No se equivocaba Hannah Arendt cuando señalaba que "la mentira no se desliza en la política por algún accidente de la iniquidad humana. Sólo por esta razón no es probable que la haga desaparecer la afronta moral" [1]. Es así que los inventores de falsas realidades no pueden vivir en el anonimato, ni gozar de la confianza de los demás, pero tampoco basta con la indignación de la sociedad para lograr que la verdad fáctica se imponga los a ojos de todos; se requieren medidas radicales para los grandes males, si se quiere seguir contando con la confianza de los gobernados.
En el presente ensayo nos proponemos analizar el Programa de Emergencia Económico en relación al Acuerdo Político Nacional, teniendo como eje de análisis las posiciones de los tres partidos representados en el Senado de la República y su impacto sobre las relaciones políticas de las distintas fuerzas del país, sin dejar de considerar los cambios operados en las estrategias de los partidos y sus consecuencias en las alianzas que los sustentan.
A río revuelto: ganancia de pocos, desengaño de
muchos
Como fatalidad que expresa la dinámica de la vida política nacional en los
últimos tres sexenios, cabe preguntarse si acaso tenemos que acostumbrarnos a la
crisis como algo lógico y normal, o bien, partir de la máxima deportiva "esto no se
acaba hasta que se acaba", en clara referencia a las contingencias que pueden surgir
en el transcurso mediato de todo proceso inconcluso. De ahí la cautela para cantar
victoria antes del término de cualquier confrontación, ya que los imprevistos de
última hora pueden generar penosos desencantos. Es así que la enseñanza de adagios
como el referido nos puede ayudar a comprender situaciones como la que hoy día
vivimos en México, en donde el toque de fanfarrias de un final feliz, en este de por
sí conflictivo 1994 (que se presentaba a la opinión pública como exitoso en términos
económicos y como ejemplo a seguir por otros países), se ha transformado en un
toque de campanas a luto nacional.
Parecía haberse agotado la agenda de este convulsivo 1994 cuando "sorpresivamente", el 20 de diciembre, el equipo gobernante tomó la decisión de ajustar la paridad cambiaria, ampliando la banda de flotación, primero, para después liberar la conversión peso-dólar de acuerdo a las leyes del mercado. El resultado fue una dolorosa devaluación que, al margen de los tecnicismos económicos con los cuales se intentó explicarla, colocó al país nuevamente en los marcos elásticos que implican una difícil coyuntura, marcada por la inestabilidad y un agudo desequilibrio económico.
Destaca por sí mismo un hecho: el dividendo económico, que había sido el sustento de la soberbia para la clase política neoliberal, cayó estrepitosamente, arrastrando consigo el engreimiento que en torno a sus virtudes gerenciales e intelectuales se había creado y que amenazaba convertirse en mito. Las creencias que habían llevado al grupo gobernante a posturas excluyentes respecto a partidos políticos y organizaciones sociales al debatir acerca de los "grandes problemas nacionales", en busca de soluciones de consenso, se han revertido y tienden a fracturar tanto al grupo gobernante como a su apéndice electoral, el PRI, abriendo la posibilidad de una reforma profunda del poder, tantas veces pospuesta. Es así que partidos políticos, agrupaciones civiles e intelectuales que no compartieron las medidas económicas y políticas imperantes, que fueron ignorados, marginados, o bien sufrieron la máxima de Carlos Salinas: "ni los veo, ni los oigo", que sintetiza a la perfección la teoría de la exclusión, hoy reclaman y denuncian, con sobrada razón, el origen de los males, es decir, la política neoliberal vigente.
Para sustentar este comportamiento, recordemos cómo el gobierno se respaldó en los "logros" alcanzados en materia económica: control inflacionario, renegociación de la deuda, apertura comercial, depuración financiera, inversión extranjera y acelerada privatización de los bienes estatales. Esta fue la carta que durante el proceso electoral de agosto de 1994 presentó y sostuvo el candidato del PRI, y que indudablemente resultó determinante para conseguir buena parte del apoyo para lograr el acceso a la Presidencia de la República.
Diciembre se presenta en la memoria de la sociedad como el mes de los regalos y las sorpresas: cambio de poderes y devaluación colocan al gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León en el centro de una severa crisis de confianza, que en cualquier momento puede convertirse en una crisis de legitimidad. En especial, cuando los análisis para el corto y mediano plazo pronostican una inexorable contracción económica, con sus costosas implicaciones: desempleo, cierre de empresas (bajo la modalidad de paro técnico), topes salariales (que amenazan con comprimir aún más el mercado interno), restricciones presupuestales, sin faltar la inflación.
A este respecto, en franca disonancia con las posturas triunfalistas una vez aprobada la línea de crédito por más de 50 mil millones de dólares, destaca la opinión del experto económico Norman A. Bailey, quien fuera miembro del Consejo de Seguridad Nacional durante el primer gobierno de Ronald Reagan, quien señaló que "los mercados se quemaron seriamente en México, y aunque tienden a tener corta memoria, la experiencia mexicana difícilmente podrán olvidarla", en consecuencia, "el paquete podría detener la fuga de capitales de los mercados emergentes en general, pero creo poco probable que detenga la salida de las inversiones de corto plazo que aún quedan en México" [2]. En esta línea de ideas, ello implicaría un periodo de gran inestabilidad para la economía mexicana que podría tener su corolario en el mediano plazo con una nueva crisis de liquidez financiera.
En este marco es que Zedillo Ponce de León promueve (el 2 de enero de 1995) un nuevo pacto para la estabilización económica, ahora denominado Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE). En él, empresarios, comerciantes, obreros y gobierno signaron su compromiso para evitar la debacle total. Sin embargo, ha sido evidente la inconformidad de los sectores firmantes, ya que su aceptación del AUSEE siguió respondiendo más a una lógica corporativa de interés estatal, que a un convencimiento real de las bondades del plan de choque económico. De ahí el activismo empresarial para publicitar su escepticismo respecto al futuro del país, que implícitamente expresa el descontento del empresariado con las medidas económicas impulsadas. Señal de este descontrol gubernamental sobre los grupos empresariales y del grado de inconfomidad de éstos es el tono cada vez más desafiante de su discurso.
Por citar un par de casos tenemos el señalamiento del presidente de la Asociación de Banqueros de México, José Madariaga Lomelín, quien calificó el manejo de la crisis como "poco afortunado", "falto de coordinación en la comunicación", "inadecuado" y "pernicioso", acotando que: los asesinatos políticos (del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo; Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu) o el conflicto de Chiapas no han sido las causas que provocaron la inestabilidad económica, sólo fueron "aceleradores", no causantes, "el origen está en el proyecto económico, abusaron de la necesidad de inversiones del exterior para financiar la cuenta corriente" [3].
En esa misma tesitura se colocaría el enojo del empresariado, expresado a través de Luis Germán Cárcoba, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien calificó lo ocurrido en la economía mexicana durante el mes de diciembre como "una cosa casi tonta, estúpida, por decirlo de alguna manera" [4], en ostensible alusión al manejo que de la delicada situación financiera hizo el gobierno de Ernesto Zedillo, quien por cierto, es necesario señalarlo, reconoció que "la emergencia económica pudo haberse evitado con medidas oportunas" [5].
Pero no sólo los empresarios están contrariados por sentirse timados, también el grueso de la población que se identifica con este agravio sufrido, siendo ello un elemento perturbador que socava aún más las frágiles bases de legitimidad del actual gobierno. Lo anterior es perfectamente ilustrable con una encuesta nacional recién realizada por el Gabinete de Estudios de Opinión, S.C., publicada en el semanario Etcétera [6], en donde algunos resultados muestran: que el 69% cree que el gobierno de Salinas de Gortari engañó al pueblo sobre la situación económica; un 39% considera que Ernesto Zedillo se ha mostrado incapaz de gobernar al país, y solamente un 38% se expresa a su favor.
Asimismo, el PRI tendría en enero de 1995, si en este momento fueran las elecciones, tan sólo un promedio de 33% de votantes a su favor, que en cifras proporcionales representa, en comparación con la votación obtenida en agosto de 1994, que fue del 48%, una merma de un 15% de los simpatizantes priistas, considerable si se piensa en los procesos electorales que se desarrollarán en el presente año.
En este sentido, el desencanto y enojo no solamente se expresan contra el PRI, sino también contra el gobierno anterior, que a los ojos del ciudadano común es simple y llanamente el presidente. Por consecuencia, las dos instituciones fundamentales del sistema político; partido de Estado e institución presidencial, se encuentran inmersas en una dilatada crisis que amenaza con profundizarse, la cual sólo podrá ser superada en la medida que se adopten acciones profundas de refundación del poder y reorientación del actual programa económico, lo que en otros términos implica repensar el problema de una reformulación del pacto político, encaminado a sentar las bases de un orden político y social futuro.
Ahora bien, en este convulsionado lapso de poco más de 60 días de gobierno zedillista ¿cuál ha sido la posición de los partidos en este contexto que de alguna manera abre una coyuntura dentro de otra, con una delicada coincidencia entre los ámbitos político y económico?
Un acuerdo político sin confirmar
En los primeros días de enero dos acontecimientos relajaron la tensión política
exacerbada por la devaluación del peso: Por un lado, el encuentro sostenido por el
secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán, con el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (el 15 de enero de 1995), como un intento por sentar las
bases para el reinicio del diálogo y la negociación, suspendidos desde que Manuel
Camacho renunció a seguir fungiendo como Comisionado para la Paz; un segundo
evento fue la reunión en Los Pinos de los cuatro partidos políticos con registro
para firmar un Acuerdo Político Nacional el 17 de enero de 1995. Los
compromisos derivados del mismo fueron:
El acuerdo político expresa la preocupación del grupo gobernante de que la crisis actual rebase su capacidad de manejo de la misma y de que profundice los conflictos existentes, así como el malestar de los grupos populares que en poco tiempo empezarán a sentir el peso de las medidas económicas. Otro punto importante a considerar es el referente a la necesidad de ganar tiempo cobijándose en concesiones a los partidos políticos y dirigentes de los mismos, lo que sólo el tiempo ha de negar o confirmar.
Este concordato, que posibilitó por primera vez el ingreso simbólico del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a “Los Pinos” en su carácter de fuerza política de oposición, estuvo cargado de arreglos cupulares a través de los cuales se pretendió amarrar su consolidación. Uno de los más sonados por su eclosión casi inmediata fue el caso Tabasco, en el que la presunta licencia de Roberto Madrazo Pintado fue un elemento nodal para sentar al PRD en la mesa de negociación. Empero, este asunto, que parecía ya resuelto, tuvo que detenerse ante la virulenta defensa de Roberto Madrazo Pintado por parte de grupos priistas.
Varias versiones han corrido en el sentido de concebir este hecho como una manifestación de fuerza de los sectores más tradicionales dentro del Partido Revolucionario Institucional. Puede que haya razón o no en este juicio, pero el resultado concreto es un acuerdo político sin confirmar, ya que el PRD no ha logrado una respuesta satisfactoria a sus reclamos poselectorales; además de percibirse para Ernesto Zedillo y sus estrategas en materia de política interna la reduccción de tiempos y recursos políticos con los cuales negociar con la oposición su plena incorporación a la vida política institucional.
El "incumplimiento" de lo pactado para el conflicto poselectoral de Tabasco generó ostensible inconformidad en el PRD, con una postura dual en sus manifestaciones. Por un lado, el candidato Andrés Manuel López Obrador reinicia sus movilizaciones de protesta, mientras la dirigencia nacional se muestra moderada ante el asunto. Esto refleja la fuerte pugna en el seno del PRD entre las corrientes encabezadas por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, en la búsqueda de este último por consolidar su liderazgo.
Tal fractura coloca al PRD ante la disyuntiva de emprender los acuerdos cupulares que tanto denunciaron a lo largo de los últimos seis años o bien continuar por la línea de la impugnación con movilizaciones y conflictos reales y potenciales. Tabasco y Chiapas ponen a prueba la capacidad de mantener la unidad partidaria, asimismo su capacidad para hacer del momento político un aliado indispensable a través de propuestas acordes con el sentir de la ciudadanía, poniéndose a la cabeza de las demandas más sentidas y subordinando sus conflictos internos a los de la sociedad.
Por otro lado, para el PRI es cada día más difícil mantener la unidad, puesto que no sólo fractura y debilita al partido, sino también, y aun con mayor profundidad, a la institución presidencial. Es así que Tabasco y Chiapas se presentan en la coyuntura actual como el "talón de Aquiles" de los partidos políticos y las instituciones nacionales en la medida en que la solución a los problemas se siga posponiendo. Baste tener en cuenta los procesos electorales por venir en este ya conflictivo 1995 (Jalisco, Yucatán, Baja California, Michoacán), en donde el PRI tiene el reto de mantener la unidad o dividirse.
El Partido Acción Nacional se presenta en la actual coyuntura como el más beneficiado, aunque cabe preguntarse si su alianza con el gobierno federal se podrá mantener por tiempo indefinido o más bien si ésta se ha de transformar, poniendo a su actual estrategia en el ojo del volcán como copartícipes de la actual política económica; baste recordar que durante las recién pasadas campañas electorales Diego Fernández de Ceballos se arrogaba para sí y para su partido la autoría de la estrategia implementada en el país.
Dividirse o cambiar parece ser la actual disyuntiva para los partidos políticos, mientras que la institución presidencial enfrenta un dilema aun más grave y serio: fortalecerse democratizándose o debilitarse sumergiendo al país en una profunda crisis de ingobernabilidad. Lo anterior tiene como elemento para su comprensión el Acuerdo Político Nacional, la duda es si realmente se pondrá en vigencia o tendrá el mismo fin de los "Veinte puntos para la democracia" avalados por partidos y candidatos presidenciales el año recién concluido.
Los partidos políticos frente a la crisis: un pacto
necesario
Una de las mayores coincidencias de las fuerzas políticas y sociales del país,
que al mismo tiempo es la que más controversia ha causado, se da respecto a la
profundidad de la actual crisis, en el sentido de identificar las causas y los causantes,
las soluciones posibles y la ayuda exterior. Para el PAN, se puede sintetizar en cinco
puntos las causas de la crisis:
El Partido de la Revolución Democrática, por su parte, considera que:
Tanto el PAN como el PRD coincidieron en señalar que las medidas adoptadas por el gobierno federal recaían directamente sobre los trabajadores del país, también al reclamar y al proponer un incremento salarial justo que permita la recuperación real del salario de los trabajadores, posición respecto a la cual el PRI se abstuvo de comentar, asumiendo con su silencio la corresponsabilidad de la crisis y su costo.
Para tales fines el gobierno federal se propuso tres objetivos:
Lo anterior sirvió como marco para lograr una propuesta de consenso (el
Acuerdo Político Nacional) en la que por primera vez el PRD coincidía con
Acción Nacional y el Revolucionario Institucional. La "oportunidad para transitar a
la democracia" y presentarse ante la opinión pública como promotores de la misma,
o bien como negociadores en momentos de definición frente a la nación por falta de
una propuesta clara, en donde Acción Nacional se presenta como el promotor y
garante junto al Ejecutivo, mientras el PRI enfrenta una situación incómoda pero
necesaria ante la disyuntiva de enfrentar al Ejecutivo o dividir al partido.En momentos de profundas crisis un principio de solución es el reconocimiento de la necesidad de establecer principios mínimos de convivencia pacífica, la creación de un espacio público en el cual todos propongan y discutan las posibles alternativas, para que todos, sin excepción, cumplan lo acordado (ver Cuadro 1). El Acuerdo significaba, a decir de los firmantes, la posibilidad de un nuevo modelo de relaciones políticas para, a partir de éste, lograr el desarrollo económico con equidad y al mismo tiempo reforzar la soberanía nacional.
Es necesario repensar dicho acuerdo a la luz de otros anteriores que, como es sabido, no se han cumplido y por los que al menos el recurso de la duda se debe presentar, mientras su cumplimiento no esté en marcha. Problemas no resueltos (Chiapas, Tabasco, Veracruz) son el primer escollo que se muestra, por lo cual no es necesario esperar demasiado para saber si tales posibilidades son o no reales. En tanto, no podemos menos que preguntarnos: México, ¿qué futuro nos espera?
2. El Financiero, México, D.F., 5 de febrero de 1995, p. 3.
3. La Jornada, México, D.F., 5 de febrero de 1995, p. 40.
4. Reforma, México, D.F., 12 de enero de 1995, p. 1.
5. La Jornada, 6 de febrero de 1995, p. 10.
6. Reforma, 12 de enero de 1995, p. 1.
