iii) inconveniencia de incorporar las deudas de los ferrocarriles al convenio, otorgando la garantía del gobierno a todas las deudas de aquéllos; iv) reconocimiento por el gobierno federal de las deudas de los Estados; v) que el impuesto del 10% en bruto de los ingresos de los ferrocarriles será un obstáculo para el desarrollo del comercio y de la agricultura, El Universal, 15 de septiembre de 1922.
  106. El Universal, 28 de septiembre de 1922.
  107. El Demócrata, 30 de septiembre de 1922.
  108. La lista completa estaba compuesta por León Salinas, Fernando González Roa, José Vasconcelos, Roberto V. Pesqueira, Agustín Legorreta, E. Yturbide, Díaz Barroso, Vito Alessio Robles, José Signoret, Joaquín Pedrero Córdova, Roberto Montes y Lewis Lamm, por el lado mexicano. Por el del Comité Walter T. Rosen, J. J. Hanauer, Jesse Hirschman, R. G. Hutchins, Jr., L. F. Loree, E. N. Brown, William Wiseman, Henry Ruhlender y Carlos Félix. De la Huerta a Lamont, 16 de junio de 1922, naw 812.51/775.
  109. Lamont comunicó a De la Huerta la gran importancia que tenía el anuncio de que la elección del nuevo directorio fuera hecha tan rápidamente como fuera posible. Ésta era, en opinión de Lamont, el primer paso en relación con el regreso de los ferrocarriles a manos privadas, tal y como se había señalado en el artículo 5 del convenio del 16 de junio. Más aún, el regreso de los ferrocarriles le parecía como una condición precedente para hacer posible declarar operativo al plan en su parte ferrocarrilera, por lo que le preguntó a De la Huerta cuáles pasos estaba dando el gobierno de México para cumplir su parte. Mensaje de Lamont a Carlos R. Félix, para ser trasmitido a De la Huerta, 5 de enero de 1923; Lamont a Hughes, 9 de enero de 1923, naw 812.51/935.


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