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El convenio De la Huerta-Lamont de 1922: La dilomacia financiera como arma de la revolución
Pedro Castro
Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
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Introducción
El trabajo que presentamos analiza los motivos de la decisión del gobierno mexicano de encontrarse con los banqueros internacionales, a partir del Convenio De la Huerta-Lamont, negociado por Adolfo de la Huerta, el tenso y complejo proceso negociador, el contenido y la trascendencia de los arreglos, así como las diferencias entre el presidente y su secretario de Hacienda, traducido a la postre en el retraso en la operación del Convenio. A más largo plazo, estas discrepancias entre los dos personajes alimentaron el distanciamiento primero, y el rompimiento después del acuerdo, así como la modificación de algunos términos.
Desarrollo
La triple necesidad de remover escollos en favor del reconocimiento de Washington a su gobierno, obtener créditos para proyectos gubernamentales, así como reanudar los flujos de capital externo hacia México, llevó al presidente Álvaro Obregón a retomar el intento frustrado de Carranza de 1919 de llegar a un entendimiento con la banca internacional.1 Ya en diversas ocasiones, y durante su campaña como candidato a la presidencia, había prometido arreglar
el crédito exterior e interior del país, buscando modificar los resultados de la política de incautación bancaria de 1914-1916, que habían alejado a sectores empresariales nacionales y foráneos. El impulso se beneficiaba de una situación favorable en materia de finanzas públicas y por la buena disposición del Comité Internacional de Banqueros de entrar en negociaciones con México.2 Esta coalición, formada al calor de las negociaciones de Versalles, descansó en la aceptación de la banca estadunidense y el Departamento de Estado de que los acreedores europeos recibieran pagos atrasados de capital e intereses, a cambio de que se apoyara a Washington en la defensa de los derechos de sus nacionales afectados por la legislación revolucionaria. El eje en torno del cual giraría este entendimiento fue el abogado Charles J. Hughes, secretario de Estado de los Estados Unidos, quien estaba en contacto estrechísimo con Thomas J. Lamont, secretario ejecutivo del Comité.
La obsesión del presidente Obregón por tener el reconocimiento de su gobierno por parte de los Estados Unidos lo condujo, según expresión de Bassols, a “morder el anzuelo”, al creer que el problema consistía en que México aceptara pagar sus obligaciones financieras y reconquistara de esa manera el crédito internacional. El presidente mexicano había dado algunas muestras de su voluntad para resolver las dificultades con los Estados Unidos por la vía rápida, en marcado contraste con las posturas de Carranza y De la Huerta.3 Sin embargo, lo limitaban los imperativos de respetar la herencia nacionalista de Carranza y la negativa del gobierno provisional de 1920 a recibir el reconocimiento a cambio de un Tratado de Amistad y Comercio que garantizara los derechos adquiridos por extranjeros sobre la tierra y el petróleo.4 La estrategia a seguir –diseñada e instrumentada por Adolfo de la Huerta, su secretario de Hacienda– era llegar a acuerdos con las compañías petroleras y los banqueros y aun con el gobierno de los Estados Unidos, antes de firmar un tratado políticamente riesgoso, que echaría por tierra los contenidos nacionalistas de la Constitución de Querétaro de 1917.
El gobierno mexicano encontró en el Comité Internacional de Banqueros el interlocutor necesario para comunicarse con el mundo financiero, y desde principios de 1921 buscó acercarse a él. En un primer paso, De la Huerta invitó a William Wiseman, banquero allegado al Banque de Paris et des Pays Bas (casa accionista importante del Banco Nacional de México), y a Thomas W. Lamont, a realizar una visita a México. En comunicación epistolar, De la Huerta definió la deuda nacional como el conjunto de obligaciones contratadas por los gobiernos legales precedentes, y manifestó la disposición de la administración obregonista de pagar todas sus deudas.5 En lo que sería el movimiento inicial del Comité, Wiseman se presentó en la capital mexicana, acompañado de Vicent W. Yorke, presidente de la Mexican Railway Ltd. Desde el 12 de enero hasta el 22 de marzo de 1921, ambos exploraron el terreno y elaboraron informes favorables respecto a la situación mexicana.6
La visita de Lamont a México, en cambio, requirió preparativos políticos extraordinarios, porque puso a prueba por vez primera al Comité tanto frente a los gobiernos de Washington y de México como a sus propios representados. Lamont comenzó a plantear algunas demandas, como la internacionalización del Consejo de Administración del Banco Nacional de México, a fin de convertirlo en un instrumento de control indirecto de las finanzas mexicanas. Luego rechazó el esquema obregonista de reanudación de los pagos de la deuda externa, tal como fue expresado en el decreto del 7 de junio de 1921 y en el anuncio del subsecretario Manuel Padrés de reanudar los pagos de la deuda al mes siguiente, con base en nuevos impuestos a la exportación de petróleo. Para el banquero estadunidense era inaceptable que los ingresos fiscales petroleros sirvieran de palanca para normalizar los compromisos internacionales de México, porque ello propiciaría un enfrentamiento entre banqueros y petroleros, como en efecto eran los planes de Hacienda. La estrategia mexicana en ese momento consistía en compensar las presiones de los petroleros al Departamento de Estado por medio de una influencia favorable de los banqueros satisfechos. Pero la maniobra fracasó: quienes aparecían como las partes beneficiadas en la estrategia mexicana fueron los primeros en rechazarla.7
A mediados de 1921 Thomas W. Lamont mostró su oposición a los préstamos de fondos de los petroleros a Obregón, y los convenció de la necesidad de seguir un plan común con los banqueros. Juzgó cualquier empréstito como prematuro y contrario a un arreglo ordenado de las finanzas gubernamentales de México, y estimó que “cualquier préstamo que involucrara los derechos de exportación de petrólero, contravendría su acuerdo de 1899”.8 En vísperas de su visita a México, Lamont se reunió con los petroleros Walter Teagle de la Standard Oil de Nueva Jersey, Edward L. Doheny de la Mexican Petroleum, J. W. van Dyke de la Atlantic Refining, Harry Sinclair de la Sinclair Consolidated Oil Corporation y Amos Beaty de la Texas Company, quienes el 23 de septiembre firmaron con De la Huerta un importante acuerdo. Habían aceptado organizar un sindicato de banqueros para comprar en el mercado abierto, al 40% a la par, un paquete de obligaciones externas del gobierno mexicano, destinado a ser medio de pago de sus impuestos.9 De esta manera Obregón podría hacer una remisión real del 60% de los impuestos a los petroleros, sin menoscabo de su capacidad de sostener que estaba recibiendo su valor total, con pagos de los bonos a su valor de mercado. Para De la Huerta no existía ninguna irregularidad en su plan, pues con varios contratos de préstamo el gobierno tenía el derecho de comprar sus propios bonos. Lamont pensaba que este derecho podía ser ejercido, siempre y cuando estuvieran cubiertos los intereses atrasados.10
El 5 de octubre de 1921 Thomas W. Lamont llegó a la ciudad de México, con una amplia capacidad de representación en las discusiones acerca de la deuda externa con el gobierno mexicano. Las negociaciones con De la Huerta fueron en especial difíciles debido a la rotunda negativa de los banqueros a aceptar el plan mexicano de redención de bonos mediante el pago de impuestos petroleros. Ante la posición intransigente de su huésped, el secretario de Hacienda propuso entonces que fueran los banqueros quienes sometieran un nuevo plan, tarea a la que Lamont se empeñó de inmediato. Elaboró un documento consistente en una serie de líneas generales que llamó “principios necesarios para el restablecimiento del crédito del gobierno mexicano en los mercados líderes de inversión del mundo”, una larga serie de demandas generales que pretendía cubrir todos los asuntos pendientes.11 Aunque el secretario de Hacienda no hizo ningún pronunciamiento en contra este plan, las negociaciones de Lamont en México fueron un fracaso, debido a la insistencia de De la Huerta en llevar adelante el programa de la compra de bonos de deuda con los petroleros. La opinión de Summerlin, encargado estadunidense de negocios en México, que a la postre resultaría acertada, fue que las negociaciones se reanudarían cuando las autoridades mexicanas se convencieran de que el plan de la compra de bonos no era viable.12
Lamont seguía la línea estratégica de Washington de mantener un estrecho cerco financiero a México, por lo que se mostró en especial activo en bloquearle los créditos e impedir los contactos del gobierno obregonista con cualquier casa bancaria antes de la existencia de un arreglo global de la deuda.13 Su mayor éxito fue atraer a la casa Speyer & Co., elemento clave de la estrategia de De la Huerta. Existían varios motivos por los que el gobierno de Obregón esperaba contar con esta compañía. Había gozado de una situación privilegiada en México antes de la Revolución y creía encontrar en el método de De la Huerta la oportunidad de regresar a recuperar sus viejas posiciones. Era accionista del Banco de Comercio e Industria y estaba ligado al Deutsche Bank, empresa restringida por el gobierno de los Estados Unidos debido a la primera Guerra Mundial.14 El secretario de Hacienda lo había invitado a acercarse a los petroleros para proponerles formar el sindicato comprador de los bonos por 80 millones de dólares, invitación que fue aceptada.15 Pero el plan se frustró. Ya convencido por Lamont, el Comité de los Ejecutivos Petroleros notificó el primero de diciembre de 1922 al secretario De la Huerta que no estaban en la capacidad de sostener la cláusula de la compra de bonos. Su argumento era que Speyer se había unido al Comité de Banqueros y no se podía seguir adelante con el proyecto.16
Ante tal rechazo, Adolfo de la Huerta emprendió caminos nuevos a principios de 1922. Envió a Nueva York a Eduardo Yturbide, gerente del Banco de Comercio e Industria, a realizar el último intento de convencer a los banqueros acerca de las bondades de su plan. Si tal objetivo no podía alcanzarse, entonces el proyecto debía descartarse en favor de otro, acorde con los principios delineados en octubre por Lamont.17 Ante el fracaso de Yturbide, De la Huerta no se resignó y amenazó con dedicar los ingresos del petróleo para comprar masivamente todo tipo de obligaciones gubernamentales. Lamont reaccionó con aspereza ante la postura del secretario de Hacienda, advirtiéndole que si realizaba la compra de obligaciones por medio de bancos locales, se daría al traste con cualquier posibilidad de negociación, pues tal acto significaba un repudio de México a sus obligaciones financieras. Lamont invitó a De la Huerta a discutir el asunto en Nueva York ante los representantes de las distintas secciones del Comité de Banqueros.18 En respuesta, De la Huerta le hizo ver a Lamont que lo recaudado en efectivo por impuestos petroleros permanecería sin tocarse, con miras a destinarse al pago de los acreedores una vez que se diera un acuerdo con los banqueros, sin abandonar la amenaza de “otras maneras de solucionar sus problemas”. La invitación extendida en su favor acabó siendo aceptada.19
El 18 de marzo de 1922 el presidente Obregón anunció que De la Huerta viajaría a Nueva York con el propósito de negociar con los banqueros, y cuatro días después hizo pública la intención de su gobierno de cumplir con sus obligaciones y de continuar pagando los intereses, camino que debería conducir al reconocimiento de los Estados Unidos y a mejores relaciones de México con este país.20 En esos momentos De la Huerta se encontraba en Hermosillo renovando su licencia como gobernador de Sonora y participando en los detalles de su sucesión. Ante el retraso en volver a la capital mexicana, Plutarco Elías Calles, entre amigo personal e intermediario de Obregón, apremió su regreso.21 De la Huerta inició su periplo el 20 de abril desde Hermosillo hacia la ciudad de México.
A la llegada a su destino, De la Huerta se entrevistó con el Comité de los Ejecutivos Petroleros del 24 de abril al 3 de mayo de 1922. Hablaron de los criterios impositivos del petróleo de exportación, así como de la formación de una gran compañía que llevaría el nombre de Petroleum Development Company de México. En su propósito general, esta idea de De la Huerta era el medio idóneo para zanjar en definitiva la larga controversia en torno de la propiedad de los recursos del subsuelo. En el interés de las compañías, el secretario de Hacienda planteó la conveniencia de ampliar las zonas de explotación a regiones nuevas, en una superficie aproximada de 700 mil hectáreas en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, con posibilidades de extensión a otras regiones. Las petroleras contribuirían con recursos financieros, organización y experiencia, y participarían con capitalistas mexicanos. Pero ellas se mostraron renuentes a aceptar la presencia del gobierno de México y a reconocer los derechos de la nación en las propiedades que las compañías habían adquirido antes y después de 1917. El único logro específico de la reunión fue una rebaja impositiva, que fue muy criticada por la prensa local del momento.22
El 22 de mayo el presidente Álvaro Obregón autorizó al secretario De la Huerta a negociar con los banqueros en Nueva York la consolidación de la deuda pública, así como la relacionada con los Ferrocarriles Nacionales y la Caja de Préstamos. En tono de advertencia, y para mantener a De la Huerta exclusivamente en la esfera financiera, dispuso que las conferencias “se relacionaran única y exclusivamente con el arreglo de nuestra deuda pública, debiendo rechazar cualquier otro punto que intente discutir”. Al día siguiente Obregón emitió una nueva nota, “relativa a la ampliación del acuerdo” anterior. Le autorizó a aceptar “cualquier plan de arreglo que en su concepto fuese favorable a los intereses del país”, que debía ser sometido luego a la “ratificación o rectificación” presidencial.23 Obregón también encomendó verbalmente a De la Huerta que negociara préstamos para obras de riego y el Banco Único de Emisión, y que llegara a algún acuerdo definitivo con los petroleros, asuntos de la mayor importancia para el presidente. Los préstamos del exterior para la fundación del Banco Único aparecían en ese momento como el único camino a seguir. La Ley de Desincautación de los Bancos había sido un paso necesario, aunque no suficiente, para lograr la conciliación entre los banqueros nacionales con el Estado y restablecer el nuevo sistema bancario nacional. En otras palabras, en esos momentos se juzgaba remota la participación de los empresarios mexicanos en un Banco Único, situación que cambiaría en 1925 al fundarse el Banco de México.24
El secretario de Hacienda de México salió a Nueva York el 23 de mayo, a bordo del carro presidencial Hidalgo. Le acompañaban los abogados Salvador Urbina, Alejandro Quijano y Palacios Valadés, el experto petrolero ingeniero Joaquín Santaella, Olallo Rubio, Martín Luis Guzmán, Agustín Legorreta, Eduardo Yturbide, Rodolfo Montes (abogado de la petrolera El Águila), León Salinas (presidente del consejo directivo de los Ferrocarriles Nacionales), así como el general J. A. Ryan (representante legal de la Texas Oil Company).25 De la Huerta llegó a Nueva York en el mayor de los secretos, despistando a la prensa, la cual incluso ignoraba el lugar en donde se hospedaba.
El 2 de junio iniciaron los trabajos de De la Huerta con el Comité Internacional de Banqueros.26 Las sesiones iniciales tuvieron lugar a puertas cerradas, y en más de una ocasión las negociaciones estuvieron a punto de romperse, como la del 5 de junio, cuando se discutió el asunto del fondo especial a partir de los ingresos del petróleo. En esta ocasión se planteó por primera vez el asunto de los Ferrocarriles Nacionales. Walter T. Rosen, de Ladenburg, Thalmann & Co., propuso que la administración de la compañía debía regresar a manos privadas y que las tarifas del servicio deberían ser realistas, en el sentido de que reflejaran costos de operación más utilidades. La contrapropuesta de De la Huerta fue la inclusión de la deuda ferrocarrilera al total de la deuda consolidada del gobierno mexicano, con sus respectivos intereses, aceptando la transferencia de la dirección del ferrocarril a manos privadas.27
Para el 9 de junio las negociaciones ya presentaban avances. En las discusiones relativas a cuál sería la cantidad que México pondría a disposición de los banqueros y en qué plazo, De la Huerta planteó, con éxito, cinco años a partir de 1922, tiempo en el que “según los cálculos más pesimistas, México se habrá recobrado completamente de sus quebrantos”. Su postura era que debían tomarse como base para el cálculo “las necesidades mínimas de los mexicanos”, así como las responsabilidades de la deuda interna.28 Después los banqueros aceptaron la eliminación de las series B y C de los bonos De Kay (de la llamada Deuda de Huerta) y que el periodo revolucionario no incluiría el transcurrido después del 1º de junio de 1920. Como punto de compromiso entre la condonación total de intereses del periodo revolucionario y el pago que debía haberse reanudado el 1º de junio hasta el momento, se estableció un bono por el total de sus intereses vencidos, desde la suspensión de la deuda a la fecha, a 40 años de plazo sin intereses. La deuda de los ferrocarriles quedaba incluida en el arreglo consolidado, obligándose el gobierno a devolver su manejo a la empresa, pero estableciendo que la acción de embargo de la hipoteca se suspendía. Quedaría en favor de la deuda de los ferrocarriles, como garantía de que habían de cumplirse los convenios, las utilidades de la empresa más 10% de los fletes y pasajes.29 Aquí fue el principio de la oposición de Obregón a De la Huerta. Respecto a la garantía ferrocarrilera, el presidente le preguntó de dónde saldría ese 10%, y si el Tesoro Nacional iba a respaldarlo con un fondo equivalente al 10% del valor total de los fletes y pasajes. El presidente también le recordó que los ferrocarriles cargaban con adeudos vencidos por material de construcción y material rodante por más de 10 millones de pesos. En tono de reproche, Obregón le hizo saber que no tenía ninguna noticia acerca de los fondos para la fundación del Banco Único y del destinado a las obras de riego, “ambos de importancia fundamental para el desarrollo de nuestro país y para afrontar con mayor seguridad de éxito nuestros compromisos”.30
El 13 de junio el negociador mexicano en Nueva York comunicó a su jefe en la sesión matutina que “después de esos arreglos será muy fácil suscribir un empréstito y abrir créditos de alguna consideración”. De la Huerta iniciaría pláticas con el grupo francés para el Banco Único, siendo su propósito que el 49% sería puesto a la venta.31 Pero durante la tarde, en una reunión “tempestuosa, sumamente penosa para mí”, los banqueros le reiteraron que no habría ningún tipo de empréstito sin el reconocimiento previo de Washington a su gobierno.32 El 14 de junio fue en vísperas de la firma del convenio entre De la Huerta y los banqueros. Ese día Obregón le hizo saber a De la Huerta que consideraba que las bases generales del arreglo eran convenientes para el país, pero temía “que nuestra situación económica no nos permita cumplir con los compromisos contraídos, si no se incluyen en el convenio el fondo para el Banco Único y los fondos para las obras de irrigación”. Ordenó a De la Huerta que saliera hacia la capital mexicana con el proyecto de arreglo, “donde trataremos ampliamente sobre este asunto, y daremos desde aquí la ratificación, al quedar enteramente seguros de que los compromisos contraídos en el proyectado arreglo podrán ser cumplidos eficazmente por nosotros”.33
Con exasperación apenas contenida, De la Huerta le respondió que había explicado los motivos de los banqueros para incluir en el arreglo un préstamo al gobierno de México, pero “en su Comité de Acreedores no pueden establecer la condición que han de dar un empréstito para obras de irrigación, toda vez que esta operación corresponde a una casa bancaria o sindicato de banqueros”. Ellos solamente se comprometieron a “cooperar en forma útil” con México, tal como apareció en una cláusula del convenio. De la Huerta mencionó ofrecimientos recibidos, por lo que veía que se podría arreglar un empréstito de regular consideración, pero después de la firma con los acreedores, y una vez que el gobierno mexicano se viera libre de la amenaza de embargo que tenía por las garantías de sus deudas.34 En otra comunicación del mismo día, De la Huerta insistió en que más que probabilidades existían seguridades sobre empréstito en breve tiempo, y que resultaba innecesario su “viaje repentino” a México. Ese mismo día De la Huerta envió a Martín Luis Guzmán de vuelta, a fin de poner al tanto al presidente Obregón de los detalles del convenio.35
A las 5:40 pm del 16 de junio de 1922 fue firmado en Nueva York el Convenio De la Huerta-Lamont. Este acuerdo estableció el plan de ajuste de toda la deuda exterior de México directamente garantizada, la deuda de los Ferrocarriles Nacionales y algunas de las llamadas deudas interiores, cuyos bonos estaban en su mayor parte fuera de México. El valor nominal de la deuda se reconoció en alrededor de mil millones de pesos ($500 millones oro), más los intereses atrasados de 400 millones de pesos ($200 millones oro). Un cálculo la ubicó en $1 451 737 587, en la que correspondían $1 037 116 145 a capital y $414 621 442 a intereses,36 incluida la deuda ferrocarrilera, que ascendía a $484 722, de la que se haría cargo el gobierno. En el acuerdo México reconoció todas sus deudas “legítimas” a pagarse dentro de sus posibilidades, con excepción de los bonos emitidos por el gobierno de Victoriano Huerta en 1913, de las series B y C, cuyos fondos habían sido utilizados para comprar armas y municiones De Kay, usados en la guerra contra Carranza. La deuda de Huerta bajó de $178 700 290 a $58 200 000.37 Su preámbulo reconocía que el gobierno mexicano tenía otras obligaciones que cumplir, esto es, la restitución de las reservas metálicas a los bancos, la deuda agraria y los bonos de los empleados, a satisfacerse eventualmente por bonos interiores o por algún otro medio. Asimismo, expresaba que “individuos” que componían el Comité de Banqueros, por la identidad de intereses de los mexicanos y de los acreedores extranjeros, “manifiestan su interés constante y su deseo de cooperar en forma útil”. En la cláusula de los intereses corrientes, el gobierno mexicano se obligó a formar un fondo que ascendería durante el primer año a $30 millones oro nacional, aumentándolo anualmente en $5 millones, de manera que para el quinto año no fuera menor de $50 millones. Para crear el fondo el convenio se tomaría el total de los derechos de exportación del petróleo, establecidos en virtud del decreto del 7 de junio de 1921, el 10% de la entrada bruta de los ferrocarriles, así como las utilidades líquidas totales de éstos, si las hubiere. El fondo especial para el pago de los intereses corrientes sería aumentado cada año, hasta el 1º enero de 1928, fecha de la reanudación completa del servicio de la deuda. En la cláusula de los intereses vencidos se estableció que los existentes hasta el 2 de enero de 1923 no ganarían ningún interés como consecuencia de su falta de pago. Dichos intereses serían pagados en 40 años, de 1928 a 1968, y el pago se haría en 40 anualidades de igual valor. Los cupones de interés vencido adheridos a los bonos serían desprendidos cuando así fuese posible, y depositados en poder de algún fideicomisario, y el Comité Internacional extendería a los tenedores recibos o certificados por el valor nominal de los cupones. En lo referente a las obligaciones principales vencidas, el convenio distinguió las amortizaciones vencidas de la deuda pública –entre las que se encontraban dos empréstitos íntegros–, y los fondos de amortización de los Ferrocarriles, y los pagarés y demás compromisos de los Ferrocarriles Nacionales.
Respecto a los empréstitos vencidos, a las amortizaciones vencidas de los demás empréstitos y a los fondos acumulativos de amortización de los ferrocarriles, el convenio determinó que los vencimientos se pospusieran por un plazo no mayor de los cinco años a partir de 1923. En lo relativo a los pagarés de los Ferrocarriles se determinó que tanto los vencidos como los que estuviesen por vencerse serían prorrogados “por un plazo razonable”. Los Ferrocarriles deberían volver a ser administrados por particulares como antes de la Revolución y el gobierno asumiría por endoso toda la deuda de los ferrocarriles no garantizada. En este tema se acordó también que los tenedores de bonos y pagarés de Ferrocarriles en circulación presentasen sus títulos, a fin de que fueran sellados con el compromiso del gobierno mexicano de hacerse cargo del pago del principal, intereses y fondo de amortización de estos últimos.38 En virtud de este compromiso el gobierno se convertiría en acreedor de los Ferrocarriles, y los gravámenes establecidos por las hipotecas y las escrituras vigentes sobre las propiedades de los Ferrocarriles Nacionales de México serían depositados en fideicomiso, y no se harían efectivos a menos que el gobierno mexicano no cumpliera con las obligaciones del Convenio, y entonces podrán ser ejercitados en favor de sus tenedores.39
Esta parte del convenio, la más atacada en el Consejo de Ministros, fue defendida vigorosamente por su autor. En una respuesta a los ataques de Luis Cabrera, De la Huerta habló de sus razones para negociar la cláusula ferrocarrilera como lo hizo:
En cuanto a que el gobierno mexicano haya ofrecido garantizar las deudas de los ferrocarriles, esto se hizo con el propósito de evitar que los fideicomisarios tomaran posesión de las líneas. En otras palabras, pusimos la garantía del gobierno como una barrera entre los fideicomisarios y los ferrocarriles. Además, conseguimos una ventaja apreciable, como fue la de hacer extensivas a las deudas de los ferrocarriles las franquicias que obtuvimos para la deuda pública con la firma del convenio. Por lo demás, esta garantía del gobierno tiene carácter provisional, pues sólo estará en vigor mientras se reanude el servicio de la deuda ferrocarrilera y los ferrocarriles recobren su prosperidad normal. Sin contar con que de esta manera el gobierno aumenta su control sobre los ferrocarriles, pues se convierte en su acreedor a medida que transcurre el tiempo. Debo expresar que este arreglo sobre la deuda de los ferrocarriles fue uno de los que más trabajo dio, pues los banqueros, naturalmente, hubieran visto con gusto que se eliminara esa cláusula, que ya eliminada, dejaba en vigor sus derechos hipotecarios.40
El presidente Obregón tomó nota de que el 16 de junio había sido firmado el convenio, por lo que comunicó a De la Huerta que merecía “el bien de la patria” y lo felicitaba “por tan legítima victoria”, aunque le seguía inquietando el punto de los empréstitos.41 Pero el día 17, Obregón le manifestó a De la Huerta su interés de que regresara a la capital mexicana, “para otorgar de aquí ratificación”.42 En respuesta a las dudas acerca de la capacidad de pago del país, De la Huerta señaló que la cantidad para pago de los intereses corrientes quedaba asegurado, “sin lugar a equivocación”, con los 24 millones de pesos anuales “promedio” derivados de los impuestos a la exportación del petróleo. Los 6 millones restantes se integrarían con el 10% de las entradas brutas, por fletes y pasajes. Los demás ingresos del gobierno quedaban libres para otros gastos.
Por otro lado, le informó que las deudas de los bancos y de los empleados se arreglarían en bonos que, por medio del Banco Nacional de México, serían negociados en Nueva York, “según arreglos hechos”, que después se probaría que fueron verbales. “Y nos quedan las utilidades del Banco Único, para hacerle frente al empréstito (todavía inexistente) de 51 millones, para la parte que el mencionado banco ha de suscribir el gobierno, y para los intereses de las cantidades necesarias para obras de irrigación.” De la Huerta dio un giro al lenguaje y mencionó que éstos eran “indispensables para nuestra estabilidad política y económica”. Le comunicó que en el transcurso de la siguiente semana trataría de ambos empréstitos.43 Esta nota tranquilizó a Obregón, quien le dijo que una vez que hablara con Martín Luis Guzmán se comunicaría inmediatamente con él para resolver si la ratificación se haría después de su regreso a México “o desde luego”, pero que en ese momento se inclinaba “por la segunda fórmula”. En respuesta, De la Huerta le comunicó su beneplácito por su aparente aprobación y le hizo saber sus discusiones con Lamont y Chevalier respecto al empréstito para el establecimiento del Banco Único.44
De la Huerta continuó sus pláticas con el Comité de Ejecutivos Petroleros entre el 19 y el 27 de julio, en un ambiente de desaliento que ya se percibía, pues los hombres de negocios de Nueva York veían en la falta de ratificación del convenio de la deuda pública un voto de desconfianza hacia el enviado mexicano. El proyecto del consorcio destinado a ampliar la plataforma productiva de los depósitos mexicanos fue el tema central de esas pláticas.45 Sin embargo, las diferencias respecto al artículo 27 constitucional de nuevo alejaron las posibilidades de cualquier arreglo. Ahora De la Huerta ofreció que México aportaría sus derechos de propiedad del subsuelo y los petroleros dinero y esfuerzos, reservándose el país el 30% de las utilidades netas de la nueva compañía. La propuesta fue rechazada por los petroleros porque aceptarla significaba el reconocimiento de los derechos de México al subsuelo. Sostenían que para explotar las riquezas petroleras se necesitaba un capital adicional considerable, y que no era posible pedirlo a los accionistas si no se les daban todas las garantías de propiedad necesarias.46 Un motivo más de diferencias fue que las compañías demandaban pagar menores impuestos en las explotaciones realizadas en las zonas nuevas, a lo que De la Huerta se negó. Cuando el secretario de Hacienda pidió un adelanto por 25 millones de pesos a cuenta de los impuestos, las compañías lo rechazaron, alejando así toda posibilidad de que De la Huerta regresase a México con fondos en el bolsillo.47 En su informe telegráfico a Obregón respecto a estas reuniones, De la Huerta explicó detalles de las negociaciones y expuso la doctrina en la que se basó su gestión:
... con los petroleros estamos tratando sin vulnerar en lo más mínimo nuestra legislación fundamental, sosteniendo a todo trance la Constitución del diecisiete y más que todo el artículo veintisiete en todo su vigor... Yo he sostenido... que todos los artículos constitucionales tienen aspectos retroactivos, pues toda Constitución rompe los viejos moldes... Ya en esta nueva situación, es indudable que, dentro de las nuevas formas, tenemos que buscar... la manera de compensar, indemnizar o sustituir todas aquellas prerrogativas nulificadas, todos aquellos derechos adquiridos y todos aquellos intereses vulnerados. Esto se consigue, según mi criterio, confirmando dentro del nuevo orden de cosas los mismos derechos, confiriendo dentro de las nuevas formas prerrogativas, equivalentes e indemnizando fiel y justamente todos los intereses afectados... Esta tesis estaba estrictamente dentro del criterio del Departamento de Estado del señor Hughes, cuando en junio del año pasado expresó que todos los intereses que fueron expropiados consideraba él que debían ser íntegramente indemnizados. Por esta razón podemos afirmar que en la aplicación del artículo veintisiete no hay efectos confiscatorios y que los derechos adquiridos antes de mil novecientos diecisiete serán confirmados dentro del nuevo orden de cosas...48
Los convenios de Nueva York desataron una ruidosa polémica en la prensa. Del lado impugnador destacaron Luis Cabrera y Toribio Esquivel Obregón, mientras que Jaime Gurza, Francisco Bulnes, Antonio Manero, Carlos Díaz Dufoo y Arturo G. García opinaron favorablemente acerca de los convenios. El que abrió fuego fue don Luis Cabrera, sosteniendo entre otras cosas que los acuerdos dejaban a México en manos de los Estados Unidos, quien enfrentó una rápida respuesta de Antonio Manero.49 Francisco Bulnes, por su parte, señaló que en “cualquier país civilista, la labor del señor secretario de Hacienda... le habría dado derecho a la presidencia de la República”. Más importante que todo, era la “reconquista” del crédito moral, que daba derecho a México “a que no lo traten como país de salvajes o bandidos”, amén de sus ventajas financieras”.50 En un sentido semejante se expresaron Díaz Dufoo51 y Arturo F. García, quienes realizaron estimaciones que arrojaban sumas considerables de ahorros resultantes del convenio.52
Toribio Esquivel Obregón expuso, al comentar los convenio de Nueva York, que De la Huerta hizo aún más gravosa para la nación la responsabilidad –ya de por sí muy grande– que Limantour había asumido para asegurar el control o dominio de los Ferrocarriles Nacionales. En respuesta, el secretario de Hacienda reiteró las virtudes de su cláusula ferrocarrilera manifiestas en la eliminación de la “gravísima amenaza de incautación de las propiedades de la empresa por los acreedores extranjeros”.53 Para Gurza, el secretario de Hacienda tenía el deber de velar porque no se perdiera ese control que el gobierno había adquirido en 1908 y que ese derecho del gobierno no quedara sin valor, ya que las acciones de los Ferrocarriles formaban parte de los bienes de la nación, cuya protección y cuidado le estaba encomendada.54 En otro momento, Gurza señaló enfáticamente que “se juzgaba indispensable para la consolidación de la paz pública, para la defensa de los grandes intereses nacionales, que el gobierno tenga el dominio de nuestros principales ferrocarriles; si, en vista de nuestra delicada situación interior y exterior, se cree necesario continuar la política de nacionalización de los ferrocarriles iniciada por el señor Limantour en 1906...”55
De la Huerta consideraba que el mayor obstáculo en sus gestiones sobre empréstitos y reconocimiento era la falta de ratificación oportuna del convenio. Para ello trató desesperadamente de convencer a su jefe de que la otorgara, aunque fuera de manera privada.56 La respuesta de Obregón fue negativa.57 Con evidente exasperación, De la Huerta le hizo saber a Obregón que los arreglos acerca del Banco Único y de las obras de riego tenían que partir de que el arreglo con el Comité fuera un hecho, por lo que le pidió al presidente, en el terreno confidencial, su opinión definitiva sobre los arreglos.58 Obregón “dedujo” que De la Huerta se encontraba en un estado de exacerbación “muy justificable” y le pidió que conservara su “habitual serenidad”. A estas alturas, Obregón le habló abiertamente acerca de sus objeciones a los convenios, entre las que destacaba la cláusula de los ferrocarriles, y le propuso separarla del convenio de la deuda pública. Consideraba que la obligación del gobierno de devolver la línea en el estado en que se encontraba cuando se hizo cargo de ella era peligrosa, porque debía pagar todos los compromisos pendientes de la empresa y gastar 8 millones para la adquisición del material rodante que faltaba por completar.59 De la Huerta celebró el “claro talento” y la sensibilidad de Obregón para percibir el estado de ánimo en el que se encontraba. Su razón era que, antes de que el Comité se disolviera, sus miembros le instaron a que diese una resolución sobre los arreglos, y estaba la urgencia de muchos de los miembros del Comité por salir a Europa.60 De la Huerta consideraba la división del convenio como “impracticable”, pues habría que juntar de nuevo a todo el Comité, cosa imposible por las partidas de los miembros europeos.61 En relación con los préstamos, Lamont dijo que estaba enteramente dispuesto, “siempre que se trate este asunto después del reconocimiento”, pero De la Huerta no perdió sus esperanzas de que “algo podrá resolverse sobre este asunto”.62 La respuesta del presidente fue tajante: puesto que no se sabía cuánto tiempo iba a dilatar el reconocimiento, la oferta de Lamont no significaba ninguna garantía, y los puntos del banco y las obras debían quedar “perfectamente definidos”.63
La certeza de De la Huerta de que la postura de Obregón le era adversa, y de que tras los obstáculos y sinsabores en los Estados Unidos estaban las maquinaciones de Alberto J. Pani, secretario de Relaciones Exteriores, lo hizo recurrir al consejo de su amigo Plutarco Elías Calles. El general lo tranquilizó telegráficamente: “Todo bien. Enemigos jamás lograrán impresionarnos... Pequeñas diferencias manifestadas por el señor Presidente aspecto meramente legal... Ten absoluta confianza y obra con toda seguridad”.64 Más adelante le comentó a De la Huerta que lo escrito en un artículo aparecido de “manera dolosa”, en El Universal, en el sentido de que “el convenio no fue ratificado por trabajos hábiles de Pani... es completamente falso”. A Calles le constaba, según el telegrama, que Pani estuvo empeñado en llegar a un fin satisfactorio, “para ti y para el país”.65 De la Huerta juzgó este telegrama de “gran significación, pues ciego creyente como soy de tu sinceridad para conmigo, acepto en firme el error de El Universal sobre la actitud de Pani”.66 Pero las sospechas del secretario de Hacienda no cesaron. En una comunicación posterior, aunque “muy tranquilizado” por el mensaje de Calles, declaró no aceptar que “enemigos” no hayan logrado imponer su influencia. La oposición se debía a ellos, “pues la mayor parte de los puntos objetados eran precisamente los más bondadosos del convenio”. Subrayó las dificultades de juzgar a la distancia los acuerdos, sin conocer las “circunstancias especiales” que rodearon el caso. De la Huerta concluyó: “Si no tenían confianza en mí para desarrollar y dar forma al acuerdo presidencial, no debía habérseme mandado a ésta”.67
La conflictiva relación política y personal de Pani y De la Huerta, en efecto, estuvo en el centro de los trabajos de éste último en los Estados Unidos. Pani había sido secretario de Industria y Comercio durante el gobierno de Carranza, y era conocido por su posición en favor de la reconciliación con la comunidad empresarial de México. Amigo de Obregón, fue desde el principio de su gobierno una suerte de eminencia gris en asuntos financieros, a pesar de no contar con una cartera ministerial. Resultado de sus trabajos fuera de la vista pública y desde su domicilio, fue la Ley de Desincautación de los Bancos, promulgada el 31 de enero de 1921, que debió causar un profundo disgusto en De la Huerta, quien contaba con su propio plan de rehabilitación bancaria, mismo que fue rechazado en una reunión de gabinete.68
Pani señaló además que, como secretario de Relaciones Exteriores, fue en efecto el crítico más severo “de los errores de índole financiera en que, según mi opinión, había incurrido el Secretario de Hacienda y las consecuencias que tales equivocaciones, en el caso de ser ratificadas, acarrearían al país”.69 Era obvia, entonces, la influencia decisiva de Pani en las determinaciones de Obregón respecto a los arreglos de Nueva York.
Con su victoria cuestionable en las negociaciones de la deuda, De la Huerta perdió la partida inicial, y aguardó un golpe de suerte en Washington, porque suponía que, a pesar de todo, en algo había contribuido para lograr el tan ansiado reconocimiento por Obregón. En la espera, el 29 de junio Obregón comunicó a su secretario de Hacienda que “las bases generales del Convenio están redactadas con un mutuo y amplio espíritu de equidad” y que el gobierno “aceptaría desde luego” el convenio, a reserva de una ratificación del Congreso y con el “justo temor” de que pudiera faltarse a los compromisos del convenio. Autorizó a De la Huerta a dar por aceptado el convenio, siempre y cuando se diera su ratificación por el mencionado cuerpo legislativo, “tan pronto como tenga usted todas las seguridades de que se obtendrá de nuestros acreedores, o por ayuda o mediación de ellos, el fondo para la fundación del Banco Único y el fondo relacionado con las obras de irrigación en el país” (cursivas mías). Con la misma lógica, Obregón le hizo ver que la fundación del Banco Único y el desarrollo de la agricultura por medio del riego traerían “como consecuencia... un considerable aumento en el desarrollo del país”, y que ésta sería la “absoluta seguridad” de hacer frente a los compromisos contraídos.70 En una respuesta en que De la Huerta habló a Obregón de usted, De la Huerta le recordó que en los considerandos del convenio se hacía patente la intención de los miembros, “en lo individual”, de ayudar al gobierno, y que el apoyo de Lamont al empréstito para obras de riego tendría lugar luego de que el convenio fuese ratificado y “una vez que ya se hubiese definido la situación política internacional de México”. En cuanto al Banco Único, De la Huerta le señaló que su capital sería aportado por el Banco de París, “según formales ofrecimientos de la delegación francesa”; de aquí que la creación del banco debía ser considerada “como un hecho”. Estimó que habrían de realizarse los ofrecimientos hechos y, aunque verbales, eran “serios y formales”.71
La respuesta “oficial” de Obregón fue que:
como la dispersión de los banqueros imposibilita a usted para tratar este asunto (del Banco Único y las obras de riego), creo que lo indicado sería su salida para esta capital a fin de tratar sin festinación... este trascendental asunto... Y como este proyecto no puede surtir sus efectos mientras no sea ratificado por el Honorable Congreso de la República, no debe ser considerado como urgente y decisiva la resolución del Ejecutivo Federal.72
La respuesta “particular” de Obregón fue de una lógica singular: “No extrañes mi justa desconfianza tratándose de promesas verbales, pues tú conoces el espíritu del ranchero y más cuando la experiencia le deja una huella tan honda como la que nosotros conservamos del poco valor que los compromisos verbales encierran en ciertos casos en que intereses de alta política se interponen”. Más adelante, señala su preocupación por la trascendencia histórica de sus actos, cuando dice que “aunque la presidencia sea entregada cuando termine mi periodo, la responsabilidad de mis actos vivirá lo que vivan sus consecuencias”.73 Al recibir este telegrama, De la Huerta “se permitió recordarle” al presidente que en las pláticas de Lamont desde México, referentes a empréstitos, se declaró que para llevarse a cabo se necesitaba el reconocimiento del gobierno de México por el de su país, y no podía ser de otra manera, dada la postura inflexible del gobierno estadunidense en esta materia. Conseguir empréstitos, por lo demás, no era una operación simultánea al arreglo de la deuda, sino más bien resultado del buen arreglo al que le faltó su ratificación oportuna. Le relató que los banqueros esperaron diez días a partir de la firma de los convenios: “Estos hombres (que) cuántas diferencias presentan de nuestra psicología, tanto en el terreno social como en el político y financiero”. Y “aunque tú me comunicabas que veían en al arreglo ventajas, siempre tu fallo era condicional”, por lo que nunca se pudo dar una contestación categórica, en el sentido de aprobar o no el convenio.
De la Huerta reprocha al presidente su proceder: “Mucho se hubiera conseguido si una poquita de confianza hubieras depositado en mí... Me pusiste en una situación verdaderamente comprometida”.74 Lamentó “hondamente” la determinación de Obregón de no aprobar sus gestiones de manera clara y terminante, la “poca o ninguna” confianza que le inspiró y “la dureza de tu parte para tratar al que ha sido un amigo leal y un fiel colaborador de tu Gobierno”. Respecto al Banco Único, De la Huerta le reiteró la existencia del acuerdo con el Banco de París, de un préstamo “asegurado”. Le reprochó a Obregón que si los arreglos del 16 de junio fortalecían “grandemente” su posición internacional, por qué le negaba una palabra de satisfacción y aliento. De la Huerta invocó la “vieja y sincera amistad... para que no campeen en tu espíritu los reflejos de la labor de nuestros enemigos, que con su trabajo sutil y bien enderezado han hecho mellas en tu espíritu, encaminándote por donde sus malas pasiones han querido llevarte... No sé por qué extraño sentimiento me resistía en los últimos días de mi salida de esa capital a realizar este viaje que tantos sinsabores me ha traído”.75
La comunicación en estos términos empezó a surtir sus efectos. En una primera respuesta, Obregón mostró su pena por el disgusto causado y se acusó de falta de preparación e inteligencia que no le pemitían “abarcar, con toda la claridad necesaria y en un tiempo tan corto, como fuera de desearse, el alcance del proyecto del convenio...”. Y además “carezco de esa franca bondad que a ti te caracteriza y que te aconseja confiar en la buena fe y sinceridad del Comité de Banqueros, cuya fe y sinceridad yo concedo que individualmente podrán poseer cada uno, pero me resisto a creer que se dejen inspirar por esa buena fe y esa sinceridad cuando se trata de defender sus intereses...”.76 Después de algunas modificaciones sugeridas por De la Huerta, se llegó a lo que sería una declaración limitada y condicional del presidente Obregón en la que eludió cualquier palabra que se interpretara como ratificación.77
Lamont convenció a Hughes de recibir al secretario de Hacienda en la Casa Blanca, sobre la base de su importancia política y de la difícil situación por la que el mexicano atravesaba en esos momentos.78 El 24 de junio apareció en la prensa que De la Huerta había sido invitado de manera no oficial a dialogar con el presidente Harding, pero declinó en espera de instrucciones de Obregón, quien habría dado su aprobación “sólo si la invitación fuese oficial”.79 El presidente Obregón instruyó a Manuel Téllez, encargado de negocios de México en Washington, a autorizar la visita, pero señalando que “como la misión del señor secretario De la Huerta se contrae únicamente al aspecto financiero –que depende de la secretaría de su cargo– la cuestión internacional (Washington) no figura en su itinerario, por lo cual sólamente (sic) podría tocarla con objeto de corresponder a la cortesía del señor presidente Harding y del señor secretario de Estado”.80 Para Hanna, jefe de Asuntos Mexicanos del Departamento de Estado, era claro que Pani deseaba impedir la entrevista de De la Huerta.81 Téllez ya habría desempeñado su función como saboteador de las pláticas de De la Huerta con los banqueros en Nueva York, cuando se acercó de manera individual a cada uno de ellos para asegurarles que si rechazaban las propuestas de De la Huerta y pedían el envío de Pani en su remplazo, éste les concedería condiciones más ventajosas. Wiseman reveló a De la Huerta las maniobras del comisionado de Pani, confirmadas por el mismo Lamont.82 Años después, De la Huerta manifestó que los mismos Obregón y Calles estorbaron su trabajo en Nueva York por medio de Robert Haberman.83
La proyectada visita de De la Huerta a Washington fue manejada con extrema discreción. Se esperaba que saliera rumbo a México el 17 de julio pero, en lugar de tomar este destino se dirigió a Washington a realizar “una visita de cortesía” a la Casa Blanca, en carácter de “ciudadano privado”. El general John A. Ryan, residente en México y gran amigo de De la Huerta, fue quien le entregó la invitación del presidente Harding, misma que fue aceptada cuando Obregón así lo dispuso.84 La Embajada de México ignoró la presencia de De la Huerta en Washington, pues el viaje se efectuó sin que el personal de la embajada aparentemente lo supiera, un reflejo más de la disputa con Alberto J. Pani. Éste ya había impulsado sus propias iniciativas sin mucho éxito. Entre ellas estaban las maniobras en la Suprema Corte y, sobre todo, la elaboración de convenciones de reclamaciones y un eventual Tratado de Amistad y Comercio con los Estados Unidos.
El 18 de julio De la Huerta se entrevistó con el presidente Harding en la Casa Blanca. La plática transcurrió en su mayor parte entre muestras de afecto y trivialidades, donde apenas se tocaron los puntos principales. Al abordarse el tema del reconocimiento del gobierno mexicano, Harding declinó hacer comentarios, y se limitó a decir a su interlocutor que “estos detalles serán mejor discutidos entre usted y Hughes” .85 La entrevista posterior de De la Huerta con Hughes giró en torno de las relaciones entre México y los Estados Unidos. El secretario de Estado, de entrada, le expresó su rechazo a aspectos de la política agraria, tales como la validez de los bonos agrarios, los procedimientos para hacer las adjudicaciones y repartos, así como los montos de la compensación.86 Más adelante subrayó que “nada de las cosas importantes se habían cumplido”: el convenio con los banqueros no se había ratificado por Obregón; no había acuerdo con los petroleros, la decisión de la Suprema Corte sobre la Texas Company no resolvía la naturaleza confiscatoria y retroactiva del artículo 27, ni se habían publicado en forma oficial las cuatro decisiones adicionales de la Suprema Corte. Hughes quería “actos positivos” y lo invitó a regresar cuando lo anterior hubiera quedado resuelto.87 La falta de mención de la exigencia del tratado previo se interpretó como una señal de un cambio inminente en la política estadunidense hacia México.88
En la versión de De la Huerta, a una pregunta de Hughes sobre si el artículo 27 era retroactivo, le contestó: “Para un abogado de la talla de usted no se oculta que todos los artículos de la Constitución son retroactivos, ya que las constituciones en general vienen a reformar un estado de cosas existente”. Le externó su fórmula de arreglo: “Para que no se perjudiquen los intereses de los inversionistas en México, vamos a confirmarles los derechos que tienen dentro del nuevo orden de cosas, con las formas que establece la Constitución de 1917, y en lugar de propietarios quedarán como concesionarios para la explotación del subsuelo, sin que esto signifique la pérdida de un solo centavo para los extranjeros, que es lo que a ellos debe interesarles, respetando lo que a nosotros nos interesa, que es el sostenimiento del principio general establecido”.89 Al final de su entrevista con De la Huerta, Hughes le habría comentado que era “una lástima que sus buenas intenciones se vayan a estrellar contra la oposición de su gobierno...”.90
De la Huerta, a cambio de la no exigencia del tratado previo al reconocimiento del gobierno de Obregón, se comprometió en primer lugar a que el convenio de Nueva York fuese aprobado por el presidente y por el Congreso. En segundo término, se confirmarían los derechos adquiridos antes de 1917, otorgando dentro del nuevo orden de cosas derechos equivalentes a los anteriores, de tal modo que no pudiera interpretarse el artículo 27 como confiscatorio. Tal confirmación vendría en una ley reglamentaria. En tercer lugar, se dividirían los latifundios “para cumplir la política agraria a que está obligado el gobierno”, pero las tierras serían pagadas “justa y equitativamente”. El primero de los ofrecimientos de De la Huerta se realizaría al poco tiempo. Lo segundo quedaría a la postre en suspenso. Con respecto al tercero, se emitió un decreto que establecía un “pequeño” impuesto, del uno al millar, permitiendo a los terratenientes hacer sus manifestaciones al gobierno federal con el valor real de la propiedad, lo que sería una suerte de “póliza de seguro” por si el gobierno tuviera necesidad de esa tierra para la resolución del problema agrario y tuviera que pagar su valor comercial. Al cumplirse lo anterior, apuntó De la Huerta, para el día 15 de octubre de 1922, como lo habría ofrecido el secretario Hughes, se habrían reanudado “automáticamente” las relaciones entre los Estados Unidos y México. De la Huerta pidió a Lamont que recordara esta información a Hughes.91
La luna de miel de De la Huerta con Hughes y Harding duró poco tiempo. El mismo día de las pláticas de Washington el senador Ladd, de Dakota del Norte, hizo sonadas declaraciones referentes a México.92 Un “alto funcionario del Departamento de Estado” le respondió, sosteniendo que las cuestiones contrarias al reconocimiento del gobierno de Obregón estaban claramente entendidas. El presidente de México había declinado aceptar cualquiera de las numerosas oportunidades que tuvo para demostrar de una manera práctica su deseo de establecer relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.93 Al conocer la noticia, De la Huerta declaró no creer “que el gobierno americano haya facultado a algún funcionario público para externar apreciaciones tan injustas para el presidente de México”.94 El general Ryan, por su parte, señaló al presidente Harding que las declaraciones tendrían consecuencias desfavorables para De la Huerta en su regreso a México: “El buen efecto de su visita quedaría anulado antes de que él tuviera tiempo de explicar y poner en práctica las medidas que él estaba listo para tomar”.95 Harding tuvo la respuesta inmediata de Hughes. Según él, la declaración no era “un anuncio formal emitido por el Departamento de Estado, sino una reflexión, sustancialmente correcta, de las declaraciones hechas a los reporteros en nuestras conferencias de prensa”. En relación con los resultados de su entrevista con De la Huerta, Hughes apuntó que “todo fue muy amigable pero sobre la base de que había ciertas cosas que nosotros estábamos buscando que México hiciera y que estaba en libertad de escoger el procedimiento siempre que los resultados fuesen logrados”.96
El 24 de julio el secretario de Hacienda llegó a la ciudad de México. En una entrevista el general Calles calificó la labor de De la Huerta “como hermosa y gigantesca”,97 expresión muy contraria a la de años después.98 El secretario de Hacienda hizo notar que, aun cuando la ratificación no se había dado debido a la enfermedad de Obregón, el gabinete ya lo había aprobado. Los líderes del Congreso habían dado señales de que el convenio sería aprobado “unánimemente” el 17 de septiembre, cosa que así ocurriría.99 Por fin, el 7 de agosto de 1922 Obregón dirigió a De la Huerta su autorización para comunicar que ratificaba en todas sus partes el convenio, y que sería enviado al Congreso de la Unión el 1º de septiembre siguiente al inagurarse el periodo de sesiones.100
En la Cámara de Diputados existía mucha actividad en torno del Convenio, en medio del rompimiento partidario que enfrentaba al Partido Cooperatista con sus antiguos aliados, los laboristas y los agraristas. De aquí que los diputados cooperatistas hubieran llevado a cabo una reunión “absolutamente secreta” para estudiar los convenios, entre los que participaron Juan Manuel Álvarez del Castillo, Jorge Prieto Laurens, Roque González Garza, Mariano Samayoa y otros miembros prominentes.101 Los cooperatistas dominaban las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Crédito Público y Hacienda tanto en la Cámara de Diputados como del Senado.102 Antonio Manero presentó la más denodada defensa de la gestión de De la Huerta en Nueva York.103 La propia de la Cámara emitió un dictamen, seguido en sus puntos fundamentales por la del Senado. Las comisiones, más que entrar en el examen pormenorizado del convenio, se centraron en destacar las ventajas que para el país se derivarían de su ratificación. La discusión del convenio y de los dictámenes fue breve, y existía el acuerdo de que la Cámara estaba para ratificar o para desechar el convenio.104 Se externaron algunas impugnaciones, pero las comisiones recomendaron la aprobación de los convenios, considerando “que los pactos de Nueva York, en sí mismos buenos, constituyen, tomando en consideración los tiempos y las circunstancias, lo mejor que pudo haberse hecho en su género”.105 La Cámara de Diputados aprobó el convenio por unanimidad el 15 de septiembre. El Senado actuó en el mismo sentido el 27 de septiembre.106 Dos días después se emitió el decreto aprobatorio del convenio.107
Para entonces, una buena parte del efecto positivo inicial del convenio se había disipado, y antes de concluir 1922 el Convenio empezó a mostrar algunas fisuras. De la Huerta se había comprometido con el Comité a devolver los Ferrocarriles a sus propietarios en una fecha no determinada, propósito que había dado un margen mayor de acción al gobierno mexicano. México había propuesto un primer directorio internacional después de la transferencia, entre los que se incluían, del lado mexicano, León Salinas, José Vasconcelos, Roberto B. Pesqueira, y por el lado del Comité a William Wiseman, Walter T. Rosen, J. J. Hanauer y Jesse Hirschman.108 Lamont afirmó haber recibido de una fuente confiable una “insinuación” en el sentido de que el gobierno mexicano no se estaba moviendo apropiadamente en dirección al cumplimiento del acuerdo en el punto ferrocarrilero.109 El asunto quedó en suspenso a la postre, y no tocaría a De la Huerta ninguna participación futura en ese punto.
El fracaso político de los arreglos de Nueva York no fue, sin embargo, el problema principal en la política de Obregón hacia los Estados Unidos. Su propia obsesión por obtener el reconocimiento de Washington elevó hasta las nubes el precio que debía pagarse por él. La desilusión resultante de los intentos de De la Huerta por lograr el reconocimiento por la vía de los arreglos de la deuda, los raquíticos entendimientos con los petroleros, el impuesto del uno por ciento al millar y el convencimiento de Harding y Hughes, llevaron a Obregón a optar por la fórmula pragmática defendida por Alberto J. Pani. Para De la Huerta esta fue su derrota política, en favor de su más ferviente enemigo político quien, paradojas aparte, sería consejero cercano de Obregón y Calles. Las puertas hacia los convenios de Bucareli de 1923 se acababan de abrir.
NOTAS
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