1994: ¿Fin de sexenio o fin de la estrategia neoliberal?
En el balance prematuro del sexenio, los documentos centrales que acuerpaban la línea de política económica para 1994 mantenían fidelidad al objetivo prioritario del régimen: mantener la estabilidad monetaria en nivel anual de inflación compatible con el registrado entre los principales socios comerciales del país. La razón principal de esta persistencia gubernamental estaba directamente relacionada con un nivel de desequilibrio externo (déficit en cuenta corriente) compatible con un cierto ritmo de crecimiento económico y con la capacidad óptima de financiamiento externo que las circunstancias internas y externas fueran determinando, hasta el punto que fuera posible seguir manteniendo la estabilidad cambiaría, la gran ancla contra el repunte inflacionario.
¿Cuál era ese ritmo de crecimiento y cuál era el financiamiento externo óptimo?
Los que permitieran consolidar en el último año del sexenio la nueva estructura económica fundada en 1983, moldeada por cuatro líneas de acción económica: la apertura comercial, la privatización, la desregulación de los mercados y la reorganización de las finanzas públicas. No está demás recordar que estos aspectos que conformaron los llamados cambios estructurales darían sustento material y viabilidad política y social al proyecto histórico que se puso en marcha en 1983, tratando de saltar las vallas que fuera levantando un previsible proceso democratizador, opuesto a la cúpula política en el poder.
La meta antiinflacionaria de 1994 se veía como el único expediente de corto plazo que podría asegurar el manejo holgado del abultado déficit de la cuenta corriente (DCC), con el financiamiento adecuado y oportuno, que amenazaba seriamente la consolidación de la estrategia económica inaugurada en diciembre de 1987 con el arranque del "pactismo", cuya ratificación o rechazo ciudadano se probaría con las elecciones presidenciales de 1994.
Los otros dos instrumentos alternativos y/o complementarios para dominar la evolución del DCC bien se podían descartar, uno por la lentitud en sus efectos y el otro por su inconveniencia política y electorales.
El primero era el incremento de la competitividad, esperado y asociable a los cambios estructurales realizados paulatinamente desde 1983, que se reflejara en una industria manufacturera de gran dinamismo exportadora hasta el punto de limitar el crecimiento de su desequilibrio comercial, es decir, de comenzar a revertir el déficit de la cuenta corriente. Sin embargo, dicho déficit en 1994 era la mejor muestra de la lentitud de los efectos de los cambios estructurales (sobre todo de la apertura comercial) en la competitividad de la industria manufacturera.
El segundo instrumento era la devaluación, que aunque se podía instrumentar de inmediato como punto de arranque de un nuevo programa estabilizador y de ajuste del DCC, era descartarle por sus efectos adversos en el plano político-electoral, no obstante que contaba ciertamente con favorables condiciones de ejecución, sin impactos desestabilizadores excesivos en lo económico y en lo político.
El férreo control inflacionario, por lo tanto, era uno de los ejes para mantener bajo control el desequilibrio externo, siempre y cuando se asegurara el otro eje: un superávit suficiente en la cuenta de capital, basado en un flujo creciente de la inversión extranjera directa (IED) y en cartera (IEC), para financiar tal desequilibrio. En el mejor de los casos esta estrategia podía incluso elevar el monto de las reservas internacionales, si el superávit de la cuenta de capital (SCC) fuera mayor al DCC. En el peor de los casos, que la insuficiencia del SCC se resolviera con cargo a las reservas acumuladas (que hasta finales de octubre de 1993 eran de 23,017 millones de dólares), sin que estas sufrieran una reducción alarmante.
Cuando se elaboraron los planes de política económica para 1994, esto es, a finales de 1993, los escenarios políticos que supuso el gobierno para preparar el cierre triunfal del sexenio fueron equivocados.
La rebelión campesina de Chiapas mostró las debilidades de un gobierno incapaz de asimilar los desafíos políticos desde fuera de la institucionalidad política existente. El asesinato de Luis Donaldo Colosio y todos los demás acontecimientos políticos tensos y violentos que vinieron después, que dejaron a la vista de todos la descomposición acelerada del partido en el poder, tiraron por la borda las condiciones políticas requeridas en 1994 para avanzar en el proyecto histórico del neoliberalismo.
Si se tratara de decir brevemente lo que comenzó a fallar o a no estar presente en cada mes de 1994 hay que señalar que fue sólo una cosa: la confianza de los inversionistas-especuladores, nacionales y extranjeros, en la capacidad del gobierno para sortear una situación política excepcional. La reacción desconfiada de los mercados financieros puso paulatinamente en jaque tanto al gobierno saliente, y de modo fulminante al gobierno entrante.
La politización creciente del manejo de la política económica en ese año electoral fue al parecer el único expediente para mantener el objetivo prioritario: controlar la inflación con el programa definido originalmente y, simultáneamente, garantizar que el esperado SCC cubriera el DCC anual estimado de 25,000 millones de dólares aproximadamente. Si lo queremos ver de otra forma podremos decir que un juego gubernamental de expectativas para 1994 era el soporte ideal de última instancia para evitar un ajuste complicado del DCC, precisamente por el impacto político-electoral adverso que una devaluación pudiera tener y que, por si mismo, se había descartado plenamente.
La clave para llegar salvos "a la otra orilla", según los hacedores de la política económica, era ganar la confianza de los capitalistas (nacionales y extranjeros) para invertir en el país que, de acuerdo a los pronósticos del momento, ésta era casi segura, según los Criterios de Política o Económica para 1994:
"La elevada productividad de la inversión en México, producto del cambio estructural gestado en los últimos años, continuará siendo un polo de atracción para la inversión extranjera, tanto directa como financiera. Por otra parte, el financiamiento al sector privado es una clara muestra de que México ha recuperado, en forma voluntaria y en términos favorables, el acceso a los mercados financieros internacionales. Así, en 1994 se registrará un superávit en la cuenta de capital”
En realidad, el razonamiento macroeconómico del gobierno era correcto, pero con resultados indeseables e imprevisibles si fallaban los supuestos macropolíticos de la estrategia. Chiapas, Lomas Taurinas, el 21 de agosto y La Fragua fueron factores políticos desestabilizadores más que suficientes para poner en jaque no solamente el último año del sexenio, sino toda 1a justificación política y moral de una estrategia de transformación económica que arrancó en 1983 y que fue reforzada exitosamente desde 1987.
Pero el SCC deseable, el que sustentaría financieramente un fin apoteósico del sexenio salinista, no pudo ser alcanzado. Se le atravesó a la tecnocracia neoliberal el México bronco y su responsabilidad en ello no es menor.
Es claro que en lo inmediato la "crisis de confianza" está a la mano como una explicación convincente del colapso de la estrategia económica de 1994. Sin embargo, la superficialidad que gira en torno a este razonamiento salta a la vista y, consecuentemente, pierde peso en la polémica. Tal crisis de confianza exhibe solamente los resultados de toda una estrategia de cambio económico estructural, no las causas de su desplome.
En este sentido, la plataforma de una discusión de fondo tiene que ver, a mi juicio, con explicar la naturaleza de un persistente DCC y de su forma de financiamiento entre 1988 y 1994. Los problemas del llamado modelo económico neoliberal, se llegaron a manifestar obviamente con la especulación cambiaría y el pánico financiero de los últimos 30 días.
Pero estos hechos, ciertamente desestabilizadores, y rodeados de un halo político indiscutiblemente dramático, fueron los resultados del funcionamiento de dicho modelo, gestado en 1983 y reforzado tesoneramente desde finales de 1987 hasta principios de 1994. ¿Eran inevitables? No necesariamente. Los ingredientes que faltaron y terminaron por hacer inviable el proyecto histórico del neoliberalismo fueron evidentes desde su mismo despegue: democracia política y redistribución del ingreso. Estos no podían ser los resultados o los premios al final de una larga jornada de transformación modernizadora del país. Eran supuestos o los verdaderos ejes de un cambio estructural de la sociedad mexicana. Sin ellos, la debacle sí era inevitable. Una muestra de la urgencia de darle salida al asunto de la concentración del ingreso se puede percibir en estos sencillos datos: hasta 1992, según el INEGI, el 50.3% de la población urbana ocupada percibía dos salarios mínimos. En septiembre de 1994 el salario mínimo únicamente alcanzaba para adquirir el 20.5% de los bienes y servicios que se podían adquirir con éste en 1980 y, obviamente, con respecto a 1981, la contracción del poder adquisitivo era todavía más drástica.
Para llenar el "casillero vacío" al que se refería Fajnsylber, es decir, para lograr al mismo tiempo en el país crecimiento económico y equidad, ni la democracia ingreso era solamente una simple tarea filantrópica-publicitaria, desarticulada de un programa económico y social de largo plazo.
Una breve y necesaria recapitulación
El cambio de modelo de desarrollo económico realizado en diciembre de 1982 tenía como gran argumento a su favor que la reanudación de una nueva y larga fase de expansión económica autosostenida sólo era posible con el cambio estructural de orientación neoliberal, poniendo énfasis en un nuevo esquema nacional relaciones económicas con el exterior. Los fundamentos del liberalismo económico puesto entonces en marcha, partieron de una crítica severa a los resultados del antiguo modelo de crecimiento económico, basado en la sustitución de importaciones, y que desde 1970 en particular había comenzado a tener un funcionamiento inestable y accidentado, precisamente por las dificultades crecientes para compatibilizar cierto ritmo de crecimiento económico con un déficit de la cuenta corriente sanamente financiable, en condiciones de estabilidad cambiaría y de precios.
La "atonía" productiva de 1971, el resurgimiento de las presiones inflacionarias del periodo 1970- 1976 y la misma devaluación de agosto de 1976, dentro de una de ríspida confrontación entre el gobierno de Echeverría y los empresarios, fueron manifestaciones inequívocas de los límites a que estaba llegando el "modelo antiguo", pues el DCC que acompañó al crecimiento de esos años implicó un rápido endeudamiento público externo (EPE), de consecuencias sin precedente en la política macroeconómica al final de 1976.
El endeudamiento externo como principal fuente de financiamiento del DCC aseguró en ese sexenio un ritmo del crecimiento del empleo y la producción, pero con repunte de presiones inflacionarias y un déficit fiscal al alza. El punto principal fue que el EPE del periodo finalmente no inyectó capacidad exportadora al aparato productivo y el DCC se financió sólo con los recursos externos captados por la vía del endeudamiento público. En última instancia el EPE sirvió más como un mecanismo de contención (temporal) que de solución estable al DCC. La mejor prueba de ello fue que se recurrió, después de todo, al mecanismo tradicional de corrección de tal DCC, es decir, a la devaluación.
El programa de estabilización y ajuste que se acordó con el FMI para el periodo 1977-1979, normal en el mundo de finales de los setenta, fue concebido y aplicado como un expediente temporal dentro del "antiguo modelo" mexicano de desarrollo. Tal línea de acción fue reforzada al surgir la opción petrolera. La reanudación del crecimiento económico rápido, desde 1978, fue posible dos hechos:
a) La normalización de elevados flujos de capital externo hacia el país, bajo la forma de EPE.
b) La existencia de abundantes divisas derivadas de un sector petrolero exportador.
Estos dos hechos rompieron (temporalmente) los candados que se habían impuesto en el pasado reciente, cuando se registraba un cierto ritmo de crecimiento, ya que el DCC concomitante, bajo ese modelo de sustitución de importaciones, sólo tenía como única o principal fuente de financiamiento el EPE, pero sin ninguna otra garantía de su pago que no fuera el honor de ser buenos pagadores. En las nuevas circunstancias de finales de los setenta, cada dólar prestado a México tenia como garantía petróleo crudo en abundancia. Tal honor y el aval petrolero estuvieron de por medio en la estrategia de crecimiento acelerado del periodo 1977-1982. Claro, en el mundo del dinero lo válido y determinante era lo segundo, lo primero era esencialmente decorativo.
Viendo este escenario en retrospectiva, la promesa lópez-portillista de una prosperidad mexicana sin precedente, tenía cierto fundamento en ese momento. Pero para que el faraonismo rampante de esos años fuera eterno sólo faltaba que el alto precio del crudo de exportación y las tasas reales (negativas) de interés internacionales también fueran circunstancias eternas. La promesa en cuestión no era ni mejor ni peor que cualquier otra promesa. Existía tal promesa por el optimismo con el que se veía el futuro: sin el choque petrolero de 1981-1982 y sin el estallido de la crisis de la deuda, que se dio precisamente en ese bienio.
Las sucesivas crisis cambiarias del bienio 1981-82, cargadas como ahora de pánicos financieros y de incertidumbre social (agudizada indiscutiblemente por la malograda nacionalización de la banca), llevaron directamente a los funerales del modelo de crecimiento económico basado en la sustitución de importaciones, con fuerte regulación estatal y alto grado de proteccionismo comercial. Su punto final llegó con la suspensión de pagos al exterior que duró de agosto a diciembre de 1982, de graves consecuencias internacionales.
La moratoria mexicana generó una abrupta paralización de los mercados financieros internacionales. Los procesos de ajuste de varias economías latinoamericanas tomaron un curso forzoso, no voluntario. La crisis de la deuda y su secuela conocida, la década perdida, habían comenzado.
En diciembre de 1982 el arribo del grupo neoliberal al gobierno mexicano se tradujo en un cambio radical en el modelo de desarrollo económico y social adoptado desde la Constitución de 1917. La nueva clase política dirigente, más cercana a los principios ideológicos de la Constitución de 1857, consecuentemente puso en marcha un programa de estabilización monetaria de corte ortodoxo patrocinado por el FMI y muy a la medida de la visión unilateral de la banca privada internacional, poniendo en marcha, al mismo tiempo, un ambicioso paquete de cambios estructurales que ya hemos referido, expresado en las cuatro líneas de acción estratégica ya referidas.
El nuevo gobierno privilegió el pago de la deuda externa. Los instrumentos convencionales de control inflacionario, después de las obligadas devaluaciones sucesivas orientada a eliminar el DCC, en un plazo de tres años lograron introducir a la economía en el tobogán de las tendencias recesivas e inflacionarias. El superávit que se generó anualmente en la cuenta corriente entre 1983 y 1987 (excepto en 1986) permitió el comienzo de un proceso de transferencias de capital hacia el exterior: de ser un importador neto de capital en 1981 en un monto de 12 mil millones de dólares, el país se convirtió en exportador neto de capitales.
Las lecciones que dejaron los primeros años de la macroeconomía neoliberal (1983-1987) creo que fueron contundentes para la élite política: la salvación o recuperación del modelo neoliberal descansaba en un supuesto riguroso: renegociar la deuda externa hasta el punto que se revirtiera la transferencia de recursos al exterior. Allí estaban las bases para recuperar el ritmo de crecimiento y el mayor control de la inflación, con un nivel de desequilibrio externo financiable en el tiempo a través de los recursos externos y la confianza que trajeran una renegociación estable de la deuda externa, sin olvidar el afianzamiento de los cambios estructurales que animarían a la inversión extranjera a reconsiderar al país como un "proyecto viable".
La amortización del capital y el pago de los intereses explicaron la mayor parte del capital (ahorro interno) que se exportó entre 1983 y 1988. En este periodo se efectuaron transferencias netas al exterior por montos equivalentes a un promedio del 5.8% del PIB anual. Sin la renegociación con la banca privada internacional los recursos financieros de México seguirían transfiriéndose al exterior. No habría ninguna política económica de crecimiento y de estabilización monetaria y cambiaría con éxito si esta tendencia continuara. La "pagatoria" del periodo 1983-1987 era una prueba elocuente de los límites y peligros de haber seguido con una política económica ortodoxa.
La expresión de los altos costos del estrangulamiento financiero a que estaba sometida la economía mexicana por causa del pago incondicional de la deuda, se percibe claramente en dos datos memorables, ubicados en el periodo 1983-1988: a) En 1987 se llegó a la inflación anual más elevada (160%) de la historia económica contemporánea de México; b) en ese periodo sexenal se sufrió una fuerte ola recesiva o de estancamiento productivo. No hubo ni estabilidad ni crecimiento, dicho en breve. Sólo al despeñadero condujo la política delamadridista de austeridad y eficiencia, que se fundamentó en las astringencias fiscales y monetarias, en la subvaluación del peso y en la contracción salarial.
Los sismos del 85 y el colapso petrolero del 86 profundizaron las dificultades de las políticas macroeconómicas delamadridistas, cuyo corolario emblemático fue la caída de la bolsa en octubre de 1987. Según el Profesor Aspe Armella, el arranque del programa de estabilización heterodoxo (es decir, el primero de los muchos "pactos" que hubo entre 1987 y 1994) fue fríamente calculado para comenzar hasta que "las finanzas públicas se sanearan y a que el tipo de cambio real y las reservas internacionales fueran compatibles con los objetivos de estabilidad de precios para entonces sí lanzar el programa". Se trataba, sostiene él mismo, de no repetir las fallidas experiencias de choque heterodoxo de Brasil y Argentina.
En realidad, el programa de choque aplicado, llamado Pacto de Solidaridad Económica, que comenzó hasta diciembre de 1987, fue producto de un balance macroeconómico quinquenal totalmente desfavorable para el gobierno: deterioro productivo, altas tasas de inflación, rentismo financiero, concentración del ingreso y mayor dependencia financiera del exterior.
Era obvio que la urgencia gubernamental de frenar esta situación económica negativa exigía un viraje en la política económica. El entorno macroeconómico se comenzaba a volver política y socialmente inmanejable y se tenía en puerta, en 1988, un proceso electoral competido y difícil para el partido en el poder que demandaba una respuesta de política económica de emergencia que efectivamente contaba, en el mismo arranque, con tres factores a su favor: un superávit de la cuenta corriente, un nivel mayor de reservas internacionales y una cierta holgura en las finanzas públicas.
Los saldos del periodo 1983-1987 condujeron a otra política económica. Hubo un afán rectificador que tuvo la ventaja de contar con esos tres factores, ciertamente de gran relevancia para explorar un nuevo camino: 1 estabilización heterodoxo, que incluía entre otros factores, los siguientes: controles temporales de precios, concertación de los grupos económicos y, por supuesto, los llamados fundamentos de la estabilización ortodoxa, esto es, la corrección fiscal y las políticas crediticias restrictivas. La importancia de estos tres factores es cardinal, sobre todo ahora en 1995, si se recuerda que el Pacto de Solidaridad Económica (PSE) se puso en marcha sin el apoyo financiero del FMI y de la banca privada internacional.
Pero los cambios vertiginosos y adversos de la coyuntura económica de 1987 que se expresaron plenamente, por ejemplo, en la tasa anual de inflación más elevada de la historia moderna mexicana y en un desplome bursátil que sembró incertidumbre, no podían ser parte de los costos calculados, como lo quiere presentar el Profeso Aspe, por un gobierno saliente. Es claro que esos tres factores citados fueron aprovechados oportuna y correctamente, pero nada más. Es decir, las bases del PSE difícilmente fueron producto de un conjunto deliberado y razonado paquete de políticas económicas que se hayan formulado pacientemente a lo largo del periodo 1983-1987.
Los sucesivos "pactos" del periodo 1987-1993, a juzgar por los resultados a la vista, fueron aparentemente exitosos. Hubo control de la inflación y recuperación del crecimiento, con un mercado cambiario estable. En 1 base de estos logros estaban definitivamente los resultados positivos de la renegociación de la deuda externa que se realizó entre 1989 y 1990. Cuando la balanza de pagos registra transferencias de capital hacia el exterior, como de hecho sucedió entre 1982 y 1988, el rápido control de la inflación enfrentó serias y crecientes trabas, así como la misma recuperación del crecimiento autosostenido. La única forma de eliminar estas transferencias era la renegociación de la deuda externa y en esa línea se caminó para volver a ser importador neto de capital o, dicho de otra forma, con ella se fijaban bases para recibir otra vez del exterior transferencias netas de recursos financieros.
La apertura comercial, que arrancó prácticamente en 1987 y que culminó con la firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio, fue también un apoyo definitivo para dominar las tendencias inflacionarias dentro del "pactismo". Sin embargo, tal apertura tenía dos filos, como veremos adelante.
Un lugar no menos relevante en todo esto fue la llamada concertación social, que como un gran acuerdo pluriclasista, sirvió para cortar las llamadas inercias inflacionarias, que por sí solas no pudo doblegar la ortodoxia estabilizadora. La austeridad fiscal y las altas tasas de interés no bastaban.
La naturaleza corporativa del sistema político dominante facilitó enormemente tal concertación. La subestimación de este elemento puede llevar a sobrestimar los tres factores referidos que permearon el comienzo de los “pactos”. En esta tesitura se despliega la argumentación del Profesor Aspe. Pero sería absurdo también lo contrario: suponer que solamente una concertación bajo control del gobierno, es decir, típicamente corporativa, fuera suficiente para controlar el proceso de inflación (y alcanzar además una estructura estable de precios relativos, por ejemplo), independientemente de las reservas internacionales acumuladas, la disciplina fiscal y la apertura comercial y la renegociación de la deuda.
Una apertura demasiado rápida
¿Qué fue lo que desapareció con los avances del "pactismo"? El superávit de la cuenta corriente, que estuvo presente en el escenario inicial y también de 1983 a 1985, claramente vinculable a la parálisis económica de esos años. Ese era el costo que había que pagar por las hazañas de la mixtura afortunada de medidas ortodoxas y heterodoxas, tradicionales e inéditas, que fueron imponiéndose gradualmente entre 1987 y 1994.
La recuperación modesta e insuficiente del crecimiento, el declive de la inflación y la estabilidad cambiaría estaba a la vista de cualquier ciudadano atento a los resultados de la política económica, aunque todos estos elementos no se tradujeran para él en una mejor situación para él y su familia. Junto a estas tendencias alentadoras apareció el déficit de la cuenta corriente (DCC). El Talón de Aquiles de la economía mexicana hizo nuevamente acto de presencia: el multicitado DCC expresa técnicamente lo que se conoce como el desequilibrio estructural de la balanza de pagos.
Los datos que permiten darle seguimiento al DCC del periodo 1988-1994 son ilustrativos del acelerado proceso de apertura que se inauguró prácticamente en 1987, y en donde el TLC, puesto en marcha hasta el mismo 94, sólo vendría a reforzar tal tendencia y a complicar la situación externa de la economía mexicana: el DCC creció 37% en tal año.
Entre 1988 y 1994 el DCC pasó de 2,442 millones de dólares (mdd) a 28,000 mdd, lo cual significa que creció en 7 años 11.4 veces, después de que en 1987 el mismo saldo de la cuenta corriente había sido positivo, de 3,996 mdd, explicable por bajo ritmo de crecimiento productivo de ese año, alentado por las mismas políticas económicas.
La velocidad de la apertura comercial, o mejor dicho, su impacto negativo en la balanza de pagos, tiene que ver con la inmadurez competitiva de la industria manufacturera nacional, puesto que su déficit comercial es el que explica la mayor parte del desequilibrio comercial del país. El bajo nivel de integración de la planta manufacturera no fue asumido plenamente como un desafío que había que enfrentar con prontitud y eficacia a partir de la misma apertura. La modernización de la industria manufacturera se planteó esencialmente como una tarea del mercado, por lo que la política industrial (si es que ésta existió en el periodo 1989-1994) tuvo empeños poco relevantes para estos fines.
La competencia externa, vía importaciones, ya habiendo abierto la economía, se insertó en la reactivación manufacturera del país para darle fuerza al DCC. Así, entre 1988 y 1994 tal reactivación se expresó con un ritmo anual de crecimiento del PIB manufacturero de 3.3%, frente a un raquítico 0.56% del periodo 1982- 1988. La apertura comercial como factor económico estructural nuevo tuvo impactos externos fuertes en esta reactivación productiva: las importaciones manufactureras sumaron 230,000 mdd (sin contar a las maquiladoras), lo cual implicó una tasa media anual de 41.3%, mientras que las exportaciones llegaron sólo a 1 2 1,000 mdd, es decir, que crecieron a una tasa anual de 22.2%.
El déficit comercial manufacturero acumulado llegó, por lo tanto, a 121,000 mdd, que refleja nítidamente la incapacidad para que las manufacturas generaran las divisas necesarias para crecer a esa tasa de 3.3%. Se puede tener una idea más clara de este problema si se considera que el sector petrolero en este periodo captó un monto de 44,000 mdd, insuficiente para cubrir el abultado déficit comercial manufacturero.
Se puede concluir, con los datos anteriores que el origen de] caos cambiario tiene como falla estructural de origen el desequilibrio externo de la industria manufacturera y que el pánico cambiario desatado en unos cuantos meses por la desconfianza y la inestabilidad política fue simplemente la gota que derramó el vaso de agua, en donde la torpeza y precipitación de las autoridades financieras del país para manejar una situación explosiva aparecen como un elemento crucial para explicar tal pánico.
El funcionamiento deficitario del sector externo de la economía mexicana ha servido recurrentemente para caer en estas crisis financieras. Tanto en el modelo proteccionista como en el aperturista los dos desenlaces fatídicos y emblemáticos vinculados con esta situación estructural están a la vista: el 31 de agosto de 1976 y el 20 de diciembre de 1994. Las dificultades para controlar y financiar el desequilibrio de la balanza de pagos y el ambiente político tenso (de diverso origen y variada profundidad) y una cierta reactivación económica generalizada (más fuerte entre 1972 y 1976, que entre 1988 y 1994), están como elementos comunes en ambas crisis cambiarias. Las diferencias que marcan ambos episodios también son claras: durante el periodo de Echeverría la crisis cambiaría estuvo precedida por un proceso inflacionario y de endeudamiento externo crecientes, mientras que en el de Salinas el control de la inflación y una renegociación significativa de la deuda externa precedieron la crisis cambiaría.
Quizá lo más relevante de la comparación entre ambas crisis cambiarias es que la estabilidad cambiaría y monetaria de 22 años que se rompió en el 76 ( y también en el 82) fue sostenida con fuentes de financiamiento basadas en: a) el superávit de algunos sectores de la economía mexicana (agricultura, turismo, petróleo y maquiladoras) y b) en el mismo endeudamiento externo, público y privado. La del 94, paradójicamente, rompió una estabilidad cambiaría de 7 años, sostenida por otra fuentes de financiamiento: la IED y la IEC.
La tendencia muy dinámica del DCC en estos últimos años, considerando el resto de las condiciones macroeconómicas existentes, fue financiable, subrayamos enfáticamente, con un superávit de la cuenta de capital basado esencialmente en la IED (inversión extranjera directa) y sobre todo en la inversión extranjera en cartera, IEC, (muy sensible, en cualquier lugar del mundo contemporáneo donde se localiza, a los cambios abruptos en la situación política de los países receptores). Este manejo del DCC, crecientemente difícil, llegó sin problemas hasta 1993. Al año siguiente, como ya se ha demostrado arriba, este mecanismo se atrofió hasta quebrarse por que los inversionistas- especuladores mostraron su desconfianza hacia las autoridades financieras en particular y hacia el mismo gobierno por su papel jugado en todos los acontecimientos políticos.
En tanto la cuenta de capital, vía la IED y/o la IEC, mantuvo el equilibrio de la balanza de pagos, el DCC no fue motivo de preocupación. Pero desde el segundo trimestre, quizá más por el asesinato de Colosio que por el levantamiento armado de Chiapas, tanto la IED como la IEC se desplomaron respecto al primer trimestre, al tiempo que el DCC se incrementaba y el rubro de Errores y Omisiones de la balanza de pagos, que es un buen indicativo de fuga de capitales, se mantuvo en un alto nivel, poco menor que el del primer trimestre de ese mismo año. Era claro, entonces y ahora, que esta captación de dólares entre 1988 y 1994, pero sobre todo en este año, no estaba ligada orgánicamente al funcionamiento del aparato productivo, por lo que los recursos atraídos eran de gran volatilidad.
Los indicadores de esta situación de riesgo e incertidumbre al finalizar el primer semestre de 1994 fueron los siguientes: el DCC alcanzó 14,208.2 mdd, en tanto que el SCC solamente llegó a 12,447.3 mdd, producto del desplome de la IEC, que en el primer trimestre alcanzó 7,688.7 mdd y en el segundo solamente 1,403.2, es decir, un 82% menos. La IED pasó de 2,057.7 mdd en el primer trimestre a 1,531.9 en el segundo, esto es, un 25% menos. La fuga de capital ya llegaba aproximadamente a 6,896 mdd, por lo que aparentemente las reservas perdieron cerca de 8,600 mdd. Es incuestionable que estos datos en manos de las autoridades financieras seguramente llevaron a prender los focos rojos. Los márgenes de maniobra del banco central y de la Secretaría de Hacienda se reducían, pero esos todavía existían en esos meses. Ejemplo de ello fue la primera semana de abril, en que la respuesta de las autoridades financieras frente al convulsionado ambiente político que produjo el asesinato de Colosio fue elevar las tasas de interés y mantener el deslizamiento del tipo de cambio dentro de la banda de flotación prevista, al tiempo que se anunciaba el apoyo norteamericano: ampliaba en 500% la línea abierta de crédito a México, de 1,000 a 5,000 mdd.
Lo anterior no sugiere la eliminación permanente de la fragilidad financiera que nuevamente acompañaba a la economía mexicana. Con cierta dosis de resignación pesimista habrá que decir que, en última instancia, las tasas de interés nunca fueron (ni serán) lo suficientemente altas para sosegar los mercados financieros en un una situación política de crisis y ruptura, y más cuando el financiamiento al DCC se sustentaba en una IEC, que es escurridiza en situaciones como la de México en 1994.
La luz que buscaban para restaurar la confianza erosionada de los capitales "golondrinas" podía venir de las elecciones del 21 de agosto. Pero el triunfo de Zedillo, garante de la continuidad de las políticas económicas neoliberales y símbolo misma de la "paz y la estabilidad", no eliminó las tensiones y las desconfianzas de los especuladores. En el ínterin, los esfuerzos inconfesados del candidato priista por "tronar" las burbujas especulativas fueron inútiles: su plan económico de 1 0 puntos, expuesto en la primera semana de junio, no tuvo el efecto deseado en ese auditorio invisible que los constituyen los capitales especulativos.
Para la tercera semana de octubre se estimaba que las reservas internacionales habían disminuido en 7,341 mdd, pues oficialmente en esa fecha el nivel de éstas era de 17,196 mdd. La situación era espinosa pero se tenían oportunidades, nada despreciables, para tomar la iniciativa económica y política de los que se conoce como un "ajuste ordenado" del desequilibrio de la cuenta corriente, como lo veremos en la siguiente sección.
Yerros en la política económica
En el caudal de los análisis de diversa índole que se han hecho y publicado en las últimas semanas, desde mi punto de vista se han expuesto dos posturas que polarizan el debate político y económico, cuyo reconocimiento (no su validez) puede contribuir a identificar el espectro de posiciones que hoy se ventilan en estos días aciagos para el país. Con el riesgo de simplificar excesivamente los términos de tal debate, tales posturas creo que son, por una parte, las que sostienen que la devaluación era evitable hasta cierto mes lejano de 1995 o 1996 y, por otra parte, que ésta era inevitable hasta el punto de no tener otra salida más que la que finalmente se dio de modo caótico. Si se trata de definir posiciones frente a los argumentos que se confrontan, me inclino por la primera.
Considerando que el nivel del DCC de 1994 era ya inevitable, igual que los sacudidores acontecimientos políticos, era previsible para el gobierno y el banco central una serie de embestidas inclementes contra el peso. El ajuste había que planteárselo como inevitable y prepararse para realizarlo voluntaria y ordenadamente: tiempo y costo tenían que definirse en cualquier alterativa que quisiera realizarse en esta perspectiva de acción correctora del DCC.
¿Cuál podría haber sido el indicador de que el momento y el costo de la acción devaluatoria eran asimilables para el país? Un gobierno honesto y con apoyo popular simplemente lo hubiera hecho cuando el nivel de las reservas y los apoyos financieros internacionales requeridos para tal fin fueran de un monto tal que las presiones especulativas y sus consecuencias políticas y económicas de corte desestabilizador quedaran reducidas a su mínima expresión.
En la tercera semana de octubre del 94, por ejemplo, hay que recordar que el nivel de las Reservas era de 17,196 mdd (7,341 menos que a finales de 1993) y que en abril los Estados Unidos incrementaron en 5 veces su línea de crédito para desvanecer las burbujas especulativas que suscitó el crimen de Colosio. Tal nivel de reservas daban aproximadamente para 7 meses de importaciones y es plausible pensar que los apoyos financieros internacionales requeridos eran factibles de conseguir pronto y a un costo razonable. Había condiciones financieras para minimizar en lo posible un ajuste cambiario voluntario y ordenado que ya imponía de suyo un DCC cuantioso. Sólo faltó un requisito: un ejecutivo federal con fuerza política y moral para asegurar, dentro del orden constitucional, el famoso "entorno macroeconómico estable", al margen de procesos y tensiones electorales y de obsesiones autoritarias de carácter personal.
Los hechos crudos de diciembre evidencian que todos los juegos de expectativas que realizó el gobierno salinista fueron destinados a maquillar una realidad financiera explosiva. Una muestra simple de esto fue la emisión de 29,000 mdd en TESOBONOS, cuyo vencimiento en 1995 dejaba al siguiente gobierno en manos de esos afortunados barones del dinero. Ni más ni menos que se trataba de pagarés en dólares, endosables al siguiente gobierno.
Quizá pensando en que el cambio mismo de gobierno iba a detener el colapso cambiario inminente, la convicción pública del gobierno zedillista de mantenerse dentro de la banda de flotación cambiaría como eje de su estrategia económica fue tardía y torpe: las reservas ya estaban seriamente mermadas por la especulación desbordada y su muy probable incumplimiento lo llevarían a absorber todos los costos, o de su ingenuidad o de su irresponsabilidad.
Bajo estas circunstancias, la inoportuna devaluación del 20 de diciembre fue una rectificación de política económica que exhibió a un gobierno débil frente a sus predecesores y arrinconado por los golpes de una especulación desatada.
El camino seguido desde entonces hasta la última semana de enero tiene un trazo indefinido e inestable en el corto plazo. La medida devaluatoria, forzada y caótica, en sí misma constituye el inicio de una nuevo programa económico que afectará no solamente el año de 1995, sino también el de los siguientes 5 años. Los pasos subsiguientes que han acompañado al ajuste cambiario tienen todos los elementos de la ortodoxia estabilizadora: mayor austeridad fiscal, contracción crediticio, topes salariales y alzas de los precios de bienes y servicios del sector público. La nueva orientación de la política económica se ha centrado entonces en reducir hasta 14,000 mdd el DCC por la vía del control de la demanda agregada, arrastrando hacia abajo el consumo y la inversión, con resultados previsibles: caída fuerte en el ritmo de producción y en la misma capacidad para generar empleos estables y bien remunerados.
Por supuesto que los sectores y las empresas que están vinculados vía exportaciones al mercado internacional, con la devaluación están recibiendo un estímulo coyuntural no desdeñable. La fuerza y duración de éste dependerá esencialmente de dos factores adicionales: el comportamiento futuro de la demanda externa y de la capacidad productiva ociosa actual. Es claro que los sectores y las empresas exportadoras se ubicarían dentro del lado ganador en la nueva situación económica.
Del lado empresarial perdedor no es difícil pronosticar severos problemas en la mayor parte de las empresas nacionales, que sólo tienen vinculación con el exterior como importadoras. Serán por lo menos tres factores que las pondrán en condiciones de sobrevivencia: a) la caída del mercado interno, por la reducción de los salarios reales y la postergación o cancelación de proyectos de inversión; b) las cargas financieras excesivas por las deudas contratadas en dólares y las alzas de corto plazo en las tasas domésticas de interés y e) las mayores presiones de la competencia extranjera, bajo la forma de inversión directa, que ya se encuentra instalada en el país.
Sobre este último inciso hay que decir brevemente que la devaluación abre una tregua temporal e indefinida a los productores nacionales que recibían embates fuertes por la apertura comercial, es decir, por el lado de las importaciones, en una economía abierta y con un tipo de cambio sobrevaluado en los últimos dos años. Las oportunidades de cada empresa de sustituir importaciones variarán según: el sector económico, el tamaño de la empresa y el tipo de mercado (competitivo u oligopólico), y asimismo, de acuerdo a sus perfiles microeconómicos propios.
Cabe por último referirse a las ventajas relativas que se tienen ahora en este programa estabilizador ortodoxo y que no existían en 1982 (cuando había una situación tan explosiva como la actual), suponiendo que se consiguen los recursos financieros externos necesarios para tener un fondo de estabilización cambiaría y monetaria de corto plazo, el que nos acerque al punto de 4.50 nuevos pesos por dólar, que es la gran ancla nominal a la que desea llegar ahora el gobierno zedillista.
De alguna manera estas condiciones son parte de los activos o méritos acumulados en estos años de reestructuración neoliberal, que ahora deben mostrar su efectividad estabilizadora, sí es que fueron real y eficazmente realizados. Tales ventajas pueden ser: a) unas finanzas públicas en equilibrio; b) un alto grado de desregulación de la actividad económica que trata de estimular la competencia y frenar tendencias monopólicas; e) un avance considerable en el proceso de privatización que supuestamente ofrece más elasticidad y competitividad a la oferta productiva; d) una economía abierta e integrada a la economía internacional, que nos acerca (sic) a las fronteras del consumo y la producción y e) un banco central autónomo y fuerte (sic) para delinear una política monetaria independiente y eficaz (sic).
La agenda nacional para la discusión económica y política para salir adelante es amplia y compleja. La concurrencia democrática de todos los grupos y clases sociales organizadas es indispensable. Están a discusión los fundamentos doctrinarios y los mismos medios y fines económicos del neoliberalismo que fue adoptado hace 12 años y, qué duda cabe, el mismo sistema político autoritario que lo hizo posible.
