Un gobierno en apuros: los desafíos del nuevo periodo
Luis Méndez
Augusto Bolívar Profesores-investigadores del depto. de Sociología, UAM-A
Augusto Bolívar Profesores-investigadores del depto. de Sociología, UAM-A
El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional puso en cuestión el orden político construido en los dos últimos sexenios: el liberalismo social. La realidad política nacional había engendrado una coyuntura que posibilitó un cambio substancial en los tres principales pilares que sostienen el sistema de dominación en México: presidencialismo, esquemas corporativos de control social y partido de Estado.
La posibilidad tenía un plazo: el 21 de agosto de 1994, día de la elección presidencial. Las fuerzas políticas de oposición, con el EZLN a la cabeza, pensaron que los comicios de agosto marcarían el inicio de un real tránsito a la democracia, impulsado por un gobierno de transición electo por la voluntad ciudadana a través del voto, que terminaría por desmontar los viejos estilos de ejercer el poder en México.
En efecto, el breve e intenso periodo inaugurado con la coyuntura del día 1 de enero de 1994, habría de terminar con la elección presidencial. Sólo que los resultados electorales, lejos de afirmar a un gobierno de oposición encargado de la transición a la democracia, parecieron devolverle al gobierno salinista y a su partido la cuestionada legitimidad al orden establecido. Sin embargo, por más que se quisiera, el orden impuesto a través del nombrado liberalismo social, ya no podía ser el mismo. La realidad política le iba a exigir al nuevo gobierno cambios importantes al orden construido por las dos anteriores administraciones, empeñadas, desde 1983, en facilitar el tránsito del país a la modernidad. (1) Tres grandes acontecimientos así habrían de mostrarlo:
En esta situación de agobio económico y político, el gobierno iniciaba el nuevo periodo enfrentando los mismos retos que dejó sin solución el periodo anterior, sólo que ahora los desequilibrios sociales creados exigían con más fuerza de soluciones rápidas:
Cambios que tienen que ver con la transformación de la vertical estructura de poder existente en el país, (9) con la apertura de la clase política que desde hace más de medio siglo se apoderó de la lucha por el poder, (10) con la eliminación de conductas y comportamientos que terminaron por consolidar una cultura política excluyente, y, principalmente, con la aceptación, rechazo o reformulación de las herencias doctrinarias que legó la Revolución Mexicana, fuente de consenso y legitimidad de los gobiernos priistas. (11)
El nuevo periodo vuelve a expresar la posibilidad de cambios trascendentes en el sistema político mexicano, o de reforzamiento de su carácter autoritario y centralista. Veamos.
La crisis del modelo económico neoliberal
Inesperadamente, cuando toda la atención política del país se encontraba centrada en la agudización del conflicto chiapaneco, el día 21 de diciembre la prensa nacional publicó la noticia de que los integrantes del Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento habían acordado ampliar en un 15% la banda de flotación del peso. En dicho informe se explica que "...los llamados a la violencia que ha hecho el EZLN han creado un clima de incertidumbre que obstaculiza el desenvolvimiento económico de México." La finalidad de la medida, explicaría después Jaime Serra Puche en su carácter de Secretario de Hacienda., ”...es aseguramos que los hechos recientes en el estado de Chiapas no afecten el buen funcionamiento que hemos venido observando en la economía. (12) El problema financiero del país tenía como única causa la posibilidad de que resurgiera el conflicto armado en esta entidad, y, en consecuencia, el culpable era el EZLN que había rechazado el ofrecimiento de solución del Primer Mandatario.
La credibilidad del discurso oficial se puso de inmediato en cuestión: por la simplista explicación del desastre financiero que se avecinaba, porque se supo que el documento dado a conocer supuestamente por los miembros del pacto no llevaba las firmas de las partes, (13) y porque desde este primer día, ante lo evidente, se trató de minimizar el hecho, ni los funcionarios públicos ni los miembros del partido oficial se atrevieron a señalar como devaluación el fenómeno ocurrido. (14)
Al día siguiente quedó claro que la crisis financiera estaba fuera de control. Ya no fueron los encapuchados chiapanecos los causantes de la inseguridad cambiaria. El Banco de México y la Secretaría de Hacienda hablaron ahora sí de devaluación y la atribuyeron a los desequilibrios de la balanza de pagos. Los integrantes del pacto volvieron a reunirse, reconocieron la inutilidad de la ampliación de la banda de flotación para detener el proceso especulativo en los mercados financieros, y decidieron que la oferta y la demanda de divisas determinara libremente el tipo de cambio. El peso entró en libre flotación y la economía mexicana comenzó a dislocarse.
La situación económica del país era ya alarmante y sus efectos políticos no tardaron en hacerse sentir. El día 29 de diciembre, en un mensaje a la nación, el presidente Zedillo reconoció la gravedad de la crisis y tomó como primera medida para enfrentaría la creación de un Programa de Emergencia Económica con tres objetivos fundamentales: "reducir el déficit en la cuenta corriente a un nivel sanamente financiable, crear las condiciones para una pronta y sana recuperación de la actividad económica y del empleo, y hacer que el efecto inflacionario de la devaluación sea lo más reducido y breve posible para evitar que la economía caiga en una espiral inflacionario." Le aceptó además su renuncia al secretario de Hacienda, lo hizo culpable inmediato de la situación y consideró que no era el indicado para " ... concertar, integrar y poner en ejecución el Programa de Emergencia Económica con la eficacia y credibilidad que reclaman las circunstancias...” (15) Por último, aprovechó la ocasión que le brindaba este mensaje a la nación para marcar una sana distancia del mandato salinista al hacerlo responsable del quiebre financiero que sufría el país. (16)
A partir de este momento, el problema prioritario fue buscarle una solución inmediata a la crisis financiera. Igual que en 1976, 1982, 1986 y 1987, el recurso para salir del atolladero fue el gobierno de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Intemacional. (17) El riesgo, por demás conocido después de casi 20 años de "apoyo", lo constituía el hecho de tener que aceptar la continuación de un modelo económico que, después de tanto tiempo de aplicación, había mostrado su incapacidad para lograr el cambio estructural de la economía nacional: incentivar los procesos reprivatizadores, reducir el déficit, el gasto y el empleo en el sector público, apoyar la liberación de precios y reforzar el control de los salarios. Pero como, de acuerdo a la experiencia, de tales medidas no ha resultado un mejoramiento del aparato productivo nacional, todo hace suponer que el saldo comercial de la balanza de pagos continuará siendo deficitario y, seguramente, se pensará que con la inversión improductiva de capital extranjero podrán cubrirse las saldos negativos de esta cuenta nacional.
En este marco de exigencias y necesidades, el día 3 de enero de 1995, los sectores integrantes del Pacto firmaron ante el Ejecutivo Federal un Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (ver Recuadro l). Igual que en 1983, la austeridad y el realismo de la economía volvieron a ser el componente principal del discurso oficial. La esperanza de recuperación se había esfumado. Se aplazó, de nueva cuenta, la promesa presidencial de empleo, salario y recuperación de las condiciones de vida de la población.
Para fines de este primer mes del año, se hicieron un poco más explícitas las condiciones de la banca y del gobierno de los EUA para otorgar los créditos que se requerían para evitar la quiebra financiera del país. De acuerdo a la opinión del secretario del Tesoro de los EUA, Robert Rubin, además de que el empréstito de 20 mil millones de dólares concedido por EUA sería garantizado con las facturas de la venta de petróleo mexicano, las exigencias impuestas por el FMI y por esta secretaría serían, en lo esencial, las siguientes: control sobre el crecimiento del crédito interno, sobre el circulante monetario, sobre el déficit fiscal y sobre la contratación de préstamos foráneos, así como por la implantación de las medidas requeridas para fortalecer la independencia del Banco de México. Y en un terreno más político se insinuó, ahora en voz del secretario de Estado norteamericano Warren Christoper, que la asistencia económica a México incrementaría la cooperación en otros renglones de las relaciones bilaterales como inmigración y narcóticos. (18)
Pero esto sólo era una parte del problema, la otra, más obscura, tenía que ver con la forma particular como iban a aplicarse estos recursos. Según informes de la Secretaría de Hacienda, de los principales créditos adquiridos por el gobierno federal vencerán en este año 26 mil millones de dólares en Tesobonos y 18 mil en Certificados de Depósito, cuentas pendientes que, ante la falta de divisas, resultaban impagables. Era por demás claro el destino de los préstamos, y ante el hecho, coincidimos con la contundente afirmación de un reconocido intelectual norteamericano: "El rescate financiero aprobado para México está diseñado para proteger a los ricos de la disciplina del mercado. (19)
En efecto, ante la descontrolada huida de capital a lo largo de 1994, con particular énfasis en los tres últimos meses del año, el déficit de la cuenta corriente se incrementó, a tal punto, que las deudas a corto plazo contraidas por el gobierno federal a través de tesobonos y cetes resultaron impagables. (20) Otra vez volvieron a expresarse los efectos perversos del modelo económico escogido para que México transitara a la modernidad. El capital especulativo que cubría el permanente déficit de la cuenta corriente, fue, como todo capital con esta orientación, una inversión de fabulosas ganancias pero de enormes riesgos para la economía del país. Su evidente divorcio del aparato productivo hizo que huyera al momento en que se desmejoró el clima político nacional. Más aún, no sería descartable la hipótesis de que buena parte de este capital fugado, de origen nacional, haya tenido la intención política de presionar al nuevo gobierno desestabilizando económicamente al país. Después de todo, las contradicciones al interior del centro del poder seguían latentes.
A pesar de lo inesperado del fenómeno devaluatorio, no debió ser del todo sorpresivo. La realidad económica había dado varias señales de alarma ignoradas por funcionarios y políticos. A fines de 1993, ante la incertidumbre por el rechazo o la aceptación del TLC por parte del Congreso de los EUA, los especialistas hablaron de la posibilidad de un derrumbe económico parecido al de 1982. Sin embargo, se decía, la economía podría resistirlo, no en balde se contaba con una reserva de divisas de más de 20 mil millones de dólares, y un fondo de contingencia, creado con el importe de la venta de paraestatales, que sobrepasaba los 30 mil millones de dólares. Ya nunca supimos como fue -nunca se informó- de que manera se agotaron estas reservas, aunque no resulta difícil suponerlo: el proceso de fuga de capitales se inició el día 1 de enero de 1994 y fue aumentando su caudal conforme se enrarecía el ambiente político nacional. El déficit comercial dejó de ser cubierto por el capital especulativo y comenzó a ser salvado por las reservas federales.
En suma, todo indicaba que el macropréstamo en nada iba a beneficiar a la economía nacional. Su objetivo era otro: proteger el capital invertido en el mágico mundo de la bolsa, aunque para ello se hipotecara el país y, como siempre, serán los trabajadores quienes terminen pagando la aventura especuladora de los dueños de las grandes fortunas improductivas.
Por lo demás, el aparato productivo en México, a excepción hecha de los grandes consorcios por lo general representantes de la empresa transnacional, continua esperando la prometida transformación de fondo que le permita ser competitivo en los mercados globales. El tan mentado cambio estructural, eje del tránsito a la modernidad y objetivo prioritario de los dos últimos gobiernos, sigue siendo una promesa.
Todavía hoy, continúa siendo acertado el diagnóstico que en 1991 elaboró la Secretaría del Trabajo acerca de la situación de la industria nacional. (21) En él se afirmaba que existe una gran brecha de niveles y tasas de crecimiento de la productividad en nuestro país y las economías con las que México compite en los mercados internacionales. Son varios los elementos que se señalan como causas directas de esta situación de desigualdad, destaca el alto grado de heterogeneidad en la planta productiva consecuencia de las diferentes condiciones de acceso al capital y a la tecnología y, por tanto, diferente calificación de los recursos humanos, diferentes condiciones de trabajo y diferentes formas de inserción al mercado.
Aunado a lo anterior, la falta de competitividad de la industria nacional tiene mucho que ver también -se dice en el documento- con la importante presencia del esquema de protección creado por el patrón de acumulación anterior: industria aislada de la competencia externa; mercados regulados, sobreprotegidos y concentrados, y un Estado regulador de la economía con su política de subsidios y con el manejo artificial de los mercados. Y si a todo esto le agregamos la generalizada falta de interés del sector privado para desarrollar la ciencia y la tecnología; los graves rezagos educativos; el limitado impulso a la capacitación y, básicamente, la inexistencia de un ambiente social que favorezca el impulso a la productividad (remuneración adecuada y condiciones aceptables de vida y de trabajo para el asalariado y su familia), es fácil entender el por qué de las deficiencias de competitividad internacional de la industria mexicana y lo alejado que se encuentra aún el país de una conciencia colectiva de la productividad que cristalice los nuevos postulados de la calidad total. (22)
El comportamiento de algunos indicadores macroeconómicos ilustran con claridad esta situación. Según se observa en el Cuadro 1, es a partir del gobierno salinista cuando el modelo económico, que hasta 1988 no encontraba rumbo, termina por pervertirse. Es cierto, durante el largo periodo observamos un acelerado crecimiento de la inversión extranjera en nuestro país, sólo que, de 1983 a 1988, fue aplicada totalmente y de forma directa al aparato productivo nacional, y aunque los resultados no fueron espectaculares, parecía existir al menos la intención de hacerlo crecer. Con Salinas de Gortari la situación cambia de manera por demás radical. A partir de 1989 la inversión extranjera comienza a tomar el rumbo de la especulación. Para 1991 es ya 3 veces más grande que la inversión directa, en 1992 casi cuatro veces más y, para 1993, del total de la inversión extranjera en el país, más del 70% lo constituía el capital financiero, el que juega a la ganancia fácil, sin riesgo, en el mercado bursátil.
Cuadro 1
Inversión extranjera: 1983-1993
(millones de dólares)
Año Directa De cartera Inversión total
1983 460.5 460.5
1984 391.1 391.1
1985 490.5 490.5
1986 1,522.0 1,522.0
1987 3,247.6 3,247.6
1988 29594.7 2,594.7
1989 39036.9 493.3 3,530.2
1990 2,633.2 1,994.5 4,627.7
1991 41761.5 12,742.5 17,504.0
1992 4,392.8 18,010.8 22,403.6
1993 49990.0 24,431.0 33,331.0
Fuente: Banco de México, Indicadores de Comercio Exterior.
Elaboración propia
Si, como muestra el Cuadro 2, la inversión directa del capital extranjero creció en 10 años poco más de 10 veces, la inversión de cartera -así se nombra eufemísticamente a la especulación- creció, en la mitad de tiempo, casi 50 veces más. Con estos datos, bien puede uno explicarse los acontecimientos de fin de año como resultado de una economía que no creció conforme a las expectativas del mercado, y del comportamiento de un capital trasnacional, improductivo y avorazado, que logró ganancias fabulosas, sin destino cierto, en el muy corto plazo.
Cuadro 2
Inversión extranjera: 1983-1993
(índices de crecimiento)
Año Directa De cartera Inversión total
1983 100 100
1984 85 85
1985 106 106
1986 330 330
1987 705 705
1988 563 563
1989 659 100 767
1990 572 404 1,005
1991 1,034 2,583 3,801
1992 954 3,651 4,865
1993 1,084 4,953 7,238
Fuente: Banco de México, Indicadores de Comercio Exterior.
Elaboración propia.
Cuando a lo largo de 1994 fueron desmejorando las condiciones políticas del país, el capital especulativo no arriesgó, simplemente se fue. Y como la economía resultó incapaz de generar las divisas que exigía este modelo económico pervertido -de permanente déficit comercial antes cubierto por la inversión extranjera de cartera- la devaluación del peso no se hizo esperar, lo mismo que la urgencia gubernamental por conseguir dinero fresco para pagar las obligaciones inmediatas.
Esta situación la ilustra el Cuadro 3: si de 1983 a 1988 el saldo de la balanza comercial fue positivo, de 1989 a 1994 no sólo se transforma en negativo, sino que el saldo rojo de esta cuenta nacional crece un 500%, como resultado, según muestra el Cuadro 4, de un crecimiento desequilibrado de las importaciones en relación a las exportaciones. Mientras éstas crecen más del 100% promedio anual, las primeras van mucho más allá del 200%, y en los años de Salinas, en especial 1992 y 1993, crecen casi 7 veces en relación a 1983. Qué mejor dato que este para explicar la dependencia de una estructura económica con escasa capacidad de competencia internacional.
Cuadro 3
Balanza comercial: 1983-1994
(Millones de dólares)
Año Exportaciones Importaciones Saldo
1983 22,312.0 8,550.9 13,761.1
1984 24,196.0 11,254.3 12,941.7
1985 21,663.8 13,212.2 8,451.6
1986 16,031.0 11,432.4 4,598.6
1987 20,656.2 12,222.9 8,433.3
1988 20,565.1 18,898.2 1,666.9
1989 22,842.1 25,437.9 (2,595.8)
1990 26,950.3 31,090.0 (4,139.7)
1991 27,120.2 38,184.0 (11,063.8)
1992 46,195.6 62,129.4 (15,933.8)
1993 51,886.0 65,366.5 (13,480.5)
1994 38,861.0 50,985.5 (12,124.5)
Total 339,279.3 348,764.2 (9,484.9)
Fuente: Banco de México; Indicadores de Comercio Exterior.
Elaboración propia.
Para agosto de 1994 el déficit de la cuenta comercial sobrepasó los 12 mil millones de dólares, déficit que no podía ser cubierto ya, ni por las agotadas reservas federales, ni por el capital financiero trasnacional invertido en la bolsa, que, en franca huida, le buscaba mejor resguardo a la voluminosa y rápida ganancia obtenida en los dorados años del salinismo.
Nos dicen que la crisis es de liquidez, por tanto pasajera, que muy pronto la inversión del empresario extranjero volverá a alimentar los mercados bursátiles. Es probable que así sea, pero ... ¿A quién le importa? ... ¿A quién le sirve?
Cuadro 4
Balanza comercial: 1983-1994
(índices de crecimiento)
Año Exportaciones Importaciones
1983 100 100
1984 108 132
1985 97 155
1986 72 134
1987 93 143
1988 92 221
1989 102 297
1990 121 364
1991 122 447
1992 207 727
1993 232 764
1994 174 596
Fuente: Banco de México, Indicadores de Comercio Exterior.
Elaboración propia.
El conflicto chiapaneco en la encrucijada
El jueves 9 de febrero, de manera por demás inesperada, el presidente Zedillo decidió girar órdenes de aprehensión contra los recién desenmascarados líderes del EZLN, con el subcomandante Marcos a la cabeza. (23) Dichas órdenes tenían que ser cumplidas en la Selva Lacandona, dentro del territorio considerado zapatista, por agentes de la PGR que apoyarían el cumplimiento de sus instrucciones en la fuerza de los contingentes armados del Ejército Mexicano destacados en la región. (24) Los motivos de tan sorpresivo decisión tuvieron que ver -según el mensaje del Primer Mandatario a la nación- con el descubrimiento por parte de la PGR de dos arsenales, uno en el DF y otro en Yanga, Ver., con armas destinadas al Ejército Zapatista. (25) La interpretación oficial del hecho, apoyada en las presuntas declaraciones de los detenidos, fue la siguiente: mientras el gobierno de la República realiza sus mejores esfuerzos para lograr una paz negociada -expresó el presidente Zedillo- el EZLN se prepara para extender el conflicto más allá de las fronteras de Chiapas.
La declaración presidencial sacudió políticamente al país. El problema económico engendrado por la devaluación del peso en diciembre, los conflictos poselectorales en Tabasco y Chiapas, la discusión sobre el diálogo nacional para impulsar la reforma del poder y las expectativas causadas por los avances en la investigación del caso Colosio, pasaron a un segundo plano de importancia. Las consecuencias del hecho se percibían como graves. Veamos.
Dejando de lado los formulismos jurídicos y atendiendo al razonamiento político, el mensaje a la nación del presidente Zedillo el día 9 de febrero sólo pudo ser interpretado como una declaración de guerra al EZLN. En cierta medida, y de no ser por los acontecimientos ocurridos después de la devaluación del peso, tal decisión parecía congruente con su concepción del conflicto. No olvidemos que Ernesto Zedillo, desde sus tiempos de candidato a la presidencia de la República, siempre pensó que la solución al problema de Chiapas era social y reducida a ese espacio geográfico. Hasta donde recordamos, nunca hizo mención a los reclamos políticos que articulan las demandas sociales del EZLN. Más aún, ya como presidente electo, ignoró el hecho de que cualquier posibilidad de paz en la región tenía que ir de la mano con la transformación radical del ejercicio de la dominación en la entidad, con la supresión de arcaicas formas de poder caciquil que impiden cualquier tránsito posible a la democracia. Resultaba evidente que, más que llamados abstractos a la negociación, se requería de una auténtica voluntad de paz que necesariamente tendría que pasar, en ese momento, por la renuncia de Eduardo Robledo Rincón al cargo de gobernador del estado de Chiapas. (26)
No fue así, como ya sabemos, el presidente Zedillo, haciendo caso omiso del acelerado proceso de resistencia civil que se vivía en la región, decidió sostener al candidato priista a la gubematura de la entidad. Y no sólo eso, llevó su apoyo al extremo de ser testigo de honor en su toma de posesión, acto que, vale la pena recordarlo, fue realizado en medio de las bayonetas. El Primer Mandatario le había apostado a la guerra para solucionar el conflicto guerrillero en la entidad. Las consecuencias políticas fueron inmediatas, a partir de este momento el estado de Chiapas se partió políticamente en dos: dos territorios, dos gobernadores, dos ejércitos y una sociedad al borde de la guerra Civil. (27)
En esta peligrosa situación de incertidumbre estábamos, cuando un no deseado acontecimiento vino a crear condiciones políticas nuevas que volvían a abrir posibilidades de solución al conflicto en Chiapas. A partir del anuncio devaluatorio del peso mexicano, la mano dura del poder se suavizó. Y no era para menos, ante la presión política que levantó la inconformidad de todos los sectores sociales afectados por la crisis financiera, ante la enorme pérdida de credibilidad del gobierno de la República -del anterior y del nuevo-, y ante la urgencia por buscar soluciones en el extranjero -léase Estados Unidos- que aliviaran la falta de liquidez de la economía nacional para enfrentar sus compromisos, el Ejecutivo Federal prefirió distender los diferentes frentes políticos que anunciaban posibles desbordes sociales. Frente a la inesperada e inquietante presencia de una crisis económica que amenazó desde el inicio con salirse de control, el Ejecutivo decidió no polarizar los conflictos sociales.
Así, contrariando sus primeras acciones, fue reconfortante observar como la administración zedillista tomaba medidas realmente encaminadas a solucionar el conflicto chiapaneco, acciones que entonces parecían buscar la paz. Primero fue el anuncio del EZLN de que aceptaba dialogar con el gobierno. Ese mismo día el Ejército Mexicano recibió la orden de retirar tropas de dos municipios en el territorio zapatista. Y al día siguiente, después de una audiencia con el Presidente, el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria declaró: "Con el propósito de resolver a fondo el problema agrario en Chiapas serán fraccionadas las propiedades que excedan el límite establecido por la ley y que esconden latifundios utilizando fraudulentamente las formalidades legales", y de las informaciones que proporcionó resultó que a partir de ese día se iniciaría el reparto de 31 mil 139 hectáreas a campesinos chiapanecos. (28)
Al día siguiente, en correspondencia a la acción del gobierno, el EZLN comunicó el repliegue de sus fuerzas de los puestos de avanzada en 8 municipios, y reafirmó además su disposición de crear las condiciones necesarias para una tregua estable que "facilite -declaró el subcomandante Marcos- un diálogo serio y responsable." El domingo 15 de enero se realizó la primera entrevista de los representantes del gobierno y del EZLN, de la cual surgiría un acuerdo de cese de hostilidades por tiempo indeterminado. Y dos días después, ante el presidente de la República, las principales fuerzas partidarias del país iban a firmar Los Compromisos para el Acuerdo Político Nacional, inicio de un diálogo orientado, según expresó el Primer Mandatario, a impulsar la reforma del poder.
Acuerdo que suponía, entre otras cosas, una solución política al conflicto poselectoral en Chiapas.
Por supuesto, hubiera sido inocente suponer que todo marchaba sobre ruedas y que la tan ansiada paz en la región estaba a la vuelta de la esquina. No, no era así, y qué mejor ejemplo al respecto que el conflicto entre poseedores y desposeídos de tierra, que, lejos de amenguar, arreciaba. 0 la resistencia de los poderes locales a aceptar una solución política negociada al conflicto poselectoral en la entidad. Sin embargo, era difícil imaginar entonces que pocas semanas después el presidente Zedillo iba a abandonar sus promesas de concertación para incursionar por el camino de la guerra.
Es cierto, desde la formalidad jurídica, la decisión adoptada por el Ejecutivo Federal respondía a derecho. Pero no menos cierto fue el carácter selectivo con que el gobierno aplicaba la ley. De inmediato surgieron preguntas que, como siempre, quedarían sin respuesta: ¿por qué no se actuaba con el mismo rigor contra todos aquellos que al menos en el último año habían violentado el Estado de Derecho en el país? ¿por qué se permite la violencia organizada de ganaderos, finqueros y comerciantes chiapanecos a través de guardias blancas?, ¿y los transgresores electorales?, ¿y los asesinos de Colosio y Ruiz Massieu?, ¿y ... ? Fue obvio. La decisión presidencial era política. Su carácter legal conforme a derecho sólo una máscara de pretendida legitimidad. El Primer Mandatario de la nación le había declarado la guerra al EZLN y los riesgos eran muy grandes. No sólo el del combate armado con su cauda de muertos y heridos, también el de una posible escalada de violencia en contra de organizaciones sociales opositoras o, en general, contra todos aquellos que actúan y piensan diferente.
Pero si la decisión implicaba riesgos, más inquietud causaba no saber de los motivos que habían impulsado al Ejecutivo a tomarla. Era presumible que la determinación presidencial tuviera que ver con los recientes préstamos que la banca internacional y el gobierno de los EUA otorgaron a México. (29) Aunque más influyó de seguro el hecho que, desde la óptica del poder, no era posible aceptar por más tiempo que una porción importante del territorio nacional viviera fuera del orden constituido, la imagen de debilidad que este tipo de situación provoca podría tener altos costos políticos para un gobierno recién formado. Y si a lo anterior agregamos la presión que seguramente ejerció el sector empresarial sobre el Presidente de la República, o quizá las preocupantes advertencias de los asesores militares, o la insistencia de la jerarquía eclesiástica para resolver el conflicto y castigar a los culpables, incluyendo al obispo Samuel Ruiz, podríamos suponer las razones de tal comportamiento. Esto sin olvidar que también desde su propio partido, el PRI, los apoyos a su gestión comenzaban a ser condicionados.
Lo preocupante era que, de esta combinación de factores, de cualquier manera se expresaba la figura de un Ejecutivo débil, obligado -o convencido- a avalar una clara tendencia de derechización de la sociedad. Y ante esto, sólo se podía contar con los destacamentos sociales que, desde la sociedad civil, luchaban por el tránsito democrático del país. (30)
Y esto fue lo que por fortuna sucedió. El fracaso de la acción punitiva del Ejército y de la PGR destinada a descabezar al movimiento zapatista, junto a importantes y frecuentes movilizaciones ciudadanas, y a decenas de desplegados de muy diversas organizaciones e individuos, a nivel nacional e internacional, obligaron al Ejecutivo, en unos cuantos días, a echar marcha atrás en su ofensiva militar disfrazada de acción judicial: la PGR ordenó detener la persecusión de los líderes zapatistas en contra de los cuales se había librado una orden de aprehensión. El presidente Zedillo le encargó a la Comisión Plural legislativa que buscara nuevamente entablar contacto con el subcomandante Marcos, y llamó al Congreso a un periodo extraordinario de sesiones para discutir y aprobar en su caso una nueva ley de amnistía. Y, lo sorpresivo, el 14 de febrero el gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Robledo Rincón, solicitó licencia a su cargo.
Un breve recuento de posibilidades
De lo antes expuesto, y siempre en relación a los retos del nuevo gobierno en el periodo que comienza - señalados al inicio de este trabajo- podemos advertir, de manera provisional, las siguientes posibilidades:
l. La política económica. Por las características que hasta ese momento -mediados de febrero- tomaba la solución a la crisis financiera de diciembre, bien se podía afirmar que era difícil un cambio sustancial al modelo económico impuesto desde 1983, explícitamente pervertido a partir de 1989. Así lo hace sospechar no sólo la enormidad de los préstamos obtenidos de la banca internacional y del gobierno de los EUA que han alargado nuestra deuda externa casi al infinito, sino además, y sobre todo, las condiciones económicas y políticas que sabemos y suponemos les respaldan.
Por otro lado, a pesar del claro carácter de imposición extra nacional que el modelo tiene, parece que a los funcionarios públicos responsables de la política económica del país no les disgusta la propuesta, y no obstante los negativos resultados observados, inconvenientes hasta donde se ve para el desarrollo económico nacional en su esfuerzo globalizador, todo indica que, en lo esencial, el modelo continuará en activo.
Nos referimos en concreto no sólo a lo obvio: la austera disciplina económica para los sectores más desprotegidos de la sociedad expresada en desempleo, contención salarial y desmejoramiento general de las condiciones de vida de la población. Hablamos además del abandono al aparato productivo nacional. A excepción hecha de los grandes consorcios industriales, comerciales y de servicios, gran parte de ellos de origen trasnacional, la empresa mexicana, en especial los pequeños y medianos establecimientos, poca oportunidad tendrán de competir en los mercados nacionales e internacionales. La productividad seguirá siendo discurso, la capacitación una promesa y el desarrollo de instrumentos tecnológicos propios una ilusión.
Es factible que pronto nuestro mercado vuelva a ser apetecido por el comercio internacional, y que el sector industrial crezca a través de la inversión de capital trasnacional en la rama maquiladora por el enorme atractivo que supone una fuerza de trabajo barata -la más barata del mundo- que se ofrece como ventaja comparativa en la lucha por disminuir los costos de producción de un conjunto de mercancías destinadas a la competencia en el mercado internacional. Sin embargo, la particular forma en que se estructura la política económica nacional, indica que el grueso de la inversión extranjera de capital en nuestro país seguirá orientándose hacia el juego especulativo que ofrece el mercado bursátil, haciendo depender la solidez financiera del país de su sensible e impredecible comportamiento.
Las posibilidades de revertir esta tendencia se reducen al fortalecimiento y definición de los movimientos sociales que en el último año se han constituido, más que los partidos políticos, en muro de contención al uso presidencialista y corporativo del poder, y a la forma como se resuelva el conflicto guerrillero en Chiapas. Pero por lo pronto, según expresión de los líderes empresariales del CCE y la Coparmex, la economía mexicana se encuentra paralizada. (31)
2. El conflicto armado en Chiapas. La incertidumbre política impide señalarle rumbos definidos de solución a los problemas planteados por el levantamiento armado del EZLN. Si bien es cierto que desde la perspectiva del gobierno la salida militar fue considerada y ejecutada nuevamente como opción única de solución a la crisis chiapaneca, no menos cierto fue que sus limitados resultados obligaron al poder constituido a retomar en la búsqueda de una negociación política, incrementándose con ello la sensación de debilidad que acompaña a la administración zedillista desde su nacimiento.
Después de un año y más de conflicto, parece no entenderse que la inconformidad social que expresó a través de las armas el EZLN no puede terminar en la cómoda simplicidad de un acuerdo concertado que, apoyado en la fuerza del ejército, promete asistencia social. Sigue sin aceptarse un sin fin de evidencia que termina siempre por advertir que, sin negociación política, la paz social en la región no es posible, entendiendo por negociación política la explícita voluntad presidencial por impulsar cambios profundos al sistema político mexicano. Desde el gobierno se insiste en ignorar que una paz negociada exige de un verdadero tránsito a la democracia que sólo podrá iniciarse con la renuncia del gobernador recién electo, con la revisión del texto constitucional de Chiapas para otorgarle personalidad jurídica propia a las comunidades y pueblos indígenas, con la solución expedita al reclamo agrario en la entidad, con la inmediata reestructuración al aparato institucional encargado de impartir justicia, y con el llamado a un nuevo proceso electoral que legitime un nuevo poder estatal.
La paz en Chiapas sigue en riesgo y amenaza a todo el país. La acción punitiva de los grupos de propietarios en el estado a través de guardias blancas, es enfrentada por un amplio movimiento de resistencia civil que cada vez más adquiere el perfil de una insurrección. La posibilidad de una guerra civil en la entidad con impredecibles consecuencias para la nación en su conjunto, depende del resultado de una negociación que no termina por concretarse.
En este tiempo de coyuntura señalado por la incertidumbre, las posibilidades de paz en la región se ven bloqueadas por una serie de hechos que se constituyen en los retos inmediatos a enfrentar por el gobierno y el resto de actores sociales involucrados, si es que en verdad se desea superar la crisis que amenaza la estabilidad de la nación.
Nos referimos en concreto a la urgente necesidad de acabar con la opción militar y el endurecimiento político en la relación gobierno-sociedad, como únicas soluciones posibles a la crisis política de Chiapas. Sin esto, cualquier llamado al diálogo resulta estéril. Sin la desmilitarización de Chiapas pierde sentido la renuncia del gobernador, la detención de órdenes de aprehensión contra los dirigentes del EZLN, la ley de amnistía y la participación de la Comisión legislativa plural. Si el gobierno de la República no recobra la credibilidad de buena parte de la opinión pública, no prosperará el diálogo por la paz. Las consecuencias podrían ser desastrosas.
[1] Entendemos por modernidad ese todo coherente que incluye valores universalizados y una economía diversificada y compleja que permita la inserción, con éxito, del país en los esquemas de globalización de la economía. En contra de lo definido por los sociólogos norteamericanos como elemento central de la modernidad-. la democracia política, los gobernantes mexicanos, desde 1982, decidieron prescindir en todos los procesos modernizadores de este elemento. La modernidad, se pensó, era posible sin la democracia.
[2] Nos referimos al agotamiento de un sistema de dominación política que durante el sexenio de Carlos Salinas alcanzó un alto grado de concentración, y que su renuencia al cambio democrático quedaría expresada en la utilización del crimen político corno instrumento de solución a las contradicciones que generaba una clase política que, ante la amenaza a sus privilegios corporativos, abandonó la tradicional disciplina partidaria.
[3] Todavía en sus últimas apariciones públicas, el presidente Salinas destacó la salud financiera del Estado mexicano, no hubo comentario alguno que insinuará la debilidad que ya mostraban las finanzas públicas, su último Informe de Gobierno así como la larga entrevista que le hicieron las dos grandes cadenas de la televisión en México, nos introyectaron la idea de que si algo marchaba bien en el país ese algo era la economía nacional, para nada se mencionó el grave agotamiento de la reserva nacional de divisas y mucho menos se explicó en qué se había gastado el fondo de contingencia creado con la venta de la empresa paraestatal.
[4] Todavía el día primero de diciembre al tomar posesión del cargo de Presidente de la República, el ofrecimiento de Ernesto Zedillo al EZLN no iba más allá de la ayuda asistencias, se había impuesto la línea dura y no pocos analistas creyeron en la inminencia de una guerra civil en Chiapas después del apoyo presidencial al impugnado gobernador electo.
[5] Después de la toma de posesión del gobernador de Chiapas, Eduardo Robledo, el estado se dividió en dos grandes regiones, cada una con su gobierno y con su ejército en un ambiente político por demás propicio a la violencia.
[6] Los conflictos poselectorales en Chiapas y Tabasco, mostraron como nunca que las acciones de resistencia civil ante la indiferencia o incapacidad de las autoridades regionales y federales para solucionarlos, podían rebasar peligrosamente los límites establecidos por la ley amenazando de firme la paz social.
[7] El problema de la inversión productiva se mantuvo siempre en un segundo plano de importancia ante la voracidad sin límite del capital financiero que, sin arriesgar, lograba ganancias fáciles y desmesuradas en el juego especulativo de las operaciones bursátiles.
[8] Por supuesto que esto tiene que ver también de manera importante con la urgente reestructuración del aparato encargado de impartir la justicia en México, reclamo generalizado de la ciudadanía y reto fundamental de] nuevo gobierno si es que quiere recobrar algo de la credibilidad perdida.
[9] A pesar de las sacudidas que ha experimentado el sistema político mexicano desde 1988, la estructura de poder en México no ha variado en lo fundamental su vertical y excluyente constitución: el presidente de la República en la punta de la pirámide, y de ahí para abajo el gabinete, el ejército, los gobernadores, los presidentes municipales y el partido de Estado con todo su aparato corporativo. Es cierto que en los últimos años esta estructura de poder ha sido penetrada por otros actores sociales como la iglesia, el PAN, el PRD o el EZLN que amenazan su vertical composición, pero mientras no se logre limitar el enorme poder presidencial, mientras no se termine con la orgánica vinculación partido- Estado, el ejercicio del poder seguirá manteniendo su despótico contenido.
[10] Siguiendo a Manuel Camacho en "El sistema político mexicano" capítulo 4 de El futuro inmediato Vol. 15 de La Clase Obrera en la Historia de México, Siglo XXI-IIS UNAM, entendemos por clase política exclusivamente a aquellos actores sociales que realmente disputan el poder político, nos referimos en concreto a todas aquellas personas, corrientes o instituciones que pertenecen al PRI o al aparato de Estado, aunque es importante hacer notar que en los últimos años la presencia política del PAN, del PRD y del EZLN han comenzado a alterar esta regularidad.
[11] Nos referimos en especial a aquellas herencias doctrinarias expresadas en normas jurídicas que le dieron contenido social a la Constitución mexicana: la idea de democracia social expresada en el artículo 3 constitucional, el nacionalismo del artículo 27 y la idea de justicia social recogida en el artículo 123.
[12] Ver la prensa nacional del día 21 de diciembre de 1994.
[13] El mismo presidente del Congreso del Trabajo y líder de la CTM, Fidel Velázquez, declaró que no hubo reunión alguna y menos ratificación del pacto, que no conocía el texto mencionado y que él no avalaba nada. Ver La Jornada del 21 de diciembre de 1994.
[14] En el debate suscitado en la Cámara de Diputados por los acontecimientos que anunciaban una nueva crisis económica, la diputación priista sostuvo y defendió la tesis de que la ampliación de la banda de flotación del peso no podía ser llamada una devaluación, y de igual manera que el secretario Serra Puche, se afirmó que la economía del país iba bien, pero que los sucesos de Chiapas afectaron la confianza e impactaron la política cambiaría. Ver idem.
[15] Ver la parte del Programa de Emergencia Económica.
[16] En una parte de su mensaje el presidente Zedillo expresó: "Ahora puede apreciarse con claridad que el déficit en la cuenta corriente llegó a ser tan grande durante los últimos años que dadas las circunstancias internas y externas, era insostenibles. Es preciso reconocer que hubo una subestimación del problema, y esa subestimación fue sumamente grave."
[17] El 31 de enero, el presidente de EUA, Bill Clinton, pasando por encima de la voluntad del Congreso norteamericano, decidió "apadrinar" un plan internacional de rescate financiero para México por 50 mil 759 millones de dólares. De esta cantidad, 20 millones serán aportados por el Fondo de Estabilización Cambiaria del Departamento del Tesoro de los EUA, 17 mil 759 por el Fondo Monetario Internacional, 10 mil por el Banco de Pagos Internacionales con sede en Suiza, y 3 mil en un paquete de la banca comercial internacional.
[18] Ver El Financiero. 30 de enero de 1995.
[19] Entrevista realizada por Jim Cason y David Brooks a Noam Chomsky. La Jornada, 3 de febrero de 1995.
[20] Dice Noam Chomsky: "Los amigos de Bob Rubin (secretario del Tesoro en EUA), los de Wall Street, ganaron una tonelada de dinero en México -hay un enorme monto de inversión en México, la mayoría de tipo especulativo" y ganaron mucho, pero todos sabían que estaba construido sobre arena, y ahora están en apuros. Entonces, supuestamente el público los tiene que rescatar." Y agrega: "No es la forma de construir una economía, de hecho la estaba destruyendo. Destruyó a la pequeña empresa, destruyó la pequeña agricultura. Destruyó todas las cosas que podían llevar hacia una economía productiva". Ver idem.
[21] Programa Nacional de Capacitación Y Productividad 1991-1994, Diario Oficial de la Federación. 20 de junio de 1991 , Capítulo 2. "Tendencias de la productividad y factores limitantes".
[22] Tomado de Luis Méndez y José Othón Quiroz, "Los Límites de la Modernización Productiva", Apéndice 1 del libro Modernzación Estatal y Respuesta Obrera: Historia de, una Derrota, ", UAM-A. México, 1994.
[23] Revisar en la prensa nacional del día 1 0 de febrero las identidades y curricula de los desenmascarados, en especial el del subcomandante Marcos.
[24] El apoyo se convirtió en los hechos en una total movilización del Ejército Mexicano que, en rápida acción ofensiva, ocupó los territorios poco antes dominados por los zapatistas.
[25] Los arsenales descubiertos por la PGR estaban constituidos por un puñado de armas, que aunque formalmente se constituían como materia de delito, desde la perspectiva militar era insuficiente para armar un ejército. Preocupante fue también que la PGR considerara como prueba de delito la posesión de material impreso, gráfico y fílmico referente a la guerrilla chiapaneca, material creado con seriedad profesional Y distribuido comercialmente.
[26] No olvidemos que en ningún lugar como en Chiapas fueron evidentes las irregularidades a los procesos electorales el día 21 de agosto. ver al respecto el Informe de Alianza Cívica Observación 94, "La calidad de 111 jornada electoral del 21 de agosto de 1994", publicado en el Perfil de La Jornada del 20 de septiembre de 1994.
[27] Recordemos que para el mes de diciembre, mientras la insurgencia campesina en Chiapas seguía organizando tomas de tierra, los finqueros. ganaderos y comerciantes de la entidad, apoyados por la autoridad estatal y municipal, por la fuerza pública y por grupos paramilitares, iniciaban acciones ofensivas de desalojo contra las organizaciones campesinas y de represión contra el movimientos de resistencia civil del pueblo chiapaneco. movimiento que, dicho sea de paso, comenzaba a transformarse en insurrección. La prensa nacional en los cuatro últimos meses del año da cuenta con claridad de esta situación.
[28] Tornado del texto leído por el secretario de la Reforma Agraria el 29 de diciembre de 1994 en el salón Venustiano Carranza de la residencia oficial de Los Pinos. Con esta diligencia, Ernesto Zedillo volvió a marcar su distancia del gobierno anterior, Como bien lo expresó un editorial del periódico La Jornada," ... el gobierno reconoció ayer lo que las autoridades agrarias de la administración anterior habían negado sistemáticamente: en Chiapas existen latifundios simulados y hay tierras susceptibles de ser repartidas entre los campesinos... Con esta determinación inicia una acción de gran trascendencia que, de cumplirse. desactivará uno de los núcleos centrales del conflicto chiapaneco..."
[29] Aunque sin pruebas contundentes, así lo hicieron notar en los días posteriores al mensaje de Ernesto Zedillo varios analistas norteamericanos. Más aún, importantes instituciones financieras de EUA compartían la idea de que el gobierno mexicano debería acabar militarmente con la insurrección en Chiapas. Dice en una de sus partes un análisis interno del banco Chase Manhattan: "Aunque Chiapas, en nuestra opinión, no representa una amenaza fundamental a la estabilidad política mexicana, muchos en la comunidad de inversionistas si lo ven así. El gobierno tendrá que eliminar a los zapatistas para demostrar su efectivo control del territorio nacional y de la política de seguridad". Tomado de Proceso, núm. 954, 13 de febrero de 1995.
[30] Resulta pertinente aclarar que, por su comprometido participación. la insurgencia campesina que impulsó el levantamiento armado en Chiapas, no se encontraba en condiciones de enfrentar esta embestida gubernamental, tampoco los sindicalistas obreros que, después de un proceso de adecuación productiva, mostraban un comportamiento político más bien conservador.
[31] Ver el reportaje de Andrea Becerril en La Jornada del 17 de febrero de 1995.
